STS 144/1995, 25 de Febrero de 1995
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 25 Febrero 1995 |
| Número de resolución | 144/1995 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Salamanca, como consecuencia de autos de juicio de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de 1ª instancia nº 2 de Ciudad Rodrigo, sobre nulidad de escritura pública y otros extremos, cuyo recurso fue interpuesto por don Jaimey doña Camila, representados por el Procurador de los Tribunales don Bonifacio Fraile Sánchez, y asistido del Letrado don Germán Pedraz Estévez, en el que es recurrido don Carlos Jesús, que no ha comparecido ante este Tribunal.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de 1ª instancia nº 2 de Ciudad Rodrigo, fueron vistos los autos de juicio de menor cuantía, a instancia de don Carlos Jesús, contra don Jaimey doña Camila, sobre nulidad de compraventa otorgada en escritura pública por ambas partes.
Por la parte actora se formuló demanda, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dicte sentencia por la que, estimando la demanda, se declare la nulidad o inexistencia del contrato referido, ordenando la cancelación de las inscripciones en el Registro de la Propiedad, condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaración, así como a la devolución de las fincas descritas en la escritura pública y con expresa condena en costas a los mismos.
Admitida a trámite la demanda, fue contestada por los demandados que se opusieron a la misma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminaron suplicando se dicte sentencia en la que desestimando la demanda, se absuelva a los demandados de los pedimentos contenidos en la misma, con expresa imposición de las costas al demandante.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 11 de septiembre de 1991, cuyo fallo es el siguiente: "Que estimando como estimo la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Teresa Castaño Domínguez en representación de don Carlos Jesús, contra don Jaimey Camilarepresentados por el Procurador don Oscar Lerma Frutos, debo declarar y declaro la nulidad del contrato de compraventa formalizado en escritura Pública, ante el notario de Ciudad Rodrigo, el 22 de enero de 1988 con nº de protocolo 80, entre el actor y su esposa, Dª Asuncióny los demandados, así como de las inscripciones a que haya dado lugar en el Registro de la Propiedad la referida compraventa y condeno a los demandados a estar y pasar por la anterior declaración y al pago de las costas de este procedimiento."
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, y sustanciada la alzada, la Audiencia Provincial de Salamanca dictó sentencia con fecha 8 de noviembre de 1991, cuyo fallo es el siguiente: "Desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Miguel Angel Gómez Castaño en nombre y representación de don Jaimey doña Camila, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª instancia número 2 de Ciudad Rodrigo, el día 11 de septiembre de 1991, en los autos de juicio de Menor Cuantía a que se hace referencia en el presente rollo, la debemos confirmar y confirmamos íntegramente, con expresa imposición de las costas a los recurrentes en testa segunda instancia."
El Procurador de los Tribunales don Bonifacio Fraile Sánchez, en nombre de doña Camila, formalizó recurso de casación al amparo de los siguientes motivos: Primero.- Inadmitido. Segundo.- Se formula por infracción de la norma del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, al amparo de lo dispuesto en el nº 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por infracción del artículo 1261 del Código civil, en relación con el artículo 1262 del mismo Código.
