STS 492/2002, 13 de Marzo de 2002

CONDENAMOS al acusado Victor Manuel , cuyos demás datos personales, ya constan en el encabezamiento de esta resolución, como autor responsable de un delito contra la salud pública, modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, que a su vez consume o absorbe a un delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud humana, en cantidad de notoria importancia, ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el timpo de la condena y MULTA DE QUINIENTAS MIL PESETAS (500.000 pts.) con una responsabilidad personal subsidiaria de diez días, caso de impago; y pago de costas en una tercera parte.

CONDENAMOS al acusado Jose Daniel , cuyois demás datos personales ya constan en el encabezamiento de esta resolución, como autor responsable de un delito contra la salud pública, modalidad de tráfico de drogas de las que no causan grave daño a la salud humana, en cantidad de notoria importancia, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de TRES AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE ONCE MILLONES DE PESETAS (11.000.000 pts.) con una responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses, caso de impago; y abono de costas en una tercera parte.

ABSOLVEMOS libremente a la acusada Milagros , cuyas demás circunstancias personas ya constan en el encabexzamiento de esta resolución del delito contra la salud pública, modalidad de tráfico de drogas de las que no causan grave daño a la salud, tipobásico, ya definido, del que venía acusada por el Ministerio Fiscal, declarando de oficio las costas procesales en una tercera parte.

Decretamos el comiso y destrucción de toda la droga ocupada (cocaína y hachís).

Decretamos el comiso de los 5.500.000 pts. ocupados al acusado Victor Manuel .

Acredítese la solvencia o insolvencia de los acusados reclamando del Juzgado Instructor la pieza de responsabilidad civil que ordneó formar por auto de fecha 20 de septiembre de 1999.

Se declaran embargados, a resultas de esta causa, 50.000 pts. de las 100.000 pts. ocupadas a los esposos Jose Daniel -Milagros . Las otras 50.000 pts. se le devolverán a la acusada absuelta Milagros .

Se declaran embargadas, a resultas de este procedimiento, las 51.000. pts. ocupadas personalmente al acusado Victor Manuel .

En cuanto al embargo de la tercera parte de las libretas de ahorros de los tres hermanos Victor ManuelClaudioJuan Ramón estése a lo haya practicado el Juzgado Instructor en la pieza de responsabilidad civil que se reclama.

Y para el cumplimiento de la pena principal que se impone y subsidiaria, en su caso, les abonamos todo el tiempo que han estado privados los acusados de libertad por razón de esta causa; y que ya consta en el encabezamiento de esta resolución".

3. - Notificada la Sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley y de preceptos constitucionales, por el acusado Victor Manuel , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizáneose el recurso.

4. - El recurso interuesto por la representación del acusado Victor Manuel , se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN: Primero.- Por lavía del núm. 4 del art. 5 L.O.P.J. se denuncia el quebratamiento del principio constitucional de presunción de inocencia de Victor Manuel (art. 24-2 de la Constitución) en cuanto ha sido condenado sin la existencia de una actividad probatoria de entidad suficiente, y con aptitud y virtualidad unívoca para destruir el principio y presunción de inocencia del recurrente. Segundo.- Por la vía del nº 4 del art. 5 de la L.O.P.J. en cuanto no se ha producido la más mínima motivación en la Sentencia respecto al comiso de la cantidad de 5.500.000 pts. que la Sala de instancia decreta en el fallo de la sentencia, vulnerando de esta forma el párrafo 3 del art. 120 de la Constitución española. Tercero.- Por la vía del nº 2 del art. 849 de la L.E.Cr. cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuedstran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, y al no constar en la relación fáctica de la Sentencia los recursos económicos acreditados por el recurrente por la presentación de prueba documental en el acto del juicio oral, se incurre en quebrantmaiento aducido. Cuarto-- Por la vía del nº 1 del art. 849 de la L.E.Cr. en cuanto que en la Sentencia combatida se decreta el comiso de la cantidad de 5.500.000 pts. intervenida en el domicilio de la CALLE002 nº NUM005 , NUM006 . de Zaragoza, que compartía con sus hermanos Claudio y Juan Ramón , cuando la citada cantidad debió, acaso si lo estimaba la Sala, ser embargada pero nunca ser objeto de comiso y ello con independencia de lo afirmado en el precedente motivo de casación, vulnerando los arts. 127 y 374 del C.Penal.

