SAP Córdoba 280/2002, 6 de Noviembre de 2002
| Ponente | JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE |
| ECLI | ES:APCO:2002:1526 |
| Número de Recurso | 276/2002 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 280/2002 |
| Fecha de Resolución | 6 de Noviembre de 2002 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Córdoba, Sección 2ª |
SENTENCIA Nº 280/02
AUDIENCIA PROVINCIAL CÓRDOBA
SECCIÓN SEGUNDA
PRESIDENTE
D. ANTONIO PUEBLA POVEDANO
MAGISTRADOS
D. JUAN RAMÓN BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE
D. ANTONIO JIMÉNEZ VELASCO
APELACIÓN CIVIL
ROLLO 276/02
AUTOS 327/02
JUICIO VERBAL
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 8 DE CORDOBA
En Córdoba a seis de noviembre de dos mil dos.
Vistos por esta Sala los autos de juicio Verbal nº 327/02-L seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Córdoba, entre Don Salvador , representado por el procurador Sr./a.Doña María Jesús Madrid Luque, y asistido del letrado Sr./a Don Jesús Alamillo, contra D. Luis Alberto y Doña Verónica , representado por el Procurador/a Sr./a. Doña Mª Dolores Ramiro Gómez y asistido del letrado Sr./a.Don José Rebollo Puig pendientes ante esta sala en virtud del recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada en estos autos. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN RAMÓN BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, quien expresa el parecer de la Sala.
Se aceptan los de la sentencia apelada.
Seguido el juicio en todos sus trámites se dictó sentencia por el Magistrado-Juez, cuya parte dispositiva dice: ,Que desestimando la demanda interpuesta por D. Salvador contra d. Luis Alberto y Doña Verónica , debo absolver y absuelvo a los referidos demandados del pronunciamiento formulado en su contra, condenándole al actor al pago de las costas procesales causadas".
Contra dicha resolución, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por Don Salvador , siendo parte apelada D. Luis Alberto y Doña Verónica y, recibidos los autos en esta Audiencia, se les dio el trámite establecido en la ley, estándose en el caso de dictar sentencia.
En la tramitación de ambas instancias, se han observado las prescripciones legales.
El contenido del recurso interpuesto por el actor D. Salvador demandado error de derecho en la valoración hace necesario recordar que la carga de la prueba regida por el antiguo art. 1214 CC, actuales 217 y concordantes LEC, no supone una regla de valoración probatoria, sino una regla genérica, de naturaleza procesal en cuanto a la distribución de la carga entre las partes, de modo que sea la propia parte quien soporte las consideraciones de su inactividad, de su negligencia e, incluso, de sus errores, y por tanto sea ella la que debe procurar suministrar al juzgador los máximos elementos que respalden su postura (ss. TS. 24.5.89, 14.10.86, 24.7.89, 8.11.89). Por ello solo la indebida inversión de dicha carga probatoria supone lesión de lo dispuesto en el precepto de referencia, pero no evaluar los medios probatorios practicados en uno u otro sentido, pues esta función compete al Juez dentro de la previsión contenida en el art. 1214 CC interpretado conforme a la doctrina legal.
En esta dirección las ss TS 30.9.91 y 6.5.95 señalan que el art. 1214 CC por su carácter genérico del
,onus probandi", al no contener regla valoratoria alguna de prueba, no es apto para amparar el recurso, salvo aquellos casos en que el juez ,a quo" hubiera invertido en su fallo el principio de distribución de la carga de la prueba, como resaltan las ss 29.10.90 y 13.5.91 ,el alcance del art. 1214 CC en manera alguna se contrae al aspecto de afirmaciones o negativas que hagan las partes con relación a lo que se objeta de controversia judicial, ni sirve para alterar la apreciación efectuada por el órgano judicial de la prueba aportada por cada una de las partes, dándoles una valoración conjunta de su resultado, de manera que el referido artículo no constituye norma valorativa de la prueba, por lo que solamente es susceptible de infracción, cuando se acusa al órgano jurisdiccional de instancia de haber alterado indebidamente el ,onus probandi", o sea la carga de la prueba, invirtiendo lo que en cada parte corresponde.
