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Epílogo

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Vincent
AutorLuis A. Anguita Villanueva
Páginas413-414

Page 413

Han pasado más de veinte años desde que la Ley de Patrimonio Histórico Español entrara en vigor en nuestro ordenamiento jurídico y, sin duda, podemos decir que ha marcado un hito en la protección del patrimonio histórico de los pueblos. Por un lado, ha servido de marco a los legisladores de nuestro más próximo entorno que, como en el caso de Francia e Italia a inicios de 2004, enero y febrero respectivamente, han aprobado sendos códigos de bienes culturales aplicando la idea del legislador español de 1985 de contar con un texto legislativo único para proteger los bienes culturales, incluso incrementando la noción unificadora a través de nuevos bienes como los paisajísticos. Por otro, todas las normas autonómicas, sin excepción, son una copia de la Ley nacional en cuanto a su estructura y sus regímenes de protección y salvaguarda, en las que han alterado las calificaciones de bienes culturales y pequeñas disposiciones respecto al texto del Estado, que en muchos casos han contribuido más a la desintegración del sistema de unificación normativa que a la racionalidad del sistema. Pero, a pesar de contar con un ejército de normas estatales y autonómicas cada vez más detallista y depurado, la destrucción del patrimonio histórico español es una constante a la que ni la sociedad civil ni, sobre todo, las Administraciones quieren poner coto. ¿De qué nos sirven las normas si cotidianamente abrimos los periódicos y vemos o escuchamos los informativos que no dejan de ilustrarnos con atentados al patrimonio histórico que en la mayor parte de los casos ni siquiera finalizan con un expediente sancionador, motivado porque son las mismas administraciones públicas las que más atentan contra dichos bienes?

No se puede decir que se esté mejorando la protección y defensa de nuestros bienes culturales que se ven fagocitados bajo la voracidad político-urbanística y la lentitud en la aplicación de estas «buenas» normas, que dan lugar a esperpentos jurídicos como el del Teatro Romano de Sagunto que hacen que todo el ordenamiento se convierta en papel mojado. Y es que, no sólo desde los boletines oficiales hay que proteger el patrimonio de los pueblos, es la educación la que ha de manifestar los valores que todos estos...

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