Ley 2/2023, de 16 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2023.

1.  Las universidades públicas deben elaborar, aprobar y ejecutar sus presupuestos en una situación de equilibrio presupuestario, tanto en su conjunto como respecto a los ingresos y gastos no financieros. Este precepto también es de aplicación a las entidades dependientes de las universidades públicas que han sido clasificadas dentro del sector de la Administración pública de la Generalitat, de acuerdo con los criterios del Sistema Europeo de Cuentas.

2.  En caso de que una universidad pública liquide su presupuesto con un remanente de tesorería genérico negativo, debe elaborar un plan de estabilización presupuestaria que determine las políticas de ingresos y gastos que aplicará la universidad, con el fin de corregir la situación de incumplimiento de equilibrio presupuestario, en el plazo que establezca el departamento competente en materia de universidades. Este plan de estabilización presupuestaria debe ser aprobado por el Consejo Social y presentarse al departamento competente en materia de universidades en el plazo de dos meses a contar desde la aprobación de la liquidación del presupuesto en el que se haya producido el remanente genérico negativo.

1.  Durante el ejercicio 2023, el Gobierno y todos los titulares de centros de gasto están obligados a no tomar ninguna iniciativa legislativa o administrativa que conlleve crecimiento del gasto público presupuestado si no proponen, simultáneamente, los recursos adicionales necesarios o las reducciones proporcionales de gasto con la correspondiente especificación presupuestaria. Las resoluciones y los acuerdos que se adopten en incumplimiento de este precepto son nulos de pleno derecho.

2.  La Intervención General debe velar por el cumplimiento de lo dispuesto por el apartado 1 en el marco de la actividad de control de que es competente como órgano de control interno de la Generalitat. La Intervención puede establecer controles transversales sobre el cumplimiento de esta disposición de acuerdo con lo que establezca el plan anual de actuaciones de control.

3.  Independientemente de lo establecido por el apartado 2, si en cualquier momento los órganos fiscalizadores, en ejercicio de sus competencias, tienen conocimiento de la adopción de iniciativas que incumplen lo establecido por el presente artículo, deben comunicarlo al departamento competente en materia de finanzas públicas, el cual debe determinar las medidas correspondientes al efecto de dar cumplimiento a esta disposición.

4.  Durante el ejercicio 2023, el Gobierno está obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que conlleve crecimiento del gasto público presupuestado si no se proponen, simultáneamente, los recursos adicionales necesarios.

1.  Las obligaciones en vigor a 31 de diciembre de 2022 correspondientes a gastos debidamente efectuados por la Generalitat, por las entidades autónomas administrativas o por el Servicio Catalán de la Salud –incluidos los gastos pendientes de imputación presupuestaria (PPI) registrados– que no hayan podido reconocerse con cargo a los créditos del presupuesto para 2022 pueden aplicarse a los créditos del presupuesto vigente, de acuerdo con los criterios establecidos por el artículo 12 de la Orden ECO/235/2022, de 26 de octubre, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario 2022.

2.  El departamento competente en materia de finanzas públicas, a propuesta del departamento o de la entidad afectados y previo informe de la Intervención Delegada, debe determinar los créditos con cargo a los cuales debe imputarse el pago de las obligaciones a las que se refiere el apartado 1, que deben ser los adecuados a la naturaleza y la finalidad del gasto, de acuerdo con la estructura presupuestaria vigente.

1.  Pueden adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en el marco de los escenarios presupuestarios plurianuales y de acuerdo con los supuestos establecidos por la normativa vigente en materia de finanzas públicas, para los gastos que requieran un plazo de ejecución superior al ejercicio presupuestario por razón de su naturaleza plurianual o eficiencia en la gestión.

2.  Los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios futuros de la Administración general de la Generalitat, las entidades autónomas administrativas y el Servicio Catalán de la Salud deben ser autorizados por el Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de finanzas públicas.

3.  Corresponde al departamento competente en materia de finanzas públicas, excepcionalmente, la autorización y la modificación de compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios futuros, siempre que el importe de las anualidades futuras no supere los 300.000 euros, en el marco del cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda y de la regla del gasto.

4.  Los departamentos, las entidades autónomas administrativas y el Servicio Catalán de la Salud deben acreditar la disponibilidad en sus presupuestos futuros, calculada como la diferencia entre el crédito presupuestario previsto para el ejercicio corriente incrementado de acuerdo con la regla de gasto y el escenario de gasto tendencial que tiene en cuenta los compromisos plurianuales, los gastos recurrentes y las previsiones de compromisos derivados de normas de obligado cumplimiento. No se tramitarán las solicitudes de autorización de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros que no acrediten que se ajustan a la disponibilidad de crédito en los términos establecidos por este apartado, salvo que se propongan nuevas fuentes de financiación, la revisión de los compromisos adquiridos o cualquier otra propuesta que compense el nuevo compromiso.

5.  Los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios futuros del resto de entidades del sector público deben ser autorizados por sus respectivos órganos de gobierno. Si un compromiso de gasto futuro de una entidad se financia con recursos específicos y adicionales a los ordinarios procedentes de un departamento, de una entidad autónoma administrativa o del Servicio Catalán de la Salud, es necesario que este esté cubierto por un compromiso de gasto futuro del departamento o de la entidad que aporta su financiación, que haya sido previamente autorizado por el Gobierno. Estas entidades deben comunicar sus compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros al respectivo departamento de adscripción y al departamento competente en materia de finanzas públicas, de acuerdo con el procedimiento y la periodicidad que este establezca.

6.  Todos los compromisos de gasto con cargo a presupuestos futuros quedan condicionados a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

1.  Los proyectos de gasto de inversión de la Generalitat y de todas las entidades que forman su sector público se identifican con los códigos de proyecto que figuran en el Anexo de inversiones reales.

2.  La programación y ejecución a lo largo del ejercicio de nuevos proyectos no identificados en el Anexo de inversiones reales requiere la asignación previa del correspondiente código de proyecto, de acuerdo con las normas del departamento competente en materia de finanzas públicas.

3.  El seguimiento de la ejecución de los proyectos se realiza mediante la identificación de los códigos de proyecto en la contabilización de gastos en el sistema corporativo de información económico-financiera.

4.  Las entidades que no utilizan el sistema corporativo de información económico-financiera deben realizar un seguimiento permanente de la ejecución de sus proyectos de inversión y remitirlo al departamento competente en materia de finanzas públicas con una periodicidad trimestral y de acuerdo con los formatos que determine la Intervención General.

1.  De acuerdo con lo establecido por el artículo 117 y la disposición adicional vigesimoséptima de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y el artículo 205.8 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, se aprueban los módulos económicos de los centros privados concertados correspondientes a los gastos de personal y los gastos de funcionamiento para el año 2023, con los importes que constan en el anexo 1 de la presente ley.

2.  Si alguno de los importes del anexo 1 a los que se refiere el apartado 1 es inferior al establecido por la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, se aplica el módulo fijado por la Ley de presupuestos generales del Estado, considerando la aminoración que esta ley determina en el módulo de gastos de funcionamiento de las unidades de ciclos formativos de formación profesional de grado superior y de bachillerato.

3.  Las retribuciones del personal de los centros privados concertados abonadas mediante pago delegado se fijan anualmente de acuerdo con el principio de analogía retributiva del profesorado que imparte enseñanzas concertadas con el personal funcionario docente no universitario, recogido en los acuerdos firmados el 4 de mayo y el 9 de julio de 2001 con las organizaciones patronales y sindicales representativas del sector.

4.  El Departamento de Educación debe abonar, mediante el sistema de pago delegado, exclusivamente los conceptos retributivos que constan en el anexo 1 de la presente ley. Quedan explícitamente fuera del módulo de concierto el premio de fidelidad o permanencia y cualquier otro coste laboral del profesorado derivado de convenios colectivos. En consecuencia, estos gastos no corren a cargo del presupuesto de la Generalitat.

5.  Al módulo de los gastos de funcionamiento de las unidades concertadas de formación profesional que dispongan de autorización para una capacidad inferior a treinta alumnos por unidad se le aplica un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno de menos autorizado.

