STS 476/1994, 18 de Mayo de 1994

Don Pedro Miguel promovió autos incidentales sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra Don Rosendo, Don Esteban, DIRECCION000 de la Revista "Tribuna de Actualidad", y la sociedad "Tribuna de Ediciones de Medios Informativos, S.A.", Empresa editora de la referida Revista, en atención a que ésta, en sus números 6 (de fecha 6 al 12 de Junio de 1.988), 27 (de fecha 31 de Octubre al 6 de Noviembre de 1.988) y 28 (de fecha 7 al 13 de Noviembre de 1.988), y en ocasión de tratar sobre el secuestro de Don Jorge, publicó distintos artículos firmados por Don Rosendo, que contenían, entre otros, determinados particulares relacionados con el Sr. Pedro Miguel, del siguiente tenor literal: "La familia había entregado 750 millones de pesetas y a Bayona sólo llegaron 725. En el camino, uno de los intermediarios, cercano a la organización, ya se había cobrado su comisión. La Policía española conoce la identidad de dos intermediarios: dos abogados donostiarras, uno con despacho en el barrio de Egía, y otro, ex jugador de la Real Sociedad. Ninguno de los dos ha sido detenido para poder seguir sus movimientos" (en el número 6), "Los primeros contactos de Andrés e Leonardo se llevaron a cabo en el hotel María Cristina de San Sebastián. Al otro lado de la mesa, en las sucesivas reuniones, se rotaban tres conocidos abogados donostiarras: Juan Luis y Pedro Miguel. Los dos primeros comparten un despacho influyente en el centro de San Sebastián y Pedro Miguel une a su profesión de abogado una brillante carrera como futbolista en las filas de la Real Sociedad, hace ya algún tiempo". "Juan Luis y Pedro Miguel repetían una y otra vez a los intermediarios de la familia Jorge: Ahora no se trata de dinero; la negociación se ha vuelto política". "Lo cierto es que en todos los momentos críticos de la negociación del secuestro, el empresario vasco ha sido el portador de la última palabra de la organización terrorista, y jerárquicamente, en los contactos con ETA, su peso es mayor que el de los abogados Pedro Miguel y Juan Luis" y "La cifra acordada en principio por Leonardo y Andrés con los abogados Pedro Miguel, Juan Luis, de 850 millones, se ha visto incrementada hasta los 1.200 pagados" (en el número 27, Edición especial, figurando entre una serie de fotografías, dos del actor, una de ellas, al parecer, en una rueda de prensa, con la leyenda: "Negociador. Pedro Miguel desmintió hace cinco años su labor de intermediario en otro secuestro", y otra, vistiendo camiseta de futbolista, con la leyenda: "Abogado y futbolista. Pedro Miguel en su época de la Real Sociedad") y "Las carpetas abiertas por Ildefonso - un juez con fama de profesional y de querer llegar al fondo de los sumarios que le competen- son siete y llevan anotados los siguientes nombre:

