STS, 15 de Abril de 1997

Las precisiones que anteceden en orden a la declaración de hechos probados de la sentencia no hacen sino responder a una convicción emanada de la copiosa prueba pericial, documental y testifical practicada en el acto del juicio. En este sentido procede destacar:

1. Que las especificaciones que se efectúan al punto cuarto dimanan, de un lado, del estudio del propio proyecto de los elementos mecánicos que fue redactado por la Agrupación Temporal de Empresas, a quien se le adjudicó su ejecución, y, de otra parte, de la amplia coincidencia que han manifestado los variados dictamenes periciales, en esta cuestión escásamente divergentes, admitiendo la posibilidad de apertura de las compuertas cuando por encima de ellas discurriese una lámina de agua de hasta tres metros de altura, siendo a partir de este límite cuando ya se ofrecía serios y consistentes reparos para que se produjese esa operación, conclusión que, por demás, deviene concordante con la misma descripción de las características técnicas de las referidas compuertas.

2. Las distintas delimitaciones atinentes al punto decimocuarto no son mas que fiel reflejo de la testifical prestada por el personal del Ministerio de Obras Publicas, en justa correspondencia con la también prestada por los trabajadores de Agromán S.A, de DIRECCION005, de Balser, y del empleado Sr. Ernestode la Confederación Hidrográfica del Júcar, alcanzando singular significación los de la segunda de esas empresas que verificaban las labores del cambio de aceite en el desagüe de fondo, que han venido a exponer todas las incidencias habidas en relación con tal operación y ello con ajuste a los partes de trabajo que se elaboraban.

3. Las precisiones que se hacen a los puntos decimosexto y decimoséptimo propiamente no suponen mas que unos matices explicativos de unas circunstancias enteramente reconocidas en la misma declaración fáctica.

4. El primer aspecto o apartado a) de la matización efectuada al punto decimoctavo no trata sino de concretar unas cantidades, cuya consideración aparece importante para conformar las consecuencias que directamente se derivaron del desmoronamiento de la Presa, esto es, onda de avenida y volumen de agua desaguado, respecto de las que ha existido también un criterio pericial prácticamente unánime.

   Sin embargo, es acerca de la cuestión atinente a la determinación de la punta máxima de avenida y su reflejo horario, con la consiguiente incidencia en orden a fijar el caudal máximo de entrada de agua en el Pantano, tanto procedente del rio Escalona como del Júcar, donde se ha diversificado en dos claras tendencias los amplísimos y ciertamente brillantes dictamenes periciales emitidos, dada la singular calidad técnica de los peritos que los han elaborado, pues mientras los facilitados por los propuestos por las acusaciones, siguiendo la trayectoria de todos los que se habían confeccionado desde las primeras actuaciones judiciales, centran sus cálculos en una punta máxima de avenida entre 5.000 a 5.500 metros cúbicos por segundo en la central "Juan de Urrutia", que viene a ser la cola del embalse, y, en concreto, cifran que el caudal máximo de entrada no superó los 7.800 metros cúbicos por segundo, computada la procedente del rio Escalona, cantidad que hubiera podido ser absorbida de haber estado abiertas las compuertas de todas las salidas del pantano, con lo que se hubiera evitado el derrumbe del cuerpo central de la Presa, los realizados por los peritos de las defensas, basándose en un inicial trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia, y rectificando anteriores criterios -que en esencia resultaban coincidentes con los datos precedentes- según estudios efectuados a raíz de su intervención en el juicio que fue declarado nulo, llegan a la conclusión de que por la indicada central "Juan de Urrutia" la punta máxima de avenida debió de alcanzar sobre los 8.000 metros cúbicos por segundo, por lo que el caudal total entrado, con el del rio Escalona, debe situarse entre los 10.000 y 11.000 metros cúbicos por segundo, lo que aboca a entender como ineludible el desmoronamiento de la presa, unas horas más tarde de cuando ocurrió, aún con la adopción de todo tipo de previsiones.

   Desde el reconocimiento de la dificultad que comporta inclinarse por una de las dos tesis, se ha aceptado la primera de las expuestas porque de la testifical practicada se han manifestado una serie de circunstancias que abonan una mayor credibilidad en favor del indicado criterio. A tal efecto, se ha de destacar los relatos facilitados por los senores Plácidoy Jesús Luis, los que se encontraban trabajando en la Central de Cofrentes en el día del acaecimiento fáctico. El primero, vecino de Jalance, y encargado por el servicio meteorológico de controlar un pluviómetro que poseía en su casa, además de facilitar el dato de litros por metros cuadrado más alto de todos los que se llegaron a registrar -sobre unos 160 litros desde las 4 a las 11 horas del día 20, y 556, 50 litros desde las 11 hasta las 18 horas del mismo día- declara expresamente, reiterando su afirmación, que a las 18 horas del día 20 dejó ya de llover en ese sector territorial, abundando en que en el puente existente en el rio Júcar en las proximidades de la central, que pudo atravesar con anterioridad a las 13 horas, la máxima altura de agua que discurrió sobre él se produciría entre las 14 y las 17 horas, consideración que hace derivar del incidente habido para rescatar a un operario de vigilancia que para evitar se lo llevara la avenida se había sujetado con su cinturón a una de las farolas del pretil del puente. El segundo de ellos, cifra esa máxima altura sobre las 17 a 19 horas del día 20, afirmando que él sobre las 22 horas pudo pasar por encima del puente. En función de estas referencias que devienen muy significativas si se relaciona, de un lado, la zona territorial donde con mucho, respecto de otros sectores, llovió con más intensidad, con estricta precisión del momento en que dejó de hacerlo; de otra parte, el enclave del puente, que se halla ubicado en un lugar en donde el Júcar ya ha recibido el agua de todos sus principales afluentes aguas arriba de la Presa, con excepción del rio Escalona; y, por ultimo, la distancia entre ese lugar y el Pantano, reflejada por los múltiples planos obrantes en la causa, y la presumible velocidad del agua, se ha de llegar a la conclusión de que se ofrece una mayor y más exacta correspondencia con los presupuestos de los dictamenes que han conformado la primera de las mentadas tesis, separándose de los tenidos en consideración por la segunda de ellas. De aquí que se haya apreciado acreditado el debate en los términos expuestos en el apartado b) de la acotación efectuada al punto decimoctavo.

5. La consideración que se hace al punto decimonoveno recoge directamente el reflejo de lo que se describe de forma minuciosa en el punto vigésimo. Se trata, por lo tanto, de un matiz que propugna una aproximación más exacta y adecuada a la realidad de la situación que genéricamente se contempla en el aludido punto.

6. Las referencias que se contienen en la matización al punto vigésimo intentan completar la propia declaración fáctica de la sentencia con una serie de datos que, en su caso, hubieran resultado necesarios para adentrarse en el ámbito de la cuantificación de la responsabilidad civil, razón que también justifica la inclusión en la versión histórica de los danos sufridos por los perjudicados, cual se propugna como nuevo punto a anadir, que se ha senalado con el numero vigésimo tercero.

7. Por último, se estima que también debería completarse el relato de hechos probados con la declaración que se contiene en el que se ha indicado como el punto vigésimo segundo, no ya por ser un hecho notorio sino porque así se constata de la documental obrantes en autos.

El haber asumido la tesis pericial en los términos que se ha comentado en el precedente apartado d) del anterior fundamento, conlleva a rechazar la postura sustentada por alguna de las defensas, y esencialmente por la Abogacía del Estado, en tanto se ha propugnado la absolución de los acusados aludiendo a la teoría de la inevitabilidad del resultado, ciertamente recogida por la doctrina jurisprudencial cuando afirma la ruptura del nexo de causalidad, con independencia de la precaución, cuidado o diligencia que se hubiese adoptado por los agentes participantes, si el resultado danoso se hubiere llegado a producir siempre, pues ciertamente en el caso examinado no se evidencia tal condicionante, hasta el punto de que los propios peritos de la defensa -que como se ha indicado sostienen la segunda de las tesis- reconocen que de admitirse la hipótesis de que el caudal máximo de agua alcanzase a los 7.800 metros cúbicos por segundo, no se hubiese desmoronado la Presa, razón por la que, en coincidencia con los propios peritos de las acusaciones, se llega incluso a indicar que el evento danoso no encuentra su enlace con posibles defectos en la concepción estructural de la Presa, pues, aún de haberlos, devendrían extranos a la relación de causalidad, lo que hay que aceptar como concluyente, ya que abiertas las compuertas se hubiese permitido el desagüe sin llegar a derrumbarse la Presa.

Si, pues, no cabe entender admisible la concurrencia de una fuerza mayor y hay que partir del hecho objetivo de que la Presa, estando bien concebida y ejecutada, se desmoronó, la causa de tal efecto habrá de encontrarse sencillamente en que no se abrieron las compuertas cuando debían de haberse abierto.