Las disposiciones incluidas en el título III se aplican a todo el personal al servicio de:

a) La Administración de la Generalitat.

b) El Servicio Catalán de la Salud.

c) El Consejo de Trabajo, Económico y Social; la Autoridad Catalana de Protección de Datos; el Instituto Catalán Internacional por la Paz; la Autoridad Catalana de la Competencia, y el Consejo Audiovisual de Cataluña.

d) Las entidades autónomas de carácter administrativo.

e) Las entidades autónomas de carácter comercial.

f) Las entidades de derecho público.

g) Las sociedades mercantiles con participación total o mayoritaria de la Generalitat.

h) Los consorcios con participación mayoritaria de la Administración de la Generalitat y los adscritos a dicha Administración.

i) Las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat y las adscritas a dicha Administración.

j) Las universidades públicas.

1.  Con efectos desde el 1 de enero de 2023, las retribuciones íntegras del personal incluido en el artículo 24 no pueden experimentar un incremento global superior al 2,5% con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, en términos de homogeneidad para ambos períodos de comparación, tanto en cuanto a efectivos de personal como en cuanto a su antigüedad.

2.  Se aplican, si procede, los siguientes incrementos respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022, con efectos en ambos casos desde el 1 de enero de 2023:

   a) Incremento vinculado a la evolución del índice de precios al consumo armonizado. Si la suma del índice de precios al consumo armonizado de 2022 y del índice de precios al consumo armonizado avanzado de septiembre de 2023 es superior al 6%, debe aplicarse un incremento retributivo adicional máximo del 0,5 %.

   b) Incremento vinculado a la evolución del producto interior bruto nominal de 2023. Si el incremento del producto interior bruto nominal iguala o supera el estimado por el Gobierno del Estado en el cuadro macroeconómico que acompaña a la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2023, debe aplicarse un incremento retributivo complementario del 0,5%.

3.  Lo establecido por los apartados 1 y 2 se entiende sin perjuicio de las adecuaciones retributivas de carácter singular y excepcional que resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos que se fijan, con el estricto cumplimiento de la normativa vigente.

4.  Los acuerdos, convenios o pactos que conlleven crecimientos retributivos superiores a los fijados por el presente artículo deben experimentar la oportuna adecuación, y son inaplicables las cláusulas que se opongan.

5.  Las retribuciones que tienen carácter de absorbibles, la indemnización por residencia y las indemnizaciones por razón de servicios se rigen por su normativa específica y por lo dispuesto por la presente ley, y no experimentan ningún incremento con respecto a las fijadas para 2022.

6.  Pueden realizarse aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros colectivos, siempre que no se supere el incremento global de la masa salarial establecido por la presente ley.

7.  En el ejercicio 2023 no se otorgan a los empleados ayudas en concepto de fondos de acción social, ni tampoco otras ayudas que tengan la misma naturaleza y la misma finalidad, sin perjuicio de la contratación de pólizas de seguros para cubrir contingencias por accidentes de los empleados. A tal efecto, los beneficios económicos no salariales del personal de las universidades públicas se consideran integrantes del fondo de acción social de la universidad, en las modalidades de ayudas que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley sean equivalentes al fondo de acción social aplicable al personal al servicio de la Administración de la Generalitat. Se entiende por ayuda en concepto de acción social cualquier beneficio, complemento o mejora, en metálico o en especie, con exclusión de préstamos y anticipos, que tenga por objeto satisfacer necesidades asistenciales del personal que se generan por la concurrencia de contingencias personales y no tienen carácter de contraprestación por el trabajo realizado.

8.  En el ejercicio 2023 no pueden reconocerse percepciones derivadas de los sistemas de ayudas para comida del personal.

9.  De acuerdo con los artículos 32 y 38.10 del texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, quedan suspendidos parcialmente todos los acuerdos y pactos sindicales firmados en el ámbito del personal funcionario y estatutario, así como los convenios colectivos y los acuerdos firmados en el ámbito de personal laboral incluido dentro del ámbito de aplicación del artículo 24 que contradigan lo dispuesto por la presente ley.

1.  Las retribuciones a percibir por el personal funcionario en 2023, sin perjuicio de lo que pueda derivarse de la aplicación del artículo 25.2, de acuerdo con el sistema retributivo que establece el texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, que reúne preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, son las siguientes:

   a) El sueldo y los trienios, según el grupo o subgrupo en que se clasifican los cuerpos y las escalas a los que pertenecen los funcionarios, de acuerdo con las equivalencias establecidas por el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por los siguientes importes, referidos a doce mensualidades:

   Grupo (Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre)	Grupo/subgrupo equivalente (Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre)	Sueldo (euros)	Trienios (euros)
   A	A1	15.459,72	595,08
   B	A2	13.367,76	485,28
   -	B	11.685,24	425,76
   C	C1	10.036,92	367,32
   D	C2	8.353,56	250,08
   E	Agrupaciones profesionales	7.645,68	188,16

   b) Las pagas extraordinarias, que son dos al año y se devengan en los meses de junio y diciembre. Cada paga extraordinaria incluye el importe de una mensualidad del complemento de destino que se perciba, más las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios:

   Grupo (Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre)	Grupo/subgrupo equivalente (Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre)	Sueldo (euros)	Trienios (euros)
   A	A1	795,00	30,61
   B	A2	812,45	29,48
   -	B	841,63	30,68
   C	C1	722,91	26,42
   D	C2	689,78	20,62
   E	Agrupaciones profesionales	637,14	15,68

   c) El complemento de destino, correspondiente a cada uno de los niveles de los puestos de trabajo, que tiene los siguientes importes, referidos a doce mensualidades:

   Nivel	Euros
   30	15.404,20
   29	12.112,56
   28	11.603,52
   27	11.093,76
   26	9.732,96
   25	8.635,20
   24	8.125,80
   23	7.617,00
   22	7.107,24
   21	6.598,56
   20	6.129,48
   19	5.816,64
   18	5.503,68
   17	5.190,48
   16	4.878,24
   15	4.564,68
   14	4.252,20
   13	3.938,88
   12	3.625,68
   11	3.312,48
   10	3.000,00
   9	2.843,76
   8	2.686,80
   7	2.530,44
   6	2.373,96
   5	2.217,48
   4	1.982,76
   3	1.748,52
   2	1.513,92
   1	1.279,44

   d) El complemento específico asignado al puesto de trabajo que se desarrolle, que se incrementa de acuerdo con el porcentaje establecido por el artículo 25 con respecto al importe mensual vigente a 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 25.3. Este complemento se percibe en doce mensualidades ordinarias y dos adicionales en los meses de junio y diciembre.

   e) El complemento de productividad, que retribuye los conceptos establecidos por el artículo 103.1.c del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997 y que durante el ejercicio 2023 se percibe en los términos que autorice el Gobierno.

   f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que debe conceder cada departamento o entidad, dentro de los créditos asignados a tal fin. Estas gratificaciones tienen carácter excepcional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 36. Solamente pueden ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo y no pueden tener, en ningún caso, cuantía fija ni ser de ganancia periódica.

   g) Los complementos personales transitorios, que durante el año 2023 se absorben de acuerdo con las siguientes normas:

   1.  Del incremento general de retribuciones establecido por el artículo 25, solo puede absorberse el 50% correspondiente a las retribuciones complementarias.

   2.  El complemento personal transitorio absorbe el 100% de cualquier otra mejora retributiva, incluidas las mejoras derivadas de cambios de puestos de trabajo.

   3.  En caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una merma de las retribuciones, se mantiene el complemento personal transitorio, al que debe imputarse cualquier mejora retributiva.

   4.  Los trienios, las gratificaciones por servicios extraordinarios y el complemento de productividad no cuentan a los efectos de la absorción del complemento personal transitorio.

2.  Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997 perciben las retribuciones básicas correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación del cuerpo o escala en que hayan sido nombrados y las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que ocupan.

3.  El personal estatutario de los servicios de salud incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, percibe las retribuciones según lo establecido por el apartado 1, además de los complementos de carrera y de atención continuada, cuyas cuantías experimentan el incremento establecido por el artículo 25 respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2022. El personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud percibe las retribuciones fijadas en el II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad sobre las condiciones de trabajo del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud, en concepto de complemento de productividad variable referido al cumplimiento de los objetivos fijados para el año 2022, que se incrementa con arreglo al artículo 25.

