L'impacte de la COVID-19 en la comunitat sorda: el cas de la llengua de signes espanyola (LSE) i la llengua de signes catalana (LSC)
| Autor | María Luz Esteban Saiz, Gemma Barberà, Rayco H. González-Montesino, Santiago Frigola Segimón |
| Cargo | Directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE)/Profesora agregada Serra Húnter del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra/Profesor contratado doctor interino del Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad Rey Juan Carlos/Profesor asociado del ... |
| Páginas | 18-35 |
REVISTA DE LLENGUA I DRET #77
JOURNAL OF LANGUAGE AND LAW
EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA COMUNIDAD SORDA: EL CASO DE LA LENGUA
DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE) Y LA LENGUA DE SIGNOS CATALANA (LSC)
María Luz Esteban Saiz, Gemma Barberà, Rayco H. González-Montesino, Santiago Frigola Segimón*
Resumen
En este artículo analizamos algunas cuestiones especícas que enfrentan las comunidades sordas a escala local, nacional
e internacional durante la pandemia de la COVID-19, poniendo especial énfasis en las políticas lingüísticas y políticas de
difusión y comunicación de la lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos catalana (LSC) desde la perspectiva
de las respectivas comunidades. Proponemos un sistema de control de calidad de los comunicados y uso de las lenguas
en situaciones de crisis mediante una combinación de cuatro dimensiones, conocida como el estándar 4-A (availability,
accessibility, acceptability, adaptability). Mostramos la aplicación de cada dimensión y las consecuencias que ha tenido su
implantación para las dos lenguas, subrayando la importancia de una comunicación multilingüe y accesible en lengua de
signos y la estrecha colaboración de los Gobiernos con las organizaciones de personas sordas para garantizar el ejercicio
de los derechos lingüísticos y la igualdad efectiva en el acceso a la información y la comunicación.
Palabras clave: COVID-19; minorías lingüísticas; políticas lingüísticas; comunidades sordas; lenguas de signos;
estándar 4-A.
THE IMPACT OF COVID-19 ON THE DEAF COMMUNITY: THE CASE OF SPANISH SIGN
LANGUAGE (LSE) AND CATALAN SIGN LANGUAGE (LSC)
Abstract
In this article we analyze some specic issues faced by deaf communities at the local, national, and international
levels during the COVID-19 pandemic, by placing special emphasis on language policies and dissemination and
communication policies for Spanish Sign Language (LSE) and Catalan Sign Language (LSC), taking the perspective of
their respective communities. We propose a quality control system to assess specic communications and the use and
handling of languages in crisis situations by applying a combination of four dimensions, known as the 4-A standard
(Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability). A description of the application of each dimension grounds
the analyzed implications of their implementation for both languages, underlining the importance of multilingual and
accessible communication in signed languages and a close collaboration between governments and deaf people’s
organizations to ensure their enjoyment of their linguistic rights and effective equality in accessing information and
communication.
Keywords: COVID-19; linguistic minorities; language policies; Deaf communities; signed languages; 4-A standard.
∗ María Luz Esteban Saiz, directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), cnlse@
cnlse.es. 0000-0002-6830-3951
Gemma Barberà, profesora agregada Serra Húnter del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu
Fabra, gemma.barbera@upf.edu. 0000-0003-0669-7243
Rayco H. González-Montesino, profesor contratado doctor interino del Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad Rey
Juan Carlos, raycoh.gonzalez@urjc.es. 0000-0002-6830-3951
Santiago Frigola Segimón, profesor asociado del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra,
santiago.frigola@upf.edu.
Artículo recibido el 22.12.2021. Evaluaciones ciegas: 13.01.2022 y 26.01.2022. Aceptación de la versión nal: 07.04.2022
Citación recomendada: Esteban, María Luz, Barberà, Gemma, González-Montesino, Rayco H.,y Frigola, Santiago. (2022). El
impacto de la COVID-19 en la comunidad sorda: el caso de la lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos catalana (LSC).
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 77, 18-35. https://doi.org./10.2436/rld.i77.2022.3770
María Luz Esteban Saiz et al
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Sumario
1 Introducción
2 Impacto de la COVID-19 en las minorías lingüísticas
3 La COVID-19 y las personas sordas: consideraciones a escala internacional
4 Política lingüística y accesibilidad en materia de lengua de signos española y lengua de signos catalana
4.1 Acciones en materia de lengua de signos española (LSE)
4.2 Acciones en materia de lengua de signos catalana (LSC)
5 Conclusiones
6 Referencias
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1 Introducción
La pandemia de la COVID-19 presenta una seria amenaza para la diversidad e interseccionalidad de la
identidad de las personas, especialmente para las minorías nacionales, étnicas, lingüísticas, culturales,
religiosas, indígenas o con discapacidad, entre las cuales se encuentran las comunidades sordas de todo el
mundo, que, al ser usuarias de lenguas de signos, pertenecen a minorías lingüísticas (Naciones Unidas, 2019,
p. 4). No obstante, generalmente, las políticas públicas consideran las personas sordas como un grupo con
discapacidad que requiere una serie de ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a la información y
la comunicación.
La declaración de emergencia sanitaria supuso repensar las dinámicas para afrontar esta grave situación en
diferentes aspectos, como es el uso y tratamiento de las lenguas minoritarias y minorizadas en eventos y
comunicaciones de salud pública. Ante cualquier situación de emergencia, causada por una catástrofe natural u
otro motivo, las personas sordas usuarias de lenguas de signos deben disponer de un acceso igual y equitativo
a la comunicación y a la información (World Federation of the Deaf [WFD] y World Association of Sign
Language Interpreters [WASLI], 2015), lo que implica que las instituciones responsables deben incorporar
medidas lingüísticas a la actuación de emergencia. La incorporación de intérpretes de lengua de signos en los
comunicados y las conferencias de prensa de autoridades o de coordinadores de emergencia civil ha supuesto el
(re)conocimiento de la población general de estas lenguas y de las necesidades de la comunidad sorda en estas
situaciones, pero, sobre todo, ha sido un factor clave para salvar vidas (véanse los casos documentados por
McKee (2014), en Australia y Nueva Zelanda, y por Leeson (2019), en Irlanda. En este contexto, el presente
artículo tiene el objetivo de analizar las políticas y prácticas de difusión y comunicación desarrolladas por
las comunidades sordas y los Gobiernos a escala local, nacional e internacional durante la pandemia de la
COVID-19, especialmente en torno a la lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos catalana (LSC).
Mediante el análisis y la interpretación de fuentes documentales primarias –informes o guías de actuación,
recomendaciones de organismos internacionales y, sobre todo, las notas de prensa publicadas por las entidades
representativas de la comunidad sorda española–, evaluaremos el acceso a la información esencial sobre la
COVID-19 provisto a las personas sordas en su propia lengua de signos: la LSE o la LSC. De esta forma,
considerando la perspectiva de las propias personas sordas, abordamos el control de la calidad de las políticas
y prácticas de difusión y comunicación mediante una combinación de cuatro dimensiones, conocida como el
estándar 4-A (availability, accessibility, acceptability, adaptability) (Piller et al., 2020).
A lo largo de los distintos apartados, ofrecemos un panorama interlingüístico sobre el uso de las lenguas
signadas en situaciones de crisis. Abordamos en el apartado 2 qué impacto ha tenido la COVID-19 en las
minorías lingüísticas especícamente y, en el apartado 3, en las comunidades sordas y a escala internacional.