Luis Manuel, Juan Luis, Pedro Miguel, Evaristo, los hermanos Andrés y Carlos Jesús e Leonardo", "Inmediatamente los teléfonos de Andrés, Luis Manuel, Leonardo y los Abogados Juan Luis y Pedro Miguel se pusieron a comunicar: trataban de buscar urgentemente una explicación común y coherente de todas las posiciones adoptadas ante la prematura e inexplicable publicación de su intervención en los hechos", "Durante el mes de Marzo, Andrés e Leonardo encontraron los interlocutores adecuados para fijar el pago del rescate de Jorge en las personas de tres abogados donostiarras vinculados a Herri Batasuna: Juan Luis, Pedro Miguel y Evaristo. Los dos primeros son socios de un despacho jurídico en el centro de San Sebastián y Pedro Miguel es, además, ampliamente conocido en los ambientes futbolísticos por haber sido jugador de la Real Sociedad de San Sebastián", "... y culminó con una demanda de rectificación ante el Juez de Primera Instancia número Uno de San Sebastián, interpuesta por el abogado Pedro Miguel. En la vista oral del juicio en la Audiencia de San Sebastián, el Abogado Pedro Miguel se despidió de la Abogada de Tribuna, Flor, diciéndole: "Dígale al DIRECCION001 de la revista que como viene mucho por aquí, ya sabe cómo arreglamos éstas cosas", "... Luis Manuel... era en palabras de los abogados Pedro Miguel y Juan Luis el camino más directo y, autorizado para conocer la posición de ETA>>", "Esta posición de Luis Manuel originó un enfrentamiento con el abogado Pedro Miguel, que se había comprometido, al igual que los otros dos abogados, Juan Luis y Evaristo, en una cifra final de 850 millones, que ahora se elevaba a 1.700" y "De momento, existen pruebas documentales de que Luis Manuel, además, recibió 75 millones por su trabajo, y de que los abogados Pedro Miguel y Juan Luis también cobraron una cantidad de dinero de la familia Jorge que, según las fuentes consultadas, figura como «honorarios profesionales>>" (en el número NUM000, en el que se reproduce la fotografía del actor, vistiendo camiseta de futbolista, con el pie: "Negociador. El abogado y ex futbolista, Pedro Miguel, negoció el rescate". El Juzgado de Primera Instancia número Uno de San Sebastián, en sentencia de 27 de Marzo de 1.990 y con estimación parcial de la demanda, condenó a los demandados a que se abstengan de cometer intromisiones en la intimidad personal y a la propia imagen del actor y sus allegados; a publicar a su costa, conjunta y solidariamente, la sentencia, una vez adquirida firmeza, en uno de los tres primeros números a la fecha de firmeza, y a indemnizar al actor, conjunta y solidariamente, en la suma de veinticinco millones de pesetas por daños y perjuicios padecidos, siendo confirmada por la dictada, en 3 de Abril de 1.991, por la Sección Segunda de la Iltma. Audiencia Provincial de dicha capital, salvo en la cuantía indemnizatoria, reduciéndola a quince millones de pesetas. Y es esta segunda sentencia la recurrida en casación por Don Esteban, Don Rosendo y la entidad "Tribuna de Ediciones de Medios Informativos, S.A." a través de la formulación de cuatro motivos, amparados el primero de ellos en el ordinal 2º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y los restantes, en el ordinal 5º del mismo precepto, en su redacción anterior a la Ley 10/1.992, de 30 de Abril.

En el primero motivo del recurso, residenciado, como se decía, en el ordinal 2º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia la incompetencia territorial de jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de San Sebastián para conocer de la demanda, por errónea interpretación y aplicación de la norma contenida en el apartado 1º del artículo 11 de la Ley 62/78, de 26 de Diciembre, en relación con la disposición transitoria 2ª de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, y se argumenta, en síntesis, lo que sigue: -La demanda se presentó ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de San Sebastián, al que correspondió por reparto, obligando a la actual parte recurrente a oponer la excepción de incompetencia territorial de jurisdicción en el escrito de contestación, conforme al artículo 533.1, en relación con el 542, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por estimar que dicho Juzgado carecía de competencia territorial-, -El Juzgado desestimó la excepción, y reproducida en apelación, la Audiencia volvió a desestimarla, por lo que la parte ha cumplido las exigencias del artículo 1.693 de la Ley procesal, y ha actuado de acuerdo con la doctrina establecida en las sentencias de 2 de Julio de 1.970; 28 de Noviembre de 1.982 y 12 de Diciembre de 1.983-, -El artículo 56 de la repetida Ley, atribuye esa competencia por razón del territorio, en primer lugar, al Juzgado o Tribunal al que las partes, expresa o tácitamente, se hubieran sometido, pero en el caso de autos no existió ninguna de esas dos clases de sumisiones-, -La cuestión a determinar es qué se entiende "por localidad donde se ha producido el hecho", la cual, es Madrid porque la revista "Tribuna de actualidad" se edita en Madrid, y, por tanto, la competencia territorial corresponde a los Juzgados de dicha capital, con exclusión de todos los demás-, -En éste sentido, es de interés la doctrina sentada por la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 2 de Octubre de 1.985, conforme a la que: "cuando la pretendida injuria se vierte a través o por medio de los órganos de comunicación social y con publicidad, adquiere singular relieve cuando se refiere a la forma delictiva y al lugar en que la presunta infracción se cometió... al final, el delito saldrá a la luz en el lugar en donde la revista periodística entra en contacto y conocimiento de quienes son sus destinatarios"-, -Nada tiene que ver que el daño se haya producido en San Sebastián porque allí es donde se conocía al actor, además, no es el lugar de realización donde se ha producido el daño, sino donde se ha producido el hecho, que es una cuestión divergente, y el hecho es indudable que se produce en el lugar en que se publica, en el lugar en que sale a la luz pública, por primera vez, la revista- y -También es inaceptable el argumento del Tribunal "ad quem" en cuanto que podrá elegir el Juzgado de la localidad donde se haya realizado la publicación, o donde se haya difundido la misma o lesionado su honor, que necesariamente será el círculo donde se desenvuelve, principalmente, su personalidad y actividad, puesto que el artículo 11 es taxativo y no establece un fuero alternativo.