Esta circunstancia es la que conecta ya con el elemento normativo o factor externo de la imprudencia o infracción culposa, en cuanto se impone en toda actuación humana un deber objetivo de cuidado, para evitar el dano o perjuicio a terceros, que, como es natural, se acrecienta notoriamente cuando el riesgo dimanante de la actividad es susceptible de provocar situaciones catastróficas.

Esa misma razón justifica que en torno a la construcción y explotación de grandes presas, como era la de DIRECCION004, se haya llegado a regular reglamentariamente una "Instrucción para proyecto, construcción y explotación de grandes presas", aprobada por orden Ministerial de 21 de Agosto de 1967, que canaliza las adecuadas normas de gobierno para prevenir el peligro que siempre comporta una obra de tal signo. Y en esa línea, al conformar las normas particulares para el proyecto de presas de materiales sueltos destaca como "fundamental" -expresión que refuerza el signo de la previsión- "evitar cualquier riesgo de vertido sobre la coronación" (artículo 55.1), sin duda porque de no ser así estaría abocada la presa a su destrucción, y al articular las normas de explotación, conservación y vigilancia, aludiendo a la necesidad de garantizar la seguridad de las presas, delimita en el articulo 94.2 que, respecto de los aliviaderos, "deberán exigir que se maniobren las compuertas de manera que el nivel del embalse no se eleve sobre su máximo normal antes de que las compuertas queden completamente abiertas".

No cabe duda que estos deberes, que no hacen sino prevenir el desmoronamiento de una presa de las características senaladas, fueron infringidos en el caso de autos, constatándose la concurrencia del elemento normativo o antijurídico.

Desde esta consideración, en el proceso discursivo, deviene pertinente el examen de su posible reprochabilidad a las conductas de los acusados, en cuanto que resulta preciso, para la integración del tipo, el factor subjetivo de la falta de previsión relevante que como detonador del riesgo se convierta, en precisa relación causal, en el determinante del evento con el consiguiente dano producido. Es aquí donde surge la disidencia. Se comparte con los demás miembros del Tribunal la decisión absolutoria de los Sres. Carlos Joséy FranciscoMercadal pero no así la atinente al Sr. Eloy. Para llegar a esta conclusión resulta necesario delimitar los siguientes aspectos:

1. Que es un hecho incuestionable que a raíz de haberse llenado el embalse de DIRECCION004se inició su explotación, bien que se haya tildado de anticipada, o, por sus características, de ser una explotación "sui generis".

   Si se atiende a lo previsto en el articulo 94 de la Instrucción para proyecto, construcción y explotación de grandes presas, regulador de las "normas de explotación, conservación y vigilancia de las presas", se ha de entender por tal la realización de las siguientes operación: Registro de

   datos meteorológicos, de precipitaciones y temperaturas máximas y mínimas; registro y vigilancia de los niveles de embalses; estimación diaria de las aportaciones afluentes al embalse y de los volúmenes desaguados; actuaciones ante la presencia de una crecida; inspección y conservación de las compuertas y mecanismos de los aliviaderos y de los desagües; inspección y vigilancia de las galerías y filtraciones; recogida de datos de los dispositivos de auscultación y control; y conservación de las fabricas, de los sistemas de comunicación y de las demás instalaciones.

   Al socaire de esta conceptuación descriptiva no cabe duda, atendido el punto décimo del relato fáctico probado, que la explotación, conservación y vigilancia de la presa de DIRECCION004estaba encomendada al equipo que se dejó en la Presa a partir de mayo o junio de 1981 al corresponderse sus funciones con las expresadas, cuyo máximo responsable a píe de obra era el Sr. Eloy.

2. Que, como consecuencia de ello, deviene rechazable la pretendida tesis de las defensas de atribuir la explotación a organismo distinto, y, en concreto, a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

3. Que en función de la conclusión expuesta, y aunque pudiera suscitarse una cuestión interpretativa acerca de quien debía asumir la dirección de la explotación en tanto el artículo 92.1 de la indicada Instrucción no matiza suficientemente al aludir, en las presas explotadas directamente por el Estado, al "Ingeniero Encargado", sin precisar, como se puntualiza en el artículo 59 en relación con la construcción, que se trate de un Ingeniero Caminos, Canales y Puertos, por lo que no se excluye que el " Encargado " pudiera ser un ingeniero Técnico de Obras Públicas, condición que ostentaba el senor Eloy, es lo cierto que aún admitiendo que esa función directiva recayese en los sucesivos Ingenieros Directores de la obra - el Sr. Carlos Joséhasta el 10 de Agosto de 1981; el Sr. Millán, desde esa fecha, hasta que, en Julio de 1982, lo dejara, de hecho, por su enfermedad; y Sr. Iván, quien la asumiera desde esa última fecha hasta compartirla con el anterior, por su concomitante incorporación, en los días en que se produjo el fatal desmoronamiento de la presa- y que, por consiguiente, a ellos les correspondía concretar las normas de explotación, conservación y vigilancia de la Presa, y, por ende, asumir su responsabilidad, no es admisible reducir la intervención del mentado acusado Sr. Eloya una actuación de obediencia ciega sin la más mínima capacidad de decisión, cuando por su condición de personal técnico cualificado y por la misma estructuración orgánica administrativa -los Directores no estaban a píe de obra y compaginaban su función, respecto de la Presa de DIRECCION004, con otras muchas tareas referidas a las Jefaturas de las Secciones de Presas o incluso, el último de ellos, del propio Servicio de Regadíos y Defensas, por lo que residían en Madrid- era quien, al menos, ejecutaba las directrices rectoras que emitieran los indicados directores de obra, y en el desempeno de tal labor se infiere ínsitamente la capacidad de mando necesaria para conseguir el adecuado cumplimiento de lo que debía ejecutarse, por lo que ha de rechazarse, como así testificó el senor Iván, que la determinación de colocar y mantener, durante los días 18 y 19 de octubre, el grupo electrógeno móvil en la pasarela de entrada a la torre de embocadura del desagüe de fondo, le viniere impuesta desde Madrid, sino que ha de entenderse, en todo caso, una decisión adoptada por aquél al cumplir la encomienda de facilitar a los trabajadores de DIRECCION005lo necesario para que efectuaran sus trabajos de revisión.

   Y D) Que por ese mismo diseno ha de entenderse que también le competía la observancia de las obligaciones previstas en el articulo 97 de la aludida Instrucción relativas a la dación de cuenta a sus superiores de las "eventualidades que se presenten y sean capaces de afectar a la seguridad de la obra...", y a la adopción de medidas inaplazables que se requiriesen en caso de urgencia, lo que se corrobora por ser esta la forma en que actuó cuando llego a la Presa en la manana del día 20 de Octubre, en tanto asumió la dirección personal, como máximo responsable en la obra, de todo el aparato dispositivo tendente a evitar que se llegase a producir lo que al final aconteció.

Hechas las precisiones que anteceden, necesarias para la adecuada valoración de la conducta de los acusados, procede en este momento adentrarse en resaltar los condicionantes que provocaron la no apertura de los mecanismos del sistema de desagüe de la Presa y fundamentalmente de las compuertas del aliviadero de superficie, que, como se dijo, se ha constituido en la causa origen del desmoronamiento del eje central del pantano con su consiguiente efecto catastrófico.

De la versión histórica acreditada se induce claramente la concurrencia de dos esenciales factores:

1s. La acusada carencia de vigilancia en la presa. Basta tener en consideración que todo el personal que atendía a su explotación, sólo permanecían desde las 8 a las 18 horas los días laborables, acudiendo los sábados y festivos únicamente un trabajador durante un escasísimo espacio temporal, lo que permite afirmar que durante catorce horas diarias y prácticamente íntegros los sábados y festivos, había una ausencia total de vigilancia y control de la Presa. Y este sistema se mantenía en cualquier época del ano, incluso en los meses del otono, cuando era notorio y enteramente conocido por el personal cualificado -se conectaba el automatismo de la compuerta central como única medida de prevención- que, en esa fase del ano, históricamente se habían producido múltiples y súbitas avenidas del rio a consecuencia de copiosas precipitaciones, por tener lugar con cierta frecuencia el fenómeno meteorológico que ha venido en denominarse "gota fría", lo que, en un orden de exigencia normal de cuidado en función del riesgo que comportaba la naturaleza de materiales sueltos de la presa, presuponía como necesario, al menos en esa etapa otonal, un sistema continuo de vigilancia y control debidamente organizado, con el personal adecuado, que permitiera atender al normativo deber objetivo de cuidado en los términos anteriormente expuestos.