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista, el día nueve de febrero del actual, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JAIME SANTOS BRIZ
Se solicitó en la demanda presentada por don Carlos Jesúsla declaración de nulidad de escritura pública de compraventa otorgada el 22 de enero de 1988, por la que el mismo vendía unas fincas a los demandados, matrimonio formado por don Jaimey doña Camila, cuya demanda fue estimada por el Juzgado de 1ª instancia de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y después confirmada en apelación por la ahora recurrida en casación, que dictó la Audiencia Provincial de Salamanca. La Sala "a quo", con referencia explícita a la apreciación de la prueba efectuada por la sentencia de primera instancia, se basó para su fallo estimatorio en los siguientes hechos que han de considerarse probados: a) La voluntad del vendedor, actual recurrido Sr. Carlos Jesúsy de su esposa, fue al otorgar la mencionada escritura ceder sus bienes (en total doce fincas) a los demandados, actuales recurrentes por no estar en condiciones, por razón de edad avanzada, para atenderlos, ni de cuidarse a sí mismos, y ello a cambio de recibir la asistencia que les fuera necesaria, dado que se encuentran ambos vendedores en precario estado físico e intelectual y por su escasa instrucción, máxime en personas de avanzada edad y residentes en ámbito rural. b) Consta en autos dictamen pericial médico forense acerca de la disminución de capacidad, tanto del recurrido como de su esposa, al momento del otorgamiento de la referida escritura, no estando capacitados para ejercer ni llevar a cabo actos que implicaran un mínimo de discernimiento, ni el uso de aptitud intelectiva- volitiva en enero de 1988. c) Por otra parte, se cuida la Sala de instancia de acoger el hecho acreditado de que figurando en la escritura pública impugnada un valor de los inmuebles objeto de la venta de 50.000 pesetas, según dictamen pericial obrante en autos y no impugnado, su valor real es de cerca de cuatro millones de pesetas; diferencia de precio entre el consignado y el real, que, aunque no haya sido ponderado como decisivo para acordar la nulidad de la escritura, sí ha de ser tenido en cuenta en unión del resto de los hechos considerados probados por los Juzgadores de instancia.
El recurso de casación interpuesto por los compradores demandados se integra de dos motivos admitidos, con base ambos en el nº 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil; habiendo sido rechazado en el trámite sobre admisión el primero de ellos, por basarse en el documento mismo que sirvió de apoyo principal a la Sala de instancia para estimar la demanda. Todo ello lleva como consecuencia que esta Sala de casación ha de tomar principal fundamentación fáctica en aquellos hechos que se han extractado, al no haber sido debidamente impugnados por el cauce procesal adecuado. El primero de los motivos admitidos acusa la infracción del artículo 1261 del Código civil, en relación con el 1262 de citada norma sustantiva, asi como -añade- resulta infringido el artículo 1445 del mismo Código. Estima el motivo que el contrato discutido reunió todos los requisitos que para su validez exigen los preceptos invocados como infringidos. Mas esta conclusión viene a hacer supuesto de la cuestión, en cuanto prescinde de los hechos básicos aceptados por la sentencia recurrida, cuales son aquellos de los que deriva la falta de consentimiento válido para concertar la compraventa debatida. Asi, se deduce de los hechos acreditados que hubo, al celebrar el contrato y por parte de los vendedores, una evidente discordancia de voluntades entre la manifestada en el contrato y la realmente querida por aquéllos, que ha sido demostrada a través de las pruebas apreciadas por los Juzgadores de instancia; divergencia debida no a la voluntad de los vendedores sino a sus peculiares circunstancias personales y sociales; lo que impide, según la doctrina deducida de sentencias de esta Sala (como las de 23 de mayo de 1935, 27 de octubre de 1951, 24 de junio de 1969 y otras), atenerse en el supuesto ahora contemplado a la voluntad declarada que contrasta con la realmente demostrada. Conclusiones estas que son acordes con la misma doctrina jurisprudencial (sentencias, entre otras, de 17 y 24 de febrero y 15 de octubre de 1992 y 28 de abril de 1989) en cuanto declaró que es cuestión de hecho determinar la concurrencia de los requisitos para la existencia del contrato y que su constatación es facultad de los Tribunales de instancia, y concretamente también lo es la cuestión de si existe o no consentimiento (sentencia de 3 de junio de 1968). Todo lo que revela la inexistencia de las infracciones denunciadas en este primer motivo, que, por consiguiente, ha de ser desestimado.
