STS, 6 de Noviembre de 2006
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 06 Noviembre 2006 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Noviembre de dos mil seis.
Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo el Recurso de Casación 7430/2003 interpuesto por D. Jose Augusto representado por la Procuradora Dña. Carmen Olmos Gilsanz, promovido contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2003 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en Recurso Contencioso Administrativo nº 1926/01, sobre inadmisión a trámite de solicitud de asilo.
Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, se ha seguido el recurso nº 1926/01, promovido por Don Jose Augusto y en el que ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, sobre inadmisión a trámite de solicitud de Asilo.
Dicho Tribunal dictó sentencia desestimatoria con fecha 16 de julio de 2003. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de Don Jose Augusto se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 1 de septiembre de 2003 al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la parte recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 26 de septiembre de 2003 el escrito de interposición del recurso de casación.
El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 12 de mayo de 2005, y por providencia de 1 de julio de 2005, y por proveido de 1 de julio de 2005 se dio traslado al Abogado del Estado para que formulara su oposición, lo que hizo en escrito de 13 de septiembre de 2005, solicitando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 2 de Noviembre de 2006, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, Magistrado de Sala
Se impugna en este recurso de casación nº 7430/2003 la sentencia que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó en fecha de 16 de julio de 2003, en su recurso contencioso administrativo nº 1926/01, por medio de la cual se desestimó el formulado por Don Jose Augusto, natural de Cuba, contra la Resolución del Ministerio del Interior, de fecha 19 de noviembre de 2001, por la que se decidió inadmitir a trámite su solicitud de asilo, al concurrir la circunstancia contemplada en la letra b) del art. 5.6 de la Ley 5/84, modificada por la Ley 9/94.
El recurrente, en su solicitud de asilo, se limitó a aducir como motivos de su petición (folio
1.14 del expediente administrativo) que "el principal motivo de la solicitud de asilo son por causas económicas. Que nunca ha estado detenido, ni preso, ni registros domiciliarios. Que nunca ha temido por su vida. "
La Administración inadmitió a trámite la solicitud de asilo al concurrir la circunstancia contemplada en la letra b) del art. 5.6 de la Ley 5/84, modificada por la Ley 9/94, por cuanto el solicitante no alega en su petición ninguna de las causas previstas en la Convención de Ginebra de 1951 y en la Ley 5/84, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, modificada por la Ley 9/1994, como determinantes para el reconocimiento de la protección solicitada, no estando los motivos invocados incluidos dentro de las causas de reconocimiento del derecho de asilo y el Estatuto del Refugiado señaladas en los mencionados textos legales, habida cuenta que los mismos hacen referencia a alegaciones de contenido socio-económico como la causa generadora de la salida de su país, lo que no constituye por tanto una persecución ni es objeto de protección por la Convención de Ginebra de 1951.
La Sala de instancia desestimó el recurso contencioso administrativo promovido contra aquella resolución de inadmisión a trámite, y se basó para tal desestimación, en síntesis, y por lo que aquí interesa, en la siguiente argumentación:
" En el presente caso, a la vista del relato de la parte recurrente transcrito en el primer fundamento se colige que las razones que determinaron la salida de la recurrente de su país de origen no configuran ninguna de las causas que dan lugar al reconocimiento de la condición de refugiado, y por tanto, en estos casos la Administración está facultada para inadmitir a trámite su solicitud, ex artículo 5.6.b) de la expresada Ley reguladora del Derecho de Asilo. La parte recurrente alegó en su solicitud que las razones para solicitar asilo son de carácter económico, pues no ha sufrido ninguna detención, ni registros domiciliarios. Pues bien, las razones de tipo económico no le hacen acreedor de la protección que dispensa la institución del asilo, ya que la legitima aspiración a mejorar sus condiciones de vida no constituye causa de asilo. Téngase en cuanta que esta alegato pudiera caer dentro de la órbita de la extranjería pero constituye una cuestión que sitúa, en todo caso, extramuros de la protección que dispensa el asilo. Por lo demás, las referencias que se hacen en el escrito de demanda a la verosimilitud del relato contenido en la solicitud de asilo, a la innecesariedad de prueba plena y a la persecución que tiene lugar en Cuba, no pueden ser consideradas por esta Sala, pues carece de sentido acreditar o aportar indicios de unos hechos que no constituyen causa de asilo. Téngase en cuenta que la inadmisión impugnada se fundamenta en la causa prevista en el artículo 5.6.b) de la Ley de Asilo. Por tanto, no se duda de la apariencia de veracidad del relato, sino que, aún partiendo de su carácter veraz, se considera que no constituye causa de asilo al no describir una persecución por razones políticas. "
Contra esa sentencia se ha interpuesto recurso de casación, en el cual se esgrime un único motivo de impugnación, articulado al amparo del artículo 88.1, apartado d), de la Ley 29/1998, de 13 de julio
, Reguladora de la Jurisdicción, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que son aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
Se considera vulnerado el artículo 5.6.b) de la Ley de Asilo . Alega la parte recurrente que nos hallamos ante una inadmisión a trámite de una solicitud de asilo y no ante una denegación de asilo. Considera que ha realizado un relato totalmente verosímil sobre su situación de persecución en Cuba por motivos políticos, que merece al menos la admisión a trámite y que se le dé la oportunidad de aportar pruebas y formular alegaciones en el curso del expediente.
El motivo de casación no puede prosperar.
Lo decidido por el Ministerio del Interior, y enjuiciado por la Sala de instancia en su sentencia, fue la inadmisión a trámite de su solicitud de asilo, acordada por aplicación de la causa o motivo de inadmisión prevista en el artículo 5.6.b) de la Ley de Asilo, consistente en "que en la solicitud no se alegue ninguna de las causas que dan lugar al reconocimiento de la condición de refugiado".
Pues bien, los hechos que describió el interesado en su solicitud de asilo no constituyen una persecución por alguno de los motivos a que se refiere el artículo 1º-2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de Julio de 1951, es decir, una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, según vinieron a entender primero la Administración y luego la sentencia impugnada.
En la solicitud de asilo no se expuso ninguna clase de persecución por motivos protegibles a través del asilo; simplemente se aludió, en términos más que sucintos, al deseo de mejorar económicamente. Adujo, pues, el solicitante un mero descontento con sus condiciones de vida en Cuba, que, por sí solo, no es causa de asilo, según jurisprudencia consolidada y uniforme. En suma, la Administración actuó correctamente al aplicar al caso el artículo 5-6-b) de la Ley de Asilo
, por no haberse alegado en la solicitud ninguna de las causas que dan lugar al reconocimiento de dicha condición de refugiado, y así lo apreció la Sala de instancia, al concluir que no se había expuesto dato alguno que refiriera una concreta persecución individualizada de la solicitante por alguno de aquellos motivos.
Conforme a lo establecido en el artículo 139 de la LJ, procede condenar en costas al recurrente.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución
Que declaramos no haber lugar al presente recurso de casación 7430/2003 interpuesto por D. Jose Augusto, contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2003 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en Recurso Contencioso Administrativo nº 1926/01. Con imposición de costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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