En el apartado 4, exponemos la situación de la LSE y la LSC en el contexto de la política y planicación
lingüísticas desarrolladas por las distintas Administraciones y los agentes sociales a escala estatal y autonómica,
y señalamos las actuaciones principales que se tomaron para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada
por la COVID-19 en términos del estándar 4-A. Finalmente, presentamos una serie de conclusiones con el
propósito de contribuir a la reexión sobre la importancia de una comunicación multilingüe efectiva desde
la perspectiva de los derechos lingüísticos.
2 Impacto de la COVID-19 en las minorías lingüísticas
Si bien el impacto de la pandemia y la crisis sanitaria derivadas de la COVID-19 ha sido global, las
consecuencias, como veremos a continuación, han sido especialmente delicadas para las minorías sociales.
La creciente evidencia ha demostrado que las minorías nacionales, étnicas, lingüísticas, culturales, indígenas,
religiosas o con discapacidad tienen un mayor riesgo de contraer el virus por diferentes razones –entre
las cuales cabe destacar una presencia desproporcionada en sectores laborales de alto riesgo (como la
enfermería, la limpieza, los servicios y el transporte público), la concentración en viviendas superpobladas
donde la distancia interpersonal es más difícil, así como un acceso limitado a la atención médica–, lo que
provoca tasas más altas de mortalidad una vez se ha producido la infección (Al Saba, 2020). Desde el punto
de vista comunicativo, las minorías lingüísticas pueden tener problemas para acceder a consejos de salud
pública precisos. Pese a que los datos disponibles sobre el impacto de la pandemia en los pueblos indígenas,
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particularmente en las comunidades más pequeñas o aisladas, son todavía escasos, la evidencia emergente
sugiere que las implicaciones de la pandemia han sido desproporcionadamente devastadoras para las minorías
étnicas y lingüísticas, que no pueden acceder a una información clara, con interpretación o subtítulos en
lenguas minoritarias (véase el estudio de Khan et al. (2020), centrado en el contexto del Reino Unido).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona información en las seis lenguas ociales de las
Naciones Unidas (árabe, chino, inglés, francés, ruso y español) y en tres lenguas adicionales (alemán, hindi
y portugués), aunque, en la práctica, el inglés es la lengua predominante (Piller et al., 2020, p. 505). La
información emitida por la OMS va dirigida a sus Estados miembros, que son responsables de hacer llegar
la información más relevante a sus respectivas poblaciones a través de las autoridades sanitarias nacionales.
La mayoría de los Estados emiten comunicados solamente en una o dos lenguas nacionales, lo que implica
una falta de accesibilidad a la información y la comunicación para las minorías lingüísticas (Piller et al.,
2020). En una situación de emergencia global, la disponibilidad de información de calidad y a tiempo es de
vital importancia. La evidencia muestra que la mensajería de salud pública lingüísticamente y culturalmente
apropiada es una de las oportunidades clave para mejorar la equidad en la salud de la población de minorías
lingüísticas. Sin embargo, las lenguas orales minoritarias no son objeto de uso durante la emisión de mensajes
importantes durante la pandemia, de modo que se incumple la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias (Crnić-Grotić, 2020). El desequilibrio entre las lenguas en que las instituciones responsables se
comunican y el repertorio lingüístico de quienes necesitan dicha información se hacen más que evidentes.
El Centro Europeo de Asuntos de las Minorías (European Center for Minority Issues) elaboró un estudio
destacable sobre las consecuencias de la pandemia en los medios de comunicación en lenguas minoritarias.
En la primavera de 2020 se llevaron a cabo una serie de conversaciones con expertos que hicieron notar los
efectos signicativos de la pandemia en los medios de comunicación en lenguas minoritarias. Las entrevistas
se centraron en lenguas como el galés, el alemán y el ladino en Tirol del Sur, el euskera, el irlandés, el catalán,
el alemán en Dinamarca, el sueco en Finlandia, el alemán en Polonia y el gaélico escocés. Las conclusiones
indican que la información en los medios de comunicación era emitida en la lengua mayoritaria, hecho que
muestra una importante falta de protagonismo de las lenguas minoritarias (Bober y Willis, 2020). A pesar
de un aumento generalizado en las cifras de audiencia, al mismo tiempo, muchos medios de comunicación
enfrentaron problemas de financiación a causa de la reducción de los ingresos publicitarios. Esto fue
particularmente un problema para aquellos medios que operan en el sector privado comercial o que cuentan
con subsidios estatales solo parcialmente. Los expertos destacaron que, en algunos casos, dichos problemas
de nanciación podrían convertirse rápidamente en una amenaza existencial sin los niveles normales de
ingresos publicitarios o sin una nanciación alternativa. Aunque este contexto ha sido el caso de muchos de
los principales periódicos, empresas de televisión y canales de radio, en el contexto de las lenguas minoritarias
la situación se agrava debido a que, a menudo, la audiencia es pequeña (Bober y Willis, 2020). Además, estos
medios suelen ser los únicos disponibles que emiten información en un determinado idioma. Por ello, tienen
la responsabilidad adicional de ser un recurso de construcción comunitaria para las minorías y una parte
esencial de su identidad colectiva.
Distintas iniciativas han salido a la luz para dar respuesta a la falta de uso de las lenguas minoritarias en
la comunicación de emergencia de la COVID-19. El proyecto Salud Indígena, Poblaciones Minorizadas y
COVID-19 pretende elaborar un instrumento que evalúe la preparación de la comunidad con respecto a la
crisis actual mediante entrevistas. Ya disponible en varios idiomas y fácilmente traducible a otros, incluidas
las lenguas de signos, las entrevistas preparadas también están clasicadas según la competencia lingüística
de las personas usuarias. En una segunda fase del proyecto, se prevé que varios profesionales de la salud
elaboren materiales audiovisuales dirigidos a personas usuarias sobre cómo abordar las crisis sanitarias. Se
pretende elaborar materiales audiovisuales.
En el caso especíco del colectivo de personas sordas y sordociegas, algunos estudios recientes denuncian la
situación especialmente vulnerable de determinados grupos (Adam y Kusters, 2020), a saber:
a) trabajadores esenciales sordos, tanto del sector público como del privado, que han tenido que trabajar con
mascarilla durante toda la jornada laboral;
b) personas sordas que se han desplazado a un país nuevo y han tenido que adaptarse a la nueva realidad;
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c) personas sordociegas, que requieren un contacto próximo y cercano para la comunicación;
d) personas sordas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios;
e) niñas y niños sordos, la mayoría de los cuales no tienen miembros en su familia que utilicen la lengua de
signos y que, por lo tanto, han estado privados de comunicación en su lengua natural durante el connamiento, y
f) personas sordas mayores que viven solas o en residencias donde los cuidadores no signan muy bien o
directamente no signan.
Para evitar el riesgo de exclusión de los grupos notablemente vulnerables, la comunicación en las lenguas
minoritarias, habladas o signadas, es determinante. Así, una comunicación multilingüe y accesible (en el
amplio sentido de la palabra) en un contexto de pandemia global es una consideración fundamental. Sin
embargo, el hecho de que dicha comunicación exista no es garantía suciente de calidad. El control de calidad
de los comunicados en varias lenguas durante una crisis puede evaluarse a través de una combinación de
cuatro dimensiones (Piller et al., 2020, p. 509), listadas a continuación, las cuales constituyen lo que se conoce
como el estándar 4-A por sus correspondientes términos en inglés: availability, accessibility, acceptability,
adaptability:1
– Disponibilidad: ¿se ofrece información multilingüe sobre la crisis y se reconoce como un servicio
esencial?
– Accesibilidad: ¿la información multilingüe sobre la crisis de libre acceso se presenta en múltiples
plataformas y en múltiples formatos o códigos (hablado, escrito, signado, digital, etc.) y en todos los
idiomas relevantes?