2s. La inexistencia, desde un plano efectivo, que no teórico, de las dos distintas fuentes de energía eléctrica que se precisaban para accionar, con carácter alternativo, los mecanismos de apertura de todas las compuertas, conforme viene impuesto, con una manifiesta finalidad de prevención aseguradora, en los artículos 19.3 y 20 de la ya senalada Instrucción, por cuanto que no puede entenderse que ese propósito, que dimana de la norma reglamentaria, tenga adecuado y correcto cumplimiento cuando para abrir hasta los once mecanismos de los distintos elementos del sistema de desagüe sólo existía en la Presa, como alternativa a la única linea de energía eléctrica, un grupo electrógeno móvil, que, por demás, al ser llevado ni siquiera funcionaba, precisando una reparación que dio lugar al retraso en la operación del cambio de aceite, que verificaban los trabajadores de DIRECCION005. y, cuando, de otra parte, se situaba dicho grupo, dejándolo sin control inmediato, en un lugar en que notoria y palmariamente podía resultar inservible, como de hecho así ocurrió.

Al relacionar los indicados factores o causas de la falta de funcionamiento de los mecanismos del sistema de desagüe con las diversas actuaciones, que resultan acreditadas, de los tres acusados, se ha de compartir la decisión absolutoria de la sentencia respecto de los Sres Carlos Joséy Francisco, porque ciertamente no se infieren las condiciones para establecer objetivamente la imputación culpabilística ya que, respecto del primero, aún cuando pudiera apreciarse que al haber sido director de la obra hasta agosto de 1981, es decir, en una época en que la Presa ya estaba en explotación, sentara las bases iniciales de la presencia de los factores desencadenantes del evento, es tan considerable el tiempo transcurrido desde que dejara de actuar, más de un ano, y fundamentalmente adquiere tan singular relevancia la intervención posterior no sólo de otro ingeniero a él equiparable, sino del propio Jefe del Servicio, con una capacidad incluso más amplia para la adopción de las pertinentes medidas de corrección, que mal puede constatarse la necesaria y precisa relación causal, lo que obstaculiza la integración del tipo delictivo; al igual que sucede con el segundo de los mentados acusados, pues las previsiones que tomó se corresponden objetivamente con la exigibilidad ordinaria que era de esperar atendida la forma y las condiciones en que recibiera el aviso de la posibilidad de lluvias intensas, por lo que se desvirtúa el reproche culpabilístico. Sin embargo, no se puede predicar lo mismo con el tercero de los acusados Sr. Eloy, pues aunque deba referirse la obligación de previsión del pertinente y adecuado sistema de vigilancia y control al Ingeniero Director de la obra, o la Jefatura del Servicio, o, en último caso, a la propia Dirección General de Obras Hidráulicas, no cabe excluir una cierta participación en la misma actuación omisiva, en tanto que como uno de los máximos conocedores de las características de la presa y del rio, en que estaba ubicada, y sujeto, por razón de su cargo, a la observancia de dar cuenta a sus superiores de aquellas eventualidades capaces de afectar a su seguridad, -la más acusada y factible de evidenciar, sin duda alguna, era esa carencia de vigilancia-ninguna prevención adoptó en tal sentido, y, aún cuando, en el orden de las concausas, su actuación, en este aspecto, venga degradada por una clara y manifiesta responsabilidad mayor de la de la Jefatura del Servicio, que podría incluso hasta desvirtuar, o conducir al ámbito civil, su reproche culpabilístico, no procede valorar, en el mismo sentido, la vinculación con el segundo de los factores determinantes del suceso acaecído, habida cuenta de que, con entera objetividad, a él le resulta imputable en su mayor medida, por cuanto que permitió que la presa llegara a quedarse con un sólo grupo electrógeno, cuando, al menos contaba con dos del Ministerio de Obras Públicas, que tenia asignados de manera permanente, y un mínimo de precaución le exigía prevenir su respectiva sustitución, en el momento en que se los llevaran para ser arreglados, cuando se estropearon, y con mayor motivo si esto se produjo al mismo tiempo, y ya partiendo de la presencia de ese único grupo electrógeno, también, en un principio, sin las condiciones precisas para funcionar, consintió que el mismo, en un amplio margen horario en que era consciente que no quedaba nadie en la presa, restase en un lugar, que, al no tener efecto laminador esa última, era de todo punto factible que con una avenida, provocada por una tormenta de mediana intensidad, quedare inundado y, por tanto, inservible, dando origen a que de esta manera sólo, desde un punto de vista teórico, pueda afirmarse que se cumplía con la previsión reglamentaria de la existencia de una doble fuente de energía. Es, por ello, que se constata la conducta constitutiva de la negligencia relevante en la producción del acontecimiento enjuiciado, pues al faltar esa energía alternativa y fallar la entrada de electricidad por la línea de tensión, a consecuencia de haberse fundido unos fusibles en el seccionador, - circunstancia, por demás, no imprevisible, sino mas bien normal con la situación de tormenta- no se pudo llegar a actuar en los mecanismos de accionamiento de las compuertas y válvulas de apertura de los desagües, permitiendo que el agua coronase la presa y por su acción erosiva que se destruyese, ocasionando un incremento manifiestamente sustancial de los danos que se derivaban de la crecida natural del rio, y esta conclusión, que viene a patentizar la presencia de la infracción delictiva culposa de que es imputado por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, no cabe admitir quede desvirtuada por la circunstancia de que, en el momento real en que pudo personarse en la presa, era tal la lámina de agua que discurría por encima de las compuertas que estas inevitablemente no hubieran podido ser abiertas, pues tal afirmación no aparece acreditada concluyentemente, antes al contrario, la mayor parte de los peritos abundan en el criterio, -sólo uno de ellos estableció unos límites más probabilísticos- de patente posibilidad de apertura de las compuertas en el señalado momento.

En definitiva, ha de concluirse estimando concurrentes los elementos conformadores de la imprudencia punible, bien que su calificación, por la presencia de las concausas a que se ha hecho mención, no merezca la cualidad de temeraria, sino mas bien de simple con infracción de reglamentos, lo que viene a determinar que, en el momento de la ejecución del hecho, tendría la consideración, por razón de los resultados habidos, de un delito previsto y penado en el articulo 565 del Código Penal, si bien, en la actualidad, por aplicación del efecto retroactivo contemplado en el articulo 24 del mismo Texto legal, por mor de la reforma de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de Junio, procedería la condena por el articulo 586 bis, al ser tipificada la infracción como constitutiva de una falta.

Por lo tanto, el fallo de la sentencia ha debido ser condenatorio para el acusado Sr. Eloy, como autor de una falta de imprudencia simple con infracción de reglamentos del artículo 586 bis del Código Penal, con la consecuencia legal de declarar su responsabilidad civil directa y la subsidiaria del Estado, aunque, en orden a la cuantificación de los danos materiales y morales sufridos por los perjudicados debería de haberse tenido en cuenta la pertinente graduación para atender a los causados directamente por el efecto de la onda de avenida originada por el desmoronamiento de la Presa.

Cabría, por último, plantearse la dudosa cuestión, objeto de referencia en el informe oral emitido por el Abogado del Estado, acerca de la naturaleza de la responsabilidad del Estado después de la entrada en vigor de la Constitución, a fin de suscitar la problemática de si, aún siendo la sentencia absolutoria, era factible la condena del Estado a satisfacer a los perjudicados las indemnizaciones, en la cuantía que pudiera ser procedente, reclamadas en el proceso.

El artículo 106.2 de la Constitución, desde el informador principio de ser Espana un Estado social de Derecho, al disponer que "los particulares... tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos", y en su desarrollo el articulo 139 de la Ley 30 /1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, que, en su primer punto, no hace sino reproducir el texto anterior matizando únicamente la ultima expresión, al indicar "siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos", ciertamente han venido a establecer, como se afirma por el Fiscal del Tribunal Supremo Senor Paz Rubio en su estudio "Responsabilidad Civil subsidiaria del Estado (Diez Anos de Jurisprudencia del Tribunal Supremo)", publicado en Cuadernos de Derecho Judicial, "un sistema unitario de responsabilidad objetiva directa de la Administración Pública, por el funcionamiento de los servicios públicos", lo que significa que, exista o no ilícito penal, surge una responsabilidad patrimonial directa, y no subsidiaria, de la Administración del Estado.

