STS, 3 de Marzo de 2009
| Ponente | OCTAVIO JUAN HERRERO PINA |
| ECLI | ES:TS:2009:846 |
| Número de Recurso | 2744/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 3 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de marzo de dos mil nueve
Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Antonio Mª Alvarez Buylla Ballesteros, en nombre y representación de la Junta de Compensación de La Fresneda, contra Auto de 10 de febrero de 2005, confirmado en súplica por Auto de 18 de marzo de 2005, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que resuelve sobre el abono de los intereses legales del justiprecio, dictado en ejecución de la sentencia de 23 de junio de 2004 recaída en el recurso 213/99 y acumulado 403/99, que desestima los recursos interpuestos contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias de 17 de diciembre de 1998, que fijó el justiprecio de la finca nº NUM000 expropiada por el Ayuntamiento de Siero, con motivo del Plan Parcial de la Fresneda, Primera Fase. Han sido partes recurridas el Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la Administración del Estado y el Procurador de los Tribunales D. Alejandro González Salinas en nombre y representación de D. Juan Pedro
Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 23 de junio de 2004 se estimó parcialmente el recurso 403/99 interpuesto en nombre de D. Juan Pedro contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias de 17 de diciembre de 1998, que se anula, fijándose el justiprecio de la finca NUM000 en las cantidades de 187.467,88 euros por el suelo expropiado y 276.649,19 euros por el resto de los bienes, más el 5% de afección y los correspondientes intereses legales.
Con fecha 6 de septiembre de 2004 la representación procesal de D. Juan Pedro promovió incidente de ejecución de sentencia en relación con la determinación de los intereses legales, solicitando que se declare: 1º. Que la fecha de firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación es el 28 de julio de 1984 y, en consecuencia, el día inicial del devengo de intereses es el 29 de enero de 1985. 2º. Para el caso de no aceptación de la fecha anterior, que la iniciación del expediente expropiatorio es el 26 de mayo de 1986 y el día inicial de producción de intereses el 26 de noviembre de 1986. 3º Que el día final del devengo de intereses es el 3 de marzo de 2004 para la cantidad de 406.396,23 euros y el 8 de julio de 2004 para la cantidad de 80.927 euros.
Tramitado el incidente se dictó Auto de 10 de febrero de 2005, en el que se razona que "no puede compartirse la pretensión principal del escrito de D. Juan Pedro en cuanto a que el devengo de intereses se sitúe en el 29 de enero de 1985, por lo que más adelante y en relación a la petición subsidiaria se establece, y es que respecto de ésta, es decir, sobre la fecha inicial de expediente expropiatorio, el día 26 de mayo de 1986 que se interesa por la parte expropiada, se ha de compartir lo resuelto por esta Sala en los Autos de 29 de Junio de 2004 y 19 de noviembre de 2004, recaídos en los recursos acumulados 216 y 359/99 y 223 y 287/99, respectivamente, de la misma expropiación, pues el recurso de súplica que se dice interpuesto contra el Auto de 29 de junio de 2004, ha sido desestimado por auto de 29 de octubre de 2004, por lo que lo vertido por la citada Junta de Compensación respecto al mismo no puede compartirse, reiterando aquí los demás argumentos de los autos de 26 de mayo y 29 de octubre de 2004 que se dan por reproducidos, lo que unido a lo expresado por el Ayuntamiento en el escrito aportado por la parte expropiada en relación a la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2000, lleva a fijar como día inicial para la producción de intereses el 26 de noviembre de 1986, y como día final de devengo el día 3 de marzo de 2004 para la cantidad de 406.396,23 euros y el día 8 de julio de 2004, para la cantidad de 80.927 euros".
Por Auto de 18 de marzo de 2005 se desestimó el recurso de súplica formulado contra el anterior, confirmando el régimen de devengo de intereses establecido en el mismo.
Notificado este auto se presentó escrito por la representación procesal de la Junta de Compensación de La Fresneda manifestando su intención de interponer recurso de casación y por providencia de 12 de abril de 2005 se tuvo por preparado, siendo emplazadas las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.
Con fecha 24 de mayo de 2005 se presentó escrito de interposición del recurso de casación, haciendo valer un único motivo al amparo del art. 87.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, en cuanto la resolución recurrida vulnera dicho precepto al resolver cuestiones no decididas, directa o indirectamente en la sentencia y contrariar los términos del fallo que se ejecuta.