El tercero de los motivos acusa la aplicación indebida de los artículos 1265 y 1266 del Código civil, en cuanto determinan la nulidad del consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo, y en cuanto exige el segundo que para que el error invalide el consentimiento habrá de recaer sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El motivo niega que se haya producido aquel error, y además que sea decisivo en el caso la desproporción entre valor real de las fincas vendidas y el precio en que se escrituraron. Estos asertos no resultan admisibles en el caso ahora a resolver, toda vez que: a) Según los hechos en que se basó la sentencia impugnada hubo error en los vendedores, considerando como tal el falso conocimiento de la realidad, capaz de dirigir la voluntad a la emisión de una declaración no efectivamente querida (sentencia de 25 de mayo de 1963). Error que puede calificarse, como hizo ya el Juzgador de primera instancia y aceptó el de la segunda, de error obstativo, es decir, no influyente en la formación de la voluntad sino con efectos en la declaración y transmisión de la misma, que no se correspondió con la realmente existente. Sin olvidar que esta Sala ha declarado (sentencia de 4 de junio de 1992) que la apreciación de la existencia del error, o al menos de su base fáctica, es facultad de la Sala de instancia, y en la sentencia recaída, por sí y con referencia a la de primer grado, hay fundamentación suficiente para mantener aquel error obstativo que vició la manifestación de voluntad, no su determinación de realizar una venta, pero sin convicción plena de lo que se recogió en el documento otorgado. b) A la misma conclusión se llega si se contempla la cuestión desde el ángulo visual de la causa del contrato, considerada, como ha declarado esta Sala, en sentido objetivo (sentencia de 8 de julio de 1983 y otras), significando el fin que se persigue en cada contrato, ajeno a la mera intención o subjetividad. Siendo también de observar que la determinación de la existencia de la causa es de orden fáctico, que, lo mismo que los demás elementos del contrato, compete apreciar a los Tribunales de instancia (sentencias, entre otras, de 4 de mayo de 1980, 5 de marzo y 4 de mayo de 1987, 25 de febrero de 1993). c) Por último, no cabe mantener el motivo desde otros puntos de vista, como el de la legitimación activa de los demandantes, ni la obligación recíproca de ambas partes de devolverse las prestaciones recibidas, puntos realmente no discutidos; ni tampoco mantener la nulidad de la venta en razón al precio llamado vil en supuestos como el debatido; que, como ya se indicó y se deduce de la sentencia de 20 de julio de 1993, debe ser tenido en cuenta con otros hechos ya apreciados, aunque por sí solo este extremo, según los antecedentes históricos y legislativos, no sea decisivo en el Derecho común español contenido en el Código civil, pero sí digno de que no pase desapercibido, dada la resultancia probatoria que derivó de los autos.
La desestimación de todos los motivos origina la del recurso en su totalidad, con imposición de las costas de aquél a la parte recurrente, según manda la Ley (artículo 1715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento civil) y acordando la pérdida del depósito, al que se dará el destino legal.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Procurador don Bonifacio Fraile Sánchez en nombre de don Jaimey doña Camila, contra la sentencia dictada con fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno por la Audiencia Provincial de Salamanca, condenando a los recurrentes al pago de las costas de este recurso y a la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jaime Santos Briz, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
-
SAP Huelva 233/2007, 22 de Noviembre de 2007
...denuncia previa ante el órgano judicial de la demora injustificada acaecida en la tramitación de la causa (SSTS 152/1987, 224/1991, 8/1994 y 144/1995, entre otras muchas En este caso, el acusado no formuló ninguna denuncia previa ante el órgano judicial de la posible demora injustificada. E......
-
SAP Valencia 220/2014, 16 de Julio de 2014
...contractual es una mera cuestión de hecho a solventar por su propia naturaleza conforme a la probanza practicada ( sentencia Tribunal Supremo 25-2-1995 y 26-2-1998, entre otros) y es por ello que si bien, existe en la casuística jurisprudencial resoluciones de Audiencias Provinciales que ha......
-
SAP Valencia 232/2014, 22 de Julio de 2014
...contractual es una mera cuestión de hecho a solventar por su propia naturaleza conforme a la probanza practicada ( sentencia Tribunal Supremo 25-2-1995 y 26-2-1998, entre otros) y es por ello que si bien, existe en la casuística jurisprudencial resoluciones de Audiencias Provinciales que ha......