Pues bien, el art. 1214 del CC. establecía que le incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y el de su extinción al que la opone, quiere ello decir, en términos generales, que las posturas del demandado frente a la pretensión reclama el actor pueden ser: negativas puras, que se refieren a la válida y eficaz constitución de la obligación o de la relación jurídica negocial, impeditivas o extintivas de ésta y que, por tanto, la presupone. En el primer caso, nada debe probar el demandado (aunque la prueba de hechos negativos pueda venir dada por la demostración de hechos positivos excluyentes); en el segundo, debe adverar los hechos en que basa su ,excepción". Y junto a ello la jurisprudencia más reciente, en trance de regular la distribución de la prueba, sin abandonar por completo la doctrina tradicional, ha evolucionado racionalmente al estimar, como más útil, el criterio de que tomando en consideración la posición de las partes en el proceso y el mantenimiento o la negación de situaciones jurídicas existentes, impone al actor la obligación de probar los hechos normalmente constitutivos de su pretensión necesarios para que nazca la acción ejercitada, y al demandado la de los hechos impeditivos o extintivos de la relación jurídica en litigio; lo que, en otro aspecto, significa que quien actúa frente al estado normal de las cosas o situaciones de hecho o de derecho ya producidas, debe probar el hecho impidiente de la constitución válida del derecho que reclama su extinción. Ahora bien, puede suceder que el reclamado no haga valer un ,contraderecho", o sea, un derecho contrario al reclamante que le permita eludir la prestación ,debida", ni introduzca en el proceso otros hechos nuevos que impidan la producción de efectos jurídicos a los alegados por el actor, sino que se limite a negar simplemente los aducidos por el demandante, lo que, como dijo el TS en S. 18.4.79, ,es un tipo de oposición a la prestación que si puede ser incluido bajo el término de excepciones que, en sentido amplio, comprensivo de cualquier clase de defensas, es utilizado por los arts. 531 y 542 LEC, no merece, desde luego, tal calificación cuando el término deba ser entendido en el recto y técnico sentido de la palabra.".
Por ello esta doctrina legal y científica de que corresponde al demandante la carga de la prueba de los hechos normalmente constitutivos de un derecho (causa eficiente del mismo) y al demandado la de los hechos impeditivos (condiciones o circunstancias que obstan al nacimiento del derecho), la de los extintivos (los que, presupuesto el nacimiento del derecho, evitan su persistencia en el tiempo), y el de los excluyentes (como categoría especial de estos últimos que, excluidos del principio de adquisición procesal y precisando ser alegados especialmente, eliminan el derecho ya nacido en virtud de un contraderecho susceptible de ser ejercitado con autonomía) ha evolucionado en la jurisprudencia moderna (vg. 5.6.88, 13.9.89 y 8.3.91) matizándose que la indicada regla general debe ser completada por el juez teniendo en cuenta principalmente los criterios de normalidad y falsedad probatoria, derivados de la posición de cada parte enrelación con el efecto jurídico pretendido. Se trata de aplicar lo que puede llamarse teoría de la proximidad al objeto de la prueba, en cuya virtud a cada parte, sea demandante o demandado, le es exigible en la demostración de los hechos en que se apoya su postura la diligencia razonable o la facilidad que puede tener en su acreditación. Señala la STS 6.6.94 que ,dicho art. 1214 CC lo que establece respecto de la carga de la prueba no es un criterio inflexible y si por el contrario adaptable a las exigencias de cada caso, atendiendo a la naturaleza de los hechos alegados o rechazados por las partes, a la dificultad de probar..." Es, en definitiva, misión del Juez valorar y ponderar la prueba, según las distintas posiciones personales y el peso específico (coherencia y verosimilitud de cada una de ellas) o extraer conclusiones, por inducción, de la falta de prueba, de tal modo que, frente a la rigidez de los principios, puede el juzgador entender que el actor no probó absolviendo al demandado que negó (no ,porque negó) o entender que, pese a que el demandado negó, el actor probó.
Cuestión distinta y propia del recurso es la indebida apreciación de la prueba, por infracción de los arts. 316 y 376 LEC en cuanto al interrogatorio de las partes y testifical practicadas.
Con carácter previo debemos precisar que el recurrente en relación a dichas pruebas, se limita a valorar la prueba practicada de manera subjetiva y, completamente parcial pretendiendo sustituir con su criterio las conclusiones más ponderadas del Juzgador de instancia, que basa su decisión en un objetivo y razonado análisis del conjunto probatorio; y muy especialmente, de la prueba testifical, pero sin desvirtuar los argumentos judiciales, por lo que no resulta atendible la impugnación, habida cuenta la abundante doctrina jurisprudencial elaborada sobre la prevalencia de la valoración...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba