STS, 16 de Marzo de 2004

PonenteENRIQUE LECUMBERRI MARTI
ECLIES:TS:2004:1786
Número de Recurso5492/1999
ProcedimientoCONTENCIOSO - RECURSO CASACION
Fecha de Resolución16 de Marzo de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Marzo de dos mil cuatro.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Sexta, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación número 5492/1999, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Letrado del Servicio Jurídicos de la Comunidad de Madrid, en la representación y defensa de la misma, contra la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Primera, de fecha 19 de junio de 1998 -recaída en los autos 3045/1994-, que desestimó el recurso contencioso-administrativo deducido contra las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 1 de mayo de 1994 y 19 de octubre del mismo año -esta última desestimatoria de la intentada reposición-, por las que se acordó el justiprecio de la finca 19 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del Sector SI-1, Arroyo Tajapiés-Cantueña, en el término municipal de Fuenlabrada (Madrid).

Ha comparecido en calidad de partes recurridas en este recurso de casación el Abogado del Estado, en la representación legal que le es propia

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia el 19 de junio de 1998 cuyo fallo dice: "Fallamos que desestimando el recurso interpuesto por el letrado de la Comunidad Autónoma de Madrid, contra las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación de fecha 11 de mayo de 1994, confirmada en reposición por resolución de fecha 19 de octubre de 1994, en cuya virtud se fijó como justiprecio de los bienes expropiados la suma de 13.912.500 pts, debemos confirmar y confirmamos las resoluciones impugnadas, sin hacer expresa condena en costas."

SEGUNDO

Por la representación procesal de la Comunidad de Madrid se interpone recurso de casación, mediante escrito de 8 de julio de 1999, que fundamenta en tres motivos de casación.

El primer motivo de casación, invocado al amparo de lo dispuesto en el artículo 95.1.3 de la Ley Jurisdiccional entonces vigente, denuncia quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 43.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, pues, a su juicio, en la sentencia recurrida se han decidido cuestiones no planteadas por las partes, por lo que estima que se ha incurrido en incongruencia.

El segundo motivo se formula al amparo del artículo 95.1.4 de la citada Ley de esta Jurisdicción, y en él se denuncia la vulneración de los artículos 47.a), 53.4, 60 y Disposición Transitoria Primera , apartado 3º, del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, así como 59, 63 y 219 del Reglamento de Gestión Urbanística; y alega, como conclusión en este motivo, que el valor urbanístico de los terrenos del Sector SI-1 del suelo urbanizable programado de uso industrial Arroyo Tajapiés-Cantueña del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada es, según sus cálculos de 429 pesetas por metro cuadrado (2,58 euros por metro cuadrado).

El tercer motivo de casación se invoca al amparo de los dispuesto en el artículo 102.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, para la unificación de doctrina, y se articula, según dice, "para el improbable caso de apreciarse que no concurren los requisitos previstos en el art. 93.2 de la Ley Jurisdiccional, por existir sentencias, dictadas en recursos contencioso-administrativos referidos igualmente al justiprecio de fincas afectadas por el mismo Proyecto de Expropiación del Sector Tajapiés-Cantueña en las que se ha llegado a un pronunciamiento distinto al contenido en la que ahora se recurre, concurriendo, por tanto, los requisitos que se establecen en el citado art. 102.a)"; en dichas sentencias se fijó el precio expropiatorio a razón de 499 pesetas por metro cuadrado (3 euros por metro cuadrado), y ello frente a una situación idéntica a la actual, y en presencia de unos hechos y pretensiones sustancialmente iguales, a pesar de lo cual la sentencia dictada en el presente recurso ha llegado a un pronunciamiento distinto sobre la misma cuestión.