Se trata, por lo tanto, de una obligación de resarcir que no nace del delito o falta penal, sino del mismo funcionamiento, normal o anormal con la única excepción de la fuerza mayor, de los servicios públicos. Desde esta consideración resulta plenamente admisible la afirmación del autor citado, al senalar que "dicho sistema ha de ser tenido en cuenta y aplicado por todos los ordenes jurisdiccionales que conozcan de las pretensiones de resarcimiento y en todas las vías de reclamación que el Ordenamiento disponga, para hacer efectiva la reclamación patrimonial", y entre estas, claro está, se encuentra el proceso penal. Esta solución, desde la visión de la realidad social que, como elemento interpretativo de las normas, viene demandado por el artículo 3, 1 del Código Civil, aparece acorde con la adecuada protección de los perjudicados, pues remitir a éstos a actuar su pretensión indemnizatoria a la vía civil o contenciosa, seria atentar al principio de economía procesal, que, como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Noviembre de 1989, " si con su aplicación no se contradicen las de justicia, tiene plena vigencia de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y ha de ser elemento coadyuvante en la tarea de entender el verdadero e histórico sentido de las leyes..."

En el supuesto hoy enjuiciado deviene palmario el funcionamiento anormal del servicio público, y descartada la presencia de la fuerza mayor, se ha de concluir que la solución más acorde con el sentido constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, hubiera sido declarar la misma aún a pesar de la decisión absolutoria adoptada por la sentencia, de la que se difiere, en este aspecto también, por este voto particular.

Resta, por señalar, que tampoco se comparte el contenido del undécimo de los fundamentos jurídicos de la sentencia.>>

Notificada la sentencia a las partes, se preparon recursos de casación por: quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por la representación de APEMEDA Y AFIVA, y por infracción de Ley por: RubénY OTROS, VICTORIA MERIDIONAL S.A. y EL MINISTERIO FISCAL, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

I).- El MINISTERIO FISCAL, basa su recurso en el siguiente MOTIVO UNICO DE CASACIÓN: Al amparo de lo prevenido en el artículo 849.1 de la LECrim., y por infracción, por inaplicación indebida del artículo 586,3 y 600 CP, hoy 586 bis y 600, en relación con los artículos 407 y 563 del mismo texto legal en la conducta del acusado absuelto Eloy.

II).- La representación de RubénY OTROS, basa su recurso en el siguiente MOTIVO UNICO DE CASACIÓN: «En base al número uno del artº 849, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haber cometido la Sentencia recurrida, "error de derecho" al absolver a los procesados en esta Causa de los delitos que se les imputaban, sin que de la relación de los hechos declarados probados consten los requisitos precisos para el fallo absolutorio de todos ellos, toda vez que, y por los razonamientos que sigue el Ilmo. Sr. Presidente, al emitir su "voto particular" según consta, y ante la aplicación de la L.O. 3/89, de 21 de junio, en relación con el artículo 24 del Código Penal, los procesados deberían haber sido condenados por la falta de imprudencia simple con infracción de Reglamentos que recoge y sanciona el artº 586 bis del C.P., por cuya falta deberían de ser condenados no solamente el Sr. Eloy, sino los demás procesados, Sr. Carlos Joséy Sr. Francisco.

III).- La representación de la ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES DE OCTUBRE DE 1982 EN LA PROVINCIA DE VALENCIA (AFIVA) y de la ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE LA RIBERA (APEMEDA), basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION: Primero.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por violación del artículo 24.1 de la Constitución Española, que garantíza la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales. Segundo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por violación por parte de la Sala juzgadora del derecho fundamental de estas recurrentes a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 24.1 de la CE. Por quebrantamiento de forma: Tercero.-al amparo del artículo 851, número 1º, inciso segundo, de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Cuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 851.3º de la LECrim., al no resolver la sentencia todos los puntos que han sido objeto de acusación y defensa. Por infracción de Ley: Quinto.- Por infracción de Ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849.2º de la LECrim., por error en la apreciación de la prueba que aparece de documentos obrantes en autos. Sexto.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 849.2º de la LECrim. por error en la apreciación de la prueba que aparece en documentos obrantes en autos. Séptimo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la LECrim., por error en la apreciación de la prueba que aparece en documentos obrantes en autos. Octavo. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la LECrim., por error en la apreciación de la prueba que aparece de documentos obrantes en autos. Noveno.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la LECrim., por error en la apreciación de la prueba que aparece de documentos obrantes en autos. Décimo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la LECrim., por error en la apreciación de la prueba que aparece de determinados documentos obrantes en autos. Undécimo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la LECrim., por error en la apreciación de la prueba que aparece de documentos que obran en autos. Duodécimo.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1º de la LECrim., por falta de debida aplicación de los artículos 565-1º, en relación con el 407 y 563, todos elelos del CP y en relación también con lo dispuesto en la instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas de 1967, en cuanto se refiere al procesado absuelto D. Carlos José. Décimotercero.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1º de la LECrim., por falta de debida aplicación de los artículos 565-1º, en relación con el 407 y 563, todos elelos del CP y en relación también con lo dispuesto en la instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas de 1967, en cuanto se refiere al procesado absuelto D. Eloy. Décimocuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1º de la LECrim., por falta de debida aplicación de los artículos 565-1º, en relación con el 407 y 563, todos ellos del CP y en relación también con lo dispuesto en la instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas de 1967, en cuanto se refiere al procesado absuelto D.Francisco.

IV).- La representación de la acusación particular VICTORIA MERIDIONAL S.A. basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN: Primero.- Por infracción de Ley del nº 1, del art. 849 de la LECrim., por haber infringido la resolución que se pretende recurrir, dados los hechos que se declaran probados en la sentencia, preceptos penales de carácter sustantivo y otras normas jurídicas del mismo carácter que deben ser observadas en la aplicación de la Ley. Segundo.- Por infracción de Ley del nº 2, del art. 849 de la misma Ley procesal, por haber error de hecho en la apreciación de las pruebas. Tercero.- Por quebrantamiento de forma del nº 1, del art. 851 de la referida Ley procesal, por resultar manifiesta contradicción entre los hechos que se consideran probados. Cuarto.- Por quebrantamiento de forma del nº 2, del artículo 851 de la LECrim. porque en la aludida sentencia no se expresan los hechos alegados y que resultaron probados por la acusación.,

El Ministerio fiscal, impugnó los motivos del recurso de Victoria Meridional, S.A., los motivos del recurso de APEMEDA-AFIVA ; y del recurso de Rubénotros, apoyó parcialmente su único motivo en lo que coincide con el recurso formulado por este Ministerio. Las representaciones de los recurridos Eloy, Carlos José, Francisco, asi como el Abogado del Estado impugnaron en sus escritos todos los motivos de los recursos de los recurrentes. Instruídas las partes de los recursos interpuestos Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.

Dado traslado a los recurrentes a los efectos previstos en la disposición transitoria 9ª de la L.O. 10/95, de 23 de noviembre, lo evacuaron: 1) la representación de la ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES DE OCTUBRE DE 1982 EN LA PROVINCIA DE VALENCIA (AFIVA) y de la ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE LA RIBERA (APEMEDA), en su escrito de cinco de junio de 1996 obrante en autos, en el cual manifiesta que los motivos del primero al undécimo no resultan afectados por el Nuevo Código penal, y los motivos duodécimo al décimocuarto: «resulta más beneficiosa la antigua legislación penal que la nueva, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda se aplicará aquella y no ésta>>. 2) La representación de VICTORIA MERIDIONAL S.A. en su escrito de cuatro de junio de 1996, obrante en autos, manifiesta, entre otros «Que en virtud de los nuevos preceptos del Código Pneal, y para adaptar la pena solicitada a dichos preceptos, modificamos nuestra petición en el único sentido de solicitar que se condene a los procesados como autores de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte y daños, del artículo 12, y 152, en relación con los artículos 138 y 264, todos ellos del nuevo Código Penal, a la pena de tres años de prisión menor, manteniendose el resto de las peticiones ya efectuadas en su día, y reiteradas en lineas precedentes.>>. 3) El Ministerio Fiscal en su escrito de fecha 15 de julio de 1996 DICE: «1.- Que queda instruido de los escritos de adaptación presentados por AFIVA y APEMEDA y VICTORIA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. que mantienen, los primeros, la aplicación de la normativa del CP derogado y el segundo -Victoria Meridional- se limita a una modificación de los preceptos aplicables aunque sin pronunciarse expresamente por la aplicación de una u otra normativa. 2. Que en relación al recurso interpuesto por este Ministerio, se reitera lo en él manifestado, sin perjuicio de que en su caso, y tras dictarse la sentencia, pueda instarse, si a ello hubiere lugar, ante la Audiencia Provincial la revisión de la misma>>.

Hecho el señalamiento se celebró la vista prevenida el día 8 de los corrientes, con asistencia de los Letrados recurrentes: D. Angel Janguas Aragoneses por "Victoria Meridional S.A." que renuncia en este acto a los motivos por quebrantamiento de forma: tercero y cuarto de su escrito de formalización, manteniendo los restantes; D. Amadeo Pérez Pellicer por APEMEDA Y AFIVA, que mantuvo su recurso, informando. No comparece el Letrado de Rubény otros a pesar de estar citado. Los Letrados recurridos: D. Iñigo Segrelles de Arenaza por Eloy; D. Juan Mollá López por Carlos Joséy D. José Vicente Orths Pechán por Francisco, reiteraron sus escritos de impugnación. El Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, reiteraron igualmente sus escritos obrantes en autos.