– Aceptabilidad: ¿se han establecido disposiciones para garantizar la precisión y adecuación de la
información multilingüe sobre la crisis?
– Adaptabilidad: ¿se han establecido disposiciones para garantizar que las comunicaciones multilingües
sobre la crisis se puedan adaptar a los requisitos cambiantes, las demandas tecnológicas, diversos peligros
y las necesidades de las poblaciones móviles?
3 La COVID-19 y las personas sordas: consideraciones a escala internacional
Desde que la OMS declaró que el brote de la COVID-19 representaba una emergencia de salud pública de
rango internacional, pero, sobre todo, a raíz de su declaración como pandemia, las comunidades de personas
sordas de todo el mundo han apelado a su derecho de acceder en su propia lengua de signos a toda información
sobre la prevención de esta enfermedad y sobre las medidas especícas adoptadas por los distintos Estados
para hacer frente a su impacto. En concreto, las organizaciones de personas sordas a escala local, nacional
e internacional han instado a los Estados miembros a cumplir con lo establecido en los artículos 9 y 21 de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006)
en cuanto a su derecho de participación social plena y al de contar, para ello, con servicios profesionales de
interpretación. De esta forma, señalan la obligación de los Estados de facilitar el uso de las lenguas signadas
en toda comunicación ocial, lo que garantiza el acceso a la información en igualdad de condiciones (WFD,
2020a). Así, la WFD alerta de la discriminación interseccional que las personas sordas podrían experimentar
durante esta pandemia y reivindica lo siguiente:
In this COVID-19 global emergency it is critical that deaf people are treated equally and without
discrimination by ensuring the provision of access to information and health services in their national
sign languages, as well as access to all forms of daily life activities such as education and other public
services which may be presented in different formats during this pandemic. (WFD, 2020b)
Esta demanda concuerda con algunas de las directrices y orientaciones elaboradas por organismos
internacionales, cuyo objetivo es contrarrestar el impacto desproporcionado que la COVID-19 ha tenido sobre
1 El estándar 4-A fue inicialmente introducido en el marco de los derechos humanos en el ámbito de la educación por Tomasevski (2001).
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la salud y el bienestar de las personas pertenecientes a minorías especialmente vulnerables, como pueden ser
las lingüísticas o aquellas por razón de discapacidad. Así, por ejemplo, la Ocina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) subraya la importancia de informar a las minorías
en su propio idioma, incluyendo las lenguas de signos, sobre cómo prevenir y abordar la COVID-19, sobre
la disponibilidad de servicios de salud y sobre las medidas de alivio económico y social (Ocina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACDH], 2020b). Además, considera
que la falta de accesibilidad de la información y de los entornos sanitarios que las personas con discapacidad
en general afrontan durante esta pandemia está generando desigualdades aún mayores a las habituales y,
por ese motivo, encuentra imprescindible que se garantice “la disponibilidad y difusión de información y
comunicaciones sobre la salud en modos, medios y formatos accesibles” (OACDH, 2020a, p. 3).
En esta línea, la OMS insta a los Gobiernos a asegurarse de que todos los eventos y las comunicaciones
en vivo o grabados sean accesibles agregando subtítulos e interpretación en lengua de signos. Asimismo,
llama la atención sobre los obstáculos generados para el acceso a la atención de salud de las personas con
discapacidad y las graves perturbaciones que la COVID-19 está causando en la prestación de los servicios
de apoyo a este colectivo. Además, anima a que se ofrezcan pruebas y servicios de salud completamente
accesibles, información adaptada a las diferentes necesidades y vías alternativas de comunicación, como
llamadas telefónicas, mensajes de texto o videoconferencias (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020).
Por último, entre las medidas que la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2021) sugieren
para procurar a las personas con discapacidad, y a las personas sordas en particular, un acceso equitativo a
los programas de vacunación contra la COVID-19, destacan las siguientes:
1 Que los Gobiernos ofrezcan una información accesible y en varios idiomas –incluyendo las lenguas
de signos– sobre las vacunas, los criterios utilizados para la asignación de prioridades para la
vacunación, el registro de personas vacunadas y otros procesos relacionados.
2 Que los proveedores de salud encargados de administrar las vacunas proporcionen información
especíca, accesible y en lengua de signos que posibilite a las personas sordas signantes
comprender las opciones, los riesgos y los benecios de la vacunación, para que puedan dar (o no)
su consentimiento pleno, libre e informado.
3 Que, en los lugares de vacunación, se garantice la disponibilidad de servicios de interpretación a
la(s) lengua(s) de signos local(es).
En todas estas directrices de organismos internacionales, se puede observar la importancia que se concede a
que los Gobiernos y los proveedores de salud establezcan un diálogo continuo y una estrecha colaboración
con las comunidades pertenecientes a minorías y con las organizaciones de personas con discapacidad para
poder hacer frente de forma más ecaz a la COVID-19. En el caso que nos ocupa, el movimiento asociativo
de personas sordas ha hecho referencia de forma reiterada a las dimensiones apuntadas por Piller et al. (2020),
especialmente a la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de la información, mediante la publicación
de informes técnicos y guías de actuación, y con declaraciones en medios ociales, medios de comunicación
y redes sociales.
Así, por ejemplo, la WFD y la WASLI reclaman conjuntamente la necesidad imperiosa de que en cualquier
comunicado o rueda de prensa que realicen los Gobiernos o responsables sanitarios se cuente con intérpretes
de lenguas de signos nacionales del país debidamente cualicados y acreditados, y que en el caso de las
organizaciones internacionales se utilicen los signos internacionales. Cuando esas declaraciones públicas sean
televisadas, se deberían emplear siempre los principales canales públicos para asegurar el acceso a una amplia
audiencia, y las intérpretes2 han de ser claramente visibles en pantalla, cuidando la ubicación y el tamaño de
la imagen, entre otras cuestiones técnicas (WFD y WASLI, 2021).
Trabajos como el de Yap et al. (2020) ponen de maniesto que este tipo de recomendaciones no se cumplen en
todos los países, y delatan la falta de disponibilidad en lengua de signos y de accesibilidad de la información
sobre la COVID-19 para algunas comunidades sordas en el mundo. Así, estos autores encuentran que solo
2 En este artículo utilizamos el femenino para esta profesión, llevada a cabo en su mayoría por mujeres.
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el 65 % de los Gobiernos de 123 países con economía de ingresos de nivel bajo o medio contaban en sus
conferencias y ruedas de prensa con interpretación a la(s) lengua(s) de signos nacional(es). Este porcentaje era
incluso menor en el caso de los países con bajos ingresos (41 %) y de los países norteafricanos y de Oriente
Medio, y de los del África subsahariana, siendo tan solo del 33 % y 54 % respectivamente. No obstante,
una de las cuestiones más destacables de este estudio es que en ninguna de las conferencias y ruedas de
prensa incluidas en las páginas web de las grandes organizaciones internacionales analizadas –por ejemplo, la
OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI)– se incluía
interpretación a lengua de signos.
En cuanto a la accesibilidad de la información, la WFD y la WASLI también consideran que toda declaración
pública o cualquier otro tipo de material informativo sobre esta enfermedad y la emergencia sanitaria resultante
debe ofrecerse por distintos medios de comunicación y plataformas, y siempre en diferentes formatos y de
forma accesible, incluyendo las lenguas de signos y el subtitulado (WFD y WASLI, 2021). Un ejemplo de cómo
ofrecer a las personas sordas información esencial sobre la COVID-19 en espacios públicos, especialmente
en los sanitarios, es hacerlo por escrito, incluyendo apoyos visuales e, incluso, añadiendo un código QR que
permita el acceso a esa información en lengua(s) de signos (WFD et al., 2020).