Centrándose la infracción denunciada en la errónea interpretación y aplicación del artículo 11.1 de la Ley 62/78, de 26 de Diciembre, sobre Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, en relación con la disposición transitoria 2ª de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, sobre Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, es cierto que la indicada transitoria remite para la tutela judicial de los derechos fundamentales referenciados, a los procedimientos establecidos en las secciones II y III de la Ley 62/78, así como que el citado artículo 11.1, comprendido en la sección 3ª de dicha Ley, dispone que las reclamaciones por vulneración o desconocimiento de tales derechos, se formularán ante los Juzgados de Primera Instancia correspondientes a la localidad donde se haya producido el hecho o donde radique el registro u oficina en que deban manifestarse, con lo cual, parece que, en principio, en los casos de agresiones atentatorias al derecho al honor realizadas a través de publicaciones, la competencia territorial habría de concederse a favor de aquellos órganos jurisdiccionales que radicasen en el lugar de la edición de la publicación en cuestión, sin embargo, debida a la peculiar naturaleza de los ataques al honor por medio de textos periodísticos, en los que cobra especial relieve la difusión de la noticia y que encuentra su cota más alta en el punto de residencia de la persona afectada, al ser ahí, precisamente, donde la noticia propagada origina el mayor quebranto al honor personal y familiar del agraviado y en el ámbito profesional y social del mismo, ello determina la duda racional de que en el caso concreto de autos, aquella regla inicial pueda experimentar una variación en el sentido de poder otorgar preferencia al fuero territorial que sea propio a la parte actora, que, en el caso que nos ocupa, sería el correspondiente a los Juzgados de San Sebastián, especialmente, cuando la contraparte, en su escrito de contestación, además de excepcionar, entró en el fondo del asunto y se opuso a las pretensiones de contrario, lo que debe entenderse, de acuerdo con la reiterada doctrina de la Sala, como un supuesto de sumisión tácita, y, por otro lado, mantener la tesis que propugna la parte recurrente, supondría desconocer por completo el principio de economía procesal, y de aquí, que proceda estimar carente de viabilidad el motivo analizado.