El recurso interpuesto por la entidad aseguradora Victoria Meridional S.A, lo es como subrogada a los derechos y acciones de Francisco Poveda López en nombre del cual reclama la cantidad de 12.825.400 (doce millones ochocientas veinticinco mil cuatrocientas) pesetas en concepto de indemnización. El recurso no cumple ni aún mínimamente los requisitos establecidos en el artículo 884 de la Ley de Enjuiciamiento criminal incurriendo sus motivos en las causas de inadmisión --hoy de desestimación-- previstas en dicho precepto procesal. Renunciados los motivos por quebrantamiento de forma: tercero y cuarto en el acto de la Vista, resta examinar los motivos por infracción de ley. Así el motivo primero, procesalmente residenciado en el artículo 849-1º de la LECrim. no se atiene como es obligado conforme al número 3º de dicho artículo, a los hechos declarados probados en la sentencia y de manera continua se hace referencia a la prueba obrante en la causa. El motivo segundo incurre en la causa de inadmisión del número 4º de dicho artículo 884, en relación con los artículos 855 y 874 de la referida Ley procesal, limitándose a la alegación de que ha existido error de hecho en la apreciación de la prueba pero sin designar documentos demostrativos del supuesto error ni siquiera expresar en qué consiste tal error.

1. VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.

El motivo inicial del recurso interpuesto por la Asociación de afectados por las inundaciones de octubre de 1982 en la Provincia de Valencia (AFIVA) y de la Asociación de autónomos, pequeños y medianos empresarios de la comarca de la ribera (APEMEDA), se formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por violación del artículo 24.1 de la Constitución española, que garantiza la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, estimando que se ha violado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, puesto que, la Sala sentenciadora declara que, por razones procesales, independientemente de las conductas enjuiciadas de los procesados que absuelve, una declaración de responsabilidad penal de los sres. Carlos Joséy Eloy, podría vulnerar el artículo 24.1 de la Constitución, por haberse producido, a juicio de dicha Sala sentenciadora, la efectiva preterición de algunas conductas concurrentes, lo que vicia la resolución y condiciona su fallo.

El motivo carece de fundamento y debe por ello ser desestimado. Si la absolución de los acusados se hubiera producido --como viene a sostener el motivo-- sobre la base del undécimo fundamento jurídico de la sentencia sometida a recurso (que el motivo transcribe íntegramente en su desarrollo), ninguna duda cabría en orden a la procedencia de estimar el motivo que se examina; mas lo cierto es que no ocurre así, por cuanto:

1. El propio fundamento jurídico señala, in fine, que lo que el mismo expresa carece de valor sobre el fallo de esta resolución, es decir, que se trata simplemente de unas argumentaciones complementarias o ex abundanttia. b) Que los fundamentos del pronunciamiento absolutorio de los acusados señores Carlos Joséy Eloyse contienen, respectivamente, en los fundamentos jurídicos séptimo y noveno de la sentencia sometida a recurso y no se basan en razones constitucionales o procesales, sino en la estimación de inexistencia de culpa en los respectivos comportamientos. Y tal fundamentación es la que se analizará en su momento al examinar los motivos por infracción de ley.

El motivo correlativo se formula también al amparo de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por violación por parte de la Sala juzgadora del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 24.1 de la Constitución española, puesto que, respecto a los daños sufridos por los damnificados y que se reclaman a través de las cartas de damnificados, la sentencia impugnada simplemente declara probado con la fórmula general que los "numerosos daños materiales que han sido reclamados a través de las llamadas cartas de damnificados sin que puedan entenderse acreditados en cuanto a su cuantía los concretamente ocasionados por la rotura de la Presa". Cuando, independientemente de las prolijas pruebas periciales, el Real Decreto-Ley de 26 de marzo de 1993, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 30 de marzo de 1993, concreta y cuantifica los daños sufridos como consecuencia de la rotura de la Presa de DIRECCION004.

En el desarrollo del motivo se expresa que la fórmula del apartado correspondiente de la sentencia recurrida, en cuanto literalmente señala que «Vigésimoprimero.- A consecuencia del derrumbamiento de la presa de DIRECCION004, así como de los diversos desbordamientos de los ríos que han sido mencionados, y directamente por el efecto de las aguas pluviales, se ocasionarom, además de las víctimas mortales citadas en los hechos decimoséptimo y vigésimo, numerosos daños materiales que han sido reclamados a través de las llamadas "cartas de damnificados", sin que puedan entenderse como acreditados en cuanto a su cuantía los concretamente ocasionados por la rotura de la presa>>.

A mayor abundamiento, siempre cabría, como expresamente señala la S.TS. 363/1996, de 29 de abril, relegar para el trámite de ejecución la cuantificación de los daños con arreglo a lo que para el procedimiento abreviado permite el artículo 793.4 de la Ley de Enjuiciamiento criminal y por el procedimiento previsto en el artículo 798.1 del mismo cuerpo legal; pues en definitiva la existencia de resultados lesivos aparece afirmada en el indicado apartado vigésimoprimero.

El motivo --en la vía procesal en que se ha formulado-- ha de ser desestimado al igual que en su momento pudo y aun debió ser inadmitido por aplicación de la norma contenida en el artículo 884-3º de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Conforme a constante doctrina jurisprudencial de esta Sala, que por sobrado conocida releva del fácil ejercicio de su datación pormenorizada, las narraciones históricas de las sentencias penales sólo han de recoger los datos fácticos que el tribunal estime debidamente probados por lo que para la adición al relato de otros extremos ha de utilizarse el cauce impugnatiavo previsto en el número 2º del artículo 849 de dicha Ley procesal. A ello hay que añadir que al ser en definitiva absolutoria la sentencia la utilización de tal fórmula general no vulneró el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, que consiste en el derecho de la parte a obtener una respuesta jurídicamente fundada (positiva o negativa) a sus pretensiones (SS.TC. 4/1982, de 29 de marzo, 43/1984, de 26 de marzo, 232/1988, de 2 de diciembre, y 148/1994, de 12 de marzo); pues la responsabilidad civil derivada de la penal requiere necesariamente la declaración de existencia de ésta, por lo que en los casos de absolución los datos fácticos que configuran la responsabilidad civil no son «hechos que estuvieren enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo>>, que es lo que requiere la regla 2ª del artículo 142 de la tantas veces citada Ley procesal.

El motivo correlativo se residencia procesalmente en el inciso segundo del artículo 851-1º de la expresada LECrim. La contradicción la encuentra existente el recurrente entre el extremo octavo de los hechos probados, expresivo de que «A mediados de 1.978 empezaron las obras de canalización del desagüe de fondo que se ajustaron a las condiciones proyectadas ..... Carlos Joséordenó que se desconectara y retirara la manguera que llegaba hasta la plataforma de la torre de la embocadura y sumimistraba la energía eléctrica a los mecanismos de accionamiento de la ataguía y compuerta vagón que cerraban el paso del agua para evitar que por un descuido, o por un accionamieneto accidental por alguno de los numerosos visitantes que acudían a la presa los fines de semana, se tocasen los botones de apertura con irrupción de una masa de agua que haría peligrar la vida de los trabajadores que se encontraban aguas abajo>>, y el extremo duodécimo, indicativo, literalmente, de que «Todos sus integrantes tenían una jornada laboral de lunes a viernes desde las 8 hasta las 18 horas, sin que ninguno de ellos pernoctara en la presa, a la que acudía los sábados y festivos uno de los vigilantes para tomar nota del nivel de agua embalsada>>.