Es más, para asegurar la aceptabilidad y calidad de la información proporcionada en lengua(s) de signos, la
WFD y la WASLI abogan por que los vídeos divulgativos sobre la COVID-19 sean elaborados directamente
por personas sordas nativas de la(s) lengua(s) de signos nacional(es), sin que haya una traducción previa
de un texto escrito u oral, y que las asociaciones nacionales de personas sordas asesoren y contribuyan con
su experiencia (WFD y WASLI, 2021). Posiblemente, este tipo de prácticas tendría como resultado una
información más natural y ajustada a las necesidades de las diferentes comunidades sordas en el mundo. No
ofrecer una información clara y precisa en lengua(s) de signos sobre la COVID-19 y sobre las medidas de
prevención y tratamiento puede provocar que las personas sordas mantengan conductas erróneas que pongan
en peligro su salud y la del resto de la sociedad, tal y como arman Castro et al. (2020). No en vano, el estudio
de Amorim et al. (2020) advierte de que este peligro es real, ya que demostró la existencia de equívocos por
parte de las personas sordas sobre el signicado de los tres signos empleados en lengua de signos brasileña
para el concepto coronavirus −especialmente, el signo que icónicamente se reere a la mordedura de un animal
y que podría hacer que algunas personas sordas no tomen medidas preventivas adecuadas contra el virus,
sino contra el contacto directo con dicho animal–. Estos autores vuelven a subrayar la importancia que tienen
las organizaciones de personas sordas para que los organismos y los Gobiernos ofrezcan una información
certera en la(s) lengua(s) de signos nacional(es) y en signos internacionales, para lo que la creación léxica
resulta clave y contribuye a la estandarización de signos con nes sanitarios y académicos a escala mundial
(Amorim et al., 2020, p. 579).
En el ámbito europeo, el informe elaborado por la Unión Europea de Personas Sordas (2020) proporciona
una imagen nítida y detallada del impacto vivido por las comunidades sordas en este continente durante
los primeros meses de la pandemia. En concreto, y gracias a diferentes encuentros virtuales celebrados en
mayo de 2020 con sus 31 asociaciones nacionales miembros, la Unión Europea de Personas Sordas ofrece
una perspectiva del grado de accesibilidad alcanzado por las personas sordas en la comunicación y en la
información ocial, de los nuevos retos y barreras que la COVID-19 ha impuesto a este colectivo y de
cómo se han menoscabado sus derechos civiles y lingüísticos; además, describe las prácticas, tanto positivas
como negativas, que se han aplicado en cada uno de los países. De esta forma, se denuncian, entre otras,
situaciones de falta de acceso a la información sobre salud pública en la(s) lengua(s) de signos(s) nacional(es)
y mediante subtitulado, de barreras en la comunicación en contextos sanitarios y con sus profesionales, y de
privación del derecho del alumnado sordo a recibir una atención educativa ajustada a sus necesidades durante
el connamiento.
Por último, cabe destacar la preocupación de la WFD y de la WASLI (2020) por la salud y la seguridad de
las intérpretes de lenguas de signos durante el desarrollo de su labor. Como profesionales que participan
o se desempeñan en contextos de salud y de emergencia, consideran esencial que estas dispongan de las
mismas medidas de protección que el resto del personal sanitario que lidia a diario con la COVID-19. Entre
ellas, y para poder facilitar a las personas sordas la percepción de sus expresiones faciales y movimientos
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labiales, se recomienda el uso de mascarillas transparentes y de pantallas faciales transparentes, así como la
videointerpretación cuando sea posible.
4 Política lingüística y accesibilidad en materia de lengua de signos española y lengua de
signos catalana
El propósito de este apartado es presentar a grandes rasgos la situación de la lengua de signos española (LSE)
y la lengua de signos catalana (LSC) en el contexto de la política y planicación lingüísticas en lo que se
reere al ámbito estatal y autonómico, con especial énfasis en las actuaciones desarrolladas por la comunidad
sorda y por los poderes públicos y las instituciones para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por
la COVID-19 a partir del estándar 4-A.
La LSE goza de reconocimiento legal desde 2007, tras un complejo proceso de movilizaciones liderado por la
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), apoyado por las instituciones académicas y otros agentes
sociales (Ley 27/2007, de 23 de octubre). Este papel activo y reivindicativo del movimiento asociativo sordo
como principal agente de la planicación lingüística de la lengua signada también ha contribuido a los procesos
de normalización lingüística mediante la elaboración y publicación de diccionarios, gramáticas y materiales
tanto curriculares como didácticos y divulgativos; la organización de cursos y congresos; la formación de
profesionales de la lengua, y otras actuaciones planicadoras (véanse, por ejemplo, Confederación Nacional
de Sordos de España, 2002; Ferreiro y Esteban, 2012; Marrero Aguiar, 2012; Centro de Normalización
Lingüística de la Lengua de Signos Española [CNLSE], 2014). No obstante, según el último estudio realizado
por el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) sobre la situación
sociolingüística de la LSE de acuerdo con el parámetro de vitalidad lingüística, esta lengua sigue en situación
de vulnerabilidad (CNLSE, 2020).
A diferencia de la ley autonómica que reconoce la LSC como patrimonio lingüístico catalán, como veremos
más abajo, la Ley 27/2007 regula el aprendizaje, conocimiento y uso tanto de la LSE y LSC como de los
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas y sordociegas de forma paritaria bajo el
paradigma de la discapacidad (Jarque, 2012; Quer, 2012; Cabeza Pereiro y Eijo Santos, 2018; Esteban y
Ramallo, 2019). A raíz de la aprobación de esta ley, se crea el CNLSE, de titularidad pública e integrado en
el Real Patronato sobre Discapacidad, con la nalidad de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen
uso de la LSE (Real Decreto 921/2010, de 16 de julio). Además de la Ley 11/2011 en Andalucía, existen
referencias a la LSE en los estatutos de algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Aragón, las Islas
Canarias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y las Islas Baleares, así como la LSC en
el Estatuto de Autonomía de Cataluña.3
La LSC, por su parte, goza de dos amparos legales. Por un lado, como acabamos de presentar, está amparada
por la ley estatal del año 2007, que también reconoce la LSC sin perjuicio de la ulterior regulación legislativa
y reglamentaria que pueda corresponder a la Generalitat de Catalunya en el desarrollo de sus competencias.
Por otro, está amparada por la ley autonómica aprobada por el Parlamento de Cataluña en 2010, que reconoce
la LSC como parte integral del patrimonio lingüístico y cultural de Cataluña.4 Dicha ley es la evolución del
artículo 50.6 del, tras un arduo trabajo de la comunidad sorda catalana, liderado por la Federación de Personas
Sordas de Cataluña (FESOCA), juntamente con la clase política y el apoyo de entidades representativas
de la comunidad sorda, así como del Instituto de Estudios Catalanes (Muñoz, 2010). La ley de la LSC se
centra en las disposiciones relativas a la lengua de signos, dejando de lado las disposiciones asistenciales
de accesibilidad que se regulan por otra ley distinta centrada en la accesibilidad, hecho que muestra una
dignicación institucional y de regulación lingüística de una lengua de signos (Joan, 2010, p. 57). El Consejo
Social de la Lengua de Signos Catalana, adscrito a la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat
de Catalunya, es el órgano de asesoramiento, consulta y participación social en la política lingüística impulsado
por el Gobierno de la Generalitat en relación con la lengua de signos.5
3 Legislación que incorpora la lengua de signos en la página web del CNLSE.
4 Ley 17/2010, de 3 de junio, de la LSC; versión signada en LSC del texto íntegro de la ley de la LSC (YouTube); Ley 17/2010 en
el Diario Ocial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).
