SAP Las Palmas 96/2007, 9 de Abril de 2007
| Ponente | YOLANDA ALCAZAR MONTERO |
| ECLI | ES:APGC:2007:880 |
| Número de Recurso | 69/2007 |
| Número de Resolución | 96/2007 |
| Fecha de Resolución | 9 de Abril de 2007 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 2ª |
S E N T E N C I A
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de Abril de 2.007.
Vistos por la Ilma. Doña Yolanda Alcázar Montero, Magistrada de la Sección Segunda de esta Audiencia provincial, actuando como órgano unipersonal y en grado de apelación, los autos de Juicio de Faltas nº 143/2006, del Juzgado de Instrucción nº Dos de San Bartolomé de Tirajana y que han dado lugar a la formación del Rollo de Apelación nº 69/2007, seguidos entre partes, como apelante, D. Juan Manuel, y como apelado doña Sonia, y el MINISTERIO FISCAL, en ejercicio de la acción pública.
Por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de San Bartolomé de Tirajana, en el procedimiento que más arriba se indica se dictó sentencia, de fecha 3 de Noviembre de dos mil seis cuyo fallo absolvía a la denunciada de la falta que se le imputaba.
Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma, por la representación de la denunciante, recurso de apelación que basó en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido el recurso, se dio traslado del mismo a las demás partes personadas, remitiéndose las actuaciones ante esta Audiencia Provincial, y no estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron los autos pendientes para dictar sentencia.
Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida.
Se acepta el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida.
El apelante alega como motivos de su recurso el error en la valoración de la prueba.
El recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia, cualquiera que sea el procedimiento (juicio de faltas, alguno de los modelos abreviados por delito y el por delito ante Tribunal del Jurado), está construido sobre la idea de la atribución de un poder pleno de enjuiciamiento revisor del caso (plena cognitio) al órgano decisor, quien asume, en principio, la misma posición que el órgano jurisdiccional autor que dictó la resolución recurrida, con la única restricción que impone la prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius.
Esta concepción del recurso de apelación es compartida por el Tribunal Constitucional desde sus primeros pronunciamientos sobre este tema (lo demuestra la lectura de sus Sentencias 54 y 84 de 1985, de 18 de abril y de 8 de julio, respectivamente).
Así se sigue manteniendo hasta la actualidad. Las Sentencias 167/2002, de 18 de septiembre (EDJ 2002/35653), y 197/2002 (EDJ 2002/44866), 198/2000 (EDJ 2002/44865) y 200/2002 (EDJ 2002/44863), las tres, de 28 de octubre, 212/2002, de 11 de noviembre (EDJ 2002/50338) y 230/2002, de 9 de diciembre (EDJ 2002/55509 ), señalan a este respecto que "... el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a...
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