Alega al respecto que los autos recurridos son susceptibles de casación al amparo del art. 87.1.c) de la Ley de la Jurisdicción y con fundamento en el motivo del art. 88.1.d), comienza invocando la falta de motivación de los mismos, entendiendo que la remisión a los autos de 29 de junio y 29 de octubre de 2004 no es suficiente, añade, con referencia a la sentencia del TSJ de Asturias de 23 de enero de 1995, que la finca nº NUM000 quedó afectada de expropiación desde el 23 de enero de 1995, nunca desde el 26 de noviembre de 1986, por lo que resulta imposible el devengo de intereses anterior al año 1995, subsidiariamente, debe sustituirse la fecha de 26 de noviembre de 1986 por la de 24 de marzo de 1993, es decir, seis meses después del acuerdo del Ayuntamiento de Siero de 24 de septiembre de 1992, fecha de la referida afección expropiatoria, a tenor de los dispuesto en el art. 56 de la LEF, señalando que solo podrá entrar en juego la causa determinante de la expropiación una vez conocida la no incorporación a la Junta de Compensación, invocando el art. 127.1 del Texto Refundido aprobado por R.D. 1346/1976 y la sentencia de 26 de febrero de 1991. Añade que la expropiación de terrenos de La Fresneda por el procedimiento de urgencia fue declarada nula por sentencia del Tribunal Supremo, viéndose obligada la beneficiaria a la tramitación de la expropiación ordinaria, iniciándose por el Ayuntamiento de Siero el expediente 192/96, que es el que afecta a la finca nº NUM000, por lo que no puede existir devengo de intereses en el periodo aquí recurrido, señala que según la sentencia de la misma Sala de 11 de septiembre de 2003 la finca quedó expropiada por sentencia de 23 de enero de 1995, cuando los propietarios rechazaron adherirse al sistema de compensación, reiterando que no procede devengo de intereses con anterioridad a la referida fecha.
Seguidamente se cita y refleja la jurisprudencia que entiende infringida, que señala el cómputo de intereses desde los seis meses siguientes al inicio del expediente expropiatorio ordinario, y termina razonando que los autos combatidos resuelven cuestiones no decididas en la sentencia y procede su revocación por violación del art. 87.1.c) de la Ley Jurisdiccional, solicitando que se fije el 24 de marzo de 1993, como dies a quo para el cómputo de los intereses legales.
Por auto de 27 de abril de 2006 y frente a las alegaciones formuladas por la representación del recurrido D. Juan Pedro en el escrito de personación, entendiendo inadmisible el recurso por defectuosa preparación y no ser susceptible de casación el auto con base en lo dispuesto en el artículo 87.1.c) de la LJCA, se rechaza dicho planteamiento y se admite a trámite el recurso, del que posteriormente se dio traslado a las partes recurridas, que solicitan la desestimación del recurso y la confirmación del auto recurrido.
Conclusas las actuaciones, quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló el día 25 de febrero de 2009, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. OCTAVIO JUAN HERRERO PINA,.
Debe rechazarse, en primer lugar, la alegación de falta de motivación de los autos recurridos que se formula por la parte, pues, como ya se ha recogido antes, la Sala de instancia justifica y da razones suficientes sobre el criterio que debe aplicarse para el cómputo del dies a quo en el devengo de los intereses del justiprecio, sin que pueda oponerse a ello la remisión a lo resuelto en Autos anteriores, no solamente porque, como señala el Tribunal Constitucional en sentencia 13/2001, de 29 de enero, "No existe, por lo tanto, un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación, puesto que su función se limita a comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye, lógica y jurídicamente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión", sino porque en un caso como el presente, en el que se trata de un mismo procedimiento expropiatorio, cuestionándose su inicio a efectos de determinar el momento inicial del cómputo de abono de intereses, la congruencia con lo ya resuelto antes en relación con afectados por el mismo procedimiento expropiatorio resulta imprescindible, para una aplicación de la ley conforme al principio de igualdad, en cuanto concurren las mismas circunstancias y son de aplicar idénticas normas legales.