5 Decreto 14/2012, de 30 de octubre, del Consejo Social de la Lengua de Signos Catalana y de atribución de funciones en materia
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La lucha por el reconocimiento de la propia identidad, cultura y lengua empezó aproximadamente en el
mismo momento tanto en España como en Cataluña (Frigola, 2010; Frigola y Álvarez, 2018). Así, como
hemos visto anteriormente para la LSE, las funciones reivindicativas y activas del movimiento asociativo
de las personas sordas han sido de vital importancia. Dicho movimiento asociativo, con la colaboración de
universidades, grupos de investigación, el Instituto de Estudios Catalanes y la Dirección General de Política
Lingüística del Gobierno de Cataluña, también ha contribuido a los procesos de normalización lingüística
mediante la elaboración y publicación de diccionarios, gramáticas y materiales de aprendizaje sobre y en
LSC (Barberà et al, 2015; Barberà et al, 2018; Quer, 2010; Quer, 2017; véase también la recopilación de
bibliografía sobre LSC presentada en el Portal de la LSC del Instituto de Estudios Catalanes, entre otros). Aun
así, existen muchas deciencias en la implementación de la ley, siendo el ámbito más notorio el educativo
(Sánchez-Amat, 2015).
A continuación, presentamos la situación de la LSE y la LSC fundamentada a partir del estándar 4-A, que
permite un control de calidad adecuado en lo relativo a los comunicados y al uso de lenguas en situaciones
de crisis. Veremos la aplicación de cada dimensión y las consecuencias que ha tenido su implantación para
las dos lenguas desde una perspectiva descriptiva, sin pretender llevar a cabo comparación alguna. Al tratarse
de territorios diferentes con leyes con perspectivas diferentes (Quer, 2012), las acciones llevadas a cabo son
distintas por naturaleza. Recordemos que las cuatro dimensiones se reeren a la disponibilidad, la accesibilidad,
la aceptabilidad y la adaptabilidad. En el contexto que nos concierne, entendemos la disponibilidad como el
hecho de proporcionar información traducida o interpretada desde el inicio del periodo de la pandemia. Dicha
traducción o interpretación de la información se reconoce como un producto y un servicio esencial. En cuanto
a la accesibilidad, hace referencia al hecho de que los comunicados tanto regulares como de emergencia se
hagan con la presencia de intérpretes de lengua de signos y la incorporación del subtitulado en lengua española
y catalana. La aceptabilidad, a su vez, hace referencia al establecimiento de mecanismos para asegurar la
precisión y adecuación del contenido de la información traducida, así como del uso más apropiado de los
términos. Finalmente, la adaptabilidad se reere a los mecanismos usados para garantizar las comunicaciones
multilingües adaptadas a los requisitos cambiantes, las demandas tecnológicas, los diversos peligros y las
necesidades de las poblaciones móviles, por ejemplo.
4.1 Acciones en materia de lengua de signos española (LSE)
Los estudios e informes sobre personas sordas y COVID-19 publicados en nuestro país son de momento
bastante escasos. Estos hacen referencia a las situaciones discriminatorias en el ámbito de la accesibilidad,
que es mayor entre la población sorda, concretamente en relación con el ejercicio del derecho de acceso a la
información y la comunicación en lengua de signos (Confederación Estatal de Personas Sordas, 2021; García
et al., 2021). Asimismo, incluyen algunos trabajos exploratorios de traducción de términos sobre COVID-19 a
la LSE, estudios cualitativos en torno a la adaptación a la enseñanza universitaria virtual (González-Montesino,
2020a, 2020b, 2021), así como la protección jurídica del derecho a la información de las personas sordas
usuarias de la lengua de signos durante los estados de alarma, excepción y sitio como un derecho fundamental
(Sierra, 2021).
Los esfuerzos estratégicos conscientes emprendidos por la CNSE han propiciado la difusión de más de una
treintena de notas de prensa y comunicados en distintos medios y canales entre febrero de 2020 y septiembre
de 2021. La información que se puede obtener de su revisión sistemática permite conocer e interpretar las
reivindicaciones y demandas colectivas de las personas sordas, que se han visto incrementadas desde que se
declaró el estado de alarma, lo que pone de relieve la falta de accesibilidad de los diferentes bienes y servicios,
así como la ausencia de recursos adaptados en distintos ámbitos.
En cuanto a la primera dimensión, la disponibilidad, aunque se ha ofrecido información traducida e interpretada
durante la pandemia, no ha sido suciente para cubrir las necesidades informativas de las personas sordas,
quienes consideran que nuevamente se las aparta “de la actualidad y, en especial, de temas tan alarmantes como
el que está aconteciendo”.6 La CNSE ha señalado en reiteradas ocasiones, como podemos comprobar en sus
de política lingüística de la LSC.
6 Véase la noticia correspondiente en Servimedia.
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notas de prensa y comunicados, la obligación de que la comunicación y la información se presenten en formato
signado y escrito, y que, desde la declaración del estado de alarma, se han incrementado las demandas de las
personas sordas “para acceder a la información sobre el coronavirus, a las distintas medidas gubernamentales,
para gestionar ayudas y prestaciones, para comunicarse sin barreras durante la hospitalización o seguimiento
domiciliario, para recibir asistencia psicológica, o incluso en el caso de personas mayores o dependientes,
para satisfacer necesidades básicas como comprar comida o medicamentos”.7
Las primeras comparecencias y ruedas de prensa no contaron con interpretación en lengua de signos, por lo que
la CNSE tuvo que contactar con las instituciones y los medios de comunicación para solicitar la inclusión de
la lengua de signos y del subtitulado; de igual modo lo hicieron sus federaciones en sus respectivos territorios.
A este respecto, aludió al artículo 14.6 de la Ley 27/2007 —cuestión jurídica en la que profundiza Sierra
(2021), para quien la accesibilidad a la información de las personas sordas usuarias de la lengua de signos
durante los estados de alarma, excepción y sitio debe quedar garantizada con una regulación con rango de
Ley Orgánica— para solicitar al Gobierno que pusiera en marcha “cuantos dispositivos sean necesarios para
que, de una vez, los mensajes relativos a la declaración de estados de alarma, excepción y sitio, así como
los mensajes institucionales sean plenamente accesibles a todas las personas sordas y sordociegas”.8 Desde
el inicio de la pandemia, esta organización representativa de las personas sordas ha tomado la iniciativa
de reclamar y publicar información accesible en lengua de signos y con subtitulado, así como de poner a
disposición el servicio de videointerpretación SVIsual y su red de atención a personas sordas #COVID19,
como veremos más adelante.
Sobre la segunda dimensión, la accesibilidad, las actuaciones desarrolladas por la comunidad sorda y por
los poderes públicos y las instituciones para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
incorporan la lengua de signos y el subtitulado en los diferentes ámbitos y medios de difusión y comunicación.
La CNSE se sumó a la declaración sobre comunicación accesible durante la pandemia de COVID-19 de la
WFD, de la International Federation of the Hard of Hearing y de sus respectivas secciones juveniles, ya
señalada más arriba, que reclama la aplicación de medidas de accesibilidad, como la utilización de la lengua de
signos, la interpretación o videointerpretación, el uso de mascarillas transparentes debidamente homologadas
e información esencial en formato textual en todos los servicios de atención públicos y privados. Además, ha
llevado a cabo otras prácticas, como encuentros con las Administraciones sobre la repercusión de la COVID-19
en las personas sordas y la aprobación de la Declaración por la Accesibilidad de las Personas Sordas en el
marco del Consejo Autonómico de la CNSE, celebrado en el mes de noviembre de 2020, que demanda la
plena accesibilidad a la información y la comunicación como un requerimiento previo, básico y fundamental
para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas sordas.
