STS 339/2005, 24 de Febrero de 2005

1. El Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao instruyó procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado con el número 1/2002 por delito de asesinato, contra Constantino, y, una vez abierto el juicio oral, lo remitió a la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 6ª, en la que , vista la causa por el Tribunal del Jurado, el Magistrado Presidente dictó, en la causa RTJ 2/2003, Sentencia nº 68/2003 de fecha 16/10/2003. Recurrida ésta, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, con sede en Bilbao, dictó sentencia en el Rollo de Apelación 6/2003 en fecha 10/02/2004, con los siguientes antecedentes de hecho:

"Primero.- En sesión celebrada el día 11 de octubre de 2003, en el Rollo Tribunal del Jurado nº 2/2003, seguido en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia contra, Constantino por un presunto delito de asesinato, estando presente el referido acusado, su defensa, el Ministerio Fiscal, la acusación particular, por el Magistrado Presidente, una vez abierta la sesión, se indicó al portavoz del Jurado que podía proceder a la lectura del veredicto, quien expresó la culpabilidad de Constantino.- Ofrecida la palabra al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, para que informasen sobre la pena o medidas que debían adoptarse, por el Ministerio Fiscal se solicitó la pena de prisión de quince años y la no aplicación de medida de seguridad alguna, manteniéndose el resto del juicio oral, incluido lo relativo a la responsabilidad civil. La acusación particular, se mostró conforme con lo manifestado por el Ministerio Fiscal. La defensa solicitó la rebaja de la pena en dos grados, considerando desorbitada la responsabilidad civil solicitada por las dos acusaciones.

1. En el primer motivo de la impugnación, deducido al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr.) y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), se denuncia la infracción del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la tutela judicial efectiva, porque no se dan en la prueba de indicios en que se basa la condena los requisitos para destruir aquella presunción y porque la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no contiene motivación ni razonamiento alguno sobre lo planteado en el recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial (AP) respecto a la falta de motivación del Jurado para tener como probados los hechos y a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, como exige el art. 120.3 de la Constitución Española (CE).

   No es así. Tras citar prolija y detalladamente la doctrina jurisprudencial al respecto, el TSJ explica cómo no se ha violado el derecho a la presunción de inocencia, porque el Juzgado ha considerado probados hasta seis hechos indiciarios, en el ejercicio de sus facultades de apreciación de las pruebas, a partir de su inmediata y directa percepción; porque las pruebas fueron practicadas con plenas garantías; porque el proceso deductivo es lógico, racional y acorde con las reglas del criterio humano y ha sido expuesto tanto en el acta de votación del Veredicto del Jurado como en la sentencia del Magistrado-Presidente. Y, en consecuencia, no cabe entender que el TSJ haya quebrantado el deber de motivación establecido en el art. 120.3 CE en relación con la proscripción de la arbitrariedad que recoge el art. 9.3 de esa Constitución; y debemos adentrarnos en el campo de sucesivos motivos para casacionalmente examinar si efectivamente el Jurado motivó adecuadamente su veredicto y si ha sido o no desvirtuada la presunción de inocencia, cuyo derecho es reconocido por el art. 24.2 CE.

2. En el segundo motivo de impugnación, es denunciada la infracción de los arts. 120.3 CE y 24 CE, en lo relativo a la tutela judicial efectiva, en relación a lo establecido en el art. 61.1.d de la Ley del Jurado; al no contener motivación ni razonamiento alguno el veredicto.

   No cabe acoger esa causa de impugnación. En el acta del Jurado, tras exponer el resultado de la votación sobre los diversos extremos del veredicto y el veredicto de culpabilidad, se expresan detalladamente los medios probatorios que ha tomado en cuenta para llegar al convencimiento sobre aquellos extremos. Y ello se lleva a cabo con una precisión que satisface la doctrina de esta Sala recogida en la del 09/04/2001 "...no puede exigirse a los ciudadanos que integran por sí solos el Jurado de hechos y de culpabilidad el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que puede exigirse a un juez profesional y experimentado y por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado sólo exige (art. 61.d) "una sucinta explicación de las razones...-" que han tomado en consideración los ciudadanos jurados como elementos de convicción para declarar probados los hechos y la participación en ellos del acusado".