El motivo debe ser desestimado. Una reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala contenida, entre muchas, en las SS.TS. de 20 de septiembre de 1984, 2 de abril de 1985, 6 de junio de 1986 y las recientes 761/1994, de 6 de abril, 1.123/1995, de 15 de noviembre y 330/1996, de 15 de abril y, 595/1996, de 28 de septiembre, viene declarando que son requisitos necesarios para que exista el vicio sentencial de contradicción previsto en el inciso segundo del artículo 851-1º de la LECrim., los siguientes: a) que sea manifiesta y absoluta en el más amplio sentido gramatical de tales conceptos, lo que requiere significar jurídicamente que no sólo sea ostensible, sino también insubsanable, insoslayable y, sobre todo, incompatible con la integridad del relato histórico, con recíproca exclusión entre las distintas manifestaciones; b) que como interna emane directa e inmediatamente de los propios términos en que aparezca la relación fáctica, confrontando los distintos vocablos, incisos, expresiones o pasajes internos en la misma; c) que sea completa, afectando la incompatibilidad a los hechos y sus circunstancias, y, por ende, a la calificación jurídica, los grados de participación o ejecución y a cuantas circunstancias determinen la responsabilidad penal o civil; d) que sea causal, o lo que es lo mismo, determinante de una advertible incongruencia, dada la relación directa entre el vicio procesal y el fallo final de la sentencia; e) que las frases o expresiones contradictorias, por afectar a circunstancias esenciales de la cuestión controvertida y de la misma resolución, sean imprescindibles a la resultancia probatoria, de tal forma que su supresión propiciare la inexpresión, la incomprensión a la falta de claridad de aquélla; siendo inocua la contradictio cuando su objeto aparezca intrascendente en el caso examinado, no influyendo en la determinación de la infracción criminal ni en la responsabilidad en juego de los sujetos encausados.

En aplicación de tal doctrina el motivo ha de ser desestimado. En primer término, por cuanto carece de valor causal para el fallo y, en segundo lugar, porque se extrapola del contexto íntegro de la narración histórica, pues la operación se refería a las pruebas de funcionamiento del aliviadero de superficie de la presa y no al comportamiento a observar en su régimen de explotación, que es al que se refiere el apartado séptimo de la narración cuando expresa que: «..procediéndose entonces a probar el funcionamiento del aliviadero de superficie, y, comprobando su correcto comportamiento, se concluyó la operación al alcanzar el agua la cota 84 metros que era el máximo nivel del embalse o explotación, que estaba situado 7 metros por encima del umbral de las compuertas por lo que éstas deberían permanecer cerradas para asegurar dicho nivel>>.

El motivo correlativo se formula también por quebrantamiento de forma al amparo de lo dispuesto en el artículo 851, número 3º, de la Ley de Enjuiciamiento criminal, al no resolver la sentencia todos los puntos que han sido objeto de acusación y defensa, como es el punto decisivo que ha sido objeto de acusación, cual es el relativo al concreto caudal que llevaba la onda de avenida que se produjo con la rotura de la Presa de DIRECCION004y que circuló aguas abajo del embalse. Al propio tiempo, tampoco resuelve la cuestión relativa a los daños sufridos aguas abajo de la presa, por causa de su rotura.

Conviene recordar para analizar el presente motivo --último de los encuadrables en este epígrafe-- que el vicio sentencial de incongruencia omisiva previsto en el párrafo 3º del citado artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento criminal requiere para ser estimado que en la sentencia no se hayan resuelto, como expresa constante doctrina jurisprudencial de esta Sala (Por todas, SS.TS 1.605/1994, de 20 de septiembre, 2.240/1994, de 27 de diciembre, 7/1995, de 20 de enero y 276/1996, de 2 de abril) en orden a que tal vicio sentencial sólo se produce cuando se omite en la motivación requerida por los artículos 120.3 de la Constitución y 142 de la Ley de Enjuiciamiento criminal y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la respuesta a alguna de las cuestiones de carácter jurídico planteadas por las partes en sus escritos de calificación (y en el mismo sentido, las SS.TC., entre otras 14/1984, 177/1985, 142/1987, 69/1992, 169/1994, y la muy reciente 195/1995, de 19 de diciembre). No será ocioso ni descentrado recordar que como muy recientemente señala la S.TC. 58/1996, de 15 de abril, la jurisprudencia constitucional ha acentuado la importancia de distinguir entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas (SS.TC. 95/1990, 128/1992, 169/1994, 91/1995, 143/1995 y 58/1996). Respecto a las primeras, no sería necesario para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. Más rigurosa es la exigencia de congruencia respecto a las pretensiones, siendo necesario para poder apreciar una respuesta tácita -y no una mera omisión- que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita.

En aplicación de tal doctrina este motivo debe ser desestimado. El extremo relativo al caudal concreto de la avenida de agua ostenta carácter fáctico y no jurídico, por lo que carece de relevancia en el marco procesal articulado para vertebrar el motivo; y el que hace relación a la daños debe también ser rechazado por las mismas razones precedentemente expuestas (FJ 2º de esta sentencia) para la desestimación del segundo de los motivos de este recurso.

2. ERROR DE HECHO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Al análisis de los motivos 5º a 11º, ambos incluídos, debe preceder --a fin de evitar repeticiones innecesarias e instalar la materia dentro de una perspectiva adecuada-- recordar el espacio propio del cauce impugnativo previsto en el artículo 849-2º de la LECrim.; y así hay que partir de estas líneas esenciales:

A), Que exista un documento, lo que equivale: a) Que se trate de un documento en sentido estricto, y ha de entenderse por tal el escrito, en sentido tradicional, o aquella otra cosa que, sin serlo, pueda asimilarse al mismo, por ejemplo, un diskette, un documento de ordenador, un vídeo, una película, etc., con un criterio moderno de interacción de las nuevas realidades tecnológicas, en el sentido en que la palabra documento figura en algunos diccionarios como «cualquier cosa que sirve para ilustrar o comprobar algo>> (obsérvese que se trata de una interpretación ajustada a la realidad sociológica, puesto que, al no haber sido objeto de interpretación contextual y auténtica, puede el aplicador del derecho tener en cuenta la evolución social), siempre que el llamado "documento" tenga un soporte material, que es lo que sin duda exige la norma penal. (Por todas, SS.TS. 1.114/94, de 3 de junio, 1.763/1994, de 11 de octubre y 711/1996, de 19 de octubre). En la actualidad dicha fórmula jurisprudencial tiene adecuada correspondencia en la norma contenida en el artículo 26 del nuevo Código penal, según el cual «A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.>>. b) Consecuentemente, aunque se hallen documentadas en la causa bajo fe pública judicial, no son documentos las pruebas de otra naturaleza, como la testifical (SS.TS.,entre muchas,373/1994, de 25 de febrero, 703/1994, de 27 de marzo, 190/1996, de 4 de marzo, y 511/1996, de 5 de julio), ni la pericial, salvo los supuestos excepcionales en que se trate de un dictamen único o varios coincidentes de modo absoluto, y que el juzgador haya incorporado su contenido a la narración histórica de modo fragmentario o en absoluta contradicción con las reglas de la lógica y la racionalidad (SS.TS., entre muchas 1.050/1993, de 13 de mayo, 2.691/1993, de 30 de diciembre, 190/1996, de 4 de marzo, y 323/1996, de 22 de abril), así como las actas del juicio oral (SS.TS., por todas 61/1995, de 28 de enero). En estos casos, la improsperabilidad del motivo vendría determinada por la aplicación del artículo 884-6º de la Ley de Enjuiciamiento criminal. c) Que sean documentos producidos "fuera" de la causa o extrínsecos e incorporados a la misma (SS.TS., entre muchas, de 27 de septiembre de 1991, 14 de abril de 1992, 1.206/1993, de 21 de mayo, 14 de abril de 1992 y 190/1996, de 4 de marzo).

2. Autarquía demostrativa del documento. Ha de serlo desde dos planos: a) El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiencia, es decir que no precise de la adición de otras pruebas para evidenciar el error. b) Que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa, como, siguiendo lo expresamente establecido en el precepto, viene también señalando una reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala.

3. Esencialidad del error y trascendencia para la subsunción. Es obvio que el error ha de ser trascendente o con valor causal para la subsunción, como también de manera muy reiterada señala la jurisprudencia de esta Sala (SS.TS., entre muchas, 776/1992, de 6 de abril, 2.681/1992, de 12 de diciembre, 236/1993, de 12 de febrero, 570/1993, de 16 de mayo, 1.696/1994, de 4 de octubre, 2.124/1994, de 5 de diciembre, 162/1995, de 24 de abril); por lo que no cabe la estimación de un motivo orientado en este sentido si se refiere la mutación a extremos accesorios o irrelevantes; lo que es consecuencia de la doctrina del Tribunal Constitucional en orden a la irrelevancia de los errores secundarios en la motivación; y así como señalala la STC 44/87 de 9 de abril «carecería así de sentido la concesión de un amparo que se limitara a anular una parte de la motivación de la sentencia y mantuviera en su integridad el fallo. Pero también carecería de sentido anular totalmente una sentencia, incluído el fallo, con el único objeto de que el órgano judicial dictara una nueva sentencia en la que confirmara el fallo, pero corrigiera posibles desaciertos en la redacción de su fundamentación>>; y en la más reciente STC. 124/1993, de 19 de abril, que «los errores cometidos en la fundamentación jurídica de las resoluciones judiciales sólo tienen trascendencia constitucional en cuanto sean determinantes de la decisión adoptada, esto es, cuando constituyan el soporte único o básico de la resolución, de modo que, constatada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no haberse incurrido en el mismo>>; doctrina también coincidente con la reiterada de esta Sala, representada entre muchísimas por la reciente S.TS. 688/1996, de 15 de octubre.