5. - Instruído el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto impugnó todos los motivos alegados en el mismo; la Sala lo admitió a trámite y quedaron conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el correspondiente señalamiento, se celebró la votación y fallo del presente recurso el día 7 de Marzo del año 2002.

Por la vía del nº 4 del art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia en el primer motivo por Victor Manuel el quebrantamiento del principio constitucional de presunción de inocencia (art. 24-2 C.E.), por entender ha sido condenado sin la existencia de una actividad probatoria de entidad suficiente y con aptitud y virtualidad unívoca en orden a la destrucción del derecho a la presunción de inocencia que le ampara.

1. La denuncia obliga al Tribunal de casación a analizar y comprobar que no ha existido un vacío probatorio y que los pronunciamientos de la sentencia no se apoyan en simples conjeturas o sospechas, fruto del voluntarismo judicial, sino en auténticas pruebas de cargo, obtenidas con pleno respeto a los derechos constitucionales y practicadas en el plenario con observancia de los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción. No es posible asignar a cada una de las probanzas de que ha dispuesto el Tribunal, un concreto nivel de credibilidad o determinada potenciabilidad acreditativa, ya que la ponderación valorativa corresponde realizarla de modo exclusivo y excluyente al Tribunal que ha gozado de inmediación (art. 741 L.E.Cr.).

   Consecuentemente todas las consideraciones de índole valorativa que se desarrollan en el motivo se tornan inoperantes.

2. Analizando de forma concreta la existencia de pruebas de cargo, frente al recurrente, resulta lo siguiente:

   1. Respecto al delito referido a "droga dura" o que causa grave daño a la salud se contó con los siguientes elementos probatorios:

      -En el trabajo se le ocupa un envoltorio de 0,42 grms.de cocaína del 79 % de pureza.

      -En su casa, en el armario que utiliza y entre sus ropas, es habido un envase que contenía 47,54 grms.de cocaína con una pureza del 81,30 %.

      -Dinero que llevaba consigo, intervenido en el lugar de trabajo: 50.000 pts.(300,51 euros) en metálico y un talón al portador por otras 50.000 pts. (350,51 euros)..

      -Dinero encontrado en su casa: 5.500.000 pts.(33.055,67 euros), entre el somier y colchón en su propia cama. En libretas unos 3.600.000 pts.(21.636,44 euros), y opciones financieras 3.000.000 millones (18.030,36 euros). En total sobre los 12 millones de pesetas (72.121,45 euros)

      Si sobre todo ello reparamos el alto grado de pureza de la droga, respecto del que la experiencia nos dice que no es droga de consumo, sino dispuesta a ser cortada y manipulada para su venta ulterior; lo anómalo y desproporcionado de los ingresos para un obrero metalúrgico, que además debe contribuir al sostenimiento de dos hermanos con limitaciones físicas; el modo de guardar el dinero, si tuviera un origen lícito y por último que el acusado no es consumidor de tal sustancia, ni siquiera esporádico, hallaremos lógica y fundada la convicción del Tribunal.

   2. Respecto al delito cometido por razón del hachís:

      -Compartía el cuarto trastero con el otro acusado, y en tal lugar se encontró la maleta con más de 44 kilogramos de ese producto.

      -Hallazgo en su poder de la llave de acceso al local y a la maleta que contenía la droga.

      -En el cacheo personal se le intervinieron tres láminas de hachís, de similar concentración en cannabinoles, que la droga custodiada en la antedicha maleta.

