El papel de la negociación colectiva europea de sector en la unión europea, ¿qué nuevo comienzo?
| Autor | Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra |
| Páginas | 257-268 |
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La Comisión Europea ha expresado su intención de seguir avanzando en el proceso de integración, y se ha marcado el objetivo de completar la Unión Monetaria y Económica (UME). El entorno político, no obstante, es hostil y los ciudadanos europeos tienen una visión mayoritariamente negativa de la Unión. El Brexit, los discursos nacionalistas en alza y los efectos duraderos de una crisis económica que no acaba de solucionarse alarman a los defensores del proyecto europeo. Parece que existe una dicotomía entre los que quieren avanzar aún más en la integración (y piensan que en esta opción se encuentra la solución a los problemas de funcionamiento actuales de la Unión, con diversas variaciones en cuanto al tipo de reformas que consideran necesarias) y quienes piensan que el problema es que la Unión ha llegado demasiado lejos y quieren abandonar el proyecto.
En este escenario se hace difícil avanzar hacia una mayor integración si no se recupera, en primer lugar, la legitimidad perdida. Igualmente parece difícil alcanzar consensos políticos amplios que permitan desarrollar un proyecto legislativo ambicioso, por lo que puede ser interesante buscar otras vías alternativas de regulación (como la negociación colectiva europea). Así pues, la Unión necesita, en primer lugar, crear legitimidad, para lo cual debe tener en cuenta las aspiraciones de los ciudadanos y tejer alianzas con todo tipo de actores. Pues bien, una de las claves para crear legitimidad es mostrar a los ciudadanos que la Unión es un espacio de derechos, también derechos sociales, que redunda en la mejora de sus condiciones de vida y trabajo, por lo que una buena estrategia para mejorar la aceptación del proyecto europeo pasa, por tanto, por impulsar el ámbito social. Si se otorga algún crédito a las líneas políticas y objetivos que se ha marcado la actual Comisión parece que, a pesar de la permanencia de unas políticas de austeridad institucionalizadas en los mecanismos de gobernanza eco-
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nómica, dicha Institución es consciente de la necesidad de impulsar la dimensión social del proyecto para recuperar y crear legitimidad. En esta clave deben leerse, en mi opinión, iniciativas como el pilar europeo de derechos sociales y la declaración “un nuevo comienzo para el diálogo social”.
Pero no se trata solamente de razones relacionadas con la legitimidad. Son también razones de regulación de mercado. Como se ha visto en la presente monografía una de las teorías explicativas de la aparición y desarrollo de una dimensión social en la Unión tiene que ver con la necesidad de corregir y atenuar los problemas que crea la integración del mercado y con asegurar unas condiciones sociales y de competencia leal que minimicen las consecuencias negativas de una creciente competencia a todos los niveles en un mercado integrado. Se trata de asegurar el buen funcionamiento de los mercados, teniendo en cuenta que los mismos deben ser compatibles con la existencia de unos están-dares sociales. Esta visión se puede resumir en un modelo que la propia Comisión ha definido como “modelo social europeo”. Esta función de regulación de mercado, por otra parte, es coherente con el hecho de que los desarrollos en el ámbito de lo social se han producido de la mano de los avances en la integración. Así, el gran salto adelante que supusieron el Protocolo de política social y la reforma de Maastricht hay que ponerlo en relación con la decisión de crear una moneda común, es decir, con el nacimiento de la Unión Monetaria. Por lo tanto, en el momento actual de profundización en la UME, con la previsión de crear una Unión Bancaria y con el reforzamiento de la coordinación de las políticas económicas y presupuestarias, vuelve a ser necesario avanzar en el desarrollo del ámbito social para amortiguar los posibles impactos negativos. Aquí y allá, en diferentes documentos, la Comisión expresa la convicción de que el diálogo social y unas relaciones laborales desarrolladas son elementos positivos para la economía, la innovación, la formación, etcétera, aportando valor al proceso de integración europeo.
Una vez descrito el escenario y las posibles funciones de lo social en el proyecto de integración, es necesario determinar cuál es la posición del diálogo social y la negociación colectiva en el modelo descrito. En la conferencia de alto nivel organizada por la Comisión el 5 de marzo de 2015 se afirmó sin ambages que el diálogo social tiene un papel fundamental en el “modelo social europeo”. Pero asimismo se reconocía que se deben dar nuevos pasos para reforzar este diálogo, favoreciendo un mayor desarrollo del mismo. En este sentido, se identificaron unas
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líneas de actuación en relación con el diálogo social y la negociación colectiva europeos: mejorar la participación de los interlocutores sociales en el proceso del Semestre Europeo (tanto a nivel europeo como nacional), mejorar las capacidades y la participación de los interlocutores sociales del nivel nacional y los propios procesos de diálogo social y negociación colectiva nacionales, fortalecer la participación de sindicatos y asociaciones empresariales de nivel europeo en el proceso legislativo y en la formulación de políticas en la Unión Europea, y clarificar la relación entre la agenda Better regulation y los acuerdos del diálogo social. Posteriormente, el 27 de junio de 2016, estos objetivos, estructurados y desarrollados, se recogían en un documento firmado por los sindicatos y asociaciones empresariales interprofesionales europeas, la Comisión y el Presidente del Consejo de la Unión (la declaración titulada “un nuevo comienzo para el diálogo social”). El diálogo social y la negociación colectiva europeos se conciben por lo tanto como un elemento fundamental del modelo social europeo y una garantía para su correcto funcionamiento y desarrollo, pero se reconoce la necesidad de fortalecer los mismos para que pueda desarrollar adecuadamente sus funciones.
Se trata sin duda de un cambio sustancial. La Comisión Barroso se había mostrado hostil al diálogo social europeo, que estuvo prácticamente paralizado en el nivel interprofesional y tuvo asimismo graves problemas para ver sus acuerdos transformados en Directivas en el nivel sectorial. En cambio, la nueva Comisión Juncker parece querer impulsar el diálogo social, otorgándole un importante papel. El cambio obedece probablemente, en un paralelismo con la situación de principios de los años noventa, a la pretensión de profundizar en la integración impulsando la UME y la necesidad paralela de profundizar en el desarrollo de la dimensión social así como al intento de revertir el deterioro de la aceptación del proyecto europeo, que requiere relanzar la legitimidad del mismo y tejer nuevas alianzas. De esta manera, tal y como...
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