STSJ Canarias 266/2008, 26 de Junio de 2008
| Ponente | FRANCISCO JOSE GOMEZ DE LORENZO-CACERES |
| ECLI | ES:TSJICAN:2008:3039 |
| Número de Recurso | 96/2007 |
| Número de Resolución | 266/2008 |
| Fecha de Resolución | 26 de Junio de 2008 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA nº 266/08
ILMO. SR. PRESIDENTE
D. Francisco J. Gómez Cáceres
ILMO. SRES. MAGISTRADOS
D. Jaime Borras Moya
D. Javier Varona Gómez Acedo
En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de 2008.
Visto por esta Sección TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera., integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el recurso Contencioso Administrativo nº 0000096/2007, interpuesto por la entidad Arbritramar, S.L., representado el Procurador de los Tribunales D.
Luis León Ramírez y dirigido por el abogado D. Hugo A. Perdomo Benítez, contra el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Canarias, habiendo comparecido, en su representación y defensa el Sr. Abogado del Estado.
Objeto asunto: RESOLUCION DEL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANARIAS DE FECHA 30 de noviembre 2006, POR LA QUE SE ACUERDA DESESTIMAR LA RECLAMACON Nº 35/04228/05, POR EL CONCEPTO DE IMPUESTO DE SOCIEDADES .
La representación de la demandante interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicho acto, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del acto administrativo impugnado.
La Administración demandada contestó a la demanda, oponiéndose a ella e interesando una sentencia desestimatoria del recurso interpuesto.
No se recibió el proceso a prueba, se señaló dia para votación y fallo y se dictó sentencia el 22 de febrero de 2008 ..
Resolviendo incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la demandante, la Sala estimó el mismo por auto de esta misma fecha por lo que se procede a dictar la presente.Se han observado las prescripciones legales que regulan la tramitación del recurso cuya cuantía es
27.757,40 eur.
El inicial ponente, Ilmo. Sr. Don Javier Varona Gómez Acedo, formula voto particular, por lo cual la Ponencia es asumida por el Presidente de la Sala Ilmo. Sr. Francisco J. Gómez Cáceres, que expresa el parecer mayoritario .
Plantea la actora, en primer lugar, la caducidad del procedimiento tributario, por infracción de lo dispuesto en el artículo 60.4 del Reglamento General de Recaudación . Partiendo de la base que no se discute la violación del plazo de un mes previsto en el precepto citado, adelantamos que la tesis de la actora lo es también de este Tribunal y conducirá a anular la resolución recurrida.
Así hicimos, por ejemplo, en las sentencias de 16 de septiembre y 28 de julio de 2006 y significadamente en la de 9 de marzo de 2007. Por otra parte, este criterio lo tiene adoptado desde hace muchos años la Sala homónima del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
El art. 60.4) del Reglamento General de la Inspección de los Tributos dispone que "Cuando el acta sea de disconformidad, el Inspector-Jefe, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones". El Sr. Abogado del Estado se opone a que el mero transcurso del plazo de un mes que establece el art. 60.4 del Reglamento General de la Inspección de Tributos, aprobado por RD de 25 de abril de 1986 , lleve consigo la caducidad del acto de liquidación. Argumenta el Sr. Abogado del Estado que aunque, en efecto, el acuerdo de liquidación se dictó en un plazo superior al mes, contado desde la fecha de las alegaciones del recurrente al acta de disconformidad, tal exceso no lleva aparejada la caducidad.
Para la resolución de la cuestión hemos de partir del hecho de que las liquidaciones se aprobaron durante el año 2002 y, en consecuencia, vigente la Ley 1/98 (Estatuto del Contribuyente), reseña histórica crucial que conduce a declarar la nulidad de la resolución impugnada. Ello es así, en primer lugar, porque el art. 13 de la ley 1/98 refiere la obligación de resolver que tiene la Administración tributaria, excepto cuando se produce la caducidad, con lo que efectivamente da a ésta plena virtualidad en el ámbito de los procedimientos tributarios. Y la consecuencia de la caducidad asociada al vencimiento del plazo para resolver cuando se trata de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos, está ubicada en la Ley 30/92, de 26 de noviembre , en el ámbito propio del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, es decir, fuera del Título relativo a las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y ello impide considerar la cuestión que tratamos desde una perspectiva puramente procedimental, como desde siempre ha sostenido este Tribunal.
En este sentido puede traerse a colación la propia Exposición de motivos de la Ley 30/92 que tras señalar que el título IV bajo el epígrafe "De la actividad de las Administraciones Públicas", contiene una trascendente formulación de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, además de los que les reconocen la Constitución y las leyes, menciona como objetivo de la Ley el que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la Administración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido, y en armonía con este designio que se contempla en relación con todas las Administraciones Públicas, la Ley 1/98 contempla la duración máxima del procedimiento como un derecho y garantía del contribuyente, dotándole así de un contenido sustantivo que trasciende su consideración desde una perspectiva puramente procedimental.".
Así las cosas, el transcurso del plazo de un mes, al ser de caducidad, supone la extinción de la acción de la Inspección para aprobar la liquidación definitiva, a través del concreto...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STS, 7 de Noviembre de 2011
...Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas , en el recurso de dicho orden jurisdiccional seguido ante la misma bajo el núm. 96/2007 en materia de Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1999, cuantía 27.757,40 Ha comparecido como parte recurrida la entidad ARBITRAMAR, representad......