STS, 25 de Julio de 2007
| Ponente | RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE |
| ECLI | ES:TS:2007:5876 |
| Número de Recurso | 8868/2003 |
| Fecha de Resolución | 25 de Julio de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Julio de dos mil siete.
Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo el Recurso de Casación 8868/2003 interpuesto por el GOBIERNO DE CANARIAS, representado por el Letrado de sus servicios jurídicos, siendo parte recurrida la entidad mercantil INMOBARRENDA, S. L., no personada en esta instancia; promovido contra la sentencia dictada el 10 de enero de 2004 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Recurso Contencioso-administrativo nº 525/2001, sobre formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.
Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se ha seguido el recurso contencioso administrativo nº 525/2001, promovido por la entidad mercantil INMOBARRENDA, S. L., y en el que ha sido parte demandada la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, sobre formulación de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 10 de enero de 2004, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador don Alfredo Crespo Sánchez, en nombre y representación de la mercantil INMOBARRENDA
S. L., contra el Decreto 4/01, por el que se acuerda la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, el cual declaramos nulo de pleno derecho.
Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso".
Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación del GOBIERNO DE CANARIAS se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de octubre de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que el GOBIERNO DE CANARIAS formuló en fecha 4 de noviembre de 2003 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se dictara sentencia por la que "con estimación del presente recurso case la sentencia recurrida, y resuelva la desestimación, en todos sus términos, del recurso contencioso-administrativo interpuesto de contrario".
El recurso de casación fue admitido por providencia de 13 de diciembre de 2005, señalándose por providencia de fecha 12 de junio de 2007 para votación y fallo de este recurso de casación el día 17 de julio de 2007, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado de la Sala
Las sentencias de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 4 de mayo de 2007 desestimaron los recursos de casación número 7450 y 7303 de 2003, que la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias había interpuesto contra las sentencias dictadas el 19 de diciembre de 2002 y el 21 de febrero de 2003 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en los recursos contencioso-administrativos números 271 y 601 de 2001. En esas sentencias de la Sala de Canarias, ésta declaró la nulidad de pleno derecho del Decreto del Gobierno de Canarias 4/2001, de 12 de enero, por el que se acordó la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias; declaración de nulidad de pleno derecho que devino firme tras aquellas sentencias nuestras citadas al inicio.
Así las cosas, el recurso de casación que ahora resolvemos, interpuesto también por aquella Administración, ha quedado sobrevenidamente privado de objeto, pues lo que en él defiende la parte recurrente es, sólo, la validez del citado Decreto, negada en la sentencia aquí recurrida y negada ya antes, como hemos dicho, en otra sentencia cuyo pronunciamiento ha devenido firme.
Esta razón de decidir comporta, según reiterados pronunciamientos de esta misma Sección, que no proceda hacer imposición de las costas causadas en este recurso de casación.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR, por pérdida sobrevenida de su objeto, al recurso de casación que la representación procesal del GOBIERNO DE CANARIAS interpone contra la sentencia que, con fecha 10 de enero de 2004, dictó la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso contencioso-administrativo número 525 de 2001. Sin imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Rafael Fernández Valverde, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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