Por lo demás, esta Sala también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las cuestiones planteadas en este recurso en otros anteriores de semejante contenido, como el recurso de casación 11203/04 ó el recurso 1317/2005, en cuyas sentencias hemos señalado que, en contra de las alegaciones del recurrente, sobre la pertenencia de la finca en cuestión a la expropiación a la II Fase de La Fresneda, la anulación de la expropiación inicial por el procedimiento de urgencia y que se trata de un procedimiento de expropiación ordinaria que corresponde al año 1996, lo cierto es que en la sentencia de instancia se hace constar: que se trata del "justiprecio de la finca nº NUM000, expropiada en el Plan Parcial de La Fresneda, 1ª Fase" y en la sentencia de 11 de septiembre de 2003, a cuya ejecución responde el Auto de 29 de junio de 2004 al que se remite el Auto aquí recurrido, se indicaba que la propia recurrente solicitó en la demanda la fijación de un justiprecio para la finca nº 104 en cuantía de 9.890.735 pesetas, más el 5% de afección e intereses legales desde mayo de 1986, o "actualizado" a junio de 1998 de 17.397.804 pesetas; que dicha demandante solicita que el justiprecio se calcule según la legislación vigente en 1986, fecha del inicio del expediente expropiatorio, ya que según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 23 de enero de 1995, desde dicha fecha quedó la finca expropiada y no obstante el propietario ha seguido disfrutando de la posesión de la finca; que en lo concerniente a los intereses legales su fecha inicial de devengo será, al tratarse de un procedimiento de urgencia, desde los 6 meses a partir de la iniciación del expediente expropiatorio, salvo que la ocupación se haya efectuado antes, en cuyo caso ésta será la fecha inicial. Apreciación que también se deduce de la sentencia aquí ejecutada de 23 de junio de 2004, cuando señala que los intereses de demora se devengarán conforme a los artículos 52.8ª y 56, pues el primero se refiere precisamente a las expropiaciones por el procedimiento de urgencia.
En estas circunstancias, que no pueden discutirse en la ejecución de la sentencia, ha de entenderse que estamos ante un procedimiento expropiatorio de urgencia e iniciado en el año 1986, en cuanto son datos de los que se parte en el pleito y sobre los que se construye la sentencia sin que hayan sido objeto de discusión o impugnación en la misma.
En tal caso, como recoge la sentencia de 24 de mayo de 2005, "Según hemos declarado, entre otras, en nuestras sentencias de veintidós de marzo, tres de abril, diecisiete de julio y cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, diecisiete de junio, veintiocho de octubre y dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, veintiuno de junio y veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, veintitrés de marzo y catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, diecisiete de mayo y tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, diez de julio y dieciséis de noviembre de dos mil y veintiséis de febrero de dos mil uno, veintitrés de diciembre de dos mil dos, y doce de mayo de dos mil cuatro ; el dies a quo, a efectos del cómputo de los intereses por demora en la tramitación y pago del justiprecio en los procedimientos de urgente expropiación, es el siguiente a la fecha de la efectiva ocupación de los bienes o derechos -artículo 52.8 de la Ley de Expropiación Forzosa - hasta que el justiprecio determinado definitivamente en vía administrativa se paga, deposita o consigna eficazmente, sin que, por tanto, exista solución de continuidad entre los intereses del artículo 56 -demora en la fijación- y 57 -demora en el pago- de la Ley de Expropiación Forzosa, salvo que la ocupación tuviese lugar después de transcurridos seis meses de la declaración de urgencia, pues al entenderse cumplido con ella el trámite de declaración de necesidad de ocupación -artículo 52.1 de la Ley de Expropiación - el dies a quo será el siguiente a aquel en que se cumplan los seis meses de la declaración de urgencia, a menos que ésta no contuviese la relación de bienes o derechos expropiables".
Por lo tanto la Sala de instancia ha hecho recta aplicación de las previsiones de la Ley, según la interpretación jurisprudencial, sin que frente a ello puedan prosperar las alegaciones de la parte, que se refiere al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Siero de 24 de septiembre de 1992 como inicio de la afección expropiatoria e inicio del cómputo de seis meses para la determinación del dies a quo del devengo de intereses, que fija en el 24 de marzo de 1993, que no se corresponde con la realidad del procedimiento expropiatorio tomado en consideración en la sentencia de instancia, de la que hay que partir en ejecución, fase del proceso en la que no pueden replantearse las cuestiones decididas en la sentencia.
Todo lo cual lleva a la desestimación del motivo de casación formulado.
La desestimación del único motivo invocado lleva a declarar no haber lugar al recurso de casación, lo que determina la imposición legal de las costas a la parte recurrente, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139.3 de la LRJCA y teniendo en cuenta la entidad del recurso y la dificultad del mismo, señala en 2.000 euros la cifra máxima como honorarios de letrado de cada una de las partes recurridas.
Que desestimando el motivo invocado, declaramos no haber lugar al presente recurso de casación nº 2744/2005, interpuesto por la representación procesal de la Junta de Compensación de La Fresneda contra Auto de 10 de febrero de 2005, confirmado en súplica por Auto de 18 de marzo de 2005, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que queda firme; con imposición legal de las costas a la parte recurrente en los términos que resultan del último fundamento de derecho.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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