4.  Al personal de contingente y zona integrado en los servicios jerarquizados del Instituto Catalán de la Salud en condiciones no homologadas debe aplicársele el régimen retributivo del personal estatutario de los servicios de salud, de acuerdo con el régimen establecido por la disposición adicional trigésima séptima de la Ley 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2015.

5.  El personal funcionario e interino de los cuerpos de la Administración de Justicia al servicio de la Generalitat debe percibir las retribuciones que determina la Ley de presupuestos generales del Estado. Los complementos retributivos establecidos por la Generalitat en el ejercicio de sus competencias para dicho personal experimentan para 2023 el incremento establecido por el artículo 25 con respecto a las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2022.

6.  Con efectos desde el 1 de enero de 2023, las retribuciones del personal eventual al que se refiere el artículo 12 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997 se incrementan de acuerdo con lo establecido por el artículo 25 con respecto a las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2022.

7.  Las retribuciones del resto de personal funcionario y estatutario al que no son aplicables los regímenes retributivos establecidos por el presente artículo experimentan el incremento establecido por el artículo 25 con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022.

8.  Los acuerdos y pactos en el ámbito del personal funcionario y estatutario con impacto económico en el gasto de personal requieren la autorización previa, al inicio de las negociaciones, de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal, y su ulterior aprobación por acuerdo de Gobierno.

1.  Al personal funcionario y estatutario al servicio de la Administración de la Generalitat incluido en el ámbito de aplicación del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997 le son aplicables las siguientes normas en materia retributiva:

   a) Las retribuciones básicas y complementarias que se acrediten con carácter fijo y periodicidad mensual deben hacerse efectivas por mensualidades completas, y de acuerdo con la situación de los funcionarios referida al primer día hábil del mes que corresponda. Solamente deben liquidarse por días en los siguientes casos:

   1.  En el mes de la toma de posesión del primer destino en un cuerpo o escala, en el reingreso al servicio activo y en el de incorporación por finalización de licencia sin derecho a retribución.

   2.  En el mes de inicio de licencias sin derecho a retribución.

   3.  En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve una adscripción a una administración pública distinta a la Administración de la Generalitat, aunque no suponga ningún cambio de situación administrativa.

   4.  En el mes de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de cuerpo o de escala. No obstante, si el motivo del cese es la muerte, la jubilación o el retiro del funcionario incluido en el régimen de clases pasivas del Estado o cualquier otro régimen de pensiones públicas que se acreditan por mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecho, la liquidación de las retribuciones no debe efectuarse por los días de servicio activo, sino contando el mes completo en el que se ha producido el hecho causante del cese.

      b) Las pagas extraordinarias deben acreditarse en los meses de junio y diciembre y, de acuerdo con la situación y los derechos del funcionario, los días 1 de junio y 1 de diciembre, salvo en los siguientes supuestos:

   1.  Si el tiempo de servicios prestados es inferior a todo el período correspondiente a una paga extraordinaria, dicha paga debe abonarse proporcionalmente al tiempo de servicios efectivamente prestados. Si se ha realizado jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria debe experimentar la correspondiente reducción.

   2.  En el caso de funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a retribución, la paga extraordinaria debe acreditarse en los meses de junio y diciembre, pero con la cuantía proporcional al tiempo de servicios prestados en el período correspondiente a cada una de las pagas.

   3.  Si se produce un cambio de puesto de trabajo que conlleva una adscripción a una administración pública distinta a la Administración de la Generalitat, aunque no suponga un cambio de situación administrativa, la paga extraordinaria debe acreditarse en el mes en que se realiza el cambio.

   4.  Si se produce cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de cuerpo o de escala, la paga extraordinaria debe acreditarse el día del cese con referencia a la situación y los derechos del funcionario en aquella fecha, pero proporcionalmente al tiempo de servicios prestados.

   5.  Si se produce cese del servicio activo por jubilación, por muerte o por retiro y se cumplen las circunstancias del punto 4.º de la letra a, en lo que se refiere a la paga extraordinaria no deben contarse los días de servicio activo, sino el mes completo.

      c) El período correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias comprende los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio y diciembre. Si el tiempo de servicios prestados es inferior a seis meses, los períodos, a los efectos de liquidación, quedan establecidos del siguiente modo:

   1.  Paga extraordinaria de junio: período desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo inmediatamente anterior.

   2.  Paga extraordinaria de diciembre: período desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre inmediatamente anterior.

      d) Los funcionarios de carrera que cambian de puesto de trabajo dentro del mismo cuerpo o escala tienen derecho, durante el plazo de toma de posesión, a todas las retribuciones de carácter fijo o mensual. Dichas retribuciones deben hacerse efectivas por mensualidades completas, de acuerdo con la situación de los funcionarios, el primer día del mes que corresponda, y deben seguirse las siguientes directrices:

      1.  Si el plazo para la toma de posesión vence dentro del mismo mes del cese, la dependencia en la que el funcionario cesa debe hacerse cargo de toda la mensualidad. A partir del primer día del mes siguiente, la dependencia a la que haya sido destinado debe hacerse cargo de la retribución, de acuerdo con la situación y los derechos que tiene el funcionario el primer día del mes que corresponda.

      2.  Si el plazo para la toma de posesión comprende fechas de dos meses distintos, la dependencia en la que el funcionario cesa debe hacerse cargo de las retribuciones hasta el final del mes del cese. La dependencia a la que va destinado debe hacerse cargo de la retribución a partir del día 1 del mes siguiente, independientemente de que el funcionario haya agotado o no el plazo de toma de posesión, pero de acuerdo con la situación y los derechos que tiene el primer día del mes que corresponda.

2.  El cálculo de las retribuciones que deban liquidarse normativamente por días debe realizarse teniendo en cuenta el número de días naturales del mes correspondiente.

3.  Las referencias de la presente ley relativas a retribuciones se entienden realizadas a retribuciones íntegras.

4.  Las retribuciones básicas y complementarias del personal que, de acuerdo con las directrices del Gobierno, solicite una reducción de la jornada de trabajo deben reducirse en la misma proporción que el tiempo de jornada.

5.  Las retribuciones complementarias que debe percibir el personal funcionario y estatutario son exclusivamente las correspondientes al puesto de trabajo que desempeña de forma efectiva en virtud de los procedimientos de provisión establecidos por la normativa vigente, sin perjuicio de los supuestos en los que normativamente se reconozca la percepción de otros importes.

1.  Para el ejercicio 2023, la masa salarial del personal laboral, excluido el personal al que se refiere el artículo 30, puede incrementarse hasta los límites establecidos por el artículo 25 con respecto a la correspondiente de 2022, en términos anualizados y de homogeneidad para ambos períodos objeto de comparación, tanto en cuanto a efectivos de personal y antigüedad como en cuanto al régimen de trabajo, jornada, horas extraordinarias y otras condiciones laborales, y con exclusión de los gastos de acción social que no pueden tener ningún incremento.

2.  A los efectos de lo establecido por el apartado 1, la masa salarial del personal laboral está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por este personal en el año 2022. Quedan exceptuadas:

   a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

   b) Las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa.

   c) Las indemnizaciones por traslados, suspensiones y despidos.

   d) Las indemnizaciones por gastos realizados por el trabajador.

3.  Durante el ejercicio 2023, el personal laboral puede percibir las retribuciones vinculadas a la productividad o a conceptos análogos que tenga estipuladas por convenio colectivo o en el contrato laboral.

4.  En caso de que los acuerdos o convenios colectivos reconozcan complementos personales transitorios, debe aplicárseles como mínimo una absorción del 50% de los incrementos retributivos con carácter general y el 100% de cualquier otra mejora retributiva, salvo el complemento de antigüedad y el complemento de productividad o similar. Deben respetarse las condiciones de absorción pactadas antes de la entrada en vigor de la presente ley.

1.  Para el ejercicio 2023, las retribuciones de los órganos superiores de la Administración de la Generalitat determinados por el artículo 5.1 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya, y asimilados experimentan el incremento determinado por el artículo 25 con respecto a las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2022.

2.  Las retribuciones de los altos cargos de la Administración de la Generalitat, establecidos por el artículo 5.3 de la Ley 13/1989, y asimilados experimentan el incremento que determina el artículo 25, que no puede dar lugar a unas retribuciones superiores a las fijadas para los consejeros.