Los restantes motivos se refugian en el ordinal 5º del meritado artículo 1.692 del texto procesal, y en el segundo de ellos se alega la indebida aplicación de la norma contenida en el párrafo 7º del artículo 7 de la ya mencionada Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, en relación con el número 1º del artículo 18 y el apartado d) del número 1º del artículo 20 de la Constitución y Doctrina de la Sala y del Tribunal Constitucional, y su desarrollo argumental responde, resumidamente, a cuanto sigue: -El periodista, no solo tiene el derecho a informar, sino la obligación de hacerlo porque el verdadero titular del derecho a la información es el ciudadano-, -Es reiterada doctrina de las Salas Primera y Segunda del Tribunal Supremo la relativa a que para calificar si un artículo periodístico merece la nota jurídica de licitud civil o penal, se ha de valorar todo el texto publicado (Sentencias de 5 de Mayo de 1.988 y 12 de Mayo de 1.989)-, -La información del caso del secuestro de Don Jorge acaparaba la atención de toda la sociedad y, por tanto, era un hecho noticiable indiscutible, del que los medios informativos se ocuparon ampliamente y del que la Revista semanal Tribunal de Actualidad no fue, ni podía ser una excepción, a no ser que incumpliera su obligación de informar a sus lectores, haciéndolo a través de varios números-, - Modernamente ha aparecido el llamado periodismo de investigación, de gran riesgo y que requiere cualidades especiales, en el que el investigador nada inventa pero no es fácil llegar a la profundidad de los temas-, -La información dada por "Tribuna" resultó de una exhaustiva y honesta investigación respecto a la verdad en su esencia, pudiendo haberse deslizado alguna imprecisión o error-, -Se comparte el criterio de la Sala "a quo", de que tanto el Tribunal Constitucional, como el Supremo, no exigen que los hechos contenidos en la información sean rigurosamente verdaderos, sino que impone un específico deber de diligencia de comprobación razonable de la verdad (Sentencia del Tribunal Supremo 171/90, de 12 de Noviembre), y esa actividad de comprobación razonable no se puede negar al periodista de "Tribuna"- y -La misma Audiencia admite que el tema es de interés público y general, por lo que el derecho a informar tiene carácter preferente sobre los demás derecho individuales, y por ello, no existe intromisión ilegítima-.

Si bien es cierto que el artículo 20 constitucional reconoce y protege los derechos a la libertad de expresión e información, no lo es menos que tales derechos no pueden ejercerse de manera incondicional o absoluta ya que el mismo precepto, en su número 4, establece que esas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, los cuales, se encuentran garantizados en el constitucional artículo 18, y su protección jurisdiccional, en el ámbito civil, se llevó a cabo a través de la Ley Orgánica mencionada. En relación con el problema de la colisión entre los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal, de un lado, y los de libertad de información y expresión, del otro, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha decantado sobre las directrices que, en síntesis, se exponen a continuación: -que la delimitación de la colisión entre tales derechos ha de hacerse caso por caso y sin fijar apriorísticamente los límites entre ellos-, -que la tarea de ponderación ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la posición prevalente, que no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos denominados de la personalidad del artículo 18 de la Constitución Española, ostenta el derecho a la libertad de información del artículo 20.1.d), en función de su doble carácter de libertad individual y de garantía institucional de una opinión pública libre e indisolublemente unida al pluralismo político de dentro de un Estado democrático, siempre que la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos de relevancia pública que son del interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellas intervienen-, -que cuando la libertad de información se quiere ejercer sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor y la intimidad, es preciso para que su proyección sea legítima, que lo informado resulte de interés público, pues sólo entonces puede exigirse de aquellos a quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, la soporten en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos y situaciones que interesen a la comunidad-, -que tal relevancia comunitaria, y no la simple satisfacción de la curiosidad ajena, con frecuencia mal orientada e indebidamente fomentada, es lo único que puede justificar la exigencia de que se asuman aquellas perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de determinada noticia, y reside en tal criterio, por consiguiente, el elemento final de valoración para dirimir, en éstos supuestos, el conflicto entre el honor y la intimidad, de una parte, y la libertad de información, de la otra- y -que la libertad de expresión no puede justificar la atribución a una persona, identificada con su nombre y apellidos, o de alguna forma cuya identificación no deje lugar a dudas, de hechos que la hagan desmerecer del público aprecio y respeto, y reprobables a todas luces, sean cuales fueren los usos sociales del momento (Sentencias de fechas, entre otras, de 23 de Marzo y 26 de Junio de 1.987, y 14 de Febrero y 30 de Marzo de 1.992). La regla de la veracidad que se preconiza en la doctrina jurisprudencial reseñada, se viene a matizar en la sentencia 172/1.990, de 12 de Noviembre, del propio Tribunal Constitucional, del modo siguiente: "que no exige que los hechos o expresiones contenidos en la información sean rigurosamente verdaderos, sino que impone un específico deber de diligencia en la comprobación razonable de su veracidad en el sentido de que la información rectamente obtenida y difundida es digna de protección, aunque su total exactitud sea controvertible o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado". Proyectando las directrices jurisprudenciales transcritas al caso concreto de autos, parece claro que a la información publicada en los distintos reportajes dedicados por la revista "Tribuna de Actualidad" al secuestro del Sr. Jorge, no cabría negarle, en palabras de la sentencia recurrida, "una indudable relevancia pública de carácter objetivo", por resultar de interés general, pero, sin embargo, en las noticias publicadas en torno al Sr. Pedro Miguel no concurre el elemento razonable de veracidad a que se ha hecho referencia, en cuanto que en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida se consigna que de las pruebas practicadas "no sólo no se ha acreditado la veracidad de la información en relación a la persona de Don Pedro Miguel, sino que se ha puesto de manifiesto la negligencia en transmitir como hechos verdaderos, hechos carentes de toda constatación, pues no existe ninguna prueba en autos del cumplimiento por parte de los apelantes el deber de contrastar la información vertida sobre la persona del demandante, siendo a todas luces insuficiente las declaraciones practicadas en el Juzgado Central de Instrucción número 1 para deducir la veracidad de los hechos imputados en la información al Sr. Pedro Miguel, pues de las mismas no se deduce de ninguna manera la intervención del referido letrado en la negociación sobre la liberación del industrial Sr. Jorge", presupuesto fáctico el acabado de exponer que ha quedado incólume al no haber sido combatido por vía casacional adecuada. Así pues, a tenor de lo razonado no es posible en el caso que nos ocupa anteponer, concediendo preferencia, al derecho de información sobre el respeto que merecía el tan citado señor a quedar totalmente al margen de los hechos noticiables.