Finalmente suplica a la Sala que dicte sentencia por la que declare haber lugar al recurso, case y anule la recurrida, y declare como único procedente y ajustado a derecho el precio unitario de 429 pesetas por metro cuadrado (2,58 euros por metro cuadrado), conforme señala el dictamen emitido por el perito insaculado, y conforme señalan las sentencias de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

TERCERO

Por providencia de 24 de noviembre de 1999 se tiene por recibido el anterior escrito, y por personadas las representaciones procesales de la Comunidad de Madrid y de la Administración General del Estado, y se designa Magistrado ponente para que se instruya y someta a la deliberación de la Sala lo que haya de resolverse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación, que se admite mediante providencia de 26 de enero de 2001, ordenándose remitir las actuaciones a esta Sección Sexta, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

CUARTO

Dado traslado para formular la oposición al recurso, en fecha 11 de mayo de 2001 el Abogado del Estado manifiesta que se abstiene de evacuar dicho trámite.

QUINTO

Conclusas las actuaciones, se fijó para votación y fallo de este recurso el día 2 de marzo de 2004, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observado en su tramitación las reglas establecidas por la ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Martí,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Se impugna en el presente recurso de casación la sentencia de trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Primera, que resolvió el recurso jurisdiccional interpuesto por la representación de la Comunidad de Madrid contra resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación sobre valoración de finca expropiada conforme al proyecto de delimitación y expropiación del sector Tajapiés-Cantueña.

El escrito de interposición de la recurrente e incluso el suplico del mismo es idéntico al presentado al interponer los recursos de casación números 9565/1998, 677/1999, 1512/1999 y 727/1999 de esta Sala, resueltos por sentencias de veintisiete de febrero, cinco de junio, dieciocho de septiembre y veintisiete de noviembre de dos mil tres, cuyos pronunciamientos hemos de reiterar, respetando así el principio de unidad de doctrina, así como el de igualdad y seguridad jurídica.

SEGUNDO

Decíamos en aquella Sentencia que la Administración recurrente articula esta casación a través de tres motivos comenzando por un preámbulo en el que en definitiva concluye que la sentencia de instancia encuentra su fundamento para apartarse, dice, del procedimiento legal valorativo en la aplicación analógica de la valoración de otro sector, en considerar inaplicable la reducción del 50% del aprovechamiento urbanístico y en considerar que los gastos de urbanización de los sistemas generales no deben tenerse en cuenta.

Ahora bien, antes de entrar en el análisis del recurso que nos ocupa hemos de destacar que la especial naturaleza del recurso de casación y el principio de especialidad de los motivos, nos obliga a limitar el análisis a las cuestiones específicamente planteadas en los motivos de casación con abstracción de cualquiera otras afirmaciones efectuadas al margen de las mismas.

Entramos así en el análisis del primero de los motivos articulados que lo es al amparo del artículo 95.1.3 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 43.1 de la misma en relación con el 24.1 y 120.3 de la Constitución, por cuanto, afirma la Administración recurrente, que la sentencia de instancia incurre en incongruencia porque examina, cuestiones que son propias de un procedimiento distinto tendente a determinar la legalidad de los instrumentos de planeamiento que legitiman la acción expropiatoria, y, en concreto, la de las determinaciones que en el planeamiento se contienen, y no del procedimiento que nos ocupa, habiendo sido impugnados en otro procedimiento el acuerdo de aprobación definitiva de la revisión de los Planes de Ordenación Urbana de los municipios de Pinto, Getafe, Alcorcón y Leganés; el acuerdo de la Comisión de Urbanismo por el que se aprueba el Plan Parcial 2 Gran Industria Sur Metropolitano; el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanística Sur Sector del Arroyo Culebro; el acuerdo de la Comisión de Urbanismo por el que se aprueba el proyecto de delimitación y expropiación del PAU Sur Arroyo Culebro; señalando que todas las sentencias recaídas han determinado la legalidad de dichos acuerdos.

Afirma la Administración recurrente que la Sala "a quo" entra a valorar las determinaciones del planeamiento, cuando dicha cuestión afirma no es objeto del pleito, para concluir que "los sistemas generales en el incluidos son excesivos, desproporcionados, innecesarios y caros", de modo que valora la legitimidad de las determinaciones contenidas en el planeamiento relativas a los sistemas generales para determinar el justiprecio.