3.  Los altos cargos y asimilados deben percibir la retribución por antigüedad que tengan reconocida por su vinculación previa como funcionarios o personal laboral fijo de la Administración pública.

4.  Para 2023, las retribuciones anuales íntegras de los órganos superiores y altos cargos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, son las siguientes:

1.  Para el ejercicio 2023, en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de las entidades a que se refiere el artículo 24, las retribuciones fijas vigentes a 31 de diciembre de 2022 del personal directivo regulado por la disposición adicional vigésima primera de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, así como el resto de personal laboral con contrato de alta dirección, experimentan el incremento establecido por el artículo 25, respetando el límite retributivo que determina dicha disposición adicional.

2.  Durante el ejercicio 2023, puede reconocérsele al personal directivo al que se refiere el apartado 1 el abono de las retribuciones variables que tengan reconocidas en el contrato en función del cumplimiento de objetivos definidos para el ejercicio 2023.

3.  Al efecto de lo que determina el apartado 2, el establecimiento en el contrato de retribuciones variables en función del cumplimiento de objetivos, la concreción anual de los objetivos y su evaluación y acreditación deben ser aprobados por los departamentos a los que estén adscritas las entidades afectadas, y deben ajustarse a los criterios y al procedimiento de control fijados por el Gobierno. La cuantía de estas retribuciones variables puede experimentar, como máximo, el incremento establecido por el artículo 25 con respecto a la vigente en 2022.

1.  La cuantía para 2023 de las pensiones reconocidas por la Ley 18/1984, de 20 de marzo, sobre el personal eventual, contratado e interino al servicio de la Generalitat en el período anterior a 1939, se incrementa en el porcentaje que se establezca para las pensiones del sistema de la Seguridad Social para el año 2023. La asignación inicial y la percepción de estas pensiones están sujetas a las limitaciones establecidas por la concurrencia de pensiones públicas fijada por la legislación estatal.

2.  Las pensiones otorgadas al amparo de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los ex presidentes de la Generalitat, y de la Ley 2/1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlament, al cesar, y a sus familiares, se rigen por su normativa, sin perjuicio de los derechos consolidados.

3.  El importe de la asignación temporal que se reconozca a los consejeros de la Generalitat al cesar experimenta el incremento que determina el artículo 25, con respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2022. Esta asignación pasiva se fija para 2023 en un importe de 2.282,20 euros mensuales sin derecho a pagas extraordinarias y tiene una duración máxima de dieciocho meses desde el momento del cese del cargo.

4.  Las pensiones a las que se refieren los apartados 2 y 3 son incompatibles con cualquier retribución o pensión con cargo a fondos públicos y con cualquier retribución procedente de una actividad privada, en los términos establecidos por el artículo 1 del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con carácter de legislación básica para todas las administraciones públicas.

1.  En el ejercicio 2023, las ofertas de empleo público y los instrumentos de gestión similares deben aprobarse en función de las disponibilidades presupuestarias y de conformidad con las previsiones de carácter básico que se establezcan.

2.  Corresponde al Gobierno autorizar la acumulación de la tasa de reposición entre sectores y colectivos, y la cesión entre las entidades del sector público, de acuerdo con la normativa básica aplicable.

1.  Las necesidades de personal deben atenderse prioritariamente con personal funcionario de carrera, estatutario y laboral fijo existente, utilizando los sistemas generales y extraordinarios de provisión establecidos por la normativa vigente y, si procede, los convenios colectivos aplicables.

2.  En el ejercicio 2023 no pueden nombrarse funcionarios interinos ni personal estatutario temporal, ni puede contratarse personal laboral temporal, salvo en los casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

3.  Los órganos competentes en materia de personal deben velar por evitar actuaciones irregulares en las contrataciones temporales de personal y el departamento competente en materia de función pública debe promover criterios de actuación orientados a esta finalidad.

4.  El incumplimiento de las obligaciones que establece la normativa laboral sobre contratación temporal de la que pueda derivarse la condición de indefinido no fijo y el hecho de asignar al personal contratado funciones distintas de las consignadas en los contratos pueden dar lugar a la exigencia de responsabilidades de acuerdo con la normativa vigente.

5.  Se habilita al Gobierno para que fije las limitaciones y los controles al nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, a la contratación de personal laboral temporal con excepción de las contrataciones resultantes de programas de fomento competitivos en el caso de universidades e investigación, y a las contrataciones temporales financiadas íntegramente mediante recursos externos finalistas ajenos al presupuesto de la Generalitat, así como a las contrataciones de personal temporal financiadas íntegramente con fondos Próxima Generación UE.

6.  Corresponde a los órganos competentes de cada departamento el otorgamiento a los consorcios adscritos de las autorizaciones necesarias para la contratación de personal no procedente de las administraciones consorciadas, de acuerdo con la normativa básica aplicable.

1.  La determinación o modificación de las retribuciones y de las demás condiciones de trabajo del personal laboral de los entes a que se refiere el artículo 24, salvo el personal de universidades públicas y el personal directivo regulado por la disposición adicional vigésima primera de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, debe tramitarse de acuerdo con los criterios y el procedimiento que regula el presente artículo.

2.  El inicio de la negociación colectiva para determinar o modificar retribuciones y demás condiciones de trabajo requiere la autorización previa de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal. La solicitud de autorización debe incluir una memoria explicativa del departamento de adscripción sobre las condiciones laborales y retributivas objeto de negociación, su alcance y su incidencia económica, de acuerdo con las limitaciones que establece el artículo 28.1 y 2, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 25.3.

3.  La negociación colectiva del personal laboral de los entes a que se refiere el apartado 1 debe tomar como referencia las condiciones laborales del personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del convenio único, y sus retribuciones no pueden superar las de los puestos equivalentes del ámbito de la Administración de la Generalitat.

4.  Para determinar o modificar las retribuciones y demás condiciones de trabajo del personal laboral a que se refiere el apartado 1, es necesario el informe favorable conjunto del departamento competente en materia de función pública y del departamento competente en materia de finanzas públicas, con carácter previo a la adopción del acuerdo o a la determinación o modificación mediante contrato individual.

5.  El informe a que se refiere el apartado 4 debe emitirse en los siguientes supuestos:

   a) La firma de convenios colectivos y de sus modificaciones.

   b) Los acuerdos de adhesión a convenios colectivos o las solicitudes de extensión de convenios colectivos.

   c) La adopción de pactos que modifiquen las condiciones de trabajo.

   d) La determinación o modificación por medio de un contrato individual de retribuciones correspondientes a categorías profesionales no previstas en el convenio colectivo de la entidad o la creación o modificación de complementos de puesto asignados a categorías previstas en el convenio de la entidad.

   No se consideran modificaciones de las condiciones retributivas la aplicación del incremento retributivo fijado con carácter general ni el restablecimiento del complemento de productividad y las retribuciones variables en función de objetivos regulados por la presente ley para 2023.

6.  Los departamentos de adscripción deben enviar la propuesta de convenio o acuerdo o la propuesta individual, antes de firmarlos, acompañada de una memoria económica con la valoración de todos los aspectos económicos y su incidencia en ejercicios futuros, de un informe sobre la homogeneidad retributiva con relación a los puestos equivalentes en el ámbito de la Administración de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido por el apartado 3, y de una memoria justificativa sobre las condiciones de trabajo y retributivas propuestas.

7.  El informe conjunto debe elaborarse en el plazo de treinta días a contar desde la recepción completa de la documentación a que se refiere el apartado 6.

8.  Son nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados o los contratos de trabajo suscritos en materia de retribuciones y condiciones de trabajo sin un informe favorable o en contra de un informe desfavorable. La omisión del trámite de informe no conlleva la nulidad del acuerdo, siempre que este se haya solicitado con posterioridad y sea favorable, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan.

9.  Son inaplicables las cláusulas de acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados por el artículo 25.

10.  La determinación inicial y la modificación de las retribuciones del personal directivo a que se refiere la disposición adicional vigésima primera de la Ley 2/2014 y del resto de personal laboral de alta dirección deben ser autorizadas por la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal en tanto no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario que determina dicha disposición adicional. En caso de que las retribuciones superen las fijadas para el cargo de secretario general, deben autorizarse por acuerdo de Gobierno.