No obstante, la CNSE ha denunciado en reiteradas ocasiones la desigualdad a la que se enfrentan las personas
sordas ante la falta de accesibilidad de los recursos y servicios surgidos a raíz de la alerta sanitaria, como
la comunicación telefónica que no incorpora la lengua de signos a través de la videointerpretación o la
ausencia de protocolos de accesibilidad en los centros de salud. Sobre la falta de accesibilidad del teléfono
de emergencias 112, por poner un ejemplo, pues tan solo Extremadura y Galicia atienden llamadas en lengua
de signos, la CNSE subrayó la necesidad de establecer un protocolo estándar que garantice la universalidad
del 112 en todas las comunidades autónomas mediante la incorporación del servicio de videointerpretación
SVIsual y la comunicación tanto signada como escrita. El uso de este servicio, que funciona las 24 horas del
día, se ha incrementado en más de un 50 % desde que se declaró el estado de alarma y “ha sido determinante
para garantizar la comunicación y el acceso a la información de las personas sordas durante la pandemia”.9
En cuanto al ámbito educativo, la CNSE, junto con las asociaciones de familias bilingües y profesionales
sordas y sordos, manifestaron su preocupación por la educación del alumnado sordo como uno de los colectivos
más afectados durante la pandemia, y mostraron su rechazo unánime a la privación lingüística por la falta
de acceso a la educación equitativa, inclusiva, bilingüe y de calidad en lengua de signos. En este sentido, la
CNSE organizó un webinario en el mes de octubre de 2020 para analizar la situación del alumnado sordo y
7 Véase la noticia correspondiente en Servimedia.
8 Véase la noticia correspondiente en Servimedia.
9 Véase la noticia correspondiente de Servimedia.
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plantear soluciones ante el aislamiento comunicativo. De igual modo, ante la vuelta a las aulas del alumnado
sordo, la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE mostró su preocupación por la incorporación tardía de
intérpretes, la falta de profesionales sordas y sordos, y de recursos adaptados. Estos y otros resultados fueron
publicados en un estudio de la CNSE (2021) que señala la dicultad de las familias para elegir una educación
bilingüe intermodal para sus hijas e hijos sordos.
En lo que respecta a las políticas públicas en materia de accesibilidad de la información y la comunicación,
se han desarrollado algunas actuaciones, como conferencias de prensa o transmisiones de información
relacionadas con la pandemia con interpretación a la LSE, generalmente con intérpretes ubicados en otra sala
y visibles en la pantalla, empleando en la mayoría de los casos una ventana lateral derecha. No obstante, los
mensajes institucionales no siempre eran accesibles, por lo que la red asociativa de la CNSE tuvo que tomar
la iniciativa de publicar información accesible en lengua de signos y con subtitulado en sus propios canales
de comunicación, como veremos en la siguiente dimensión, la aceptabilidad.
En este mismo sentido, dada la enorme trascendencia que tiene la televisión para la difusión y normalización
de la lengua de signos, el Real Patronato sobre Discapacidad y el Centro de Normalización Lingüística de la
Lengua de Signos Española han insistido en la importancia de una correcta emisión de esta lengua, teniendo en
cuenta una serie de recomendaciones técnicas y lingüísticas para garantizar el acceso de las personas sordas y
sordociegas a la información (CNLSE, 2017). Este centro asesor y de referencia en LSE de titularidad pública
difundió infografías sobre esas recomendaciones y un breve análisis de emisiones en lengua de signos sobre
la COVID-19 en la televisión en 25 países.
Acerca de la tercera dimensión, la aceptabilidad, se considera que, para garantizar la correcta comprensión
por parte de las personas sordas de toda información relacionada con la COVID-19, “es necesario que tanto la
lengua de signos como el subtitulado sean de calidad reuniendo los criterios de rigor y precisión lingüística”
y que sea “sucientemente visible en el caso de la lengua de signos, y legible en cuanto al subtitulado”.10
Entre las medidas de difusión sobre la COVID-19 adoptadas por la CNSE dirigidas a las personas sordas,
se destaca el canal ocial de YouTube CNSEinfo, que incluye un centenar de vídeos accesibles signados
por profesionales sordas y subtitulados en la lista de reproducción “Información sobre el coronavirus” para
garantizar la aceptabilidad y calidad de la información en LSE. A estos se suman otros vídeos elaborados por
las federaciones y asociaciones de personas sordas para cubrir las necesidades de información accesible de
este colectivo. Como ya mencionamos en el apartado 3, recordamos la importancia de informar a las minorías
en su propio idioma y de que los vídeos divulgativos sobre la COVID-19 sean elaborados directamente
por personas sordas nativas. La razón estriba en proporcionar una información más natural y ajustada a las
necesidades de las personas sordas para evitar que se promuevan conductas erróneas que pongan en peligro
a la sociedad (Castro et al., 2020; González-Montesino, 2021).
La CNSE ha instado en reiteradas ocasiones a garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de
derechos del colectivo sordo en cuanto a la accesibilidad a la información y la comunicación de manera
signada y escrita, y a crear normativa especíca sobre las lenguas de signos desde la perspectiva de los
derechos lingüísticos. Asimismo, ha exigido que la lengua de signos y el subtitulado reúnan los criterios de
rigor y precisión lingüística con el n de garantizar la correcta comprensión por parte de las personas sordas.
A su vez, y en consonancia con el planteamiento de la WFD y la WASLI (2020) sobre las protecciones de
salud y seguridad para las intérpretes de lenguas de signos, la Federación Española de Intérpretes de Lengua
de Signos y Guías-Intérpretes (2020, s.f.) ha desarrollado recomendaciones y protocolos de prevención de
riesgos laborales para intérpretes y guías-intérpretes frente a la COVID-19, entre otras actuaciones. De esta
forma, considera que las empresas o entidades contratantes son las responsables de cumplir y proporcionar
las medidas preventivas necesarias para garantizar la salud y seguridad de estas profesionales, lo que derivará
en una mayor aceptabilidad y calidad de su labor.
Finalmente, el movimiento asociativo de personas sordas también señala: “La COVID-19 ha propiciado
numerosas situaciones de incomunicación, abandono y soledad no deseadas que hemos tenido que ir
solventando desde nuestras propias organizaciones, con mayor o menor apoyo, y siempre sujetas a la buena
10 Véase la noticia correspondiente en Servimedia.
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voluntad de quienes gestionan lo público”.11 Un ejemplo sobre esta cuarta dimensión, la adaptabilidad, es la
implementación durante los primeros meses de la pandemia de un acceso directo en la plataforma SVIsual
para facilitar el contacto de las personas sordas con los teléfonos de información sobre el coronavirus de
las distintas comunidades autónomas. Este servicio de videointerpretación, que permite una comunicación
telefónica accesible y gratuita, en cualquier situación y modalidad comunicativa, y en tiempo real, ha visto
incrementado notablemente su uso durante esta crisis sanitaria. Igualmente, la pandemia ha supuesto un
reto en cuanto a las competencias digitales en docentes y estudiantes, así como los recursos tecnológicos y
materiales disponibles. Los centros educativos, formativos y universitarios tuvieron que trasladar sus espacios
de enseñanza-aprendizaje a entornos virtuales de forma casi inmediata, aun con ciertas dicultades, puesto
que las plataformas virtuales no siempre eran accesibles ni congurables, siendo uno de los aspectos más
señalados la falta de adecuación a la modalidad visogestual de las lenguas de signos (González-Montesino
2020a, 2020b).