Es cierto que la congruencia en el ámbito contencioso administrativo es mas exigente que la casación civil y, que exige que la decisión se adopte no solo en función de las pretensiones sino también de las alegaciones de las partes deducidas para fundamentar el recurso y la oposición. Ahora bien, de la lectura de la sentencia de instancia, observamos que únicamente se refiere a los sistemas generales para descalificar la prueba pericial practicada, en consecuencia la cuestión no es que se resuelva al margen de las alegaciones de las partes y sobre cuestiones no sujetas a debate, sino que lo que la Administración recurrente combate es la valoración de la prueba, lo que únicamente cabe hacer, habida cuenta que el error en la valoración de la prueba no es motivo de casación, por infracción del artículo 9.3 de la Constitución y del 631 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que al no hacerse así el motivo no puede prosperar, máxime cuando la Sala "a quo" no dice en modo alguno que los sistemas generales ni sus determinaciones sean ilegales, lo que afirma es que hacer recaer todo el coste de los gastos de urbanización de los sistemas generales sobre la expropiada resultaría contrario en definitiva al principio de distribución de beneficios y cargas que proclama la legislación del suelo, ya que supondría que unos pocos, a costa de reducir el justiprecio de los bienes expropiados, estarían financiando el coste de unas obras que se ejecutan en beneficio de toda la colectividad al facilitarse la adquisición a bajo precio de los terrenos propiedad de aquellos por la sola razón de estar destinados a infraestructuras generales supra municipales.

Podrá o no estarse de acuerdo con estos criterios valorativos de la prueba pericial, pero no cabe afirmar que ello suponga que la Sala "a quo" incurra en vicio de incongruencia, razón por la que el motivo debe rechazarse.

TERCERO

En el segundo motivo la Administración sostiene que la sentencia de instancia infringe los artículos 47.a a 53.4, 60 y Disposición Transitoria del T.R.L.S. de 1992, así como los artículos 59, 63 y 219 del Reglamento de Gestión Urbanística, por cuanto entiende que las valoraciones deben efectuarse con arreglo a la Ley 8/90 y su Texto Refundido de 1992. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 anula por inconstitucionales diversos preceptos de la L.R.L.S. de 1992, entre ellos el artículo 60 citado por el recurrente, y por tanto habida cuenta la fecha del recurso de casación, octubre de 1998, es claro que la invocación de tal precepto como infringido es claramente improcedente.

Todo el desarrollo del motivo va encaminado a sostener que debían ser aplicados al caso los criterios de valoración contenidos en el Texto Refundido de 1992 y no en los de TR de la Ley del Suelo de 1976 y mucho menos el artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa. Ni una sola línea dedica el recurrente a fundamentar la infracción de los preceptos del Reglamento de Gestión que invoca y por tanto en este punto el motivo debe ser desestimado sin más.

En cuanto al resto del motivo, debe correr igual suerte por cuanto es doctrina constante de esta Sala que tras la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional citada, incluso en los supuestos en que inicialmente resultaría de aplicación la Ley del Suelo de 1990 o el Texto Refundido de 1992, debe aplicarse el TR de 1976 salvo en los supuestos de suelo no urbanizable que no es el caso.

El motivo por tanto no puede prosperar.

CUARTO

El tercer motivo, se dice, se formula al amparo del artículo 102.a de la Ley Jurisdiccional que se refiere al recurso para la unificación de doctrina. Ciertamente el motivo resulta sorprendente máxime cuando se ha interpuesto un recurso de casación ordinario y el recurso para unificación de doctrina sólo procede cuando la sentencia no es susceptible de recurso de casación ordinario, art. 102.a.2.

QUINTO

Rechazados los motivos de casación procede la condena en costas al recurrente conforme al artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Comunidad de Madrid, contra la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Primera, de fecha 19 de junio de 1998 -recaída en los autos 3045/1994-; con imposición de las costas causadas con este recurso de casación a la referida recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, firme , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Martí, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

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