Aún cuando la información publicada sobre el Sr. Pedro Miguel se haya entresacado del conjunto del trabajo periodístico comprendido en varios números de la Revista "Tribuna de Actualidad", los espacios dedicados a dicho señor han sido tan amplios y detallados que permiten un claro pronunciamiento respecto a su significación y alcance, toda vez que se presenta al mismo como un reiterado intermediario en el secuestro del Sr. Jorge, estableciendo contactos entre los secuestradores y familia del secuestrado a fin de fijar el precio del rescate, por cuya labor percibió, en concepto de comisión u honorarios, una sustanciosa suma dineraria, y sin que en las repetidas noticias sobre el Sr. Pedro Miguel se escatimen datos profesionales y fotografías acerca de su identificación, y todo ello, representa, sin lugar a dudas, la divulgación de unos hechos que, notoria e indudablemente, suponen para la persona destinataria un desmerecimiento en la consideración ajena, puesto que el derecho al honor se encuentra integrado por dos aspecto íntimamente conexionados: el de la inmanencia o mismidad, representado por la estimación que cada persona hace de sí misma, y el de la transcendencia o exterioridad, representado por el reconocimiento que los demás hacen de la propia dignidad, y así, el ataque al honor, con su correlativa lesión, se desenvuelve tanto en el marco interno de la intimidad personal y familiar, como en el externo del ambiente social y profesional, por consiguiente, la información de que se trata tiene encaje en la intromisión ilegítima prevenida en el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/82, lo cual, conduce a la imposibilidad de atribuir al Tribunal "a quo" la infracción de semejante norma, ni, tampoco, por las consideraciones anteriormente hechas, las concernientes a las demás normas y doctrina jurisprudencial referidas en el motivo segundo del recurso, originándose así el fracaso del mismo.

En el motivo tercero se invoca la errónea interpretación de la norma del número 1º del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, aduciéndose que la información vino dada por la propia conducta del demandante, dando lugar a que fuera investigado por las Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que excluye, pues, la intromisión ilegítima al honor por cuanto que actúa como causa de justificación de la información.

