La financiación de la universidad pública

AutorJavier Fernández Fernández
Páginas17-43
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LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA
CAPÍTULO
1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
El contexto en el que se sitúa esta investigación se enmarca en una época de profunda crisis
económica. En sus comienzos, la crisis había enriquecido nuestro vocabulario de forma muy
significativa, primero con términos como «desaceleración», «desaceleración económica»,
«desaceleración económica ahora más intensa», pasando después por «brotes verdes», para
continuar con «rescate», «préstamo en condiciones favorables» o «apoyo financiero», para
pasar después a una situación en la que se mencionan sin descanso términos como «desman-
telamiento del sector público», «optimización» o «racionalización del gasto público», y, ya
por fin, «recuperación económica», que aunque lenta y progresiva, parece que va afianzán-
dose en nuestro país, e incluso en otros de nuestro entorno internacional.
En cualquier caso, existe cierta unanimidad en considerar que el inicio de la actual crisis
económica se ha producido entre finales del año 2007 y comienzos de 2008. Así, en El Mundo
(2012), se recoge: «8 de julio de 2008: El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapate-
ro utiliza por primera vez la palabra “crisis”, para referirse a la situación económica del país».
Incluso el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, sitúa el comienzo de la crisis económica
actual en el año 2008 (Real Decreto-Ley 20/2012, 2012).
De lo que no cabe duda es del hecho de que «estamos ante una crisis económica que por su
magnitud es la mayor que hemos sufrido en décadas» (Stiglitz, citado por Juliá, 2014a, pág. 31).
En el documento Actualización del Programa de Estabilidad 2009–2013, elevado a Bruselas
en febrero de 2010, «realizado por el Gobierno que negaba la crisis» (Ayala, 2010), se recoge
que «la crisis económica que estalló en 2008 y se acentuó en 2009 ha sido una de las más
graves y globales de la historia», y se reconoce que «durante el año 2009 la economía espa-
ñola experimentó la recesión más profunda de la historia reciente, al igual que el resto de
países desarrollados» (Gobierno de España, 2010).
La crisis ha traído consecuencias negativas para la sociedad, entre otras: (i) la caída del
empleo como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria; (ii) la crisis financiera;
(iii) un incremento de la tasa de paro hasta límites hasta entonces desconocidos, y (iv) la pér-
dida de poder adquisitivo de las familias. «El sistema financiero español es uno de los mejores
© 2018: Instituto Nacional de Administración Pública, Javier Fernández Fernández, McGraw-Hill Education.
Financiación de la universidad pública en tiempos de crisis. Los Consejos Sociales
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ejemplos de lo que ha significado la crisis para nuestro país. Pasó de estar en “Champions”
a necesitar un rescate para evitar el desplome total. Al final, y como suele suceder en las
grandes caídas económicas, los platos rotos los pagaron los contribuyentes. El milagro español
cambió de nombre y empezó a llamarse burbuja inmobiliaria» (La Sexta Columna, 2015).
Atendiendo a la evolución del Estado propiamente dicha, el aumento de la inflación, la caí-
da —o crecimiento negativo— del producto interior bruto y la fuerte reducción en la recauda-
ción de impuestos, han provocado también el incremento del déficit público nacional. Respecto
a los ingresos tributarios, en España hemos pasado de tener unos ingresos de 103 y 109 mil
millones de euros en 2000 y 2001, respectivamente, a contar con tan solo 83 mil millones en el
año 2009, primer año de recaudación en pleno estallido de la crisis económica (Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, 2012).
2. POR QUÉ FINANCIAR A LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA. VENTAJAS QUE APORTA
A LA SOCIEDAD
Existen numerosas referencias a los beneficios que para la sociedad en general produce la
educación universitaria, en contraposición a otras voces que se expresan en sentido contrario,
diciendo que solamente deben afrontar su coste aquellos que hacen uso de ella, porque el
beneficio que aporta es exclusivamente individual. No obstante, Villar manifiesta que «la Uni-
versidad es una institución que sale muy barata a este país. Hacemos muchas cosas con unos
medios y un personal muy escasos» (Villar, 1997).
Para la comisión de expertos creada por el Ministerio de Educación para estudiar la refor-
ma universitaria (en lo sucesivo Comisión de Expertos) «las contribuciones que las universi-
dades realizan a la sociedad en general —y a su entorno más próximo en particular— son,
con frecuencia, difíciles de cuantificar, pero no por ello son menos reales y valiosas, lo que
debería ser mucho más apreciado socialmente» (Miras-Portugal, 2013, pág. 5), aunque, para
Cabrillo (2014), en muchos casos, ni los contribuyentes ni sus familiares más próximos utilizarán
los servicios educativos universitarios, pero cree que los diferencian sustancialmente de otros
sectores económicos puesto que a través de la educación toda la sociedad obtiene, de una
forma u otra, ventajas de las inversiones en formación de capital humano.
Moreno Becerra (Moreno, 1983, pág. 88) escribe acerca de los beneficios individuales y
sociales de la universidad y cita en su análisis a Blaug (1973 y 1974), quien «ha puesto de
manifiesto que la universalidad de la correlación positiva entre educación y retribución, es uno
de los descubrimientos más notables de la ciencia social moderna», y, a su vez, menciona a
Psacharopoulos (1975), Taubman y Wales (1976), Bowles y Gintis (1976), y Quintás y colabora-
dores (1976), quienes, con distintas razones, explican la realidad de esta correlación positiva, y
ninguno de ellos la pone en entredicho. Por su parte, Windham (1980) y Quintás (1983), citados
por Moreno (1983, págs. 88-89), afirman que existen otros beneficios individuales, que aun
siendo susceptibles de valoración, son de difícil cuantificación.
En cuanto a los beneficios sociales, Moreno Becerra (Moreno, 1983, págs. 89-90) mani-
fiesta que no solo se trata de la suma de los beneficios individuales de quienes asisten a
© 2018: Instituto Nacional de Administración Pública, Javier Fernández Fernández, McGraw-Hill Education.

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