STS, 30 de Septiembre de 2008
| Ponente | MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:5078 |
| Número de Recurso | 4261/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Septiembre de dos mil ocho.
Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo el Recurso de Casación 4261/2004 interpuesto por el GOBIERNO DE CANARIAS, representado por el Letrado de sus servicios jurídicos, promovido contra la sentencia dictada el 3 de octubre de 2003 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Recurso Contencioso-administrativo nº 1037/2001, contra el Decreto 126/2001, del Gobierno de Canarias, por el que se suspende la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se ha seguido el recurso contencioso administrativo nº 1037/2001, promovido por Salobre Golf A.I.E., y en el que ha sido parte demandada la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, contra el Decreto 126/2001, del Gobierno de Canarias, por el que se suspende la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 3 de octubre de 2003, cuyo fallo, literalmente dice: "Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Angel Colina Gómez, en nombre y representación de la mercantil Golf El Salobre A.I.E., contra el Decreto 126/2.01, del Gobierno de Canarias, por el que se suspende la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, el cual anulamos por no ser conforme a derecho, con desestimación del resto de las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda.- Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso."
Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación del GOBIERNO DE CANARIAS se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que el GOBIERNO DE CANARIAS formuló en fecha 17 de mayo de 2004 exponiendo el motivo de impugnación que consideró oportuno y solicitando a la Sala se dictara sentencia por la que "con estimación del presente recurso case la sentencia recurrida, y resuelva la desestimación, en todos sus términos, del recurso contencioso-administrativo interpuesto de contrario".
El recurso de casación fue admitido por providencia de 24 de enero de 2006, remitiéndose a la Sección Quinta para su resolución. Por providencia de 18 de abril de 2006, al no haberse personado parte recurrida quedó el recurso pendiente de señalamiento para votación y fallo, señalándose al efecto el día 30 de septiembre de 2008, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y López, Magistrado de la Sala
Las sentencias -dos- de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 2006 desestimaron los recursos de casación número 3031 y 3262 de 2004, que la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias había interpuesto contra las sentencias dictadas el 17 de octubre y 5 de septiembre de 2003, respectivamente, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en los recursos contencioso-administrativos números 1244/01 y 86/02. En esas sentencias de la Sala de Canarias, ésta declaró la nulidad de pleno derecho del Decreto del Gobierno de Canarias 126/01, de 28 de mayo, por el que se acordó la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias; declaración de nulidad de pleno derecho que devino firme tras aquellas sentencias nuestras citadas al inicio.
Así las cosas, el recurso de casación que ahora resolvemos, interpuesto también por aquella Administración, ha quedado sobrevenidamente privado de objeto, pues lo que en él defiende la parte recurrente es, sólo, la validez del citado Decreto, negada en la sentencia aquí recurrida y negada ya antes, como hemos dicho, en otras sentencias cuyo pronunciamiento ha devenido firme.
Aquélla razón de decidir comporta, según reiterados pronunciamientos de esta misma Sección, que no proceda hacer imposición de las costas causadas en este recurso de casación.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.
NO HA LUGAR, por pérdida sobrevenida de su objeto, al recurso de casación que la representación procesal del GOBIERNO DE CANARIAS interpone contra la sentencia que, con fecha 3 de octubre de 2003, dictó la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso contencioso-administrativo número 1037 de 2001. Sin imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Mariano de Oro-Pulido y López, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