   Y, además, cumpliendo con la previsión establecida en el art. 70.2 de la LOTJ, la sentencia del Magistrado-Ponente concreta los indicios que el Jurado tomó en cuenta para llegar a su convencimiento, expone los medios probatorios directos de que se sirvió el Jurado para fijar los hechos-base y explica la racionalidad en las inferencias del Jurado.

   No existe déficit en la motivación.

3. En el tercer motivo, al amparo de los arts. 852 LECr. y 5.4 LOPJ, se denuncia la vulneración del art. 24 CE, en cuanto a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías, por haberse infringido los arts. 334 a 339 LECr. Y se centra esa infracción en que no intervino el inculpado ni intervino la autoridad judicial en la recogida y comprobación de la mancha de sangre que apareció en la mochila del Sr. Constantino.

   El acta de entrada y registro (f. 263) practicado el 13/11/2001 en la vivienda del Sr. Constantino, refleja que están presentes el Juez, el Secretario, Constantino y miembros de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, y que es ocupada una determinada mochila. Los arts. 334 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exigen que el Juez recoja los efectos que puedan tener relación con el delito; pero no que esa recogida encierre una actuación corporal del Juez, de manera que quede excluida la ayuda manual de la Policía; véanse sentencias de 18/05/2001 y 27/04/2000 TS.

   El 14/11/2001, el Juez autoriza a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, que lo solicitaba, la remisión de las evidencias recogidas en el registro practicado en el día anterior, al Servicio de Criminalística de la Dirección General de aquel Instituto (f. 717). Y, el 15/11/2001, la mochila había tenido entrada en aquel Servicio con escrito del 14/11/2001 (f. 191). Ello no se aparta de lo establecido en los arts. 336 y 338 LECr.; ni permite entender que haya existido solución de continuidad en la cadena de custodia encargada por el Juez.

   El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil halla en la mochila una manchita de sangre y, efectuada la prueba del ADN, concluye que esa sangre corresponde a la víctima Villa. El informe es ratificado en el juicio por los miembros de aquel Servicio (f. 1156).

   Es más la esposa del Sr. Constantino reconoce en el juicio la existencia de una mancha de sangre en la mochila, aunque la califica de minúscula (f. 1105).

   Alega el recurrente que el acusado "ha estado durante todo el procedimiento denunciando, con escritos desde la prisión, la falsedad de los resultados sobre la detección de una mancha de sangre en su mochila"; pero no siempre el Sr. Constantino mantuvo esa denuncia; y no deja de ser difícilmente conciliable tal denuncia con su negativa, el 15/11/2001, a contestar al Juez sobre si tenía alguna explicación de porqué en su mochila aparecía un pequeña mancha de sangre que, según el resultado de la prueba de ADN, pertenecía a Villa (f. 1017)

   Agrega el recurrente que, habiendo solicitado un contraanálisis de la mancha por parte del Instituto Nacional de Toxicología, ese órgano no recibió la muestra de mancha sino un extracto del ADN de la misma, sin que nadie garantizase lo que el Servicio de Criminalística remitiera al Instituto. Pero el informe (f. 221) de dicho Instituto no muestra objeción alguna sobre el procedimiento de recepción del extracto ni sobre que no tuviera los elementos adecuados para emitir su dictamen; y, comparecidos los peritos al juicio (f. 1157), explicaron la viabilidad de los análisis.

4. En el cuarto de los motivos denuncia el recurrente la violación del derecho a la presunción de inocencia, para lo que vuelve sobre los indicios, exponiendo que su prueba (ha de entenderse la de los hechos base) no ha sido practicada con observancia de las garantías que la Constitución y las leyes exigen, que existen contraindicios frente a los indicios en que se basa el Jurado y que éstos llevan a inferencias débiles y abiertas que pueden dar lugar a conclusiones alternativas.

5. El primer indicio es que, cuando se produjo la muerte del señor Ángel Daniel, Constantino estaba fuera del acuartelamiento de Soietxes en que residía.