Y esta trascendencia o relevancia, en definitiva se proyecta sobre la nota de la finalidad impugnativa. El motivo ha de tender bien a anular una aserción del relato histórico de la sentencia o a integrarlo con un dato fáctico no recogido en él; de manera que en cualquiera de ambos casos la subsunción de la sentencia sometida a recurso quede privada del necesario soporte fáctico.

La aplicación de la anterior doctrina al supuesto que se decide conduce a la desestimación conjunta de los indicados motivos 5º a 11º. El señalado como documento en el motivo 5º no es tal, sino prueba pericial en la que no se dan las condiciones expresadas anteriormente para que pueda reputarse asimilada a documento en este cauce impugnativo. Las integraciones del factum pretendidas en los motivos 6º (no determinación de la capacidad de evacuación de las compuertas del aliviadero de superficie), 7º (no determinación que con tres metros de lámina vertiente de agua sobre las compuertas bajadas el caudal desaguado por encima de ellas era de cuatrocientos cincuenta y cinco metros cúbicos por segundo) y 8º (características diferentes entre Proyectos) carecen, al tratarse de extremos accesorios o secundarios, de toda relevancia y en ningún caso su eventual inclusión en el relato fáctico podría alterar la subsunción. El motivo 9º (no determinación de los niveles de inundación en la zona de aguas abajo de la presa), porque no alteraría el hecho afirmado como probado de que antes de la rotura de la presa se habían producido algunas inundaciones, ya que este dato aparece plenamente acreditado por otros medios de prueba obrantes en la causa. Igualmente ha de ser desestimado el motivo décimo (error en cuanto al caudal máximo de entrada en la presa y la avenida procedente del río Escalona), por cuanto concurren los mismos condicionamientos negativos en orden a que la pericia señalada como documento demostrativo del error pueda ser a estos efectos asimilada a documento con arreglo a la expresada y constante doctrina jurisprudencial de esta Sala.

Finalmente, igual suerte adversa ha de tener el 11º motivo que denuncia la existencia de error de hecho en la apreciación de la prueba, que en este caso afecta de manera exclusiva al acusado Sr. Franciscoy que se produce en dos vertientes:

1. Comunicación telefónica al mismo por parte del Sr. Luis Angel. b) Estudios realizados por el Jefe de Servicio de Aplicaciones y Recursos y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Metereología, con relación al hecho declarado probado como décimoquinto en el relato fáctico de la sentencia recurrida. En las dos expresadas vertientes el motivo carece de fundamento y debe, consecuentemente, ser desestimado. En la primera vertiente, en cuanto manifestación personal, carece de la necesaria naturaleza documental. Desde la segunda, tampoco muestra un error patente u ostensible que enervaría lo declarado probado en orden a la existencia de la omisión de un concreto deber de cuidado.

En consecuencia, pues, todos estos motivos han de ser desestimados.

3. ERRORES DE SUBSUNCIÓN

Los finales motivos duodécimo, décimotercero y décimocuarto del recurso de las entidades AFIVA y APEMEDA (los tres procesalmente residenciados en el artículo 849-1º de la LECrim.) alegan respecto a los tres acusados la vulneración por falta de aplicación de los preceptos penales sustantivos constituídos por los artículos 565, párrafo primero, 407 y 563 del Código penal vigente al ocurrir los hechos), el motivo único del recurso de don Rubény otros, que en la misma vía procesal alega, respecto a los tres acusados la vulneración por inaplicación del precepto penal sustantivo constituído por el artículo 586 bis del Código penal introducido por la Ley Orgánica 3/ 1989, de 21 de junio, y el motivo único del recurso del Ministerio fiscal que, asimismo por el cauce procesal del citado artículo 849-1º, alega la vulneración por falta de aplicación al acusado don Eloydel referido artículo 586 bis del Código penal vigente al sentenciarse los hechos en la instancia. Procede, antes del examen de tales motivos, y con el designio de evitar repeticiones innecesarias recordar unas líneas comunes a todas las impugnaciones referidas. Y así en la valoración de todos los comportamientos culposos o imprudentes se ha de partir de la estructura señalada por la más autorizada doctrina científica: 1) La parte objetiva del tipo supone la infracción de la norma de cuidado (desvalor de la acción) y la resultancia de la parte objetiva de un hecho previsto en un tipo doloso (desvalor del resultado). 2) La parte subjetiva del tipo requiere el elemento positivo de haber querido la conducta descuidada, ya sea con conocimiento del peligro que en general entraña (culpa consciente) o sin él (culpa inconsciente), y el elemento negativo de no haber querido el autor cometer el hecho resultante

A su vez el desvalor o disvalor de la acción supone que la infracción de esa norma que impone el deber de cuidado se descomponga en dos:

1. El deber de cuidado interno obliga a advertir la presencia del peligro en su gravedad aproximada, como presupuesto de toda acción prudente. Precisamente por la existencia de este deber de advertir el peligro puede castigarse la culpa inconsciente, que supone la imprudente falta de previsión del peligro del resultado: en ella se castiga la infracción de la norma de cuidado que obliga a advertir el riesgo. b) El deber de cuidado externo consiste en el deber de comportarse externamente conforme a la norma de cuidado previamente advertida. Puesto que presupone haberla advertido, sólo puede imputarse subjetivamente en la culpa consciente. De ahí que, ante conductas igualmente peligrosas, la culpa consciente sea más grave que la insconsciente.

Por otra parte, hay que partir de la existencia de una imputación objetiva del resultado. ´Con arreglo a ella, sólo se produce la irrelevancia causal de la imprudencia cuando el resultado producido habría sido exactamente el mismo. Y esta doctrina ha sido acogida por la doctrina jurisprudencial de esta Sala (Entre otras, SS.TS. de 12 de junio de 1989, 17 de julio de 1990, 29 de octubre de 1992, 1.544/1994, de 18 de julio, 813/1995, de 26 de junio, y las muy recientes, 312/1996, de 20 de abril, 1.122/1996, de 30 de diciembre, 62/1997, de 20 de enero, y 302/1997, de 11 de marzo), según la cual en el plano que se pudiera denominar "ontológico" se atiende a la equivalencia de las condiciones y en el plano "normativo" esta imputación objetiva, que actúa como correctivo de las teorías naturalistas de la causalidad, toma en cuenta el riesgo creado (el peligro jurídicamente desaprobado) y el fin de protección de la norma. Un nexo causal sólo será típico cuando el resultado sea la realización de un riesgo o peligro desaprobado para la acción.

A la vista de lo expresado en el anterior fundamento el análisis de los motivos concretos ya referidos conduce a las conclusiones siguientes:

1. Inexistencia de culpa en el acusado don Carlos José.

   El séptimo de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida llega a tal conclusión en base a las dos razones siguientes: «

   1. Ni como proyectista ni como director ejecutivo de las obras encuentra ente Tribunal responsabilidad alguna en Carlos Josérespecto a los hechos acaecidos en la presa de DIRECCION004y aguas abajo el 20 de Octubre de 1982, pues en todo momento actuó de forma adecuada a la normativa legal y siguiendo las instrucciones procedentes del Servicio de que dependía, siendo sus diversos proyectos y modificados puntualmente aprobados por las correspondientes resoluciones administrativas (Orden del MOPU de 8 de Enero de 1980, Consejo de Ministros de 4 de Julio del mismo año...) ello tras la intervención de diversos organismos y personas en distintos grados jerárquico-administrativo, todo lo cual se estima acreditado por abundante prueba testifical y pericial (señores Blasy Inocencio, En sesión de 22 de Mayo y 27 de Marzo, ... y Señores Carlos Antonioy Luis Miguel, en sesiones de 13 de Abril y 22 de marzo,...) b) Ninguna responsabilidad se le puede atribuir tampoco respecto a la situación concreta en que la presa se encontraba en Octubre de 1982, pues su ausencia databa de catorce meses antes, y otros responsables, incluso con mayor categoría funcionarial, habían asumido sus funciones, visitado la presa y comprobado las condiciones en que se hallaba, así como el hecho de que su puesta en carga se había efectuado con el mayor rigor y respetando tanto los criterios de lentitud del llenado, necesarios para la comprobación de su resistencia, como las limitaciones exigidas por el funcionamiento de la Central Juan de Urrutia y las necesidades de los caudales que se necesitaba derivar, ante la situación de sequía. (Actas de Comisión de Desembalses de 16 de Marzo de 1978, 20 de Abril y 19 de Octubre del mismo año, 17 de Abril de 1980, ...Orden del Consejo de Ministros de 20 de Agosto de 1981 autorizando a la Confederación Hidrográfica del Júcar para el suministro de agua y fijando la tarifa a cobrar, Actas de recepción provisional de los elementos mecánicos y otras obras civiles menores de 6 de Mayo de 1981). Dicha puesta en carga había sido comunicada y asumida por la Dirección General de Obras Hidráulicas, así como por la Comisión de Desembalses de la Confederación>>.