      -Un recipiente de plástico con 50,15 gramos de la misma sustancia.

      -Declaraciones testificales de la policía sobre la frecuencia de las entradas y salidas, sólo o con el coimputado al local y trastero donde fue hallado el alijo de hachís (44 kg.).

      A todo ello debe añadirse como en el caso anterior las altísimas sumas de dinero aprehendidas, y que el acusado no consumía droga.

      Es evidente, después de lo reseñado, que el acervo probatorio con que contó el Tribunal de origen fue, no sólo suficiente, sino abundante y exhaustivo para justificar la sentencia condenatoria recurrida.

      El motivo no puede merecer acogida.

Residenciado en el art. 5-4º L.O.P.J., alega en el correlativo ordinal, vulneración de derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (art. 120-3 C.E.), al no haberse producido respecto al comiso de la cantidad de 5.500.000 pts.(33.055,67 euros).

La sentencia, según el recurrente, debió manifestar, al amparo de los arts. 127 y 374 del C.Penal, las razones que justificaron el comiso.

1. Es cierto que de forma específica y concreta no se contiene una excesiva motivación justificativa del comiso del dinero, y cierto es también, que tal decisión debe estar sometida a motivación, como lo está la cantidad de pena a imponer en las sentencias.

   Pero tal principio ha sido moderado por la jurisprudencia de nuestros Tribunales, especialmente del Constitucional. Para valorar la suficiencia de la motivación es factible tomar en consideración los datos que directamente emanen o deriven del resto de las argumentaciones, en las que se pongan de relieve las circunstancias o elementos integrantes del delito. De ahí, que en más de una ocasión, desprendiéndose del tenor general de la sentencia los datos precisos justificativos de una decisión judicial, haya sido posible subsanar, en vía de recurso, las deficiencias en la motivación. Así lo ha proclamado el T.Constitucional, en relación a la motivación de la pena, que resultaría satisfecha siempre que las razones de la imposición puedan desprenderse con claridad del conjunto de su decisión adoptada en las sentencias (S.T.C. nº 59/2000 de 2 de marzo). La doctrina es plenamente extrapolable a cualquier motivación que la sentencia demande.

2. Sobre la base de las precedentes consideraciones, en el caso de autos, tropezamos con lo siguiente:

   1. Referencias en el factum:

      -En el relato de hechos probados se describe la ocupación de importantes cantidades de dinero, que no suelen guardarse de ese modo.

      -Las deficiencias físicas de los hermanos del recurrente (ap. 2º hechos probados), según el cual Juan Ramón sufre paraplejía T-12, por accidente de tráfico y Claudio se hallaba jubilado por incapacidad, lo que permite concluir que pocos ingresos deberían aportar a la casa común. Por el contrario, su sostenimiento corría a cargo del acusado.

      -La disponibilidad que el recurrente tenía sobre el hachís (por valor de 10.900.000 pts - 65.510,32 euros-), como se desprende de las llaves que le fueron ocupadas, que abrían el local y maleta donde se hallaba escondido, y las idas y venidas a tal sitio, confirmadas por los agentes que depusieron en juicio, resultado de las vigilancias que montaron.

      -Igual disponibilidad tenía sobre la cocaína intervenida, por valor próximo a las 500.000 pts. (3.005,06 euros).

      Con tales precedentes es llano entender que los rendimientos por traficar con tales sustancias serían más espectaculares y enjundiosos que el simple jornal de un trabajador por cuenta ajena, para justificar las cantidades dinerarias descubiertas.

   2. Referencias en el fundamento jurídico cuarto, apartado d):

      -Ocupación de sumas cuantiosas de dinero, reiterando lo ya dicho.

      -Forma primitiva en que se hallan escondidas.

      -Excesivas a su condición de obrero metalúrgico.

      -Las excusas que ha dado, muy loables dentro de la dialéctica defensiva (juego, enfermedad y operación de un hermano sin tener señalada hora y clínica concreta, consumidor esporádico de droga, etc), no son verosímiles.