11.  No requieren nueva autorización del Gobierno o de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal las modificaciones de retribuciones del personal directivo que impliquen una merma retributiva, ni las que consistan exclusivamente en la aplicación del incremento legalmente autorizado, ni, en caso de relevo, la asignación de retribuciones que, en términos anuales, sean inferiores o iguales a las del anterior ocupante del mismo cargo.

12.  La adopción de acuerdos o suscripción de contratos de trabajo que comporten un incumplimiento de lo establecido por el presente artículo da lugar a la exigencia de las responsabilidades que correspondan, especialmente de carácter disciplinario y contable.

13.  Los máximos órganos ejecutivos de las entidades a que se refiere el artículo 24, salvo las universidades públicas, deben comunicar a la Secretaría de Administración y Función Pública las retribuciones vigentes del personal con rango de alto cargo, personal laboral de alta dirección y personal laboral ordinario con retribuciones superiores a las del cargo de director general.

1.  La plantilla presupuestaria está formada por las plazas estructurales que disponen de dotación presupuestaria y que figuran en el anexo de personal.

2.  La creación o modificación de plazas estructurales presupuestadas, si conlleva un mayor coste en términos anuales, requiere su compensación con la supresión o modificación de otras plazas presupuestadas, de forma que en términos anuales no suponga ningún incremento del coste de la plantilla presupuestaria.

3.  No obstante lo establecido por el apartado 2, el Gobierno puede autorizar la ampliación de la plantilla presupuestaria, con carácter excepcional, en los siguientes supuestos:

   a) Para la creación de nuevas plazas derivadas de la efectiva realización de traspasos de competencias.

   b) Para la creación o ampliación de servicios públicos, incluyendo la consolidación de puestos de carácter estructural.

   c) Para la asunción de la gestión directa de servicios externalizados o subcontratados.

   d) En caso de que se derive del cumplimiento de una sentencia firme.

4.  En todos los casos a que se refiere el apartado 3, es necesario que se disponga de la financiación adecuada y de un informe favorable previo de los departamentos competentes en materia de función pública y de presupuestos. Debe incorporarse a la propuesta la justificación de la imposibilidad de atender las nuevas necesidades con la redistribución de efectivos, o la supresión o modificación de otras plazas presupuestadas, o con otras medidas de racionalización y ordenación de recursos humanos.

5.  Los apartados 1 a 4 son de aplicación a todo el sector público, incluidas las entidades con autonomía de gestión.

6.  La plantilla presupuestaria de las universidades públicas queda determinada por las plazas consignadas en el acuerdo de gobierno de autorización del gasto de personal, de acuerdo con el artículo 163.3 de la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña.

1.  Durante el ejercicio 2023, los servicios extraordinarios y las horas extraordinarias del personal incluido dentro del ámbito de aplicación del artículo 24 deben compensarse con horas libres de servicio, de acuerdo con las equivalencias vigentes.

2.  Los servicios extraordinarios y las horas extraordinarias pueden compensarse económicamente, con carácter excepcional, y siempre que se disponga de crédito presupuestario adecuado y suficiente, en los supuestos expresamente autorizados por el secretario general del departamento o por el máximo órgano de gobierno de la entidad o ente desde el que se presten los servicios.

1.  En lo que se refiere a las operaciones de endeudamiento de la Generalitat:

   a) Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero competente en materia de finanzas públicas, emita o contraiga deuda pública o haga uso del endeudamiento con plazos de reembolso superiores a un año en cualquier modalidad, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, con la limitación de que el saldo de deuda viva a 31 de diciembre de 2023 no supere el saldo correspondiente autorizado a 31 de diciembre de 2022 en más de 2.267.790.127,54 euros.

   b) El endeudamiento de la Generalitat autorizado por la letra a puede aumentarse con la finalidad de amortizar el endeudamiento de las entidades públicas que se clasifican en el sector de administraciones públicas, de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas, por el mismo importe que se amortice, para optimizar la carga financiera global.

   c) El endeudamiento de la Generalitat autorizado por la letra a también puede aumentarse con el fin de refinanciar o sustituir las operaciones de endeudamiento con un plazo de reembolso igual o inferior a un año. El importe máximo que puede refinanciarse o sustituirse no puede ser superior a la deuda viva existente en la modalidad de reembolso igual o inferior a un año a 31 de diciembre de 2022.

   d) Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero competente en materia de finanzas públicas, modifique, refinancie o sustituya las operaciones de endeudamiento de la Generalitat para obtener un coste menor, para prevenir los posibles efectos negativos derivados de fluctuaciones en las condiciones de mercado o para dotar la deuda en circulación de mayor liquidez o de una mejor estructura.

   e) Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero competente en materia de finanzas públicas, pueda incrementar el endeudamiento de la Generalitat autorizado por la letra a en los importes que deriven de las asunciones de los pasivos financieros de entidades del sector público o de asociaciones público-privadas que consolidan su deuda con la de la Generalitat como consecuencia de los procesos de racionalización del sector público o de optimización del gasto.

2.  En lo que se refiere a las operaciones de endeudamiento de las entidades del sector público:

   a) Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas a hacer uso, durante el año 2023, del endeudamiento con plazo de reembolso superior a un año, en cualquier modalidad, para financiar sus operaciones de capital, con la limitación de que el saldo de deuda viva a plazo de reembolso superior a un año a 31 de diciembre de 2023 no supere el límite de 4.000.000.000,00 de euros.

   b)  Se autoriza al Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat a hacer uso, durante el año 2023, del endeudamiento con plazo de reembolso superior a un año por el importe que se derive de la asunción de los pasivos financieros de la Generalitat subrogados en 2012 de la extinta Aguas Ter Llobregat pública, hasta un máximo de 310.784.769,00 euros.

   c) Las entidades que, de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas, hayan sido clasificadas en el sector de la Administración pública de la Generalitat no pueden formalizar operaciones que supongan un incremento de endeudamiento respecto al que tenían autorizado a 31 de diciembre de 2022, salvo:

   El Consorcio Hospitalario de Vic, que puede aumentar su deuda por el importe que se derive de la cesión de activos y pasivos vinculados a la rama de actividad asistencial de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu a favor del Consorcio, hasta un máximo de 4.080.159,27 euros.

   La entidad Instrumentos Financieros para Empresas Innovadoras, que puede aumentar su deuda por el importe que se derive del traspaso intragrupo de líneas Feder y Covid, hasta un máximo de 437.100.000,00 euros.

   d) Se autoriza a las entidades y empresas públicas para que, a propuesta del consejero competente en materia de finanzas públicas, modifiquen, refinancien y sustituyan las operaciones de endeudamiento de las entidades y empresas públicas, para obtener un coste menor y para garantizar su solvencia y optimizar costes asociados a la gestión de operaciones de refinanciación de deuda.

   e) Se autoriza a las entidades y empresas públicas a incrementar, a propuesta del consejero competente en materia de finanzas públicas, el endeudamiento autorizado por las letras b y c, en los importes que deriven de las asunciones de los pasivos financieros de entidades del sector público o de asociaciones público-privadas que consolidan su deuda con la de la Generalitat, como consecuencia de los procesos de racionalización del sector público o de optimización del gasto.

3.  La efectividad de la autorización de endeudamiento de las entidades a las que se refiere el apartado 2.b, c, d y e queda condicionada a la aprobación del correspondiente acuerdo de Gobierno, que debe fijar las características de las operaciones de endeudamiento, a propuesta del consejero competente en materia de finanzas públicas. En cualquier caso, las entidades afectadas no pueden contraer obligaciones de gasto con cargo a dichas operaciones sin la aprobación del mencionado acuerdo de Gobierno.

4.  Previamente a la fijación por parte del Gobierno de las características de las operaciones de endeudamiento en los términos del apartado 3, la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro debe establecer las negociaciones de las distintas operaciones financieras autorizadas a favor de las entidades del sector público, salvo las de carácter financiero y sus entidades participadas. A tal efecto, la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro debe dictar las instrucciones pertinentes. Sin perjuicio de lo que determina el presente apartado, la mencionada dirección general puede encargar dichas funciones, en los términos que establezca, a las entidades públicas de la Generalitat que sean cabecera de un grupo, respecto a sus empresas participadas.