   Que la muerte del Sr. Ángel Daniel tuvo lugar el 25/09/2001, hacia las 11,30, horas no ha sido debatido en la casación. De todas maneras el recurrente pone de relieve que el Sr. Ángel Daniel el día 25 regresó al acuartelamiento de la Salve a las 10.35 horas, según la hoja de servicio que obra al f. 203; y cita la declaración del miembro de la Guardia Civil (en adelante GC) Sr. Jon (el cual declara que pudo ser a las 11, 11,30 o 12 de la mañana).

   Sostiene el recurrente que, según la tarjeta del acuartelamiento de Soietxes, el Sr. Constantino salió del recinto a las 9,10 horas y entró a las 11,51 horas. Y que, ante el dato de que en el reloj había un desfase horario, la Defensa solicitó como prueba que se aportase factura de la reparación, sin éxito.

   Pero el Jurado dispuso de la declaración del testigo NUM002 (Oficial Jefe encargado de la investigación), quien manifiesta en el juicio que Constantino salió de Soietxes a las 9,27 y volvió a las 12,08 horas; y que en 20 minutos se llega desde Soietxes a La Salve.

   Y, además, el Sr. Constantino declaró, el 02.10.2001, que, el 25/09/2001, no estuvo en la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao, que permaneció todo el día en Munguía, dentro del Cuartel del Ejército donde residía; mientras que, el 15/11/2001, manifestó que, si salió, no fue más lejos de Munguía o de Gámiz pero que está seguro que no vino a Bilbao ni estuvo en el cuartel de La Salve.

   Ante todo lo cual no hubo ni hay razón para rechazar que el Jurado haya tomado en cuenta, como base indiciaria, el hecho de la ausencia del Sr. Constantino de su residencia a la hora de la muerte del Sr. Ángel Daniel.

6. El segundo indicio consiste en que, en el transcurso de las horas en que el Sr. Constantino estuvo ausente de su residencia en Soietxes, fue visto en el acuartelamiento de La Salve y accediendo al portal en que vivía el cabo Sr. Ángel Daniel. Para lo que el Jurado dispuso de las declaraciones de los guardias señores Jesús Ángel y Juan Miguel.

   Frente a ello opone el recurrente que, según la hoja de servicio del Sr. Ángel Daniel antes mencionada, y las declaraciones de aquéllos testigos, cuando éstos dicen que vieron al Sr. Constantino en La Salve el Sr. Ángel Daniel estaba vivo y ni siquiera había vuelto, del servicio, a La Salve.

   El guardia Don. Juan Miguel declara que él cumplía el servicio de vigilancia de las 9,30 a las 10,30 horas en la garita 5, a dos metros del portal del Sr. Ángel Daniel, en el que vió entrar y salir por tres veces a una persona con una mochila (lo que comunicó Don. Jesús Ángel) y, después, la vio transitar por la autovía, en el exterior, hacia las 10,30 horas, (persona que más tarde reconoció como el Sr. Constantino y también la mochila); pero ello no excluye que el Sr. Constantino, en una cuarta ocasión, pasadas las 10,30 horas, ya encontrara al Sr. Ángel Daniel en su vivienda.

   Y Don. Jesús Ángel declara que estaba de servicio de las 7 a las 14 horas; y se hallaba en uno de los accesos al acuartelamiento de La Salve, cuando, sobre las 9,45 horas, vió entrar a un sujeto que identificó como guardia civil, y que se dirigió hacia el bloque NUM000 (el del Sr. Ángel Daniel); llamó Don. Juan Miguel para preguntarle sobre aquel sujeto, que entonces estaba de nuevo en el ángulo de visión Don. Jesús Ángel. Añade ese testigo que dicho individuo salió por lo menos una hora después; que entonces no le conocía pero le ha identificado como Constantino y también ha reconocido la mochila que se le exhibe en el juicio como la que portaba dicho individuo.

   También declara Don. Jesús Ángel que vio al Sr. Ángel Daniel cuando regresaba, en el coche, de prestar servicio, después de ver entrar al mencionado sujeto.

   Sin que nada de lo expuesto excluya que el Sr. Constantino se hallara en La Salve a la hora de la muerte del Sr. Ángel Daniel; pues baste pensar que, aun habiendo salido, regresara al acuartelamiento por un acceso distinto al que vigilaba Don. Jesús Ángel. La Salve tenía tres accesos, según declara ese testigo.