   Tales razones son, a la vista de la causa del derrumbamiento del muro de contención (no por defectos en la construcción, sino por incumplimiento de la normativa de explotación), totalmente correctas. Ni tenía dicho acusado un deber de cuidado ni cabe atribuir a su conducta con relación al día 20 de octubre de 1982 una imputación objetiva del resultado; por lo que procede la desestimación íntegra del motivo duodécimo del recurso de las Asociaciones y, en cuanto se refiere a dicho acusado, del motivo único del recurso interpuesto por don Rubény otros.

2. Inexistencia de culpa en el acusado don Francisco.

   Las razones tenidas en cuenta para estimarlo así contenidas en el quinto de los fundamentos jurídicos de la sentencia sometida a recurso son igualmente correctas. El hecho probado décimoquinto de la sentencia recurrida expresa, entre otros particulares que «a tal efecto, Francisco, efectuó en unión del jefe de negociado de previsión de avenidas de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de un auxiliar del organismo llamadas a cuatro estaciones pluviométricas del Litoral, dos de Valencia así como la del embalse de Guadalest en Alicante y la del Embalse de María Cristina en Castellón, que estaban en lo que se consideró zona litoral y que era donde, antes queda dicho, se le había anunciado la producción de las lluvias, y constató por medio de ellas la inexistencia de lluvias, por lo que dejo dicho que avisaran a la Confederación caso de producirse. A las 21 horas de ese día, no se había recibido en la Confederación ni en la Comisaría, ni en ninguno de sus servicios o secciones, llamada alguna de esas estaciones, ni de ninguna otra de la Cuenca del Júcar alertando de la caída de lluvias por lo que Franciscodio orden, antes de marcharse a su domicilio, al jefe de previsión de avenidas y al auxiliar, que antes de marcharse dejasen encargado al vigilante nocturno del edificio de la Comisaría que si se recibía alguna llamada dando noticia de lluvias se le avisara telefónicamente de manera inmediata. Ninguna noticia se recibió en la Confederación de lo que sucedió esa noche y que luego se dirá; solo a las 9.30 horas del día 20 al llegar Franciscoa su despacho le comunico al director de la Confederación Hidrográfica del Júcar que momentos antes había recibido una llamada de un ingeniero de Hidrola notificando que por la Central Juan de Urrutia estaba pasando un caudal de 600 metros cúbicos por segundo y que en el embalse de DIRECCION004las aguas vertían por encima de las compuertas del aliviadero de superficie.>>

   Y a la vista de ello es obvio, como correctamente estimó la sentencia recurrida, que dicho acusado ni quebrantó deber alguno de cuidado ni cabe imputarle objetivamente el resultado producido.

   Procede por ello la íntegra desestimación del motivo décimocuarto del recurso formulado por las dos Asociaciones y, en cuanto se refiere a dicho acusado, la del motivo único del recurso interpuesto por don Rubény otros.

3. Existencia de conducta culposa en el coacusado Sr. Eloy. La resultancia fáctica a la que necesariamente se ha de estar con arreglo al artículo 884-3º de la LECrim. arroja las conclusiones siguientes: 1º) Eloy, en su cualidad de personal técnico era, en el momento en que acaecen los hechos, y desde más de un año antes el responsable de la explotación in situ, y, desde luego conocedor de la obra en la que permaneció desde el 1 de julio de 1973. 2º) Las compuertas del aliviadero de superficie eran esenciales para un adecuado desagüe y evitar que el agua embalsada coronase la presa, con su seguro desmoronamiento caso de que así sucediera. 3º) La fuente de energía existente en la presa en la tarde-noche indicada era la eléctrica, que se averió, y un grupo electrógeno, expresamente traído para una función distinta de la de atender el aliviadero de superficie. 4º) El muro de contención de la presa se derrumbó al no poder abrirse las compuertas de los aliviaderos referidos por falta de energía eléctrica e imposibilidad de utilizar la energía alternativa al no disponerse, por actos previos de dicho acusado, de los grupos electrógenos sustitutivos.

   Dicho acusado tenía un concreto deber de cuidado derivado de las funciones que le estaban atribuídas en la Presa de DIRECCION004. Con arreglo a la Orden Ministerial de 31 de marzo de 1967, el artículo 94.2.d) exigía que las compuertas se maniobrasen de manera que el nivel del embalse no se elevase sobre su máximo normal antes de que las compuertas quedasen completamente abiertas. Con su comportamiento al permitir el desplazamiento de los grupos electrógenos sin proveer a su inmediata sustitución y la decisión de ubicar otro en lugar notoriamente inadecuado incumplió el deber de cuidado exigible al mismo y al ser ello la causa del derrumbamiento del muro de la presa es obvio también que respecto a tal acusado existe la imputación objetiva del resultado y por ello procede la estimación íntegra del motivo único del recurso del Ministerio fiscal, del único del recurso del Sr. Rubénen cuanto referido a este acusado y también en parte del motivo décimotercero del recurso de las Asociaciones de perjudicados; si bien no en la forma de vulneración del párrafo primero del artículo 565 del Código penal, sino en la simple imprudencia con infracción reglamentaria constitutiva de la falta prevista en el artículo 586 bis del dicho cuerpo legal; en tanto falta el presupuesto viabilizador de la imprudencia temeraria consistente en la omisión de las más elementales cautelas que exige la jurisprudencia de esta Sala (Por todas, SS.TS. de 27 de marzo de 1989, 23 de abril de 1992 y 817/1995, de 22 de septiembre) y sí sólo la infracción reglamentaria que tras la reforma legislativa de 1989 no es nunca constitutiva de delito sino de falta. III.

   FALLO

   QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN, estimando íntegramente el motivo único del recurso del Ministerio fiscal, y parcialmente el motivo décimotercero del interpuesto por AFIVA y APEMEDA y el motivo único del formulado por D. Rubény otros, todos ellos por infracción de ley y desestimando el resto de los motivos por quebrantamiento de forma e infracción de ley del recurso de las Asociaciones de perjudicados, del recurso interpuesto contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Tercera de fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, en causa seguida contra Eloy, Carlos Joséy Franciscopor delito de derrumbamiento de la Presa de DIRECCION004; y en su virtud, casamos y anulamos la misma, declarando las costas de oficio.

   Se desestima por incurrir en causa en causas de inadmisión el recurso de la entidad aseguradora Victoria Meridional S.A., declarando de oficio igualmente las costas de este recurso.

   Procédase en su caso, y previo los oportunos trámites por el Tribunal de instancia a adaptar la pena impuesta a las disposiciones del nuevo Código penal si estimare que era más favorable al reo.

   Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal de instancia a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió.

   Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

   SEGUNDA SENTENCIA

   En la Villa de Madrid, a quince de Abril de mil novecientos noventa y siete.

   En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Játiva con el número 56 de 1982 contra otros y Eloy, con D.N.I. número NUM008, hijo de Carlos Daniely de Marí Luz, nacido en Talavera de la Reina (Toledo), el día 2 de enero de 1945, y vecino de Valencia, con domicilio en la CALLE008número NUM009, de profesión Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con instrucción, sin antecedentes penales, solvente parcial y en situación de libertad provisional por esta causa, y en la cual se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos.. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Ramón Montero Inocencio-Cid, hace constar lo siguiente: I. ANTECEDENTES

   UNICO.- Se aceptan los de la sentencia recurrida con inclusión de los hechos declarados probados en la misma.II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan, a excepción del noveno, los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.

Los hechos declarados probados son constitutivos de la falta prevista y penada en el artículo 586 bis del Código penal.

De dicha falta es responsable en concepto de autor del artículo 14-1º de dicho Código el acusado Eloy.

La responsabilidad civil derivada de la penal (artículos 1.092 del Código civil y 19, 101 y 104 del Código penal) y la obligación de abono de costas (artículo 109 del Código penal) son consecuencias jurídicas necesarias de la responsabilidad penal jurisdiccionalmente declarada; procediendo establecer las indemnizaciones por muerte y relegar las correspondientes a los daños ocasionados por el derrumbamiento de la Presa de DIRECCION004al período de ejecución de sentencia a la fijación por el procedimiento previsto en el artículo 798.1 de la LECrim.

Procede condenar a la Administración del Estado, como responsable civil subsidiario y en aplicación del artículo 22 del Código penal, en su caso al pago de las indemnizaciones fijadas y a fijar.III.