Además, la CNSE y sus organizaciones autonómicas, provinciales y locales pusieron a disposición de las
Administraciones públicas y la ciudadanía su red de atención a personas sordas #COVID19, que incluye
servicios de interpretación y videointerpretación en lengua de signos, así como otros recursos, para favorecer
la accesibilidad y evitar que se comprometa la salud y seguridad de este colectivo. Se destaca el ámbito
educativo, puesto que en algunas comunidades autónomas se rescindieron los contratos de las intérpretes
de lengua de signos española y de los asesores sordos,12 lo que impidió la continuación de los estudios del
alumnado sordo desde casa.13 Para paliar esta situación, la mencionada red de atención puso a disposición del
profesorado y alumnado recursos didácticos en LSE. Además, para evitar la situación de abandono escolar
vivida por muchas niñas y niños sordos de infantil y primaria, las propias personas sordas generaron una
acción social, “una red improvisada de voluntarios para apoyarles en sus estudios”.14
En este sentido, y para que se garantice la adaptación en formatos multilingües de la comunicación y la
información sobre esta crisis (o de cualquier otra) a las situaciones cambiantes que vayan surgiendo, la
comunidad sorda insta “a la promoción de entornos accesibles e inclusivos para las personas sordas en los
que se incorpore la lengua de signos, el subtitulado y los apoyos visuales que se requieran, con el n de evitar
que se repitan situaciones de exclusión y aislamiento como las vividas en los últimos meses”.15
4.2 Acciones en materia de lengua de signos catalana (LSC)
En este apartado revisaremos los mecanismos que conforman las cuatro dimensiones del estándar 4-A
aplicados a la situación de pandemia por la COVID-19 en el ámbito de la LSC. Más allá de las notas de
prensa y comunicados emitidos por la CNSE que incluyen y representan a todas las personas que forman la
comunidad sorda del Estado español, aquí nos centramos en las acciones desarrolladas especícamente para
la LSC. En lo que concierne a la primera dimensión, la disponibilidad, cabe destacar que una comparación
entre los recursos y materiales en LSC relacionados con el virus de transmisión y la enfermedad causada por
la COVID-19 y los recursos dedicados a enfermedades más comunes y frecuentes evidencia la diferencia de
muestra tanto en disponibilidad como en cantidad. Para la difusión de información sobre otras enfermedades
comunes, no se ha llegado al nivel de disponibilidad ni proporción de información directamente expresada
en LSC, en comparación con la crisis sanitaria por la COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, la FESOCA emitió varios comunicados en LSC en relación con la accesibilidad
de las informaciones institucionales, publicó un documento sobre los derechos de las personas sordas en
situaciones de emergencia (tanto escrito como signado) e hizo varias declaraciones sobre su funcionamiento
durante el estado de alarma, sobre el servicio de videointerpretación de SVIsual, así como sobre varias acciones
llevadas a cabo por la entidad. De hecho, en un estudio exploratorio centrado en el análisis de los mensajes
emitidos en Twitter por los perles más signicativos de la comunidad sorda catalana, Serrat (2021) deende
11 Véase la noticia correspondiente en Servimedia.
12 Véase la Orden núm. 824/2020, de la Comunidad de Madrid.
13 Véase la noticia publicada en Madrid Diario.
14 Véase la noticia correspondiente en Servimedia.
15 Véase la noticia correspondiente en Servimedia.
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que los problemas de accesibilidad vividos durante el connamiento no han impedido que la comunidad sorda
refuerce sus canales comunicativos en LSC y sea proactiva en las propuestas comunicativas. Dicho estudio
muestra que, del total de tuits analizados, el 41 % son tuits informativos, el 27 % son tuits relacionados con
protestas, el 16 % son quejas, el 11 % son tuits de elogio y el 5 % restante son tuits de carácter solidario.
En cuanto a la segunda dimensión, la accesibilidad, la histórica demanda por parte de la comunidad sorda a
la Administración y los medios de comunicación sobre la falta de accesibilidad de muchos de los programas
y las informaciones transmitidos se ha visto modicada en esta situación de emergencia mundial. Pasadas
algunas semanas desde el inicio de la declaración del estado de alarma, los comunicados de prensa tanto
regulares como de emergencia en la mayoría de los casos pasaron a emitirse con la presencia del intérprete
de lengua de signos. La FESOCA, con el apoyo de otras entidades del tejido asociativo de Cataluña, fue el
ente principal encargado de gestionar, organizar y proveer intérpretes de LSC en las ruedas de prensa y demás
comparecencias. Dichas interpretaciones se gestionaban asimismo a través de la FESOCA, así como de otras
entidades relacionadas con la interpretación de la LSC. Sería una oportunidad deseable que la práctica de
emitir comunicados y noticias también en lengua de signos se convierta en funcionamiento habitual, una vez
establecido el protocolo especíco de actuación necesario.
En lo que respecta al sistema de emergencias médicas, el 061 Salut Respon dispone de una unidad de
interpretación de LSC dirigida tanto a la ciudadanía como a los profesionales de salud para dar respuesta a
posibles dicultades de comunicación en la atención sanitaria de las personas sordas. La puesta en marcha
de dicho proyecto de videointerpretación en LSC en el ámbito sanitario se enmarca en la estrategia global
del 061 Salut Respon de hacer la atención sanitaria más accesible para todos los colectivos. El servicio está
disponible y en funcionamiento las 24 horas los 365 días del año.
Al margen de la accesibilidad entendida propiamente, las ONG del ámbito de Cataluña también han
desempeñado otras acciones para el bien de la accesibilidad de las personas usuarias de lengua de signos
con el n de preservar la calidad lingüística de esta lengua más allá del contexto de la interpretación. Sobre
la dimensión relativa a la aceptabilidad, nos centraremos aquí en dos tipos de acciones que han tenido
lugar en el caso catalán. Por un lado, las entidades de personas sordas han asumido la transmisión de la
información relacionada con las actualizaciones de la COVID-19 directamente en LSC sin pasar por el proceso
de interpretación, como recomiendan la WFD y la WASLI (2021). La diferencia entre un discurso interpretado
y un discurso directamente narrado tiene unas consecuencias cognitivas importantes en cuanto a comprensión
y buena recepción (Stone, 2009; Wehrmeyer, 2013). La narración directa asegura unos niveles de precisión
y adecuación del contenido, a diferencia de algunos contextos de traducción o interpretación de emergencia
en los que la precisión tanto de contenido como discursiva y gramatical puede verse afectada. El Gobierno
de Cataluña en colaboración con la FESOCA publicaron y actualizaron vídeos en LSC presentados por una
presentadora sorda en la web Activem Catalunya. Dichos vídeos permiten acceder a información del ámbito
sanitario, de movilidad y de otros aspectos derivados de la situación actual. A fecha de hoy, el repositorio
dispone de un total de 23 vídeos signados presentados por una persona sorda nativa. La FESOCA además ha
trabajado exclusivamente en un repositorio aún más detallado y extenso sobre las distintas informaciones y
medidas de cada momento de la situación pandémica. Dicho repositorio se encuentra en el apartado COVID-19
de la WebvisualTV.
Por otro lado, la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya creó una comisión
de trabajo para la elaboración de un vocabulario básico del ámbito de la COVID-19 en LSC que contiene
los principales términos y expresiones relacionados con la epidemia de la COVID-19, y vídeos con una
versión signada en LSC. La conguración y ejecución son sencillas, para que puedan servir de referencia a
todo el mundo. Para su elaboración, se partió de otro trabajo terminológico previo publicado por el Termcat,
el diccionario especíco de términos del coronavirus, del que se tomó una selección a la que se añadieron
algunas expresiones importantes y de uso frecuente en los mensajes de prevención y gestión de la epidemia.