5.  El Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de finanzas públicas, puede establecer las actuaciones que deben realizarse, en el curso del ejercicio 2023, dirigidas a cubrir el tipo de interés y el tipo de cambio de las operaciones de endeudamiento previamente existentes o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente ley, mediante la utilización de los diversos instrumentos financieros de cobertura de riesgo existentes en los mercados o bien de instrumentos similares o accesorios que permitan minimizar el riesgo de contrapartida, incluidas las actuaciones que conlleven la formación de contragarantías recíprocas. La contratación de las operaciones concretas, dentro de este marco, corresponde al consejero competente en materia de finanzas públicas, que puede delegar esta facultad en la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro.

6.  Los límites establecidos por el presente artículo quedan revisados y aumentados por los importes que deriven de modificaciones en el tratamiento en contabilidad nacional de operaciones de deuda comercial, de los programas vigentes o los que se aprueben en aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, así como por los importes que puedan concertarse en virtud de los mecanismos de liquidez que instrumente la Administración general del Estado.

7.  Para calcular los límites establecidos por el presente artículo, no deben incluirse las operaciones financiadas con préstamos y anticipos reembolsables provenientes de administraciones públicas, ni los arrendamientos financieros concertados con proveedores de equipamientos.

1.  El límite máximo de endeudamiento vivo de la Generalitat por operaciones de endeudamiento con plazo de reembolso igual o inferior a un año es el 25% sobre el estado de gastos del presupuesto.

2.  El consejero competente en materia de finanzas públicas debe fijar las características de las operaciones de endeudamiento a las que se refiere el apartado 1.

3.  El límite máximo de endeudamiento vivo de las entidades a las que se refiere el artículo 1.1.b, c, d, e, f y g, excluido el Servicio Catalán de la Salud, y el artículo 1.2 por operaciones de endeudamiento con plazo de reembolso igual o inferior a un año es del 25% sobre el estado de gastos de su presupuesto. Para formalizar estas operaciones, las mencionadas entidades deben seguir el procedimiento establecido por el artículo 37.4 y les es aplicable lo establecido por el artículo 37.2.c, con relación a la limitación de la formalización de operaciones a corto plazo por parte de las entidades clasificadas como sector de la Administración pública de la Generalitat, y el artículo 37.2.d y e.

4.  Se autoriza al Instituto Catalán del Suelo a formalizar operaciones de endeudamiento con plazo de reembolso igual o inferior a un año por un importe equivalente al 10% del total de los depósitos líquidos de las fianzas que administra, en cumplimiento de la Ley 13/1996, de 29 de julio, del Registro y el depósito de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas y de modificación de la Ley 24/1991, de la vivienda.

1.  Se autoriza al Gobierno a conceder el aval de la Generalitat en las operaciones de crédito formalizadas al amparo de la autorización concedida por el artículo 37 por las entidades de derecho público y las sociedades mercantiles participadas totalmente por la Generalitat.

2.  Los avales a los que se refiere el apartado 1 deben ser autorizados por el Gobierno, a propuesta conjunta del consejero competente en materia de finanzas públicas y del consejero del departamento interesado por razón de la materia, y debe firmarlos el consejero competente en materia de finanzas públicas o la autoridad en quien delegue expresamente.

3.  Se autoriza al Gobierno a conceder el aval de la Generalitat en sustitución de los avales concedidos por el Instituto Catalán de Finanzas a operaciones de crédito y cobertura de riesgo de tipos de interés de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, o añadir a su aval en superposición de garantía de los que confirió en su día el Instituto Catalán de Finanzas, ya sea de forma global u operación por operación.

4.  Se autoriza al Gobierno a prestar aval, durante el ejercicio 2023, a las operaciones de préstamo o anticipos reembolsables concedidos por la Administración general del Estado al Parc Científic de Barcelona en virtud de las convocatorias dirigidas a parques científicos y tecnológicos realizadas desde el año 2000, así como a refinanciarlas o contraavalarlas ante las entidades que presten la garantía ante los órganos de la Administración general del Estado. El importe máximo de este aval es de 73.000.000,00 de euros.

5.  Se autoriza al Gobierno a prestar aval, durante el ejercicio 2023, a las operaciones de préstamo o anticipos reembolsables concedidos por la Administración general del Estado al Parc Científic de Barcelona en virtud de las convocatorias dirigidas a parques científicos y tecnológicos realizadas desde el año 2000, así como a refinanciarlas o contraavalarlas ante las entidades que presten la garantía ante los órganos de la Administración general del Estado. El importe máximo de este aval es de 21.000.000,00 de euros.

6.  Se autoriza al Gobierno a prestar avales hasta una cuantía máxima global, en 2023, de 25.000.000,00 de euros, en garantía de las operaciones financieras que suscriban las cooperativas con sección de crédito inscritas en el Registro General de Cooperativas. Estas operaciones financieras deben tener como objeto la devolución a sus titulares de los fondos depositados en las secciones de crédito, siempre que los socios hayan acordado la baja de la correspondiente sección de crédito previamente a la formalización del aval. Dicho aval cubre como máximo el 75% de la operación de financiación, y los miembros del consejo rector de la cooperativa deben garantizar en todo momento su porcentaje complementario, ampliando estas garantías a los socios de la cooperativa y a la propia cooperativa si así lo determina la entidad que otorga la financiación en función del riesgo de cada operación.

7.  Se autoriza al Gobierno a prestar aval a favor de las entidades del sector público de la Generalitat que forman parte del ámbito de aplicación de la presente ley ante cualquier instancia, o contraaval ante la entidad financiera garante, en el marco de las actuaciones de comprobación e inspección del impuesto sobre el valor añadido que realiza la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El importe máximo de dicho aval no puede superar los 50.000.000,00 de euros.

8.  Se autoriza al Gobierno a prestar aval ante los órganos de la Administración tributaria estatal, hasta un máximo de 12.000.000,00 de euros, para garantizar los fraccionamientos, aplazamientos o suspensión de los actos de gestión tributaria con relación a la constitución de derechos de superficie y derechos de arrendamiento asociados.

9.  En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de entidades de derecho público y sociedades mercantiles totalmente participadas por la Generalitat, con o sin aval de la Generalitat, se autoriza al Gobierno a otorgar el aval de la Generalitat a las operaciones que se produzcan resultantes de las modificaciones, refinanciación o sustitución.

10.  Se autoriza a la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación a prestar aval, durante el ejercicio 2023, a favor de las entidades financieras que hayan firmado el correspondiente convenio de colaboración y en garantía del riesgo de los préstamos formalizados por estudiantes universitarios para financiar el importe de la matrícula universitaria. El importe máximo de dicho aval no puede superar los 4.000.000,00 de euros.

1.  Se autoriza al Gobierno a prestar garantía, durante el ejercicio 2023, hasta una cuantía máxima global de 14.144.143,00 euros, a favor del Instituto Catalán de Finanzas y/o de otras entidades financieras para otorgar préstamos a las empresas de la economía social de Cataluña. A tal efecto, el Departamento de Empresa y Trabajo debe tener formalizado un convenio con el Instituto Catalán de Finanzas y/u otras entidades financieras para constituir un fondo de garantía con cargo a los presupuestos del Departamento de Empresa y Trabajo.

2.  Se autoriza al Gobierno a prestar garantía, durante el ejercicio de 2023, hasta una cuantía máxima global de 30.000.000,00 de euros, a favor del Instituto Catalán de Finanzas y/o de otras entidades financieras para otorgar préstamos a las empresas del sector industrial y de servicios a la producción de Cataluña. A tal efecto, el Departamento de Empresa y Trabajo debe tener formalizado un convenio con el Instituto Catalán de Finanzas y/u otras entidades financieras para constituir un fondo de garantía con cargo a los presupuestos del Departamento de Empresa y Trabajo.

3.  Se autoriza al Gobierno a prestar garantía, durante el ejercicio de 2023, hasta una cuantía máxima global de 7.748.934,19 euros a favor de Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU, para la formalización de operaciones de financiación para empresas fruto de la investigación. El Departamento de Investigación y Universidades debe tener firmado un convenio para dar continuidad a la utilización del fondo de garantía ya existente, gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas mediante Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU.