El motivo ha de correr la misma suerte que los anteriores, ya que la circunstancia de que el Sr. Pedro Miguel fuera investigado por la Policía, no puede significar que su conducta propiciara la información publicada y entender, con ello, que por sus propios actos no era merecedor de la protección civil dispensada al honor, especialmente, cuando resultaron carentes de prueba los hechos imputados en los artículos periodísticos, por lo que cabe excluir por parte del Tribunal "a quo" una interpretación equivocada del artículo 2.1 de la expresada Ley Orgánica. Y este criterio no puede quedar afectado por la alegación de la Sra. Letrada en el acto de la vista del recurso, relativa a que el recurrido Sr. Pedro Miguel se encuentra, en la actualidad, cumpliendo condena por haber intervenido, al parecer, como intermediario en un secuestro distinto, toda vez que se trata de una cuestión nueva y ajena al caso concreto que nos ocupa, pero es que, además, en dicho caso, como se decía, resultaron carentes de prueba los hechos imputados.

En el cuarto motivo, último formulado, se alega la aplicación indebida de las normas establecidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de 5 de Mayo de 1.982, y al respecto se argumenta que aún existiendo la intromisión ilegítima al derecho del honor, cabe combatir los criterios establecidos en la sentencia para fijar la indemnización, citándose las sentencias de 23 de Marzo de 1.987 y 27 de Octubre de 1.989, y se argumenta, también, que la sentencia recurrida establece en su fundamento de derecho cuarto que no se han probado los perjuicios económicos ya que no se ha acreditado que hayan disminuido los ingresos profesionales del actor o que le hayan producido perjuicios económicos distintos al grave daño moral señalado, por lo que cuantificar éste, sin establecer bases, en quince millones de pesetas, resulta excesivo.

Aunque en materia de resarcimiento de daños, la doctrina de la Sala, manifestada, entre otras, en las sentencias citadas en el motivo, ha sentado, como regla general, que las facultades de los Tribunales de instancia son amplísimas en lo que a su delimitación cuantitativa se refiere y, por ello, que su discusión en casación es, en principio, sumamente difícil, no cabe olvidar que la Ley Orgánica 1/82, en su artículo 9.3, establece unos módulos para la determinación del quantum indemnizatorio, cuyas bases es posible combatirlas casacionalmente. En tal orden de cosas, encontramos que el Tribunal "a quo" consideró que no existían pruebas acerca de que las imputaciones vertidas hubieran disminuido los ingresos profesionales del apelado o le hubieran producido perjuicios económicos distintos al grave daño moral señalado, y consideró, asimismo, la imposibilidad de determinar los beneficios obtenidos por la publicación de las noticias concernientes al Sr. Pedro Miguel, lo que significa, en realidad, que la indemnización fue fijada atendiendo al daño moral, y en este aspecto concreto, la Sala, aún reconociendo la concurrencia del susodicho daño moral y la cierta gravedad del mismo, llega a la conclusión de resultar excesivo el importe concedido por el meritado Tribunal, al estar en función del factor único de la ofensa moral, y aunque su valoración económica es materialmente imposible, partiendo de que la primordial satisfacción compensatoria radica, precisamente, en su reconocimiento y en concederla respaldo judicial ante la sociedad, es por lo que la Sala estima más acorde al derecho la concesión de una indemnización en cuantía de dos millones y medio de pesetas, siendo tan sólo en este particular en el que procede casar la sentencia, dando acogida al motivo último formulado, lo que lleva consigo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.715.4º de la Ley de Enjuiciamiento civil, la declaración de haber lugar al recurso, sin pronunciamiento alguno respecto a las costas causadas en él.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DECLARANDO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador Don José Luis Ferrer Recuero, en nombre y representación de Don Esteban, Don Rosendo y la entidad "Tribuna de Ediciones de Medios Informativos, S.A.", contra la sentencia de fecha tres de Abril de mil novecientos noventa y uno, dictada por la Sección Segunda de la Iltma. Audiencia Provincial de San Sebastián, debemos casar y casamos dicha sentencia pero en el sólo y único particular de fijar la cuantía indemnizatoria en la suma de dos millones quinientas mil pesetas, (2.500.000.- pesetas), confirmándola en sus restantes pronunciamientos, y ello, sin hacer declaración expresa alguna acerca de las costas causadas en el recurso. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con remisión de los autos y rollo de apelación recibidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Barcala y Trillo-Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.