La elaboración corrió a cargo de la entidad Artistas Sordos Unidos, con una persona sorda como modelo
signante nativo en LSC y el apoyo sígnico de una persona sorda experta en LSC, Santiago Frigola. Contó
también con el asesoramiento cientíco de la Dra. Conxita Leal y el Dr. Martín Galdín, médicos conocedores
de LSC. Para algunos términos de carácter no estrictamente médico, también se contó con el asesoramiento
de FESOCA. Este vocabulario, a pesar de no incluir la denición de cada término, se ha convertido en
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una herramienta importante para el buen uso de la LSC, ya que muestra unas características lingüísticas
y gramaticales plenamente comparables a cualquier otra lengua oral, como la creación morfológica de
neologismos especializados cientícos y técnicos, así como en un instrumento que permite dar aún más
visibilidad a la LSC. No existe hasta la fecha ningún vocabulario parecido del ámbito sanitario en LSC.
Finalmente, en cuanto a la adaptabilidad, en el caso que nos ocupa de la LSC, nos centraremos en las iniciativas
ciudadanas que han surgido para adaptarse al ambiente del connamiento, especialmente en infantes sordos. A
pesar de los recursos tecnológicos proporcionados por los centros educativos y escolares en los hogares más
necesitados, para la gran mayoría de los infantes sordos el connamiento representó un desafío importante.
Con el connamiento en el hogar, los modelos de adultos sordos signantes, así como la lengua de signos
como sistema de comunicación pleno y rico, desaparecieron de repente, de modo que los niños y niñas
quedaron aislados en un hogar donde la lengua de conversación no es su lengua natural. Para aportar un poco
de luz a esta situación, de manera espontánea y autónoma, algunos grupos de jóvenes sordos con bagajes
distintos (universitarios, con estudios superiores o sin estudios), pero con acceso a las nuevas tecnologías, han
desarrollado y promovido páginas web y plataformas de redes sociales para difundir cuentos, narraciones,
juegos, actividades con contenidos signados variados, lmados y elaborados por ellos mismos y por otros
compañeros. Así, por ejemplo, la psicóloga Alicia Sort Leal difundió un listado de vídeos e informaciones
en LSC sobre la gestión psicológica de la cuarentena, el estrés creado por la COVID-19, el connamiento
y la violencia de género, entre otros temas. Asimismo, varios cuentos y narraciones signadas por personas
sordas nativas de LSC pueden encontrarse en las redes sociales. Más allá del ámbito autonómico, encontramos
otros perles en las redes sociales (como @aprendeconlauu y @respetoporlasls) que abogan por el buen uso
de las lenguas de signos y que durante la pandemia fueron activas en la emisión de mensajes con carácter
reivindicativo.
5 Conclusiones
El objetivo principal de este artículo ha sido delimitar algunas cuestiones especícas sobre políticas lingüísticas
y políticas de difusión y comunicación de LSE y LSC desde la perspectiva de sus comunidades sordas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Con el propósito de contribuir a la reexión sobre
la importancia de una comunicación multilingüe efectiva desde la perspectiva de los derechos lingüísticos, las
conclusiones que se derivan inmediatamente de este trabajo pueden enmarcarse en cuatro grandes ámbitos.
En primer lugar, cabe destacar que una de las aportaciones principales aquí presentadas se centra en la doble
perspectiva de accesibilidad versus derechos lingüísticos. Si bien la estrategia de las políticas públicas ha
consistido en ofrecer recursos desde la perspectiva de la accesibilidad dirigidos a un grupo considerado
de discapacidad, la exploración del panorama aquí expuesto muestra que la respuesta ofrecida por la
comunidad sorda y sus instituciones representativas ha sido una reacción relativa a una minoría lingüística
inmersa en una sociedad multilingüe. Esta minoría pone por delante los derechos lingüísticos y considera
la identidad lingüística y cultural única de las comunidades sordas signantes. La comprensión y el dominio
del funcionamiento de las políticas propias y prácticas desarrolladas han sido claves para garantizar una
comunicación expresada directamente en las lenguas minoritarias, LSE y LSC. Una de las consecuencias
más notorias ha sido el (re)conocimiento de la población general en relación con la coexistencia de la lengua
de signos como lengua natural de las personas sordas juntamente con las lenguas orales mayoritarias. Esta
visibilidad contribuye al camino hacia la normalización social de las lenguas signadas.
En segundo lugar, del análisis de las cuatro dimensiones (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad) para las dos lenguas, se pueden desprender similitudes y diferencias de acciones entre la
LSE y la LSC, y las respectivas comunidades e instituciones. Por un lado, las similitudes se deben al hecho
de que cada comunidad y cada lengua de signos ha priorizado políticas y prácticas parecidas, seguramente
derivadas de los rasgos universalmente compartidos entre las personas y comunidades sordas. Por otro lado,
las diferencias se derivan posiblemente del carácter distinto de la ley estatal (más centrada en la accesibilidad)
y la ley autonómica (más centrada en la lengua de signos como parte del patrimonio lingüístico), lo que se
evidencia en la implicación desigual de las Administraciones de cada ámbito de gestión. Aparte de la aplicación
de cada dimensión en lo que respecta a cada lengua de signos, hemos visto que una de las acciones principales
ha sido priorizar la importancia de informar a las minorías en su propio idioma y que los vídeos divulgativos
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e informativos sobre la COVID-19 han sido elaborados directamente por personas sordas nativas, tanto en
LSE como en LSC. Dicho mecanismo garantiza la aceptabilidad y calidad de la información en ambas lenguas
de signos.
En tercer lugar, este trabajo muestra que los problemas de accesibilidad vividos durante el connamiento
no han impedido que la comunidad sorda refuerce sus canales comunicativos en LSE y LSC ni que sea
proactiva en las propuestas comunicativas y reivindicativas llevadas a cabo por el movimiento asociativo,
destacando la labor emprendida con la infancia sorda y sus familias. Una vez más, en contraste con la
debilidad en la implementación de las políticas públicas, la implicación de la sociedad civil organizada y las
acciones impulsadas por las asociaciones, federaciones y la CNSE han sido determinantes en la divulgación
multilingüe de contenidos sanitarios y, por lo tanto, esenciales. En un estudio posterior sería interesante
aplicar los mecanismos establecidos en O’Brien y Cadwell (2022), en este monográco, para medir el grado
estatal de madurez de provisión de interpretación en respuesta a contextos de crisis, así como aplicar las
recomendaciones propuestas.
En último lugar, pero no menos importante, los datos aquí expuestos permiten subrayar la importancia
que tienen las organizaciones de las personas sordas para que los organismos y Gobiernos ofrezcan una
información certera en la(s) lengua(s) de signos nacional(es), ya sea mediante la creación léxica que permita
una estandarización de signos con nes sanitarios y académicos en todo el mundo, ya sea con la divulgación
de contenidos rigurosos y de calidad desarrollados por las instituciones representativas de las comunidades
sordas y en estrecha colaboración con la Administración pública. Este tipo de iniciativas nos muestra que es
posible desarrollar políticas y prácticas de las lenguas de signos en cualquier ámbito, no solo en el sanitario o
bajo un contexto de emergencia como el vivido. Al n y al cabo, las políticas conjuntas son las responsables
nales de aportar benecios compartidos entre ambos estamentos.
6 Referencias
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