4.  Se autoriza al Gobierno a prestar garantía, durante el ejercicio de 2023, hasta una cuantía máxima global de 8.406.913,62 euros, a favor del Instituto Catalán de Finanzas y/o de otras entidades financieras para otorgar préstamos para la financiación de proyectos culturales. A tal efecto, el Departamento de Cultura debe tener formalizado un convenio con el Instituto Catalán de Finanzas y/u otras entidades financieras para constituir un fondo de garantía con cargo a los presupuestos del Departamento de Cultura.

5.  Se autoriza al Consejo Catalán del Deporte a prestar garantía, durante el ejercicio de 2023, hasta una cuantía máxima global de 40.000.000,00 de euros, a favor del Instituto Catalán de Finanzas y/o de otras entidades financieras para otorgar préstamos para facilitar la liquidez de las entidades deportivas inscritas en el Registro de entidades deportivas. A tal efecto, el Consejo Catalán del Deporte debe tener formalizado un convenio con el Instituto Catalán de Finanzas y/u otras entidades financieras para constituir un fondo de garantía con cargo a los presupuestos del Consejo Catalán del Deporte.

El departamento competente en materia de finanzas públicas debe informar a la Comisión de Economía y Hacienda sobre la concesión de avales y préstamos realizados por el Instituto Catalán de Finanzas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 19.4 del texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo 1/2022, de 26 de julio.

1.  Durante el año 2023, los valores de base por volumen para usos domésticos e industriales y asimilables y el valor de cada unidad de parámetro de contaminación del canon del agua, al efecto de determinar el tipo de gravamen específico de forma individualizada, teniendo en cuenta que no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, son los siguientes:

   Concepto	Importe	Unidad
   Doméstico: canon social, consumo igual o inferior a la dotación básica.	0,0000	euros/m3
   Doméstico: consumo igual o inferior a la dotación básica.	0,4936	euros/m3
   Doméstico: consumo superior a la dotación básica.	0,5685	euros/m3
   Industrial general.	0,1654	euros/m3
   Industrial específica.	0,6486	euros/m3
   Materias en suspensión.	0,5011	euros/kg
   Materias oxidables.	1,0023	euros/kg
   Sales solubles.	8,0198	euros/Sm3/cm
   Materias inhibidoras.	11,8889	euros/Kequitox
   Nitrógeno.	0,7610	euros/kg
   Fósforo.	1,5222	euros/kg

2.  Durante el año 2023, los valores para determinar la cuota del canon de agua correspondiente a los establecimientos ganaderos, teniendo en cuenta que no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, son los siguientes:

   Tipo de explotación	Euros/plaza
   Engorde de patos.	0,0387
   Engorde de codornices.	0,0064
   Engorde de pollos.	0,0353
   Engorde de pavos.	0,0699
   Engorde de perdices.	0,0149
   Avicultura de puesta.	0,0758
   Pollitos de recría.	0,0168
   Cría de vacuno.	1,2158
   Engorde de terneros.	3,5696
   Vacas lactantes.	8,3330
   Vacuno de leche.	12,6393
   Terneras de reposición.	5,7074
   Cabrío de reproducción.	1,1164
   Cabrío de reposición.	0,5573
   Cabrío de sacrificio.	0,3877
   Producción de conejos.	0,6521
   Ganado equino.	10,1791
   Ovino de engorde.	0,4913
   Ovejas de reproducción.	1,4199
   Ovejas de reposición.	0,7063
   Porcino de engorde.	1,3206
   Producción porcina.	2,7426
   Porcino de transición.	0,6009

3.  El tipo de gravamen específico para usos ganaderos se afecta de un coeficiente 0, salvo que exista contaminación de carácter especial en naturaleza o en cantidad, comprobada por los servicios de inspección de la administración competente.

4.  Durante el año 2023, los valores para la determinación objetiva de la cuota correspondiente a usos industriales de agua para la producción de energía eléctrica, realizados por centrales hidroeléctricas, teniendo en cuenta que no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, son los siguientes:

   Régimen de producción de energía eléctrica	Potencia	Importe	Unidad
   Grupo 1.	›= 50 MW	0,00608	euros/kWh
   Grupo 2.	‹ 50 MW	0,00040	euros/kWh

   Si el titular realiza en otros establecimientos actividades de producción con potencia superior a 50 MW, se considera grupo 1.

1.  Los tipos de cuantía fija de las tasas vigentes de la Generalitat se elevan, para el año 2023, hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 a la cuantía del año 2022. Son tipos de cuantía fija los que no se determinan por un porcentaje sobre la base.

2.  Quedan incluidas en el ámbito de la actualización las cuotas fijas máximas y mínimas que se establecen en las tasas.

3.  La cifra que resulta de la aplicación del incremento al que se refiere el apartado 1 se redondea del siguiente modo:

   a) La cifra de las unidades de céntimo de euro comprendidas entre el 1 y el 5 se redondean al 5.

   b) La cifra de las unidades de céntimo de euro comprendidas entre el 6 y el 9 se redondean al 0 con el aumento de una unidad en la cifra de las decenas de céntimo de euro.

   c) En el caso de las tasas recaudadas mediante efectos timbrados, el importe resultante de la aplicación del incremento se redondea, al alza o a la baja, a la cifra múltiple de 25 céntimos de euro más próxima.

4.  Quedan exceptuadas del aumento fijado por el apartado 1:

   a) La tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar.

   b) Las tasas cuyas cuotas sean objeto de modificación por la Ley de medidas fiscales, administrativas y financieras que acompaña a la presente ley de presupuestos.

   c) La tasa por el servicio de guarda de vehículos del Patronato de la Montaña de Montserrat.

1.  La participación de los entes locales en los ingresos de la Generalitat es de un máximo de 145.549.981,68 euros, con la siguiente distribución:

   a) 98.551.621,29 euros, consignados en la partida PR 15 D/460.0003/711, «Fondo de Cooperación Local de Cataluña. Ayuntamientos», deben distribuirse entre los municipios.

   b) 44.590.286,61 euros, consignados en la partida PR 15 D/460.0002/711, «Fondo de Cooperación Local de Cataluña. Consejos Comarcales», deben distribuirse entre Arán y las comarcas, excepto El Barcelonès.

   c) 2.009.832,08 euros, consignados en la partida PR 15 D/460.0002/711, «Fondo de Cooperación Local de Cataluña. Consejos Comarcales», deben destinarse al Área Metropolitana de Barcelona, de acuerdo con la propuesta de la comisión mixta de distribución de las competencias, las actividades y los servicios del Consejo Comarcal del Barcelonès, a raíz de la supresión del Consejo Comarcal del Barcelonès.

   d) 398.241,70 euros, consignados en la partida PR 15 D/460.0004/711, «Fondo de Cooperación Local de Cataluña. Entidades Municipales Descentralizadas», deben distribuirse entre las entidades municipales descentralizadas.

2.  El reconocimiento de las obligaciones derivadas de la participación de los entes locales en los ingresos de la Generalitat debe realizarse, en función de las disponibilidades presupuestarias, con el siguiente orden de prioridad:

   a) Arán y comarcas.

   b) Municipios con un número de habitantes entre 1 y 1.000.

   c) Municipios con un número de habitantes entre 1.001 y 5.000.

   d) Municipios con un número de habitantes entre 5.001 y 20.000.

   e) Municipios con un número de habitantes entre 20.001 y 50.000.

   f) Municipios con un número de habitantes por encima de 50.000.

3.  El Fondo de Cooperación Local de Cataluña del año 2023 y de anualidades anteriores no genera intereses de demora.

1.  Las participaciones de los entes locales en los ingresos del Estado deben distribuirse de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable.

2.  Los créditos consignados en la sección «Participación de los entes locales de Cataluña en los ingresos del Estado» deben ajustarse, en lo referente a su cuantía definitiva, al resultado de la distribución que se realice, de acuerdo con los criterios contenidos en la normativa aplicable. La Tesorería de la Generalitat debe llevar a cabo la gestión del gasto de esta sección.

Municipios.