      Con todas esas circunstancias valoradas en conjunto, entendemos queda más que justificada y razonada la medida de comiso adoptada por el Tribunal sentenciador.

      El motivo debe fenecer.

Al amparo del art. 849-2º L.E.Cr., se denuncia, en el motivo señalado con igual ordinal, error en la apreciación de la prueba con apoyo en las libretas de ahorro del Banco Central Hispano y de Iber Caja en los últimos años, así como en la nómina de la empresa "Opel España de Automóviles, S.A.", aportadas al juicio oral con propósito de justificar ingresos.

1. Los documentos en cuestión, por su propia condición y contenido, sólo son capaces de acreditar el dinero existente en las libretas (sin que resulte plenamente justificado que los ingresos allí reflejados, procedan de su trabajo) y cuál es el jornal que percibe.

   El Tribunal en hechos probados sólo reseña lo intervenido en el momento de desenvolverse la actuación policial, pero da por supuesto, por consignarlo así en el factum, que el acusado posee los ingresos, por cierto no elevados, de un obrero.

   Los documentos aportados carecen de autarquía probatoria o de literosuficiencia que supone la capacidad de demostrar "per se", sin necesidad de mayores razonamientos o interprataciones, el error padecido por el Tribunal.

2. Por otro lado, no debe pasar desapercibido que el precepto procesal que autoriza el motivo, exige que lo incorporado al documento no se halle en contradicción con otras pruebas.

   En hechos probados se reseña la disponibilidad del acusado respecto a cantidades de droga que superan los 11 millones de pesetas, actividad ilícita, que origina cuantiosos beneficios, infinitamente superiores al jornal de un operario, como la experiencia nos demuestra.

   Junto a tal probanza se dan circunstancias en el caso, que permiten inferir que esos ahorros, por exceder de las normales o regulares posibilidades de un trabajador, tuvieron un origen en el ilícito tráfico de drogas.

   El hecho de esconder el dinero en el domicilio del acusado en la forma tosca en que se encontraba, en lugar de tenerlo depositado en una entidad bancaria con posibilidades de alguna rentabilidad, permite igualmente deducir otro origen al que el censurante quiere atribuir con los documentos que señala.

   El motivo debe decaer.

En el último de los motivos que articula, reproduce los argumentos del segundo, si bien ahora actuando por la vía del art. 849-1º L.E.Cr. infracción de ley, entendiendo incorrectamente aplicados los arts. 127 y 374 del Código Penal.

El motivo está en directa relación con el 2º, ya que parte de la ausencia de justificación o motivación en el comiso del dinero, lo que determinaría la improcedencia de tal declaración ó a lo sumo actuar sobre la importante suma de 5.500.000 pts.(33.055,67 euros) embargándola, para garantizar el pago de la multa y responsabilidades civiles de la causa.

1. El cauce casacional que ha elegido el recurrente obliga al más absoluto acatamiento de los hechos probados, y en ellos se atribuye la titularidad del dinero al acusado. Y no se hace caprichosamente, sino atendiendo a la práctica ausencia de ingresos de los otros hermanos, y a la notoria insuficiencia del salario de un trabajador, ajustado para cubrir las necesidades vitales de tres personas, para justificar ahorros tan espectaculares. Insistimos que también era el único que poseía una excepcional fuente de ingresos, con el tráfico de la droga que poseía.

2. Por otra parte, el recurrente quiere justificar los ingresos por las finalidades a que quería dedicarlos, cuando lo que se le exige es que acredite su origen lícito. Pero aún así, trata de justificar unos gastos futuros, con argumentos que el Tribunal analiza, reputándolos inverosímiles, decayendo de este modo la coartada o contraprueba ofrecida.

El motivo no puede prosperar y con él el recurso. Las costas se deben imponer al recurrente por así preveerlo el art. 901 L.E.Criminal.

III.