STS, 5 de Junio de 2003
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
| Fecha | 05 Junio 2003 |
D. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. JESUS ERNESTO PECES MORATED. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Junio de dos mil tres.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores al margen anotados, el recurso de casación que con el núm. 3936/00 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación legal de la Comunidad de Madrid, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 8 de marzo de 2000, en el recurso núm. 2032/94. Siendo parte recurrida la representación legal de Dña. Begoña y D. Jesús .
La sentencia recurrida, contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "FALLAMOS: que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D. Luis Parra Ortunm, en nombre y representación de Dña. Begoña y D. Jesús , contra el acuerdo de 21 de abril de 1994 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián de los Reyes, relativa a la actuación OP-2 "Tempranales", declaramos la nulidad de la citada resolución al no ser ajustada a derecho; sin hacer expresa imposición de las costas procesales."
Notificada la anterior sentencia la parte recurrente presentó escrito ante el Tribunal de Instancia preparando el recurso de casación contra la misma. Por Providencia la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, admitiéndolo y emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones, ante este Tribunal la parte recurrente, se personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en que se ampara, solicitando que, dicte sentencia por la que declarando haber lugar al recurso y acogiendo los motivos de infracción denunciados, case la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en autos del Recurso núm. 2032/94, dictando una nueva por la que se declare, ser conforme a derecho el acuerdo de modificación del Plan General de San Sebastián de los Reyes, al que se refiere el presente procedimiento.
Teniendo por interpuesto el recurso de casación por esta Sala, se emplaza a la parte recurrida para que en el plazo de treinta días formalice el escrito de oposición.
Por la parte recurrida se presenta el escrito de oposición al recurso interpuesto, en el que tras impugnar los motivos del recurso de casación en virtud de las razones que estimó procedentes, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia por la que desestimando el recurso de casación interpuesto se confirme en todos sus extremos la resolución recurrida.
Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia el día VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL TRES, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento
La sentencia, ahora impugnada en casación, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de marzo de 2000 estimó el recurso planteado contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 21 de abril de 1994, aprobatorio de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián de los Reyes, relativa a la actuación OP/2 "Tempranales".
La parte recurrente, Comunidad de Madrid, articula dos motivos de casación al amparo del articulo 95.1.4 de la Ley Jurisdiccional de 1956 modificada por la Ley 10/92 de 30 de abril, el primero y del 95.1.3 el segundo, sustentando el primero en la infracción del articulo 156 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y del 126 de la Ley del Suelo de 1992, y el segundo, se alude al quebrantamiento de las formas esenciales del juicio.
Al haber sido dictada la sentencia recurrida con posterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley Jurisdiccional 29/98 de 13 de julio, y de acuerdo con su disposición transitoria tercera , la cita hecha por el recurrente del artículo 95.1.4 ha de entenderse referida al artículo 88.1.d de la vigente Ley Jurisdiccional.
El motivo tiene que ser desestimado, porque no existe ni puede existir aplicación indebida del articulo 156 del Reglamento de Planeamiento al no haber sido considerado ni aplicado en la sentencia recurrida que basa su argumentación legal esencialmente en el articulo 154 de este Reglamento, al reconocer que ha sido declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 el articulo 126 de la Ley del Suelo de 1992. No obstante ello, el recurrente basa también su argumentación en la infracción del artículo 126 de esta Ley del Suelo, que como está dicho ha sido declarado inconstitucional, y por tanto nulo, con efectos "ex tunc", lo que acarrea la inexistencia efectiva en el mundo del derecho de este precepto, que no puede ser alegado validamente en este recurso de casación como base del enjuiciamiento de su aplicación en la sentencia, en que además no ha sido tampoco aplicado en razón de su inconstitucionalidad.
La simple alusión del articulo 154 del Reglamento de Planeamiento al finalizar el escrito de este motivo, no puede ser causa de prosperabilidad del motivo, puesto que como bien está expresado en la sentencia, tal como se deriva de la Memoria de la actuación contemplada, en relación global con otras dos similares, no menos que del informe pericial que llega a la inequívoca conclusión de que estamos en presencia de una auténtica revisión del Plan y no mera modificación al afectar los cambios operados al modelo territorial previsto en el Plan General, valoración probatoria, puntualmente razonada, no cuestionable en casación, conforme al carácter tasado de este recurso.
El motivo segundo ha de ser igualmente desestimado por su clara falta de fundamento, toda vez que el mismo no contiene cita alguna de precepto legal o doctrina jurisprudencial consideradas infringidas, con notoria vulneración del artículo 92.1 de la vigente Ley Jurisdiccional que exige de modo necesario que en el escrito de interposición del recurso de casación, se citen las normas o jurisprudencia que considere el recurrente infringidos.
A tenor del artículo 139 de esta Ley Jurisdiccional de 1998, procede imponer las costas de esta casación a la parte recurrente, al haber sido desestimados los motivos opuestos.
Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación legal de la Comunidad de Madrid contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de marzo de 2000, dictada en el recurso núm. 2032/94, con imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como secretario, certifico.
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