1.  La partida PR 15 D/460.0003/711 del presupuesto del Departamento de la Presidencia, en concepto de participación de los municipios en los ingresos de la Generalitat, financia la participación de libre disposición, con un importe de 98.551.621,29 euros, y se distribuye de la siguiente forma:

   a) Al municipio de Barcelona, 3.394.873,62 euros.

   b) Al resto de municipios de Cataluña, 95.156.747,67 euros, que deben distribuirse de acuerdo con los siguientes criterios:

   1. Atendiendo a la población como indicador de gasto, una cantidad para cada municipio, calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:

      P = 33.280,00 + (H1 × 27,34) + (H2 × 10,76) + (H3 × 8,80) + (H4 × 5,23) + (H5 × 1,86)

      En la que:

      P = participación del municipio.

      H1 = número de habitantes, cuando el municipio tiene entre 1 y 1.000.

      H2 = número de habitantes, cuando el municipio tiene entre 1.001 y 5.000.

      H3 = número de habitantes, cuando el municipio tiene entre 5.001 y 20.000.

      H4 = número de habitantes, cuando el municipio tiene entre 20.001 y 50.000.

      H5 = número de habitantes, cuando el municipio tiene más de 50.000.

   2.  Atendiendo al mayor gasto asociado a la plurinuclearidad, 5.533.780,00 euros distribuidos entre los municipios de menos de 50.000 habitantes con núcleos de población diferenciados fuera de la entidad capital de municipio, y del siguiente modo: en proporción al número de núcleos de población habitados, salvo los existentes en la entidad capital de municipio, 2.766.890,00 euros, y en proporción a la población en núcleos fuera de la entidad capital de municipio, con un máximo de 1.000 habitantes por núcleo, 2.766.890,00 euros.

   3.  Atendiendo al mayor gasto asociado a la capitalidad comarcal, una cantidad fija de 1.669.689,00 euros, de los que 9.481,00 euros son para cada capital y 1.280.968,00 euros se distribuyen en proporción a la población comarcal fuera de la capital. Terrassa y Sabadell se distribuyen las cantidades correspondientes en función de su población.

   4.  Atendiendo al gasto por la gestión del territorio, 2.044.211,00 euros repartidos proporcionalmente a la superficie de cada municipio.

2.  Los datos de la población y la estructura de núcleos son los correspondientes al padrón de habitantes del año 2021.

Arán y comarcas.

1.  La partida PR 15 D/460.0002/711 del presupuesto del Departamento de la Presidencia finanza:

   a) La participación general para Arán y las comarcas, excepto El Barcelonès, con un importe de 44.590.286,61 euros.

   b) La participación destinada al Área Metropolitana de Barcelona, de acuerdo con la propuesta de la comisión mixta de distribución de las competencias, las actividades y los servicios del Consejo Comarcal del Barcelonès, a raíz de la supresión del Consejo Comarcal del Barcelonès, con un importe de 2.009.832,08 euros.

2.  De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 89.3 de la Ley 1/2015, de 5 de febrero, del régimen especial de Arán, se establece un porcentaje de participación general a favor de Arán de un 1,86%. El 98,14 % restante de esta participación se distribuye entre las comarcas, excepto El Barcelonès, teniendo en cuenta que los datos de población son los referentes al padrón de habitantes del año 2021, de acuerdo con los siguientes criterios:

   a) Atendiendo al número de habitantes de la comarca:

   1.  En función de la población, agrupada por intervalos, 897.379,00 euros para las comarcas con una población superior a 75.000 habitantes o una densidad de población superior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, y 868.618,00 euros en los demás casos.

   2.  En función de la población comarcal, 2.809.667,00 euros.

   3.  En función de la población comarcal ponderada por la inversa de la renta comarcal, 2.809.667,00 euros.

   b) Atendiendo al principio de solidaridad interterritorial, 1.922.612,48 euros distribuidos en proporción directa a la superficie de cada comarca y 899.020,80 euros distribuidos en función del número de municipios de cada comarca, y ponderando con el factor 2 los municipios que tienen hasta 500 habitantes, con el factor 1,5 los que tienen entre 501 y 2.000 habitantes y con el factor 1, el resto.

Entidades municipales descentralizadas.

La partida PR 15 D/460.0004/711, «Fondo de Cooperación Local de Cataluña. Entidades Municipales Descentralizadas», dotada con 398.241,70 euros, se distribuye entre las entidades municipales descentralizadas de Cataluña existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley, del siguiente modo:

a) Una cantidad fija, de acuerdo con los siguientes tramos de población, y teniendo en cuenta que los datos de población son los correspondientes al padrón de habitantes del año 2021:

1.  3.339,17 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población de 100 habitantes o menos.

2.  5.473,30 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población entre 101 y 500 habitantes.

3.  8.606,86 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población entre 501 y 1.000 habitantes.

4.  11.891,06 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población de más de 1.000 habitantes.

b) La cantidad restante se distribuye en proporción al número de habitantes de cada entidad municipal descentralizada.

1.  La entrega de las participaciones en el Fondo de Cooperación Local de Cataluña queda condicionada al hecho de que los entes locales destinatarios cumplan adecuadamente la obligación de enviar los presupuestos, las liquidaciones presupuestarias anuales y los cuestionarios estadísticos homogeneizados de estos datos al Departamento de la Presidencia, y las cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con lo establecido por la legislación sectorial. Esta documentación debe referirse a la anualidad 2021.

2.  Los entes locales que a 30 de octubre de 2023 no hayan cumplido lo establecido por el apartado 1 pierden el derecho a recibir el Fondo de Cooperación Local del año 2023.

1.  Pueden atribuirse fondos a los ayuntamientos que cumplan los requisitos que determina el Decreto 69/2008, de 1 de abril, de regulación de un sistema de compensaciones económicas a favor de los ayuntamientos para que abonen retribuciones a determinados cargos electos locales.

2.  La entrega de las compensaciones económicas queda condicionada al cumplimiento, por parte de los entes beneficiarios, de la obligación legal de remitir los presupuestos, las liquidaciones presupuestarias anuales y los cuestionarios estadísticos homogeneizados de estos datos al Departamento de la Presidencia, y las cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con lo establecido por la legislación sectorial. Estos envíos deben referirse a la anualidad 2021.

1.  Los remanentes resultantes de la liquidación del presupuesto del Parlament son recursos financieros propios de dicha institución, cuya aplicación, para atender necesidades del Parlament, corresponde a la Mesa.

2.  La Tesorería de la Generalitat debe entregar las dotaciones presupuestarias de la sección PA, servicio presupuestario PA01, trimestralmente, de forma anticipada y en firme, y a nombre del Parlament.

3.  La Mesa del Parlament puede acordar modificaciones de crédito de la sección PA, servicio presupuestario PA 01, sin limitaciones, lo cual debe comunicar al departamento competente en materia de finanzas públicas, y puede acordar criterios de vinculación de los créditos diferentes de los establecidos por la presente ley.

1.  Las dotaciones presupuestarias de los organismos Síndic de Greuges, Consejo de Garantías Estatutarias, Sindicatura de Cuentas y Oficina Antifraude de Cataluña deben entregarse en firme y periódicamente a nombre de cada uno y en la medida en que estos organismos las soliciten.

2.  Los remanentes de crédito del presupuesto del anterior ejercicio de los organismos a los que se refiere el apartado 1 se incorporan a los mismos capítulos del presupuesto del ejercicio en curso.

3.  Los organismos a los que se refiere el apartado 1 pueden autorizar la realización de transferencias de crédito y de las generaciones que afecten a sus presupuestos, dentro de las secciones y los servicios presupuestarios respectivos. Dichas transferencias no están afectadas por las limitaciones a las que se refiere el artículo 8.1 y deben comunicarse al departamento competente en materia de finanzas públicas.

4.  Cada uno de los organismos a los que se refiere el apartado 1 es el ordenador de sus pagos.

5.  Las entidades a las que se refiere el apartado 1 deben presentar al departamento competente en materia de finanzas públicas la información económico-financiera necesaria solamente al efecto de facilitar el proceso de consolidación de la ejecución presupuestaria de todo el sector público de la Generalitat.

1.  Las transferencias y aportaciones del presupuesto de la Generalitat al presupuesto del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña; del Consejo del Audiovisual de Cataluña, y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos deben entregarse en firme, por cuartas partes, a nombre del organismo correspondiente.

2.  Las entidades a las que se refiere el apartado 1 están obligadas a presentar al departamento competente en materia de finanzas públicas la información económico-financiera establecida por el artículo 71 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.