7. El tercer indicio es la presencia de una mancha de sangre del Sr. Ángel Daniel en la mochila que fue ocupada al Sr. Constantino.

   Sobre ese indicio al recurso reitera lo que ya hemos examinado más arriba. El indicio se mantiene.

8. De lo hasta aquí expuesto resulta que el Jurado dispuso no menos que de tres fuertes indicios coordinados, cuyos hechos-base fueron acreditados con medios probatorios directos, obtenidos y aportados sin quebrantar la Constitución o la Ley, y que la inferencia que conduce al convencimiento de que el Sr. Constantino causó la muerte al Sr. Ángel Daniel se ajusta a las pautas derivadas de la experiencia general, sin apartarse de norma alguna de la Lógica o de principio o regla de otra ciencia.

9. El cuarto indicio es que el Sr. Constantino mostró tempranamente conocimientos al comandante del Ejército Sr. Federico (según éste declara), acerca de que el Sr. Ángel Daniel presentaba cierto golpe en el pecho y que no habían sido utilizadas las armas del Sr. Ángel Daniel; lo que sólo un interviniente en el hecho podía conocer. (El Jurado yerra al citar el informe de la Guardia Civil sobre balística).

   Opone el recurrente que aquellos datos eran de conocimiento general y cita el respecto que:

   1. El guardia civil (brigada) Sr. José, quien vió el cadáver, manifestó cómo "se comentó mucho el tema". Pero debemos exponer nosotros que ese testigo (f. 990), que vió el cadáver tras el sargento primero Ricardo, detalla que al principio sólo dijo que había aparecido el cuerpo, y que, cuando le dijeron que había secreto sumarial, no comentó nada a nadie.

   2. El capitán Sr. Carlos declara que, en el levantamiento del cadáver, estaba junto a él el brigada mencionado (Eloy o Eusebio), el sargento Ricardo y los miembros de la Policía Judicial; que el forense levantó la camisa y tenía un golpe rectangular en el pecho. Mas debemos poner de relieve nosotros que lo que manifiesta el Sr. Carlos es que "no comentó con nadie cómo eran las circunstancias del cadáver, sólo a su jefe" (f. 993).

   3. El sargento (primero) Sr. Ricardo declara que la muerte del Sr. Ángel Daniel se propagó entre los guardias. Mas debemos llamar la atención sobre que lo que ese testigo manifiesta (f. 1052) es que "abajo había gente (él había subido a la vivienda del Sr. Ángel Daniel y fue el primero en hallar el cadáver), hablaron de que estaba muerto y eso se propagó y se hizo una versión distorsionada entre los guardias".

10. El quinto indicio a que se refiere el Jurado guarda relación con el móvil: la sobrevaloración que el Sr. Constantino tenía hacia el Cuerpo de la Guardia Civil y su repudio hacia la conducta del Sr. Ángel Daniel que consideraba deshonrosa (en cuanto a un asunto de dietas). Se citan al respecto las declaraciones del militar Don. Federico y del miembro de la GC Sr. Ildefonso.

    Objeta en primer lugar el recurso que dichos testigos nada han dicho al respecto. Pero Don. Federico manifiesta (f. 1056) que el Sr. Constantino criticó una vez al Sr. Ángel Daniel "porque hizo una reclamación de unas dietas que él no hubiera hecho". Y Don. Ildefonso declara (f. 1054) que el Sr. Ángel Daniel le comentó algo de que, a veces, ganaba más por las dietas, pero no que hiciera nada extraño o ilegal.

    En segundo lugar, opone el recurrente que tal móvil sería banal "máxime si se observa la saña que se empleó en el asesinato". Pero lo que pudiera reputarse banal para una persona síquicamente sana puede no serlo para una persona como el Sr. Constantino de baja por padecimiento síquico y que sufría, según el sicólogo de la GC (f. 1096), un transtorno de personalidad esquizotípico; y que, según los médicos forenses (f. 1132), tenía ideas sobrevaloradas sobre la Institución de la Guardia Civil.

    Agrega el recurrente que pudiera existir otro móvil: que el Sr. Ángel Daniel supiese cosas que a alguien no le convenía que conociera. Alude a que se trataba de un asunto de la Patrulla de Costas. Cita declaraciones Don. Ildefonso y de la esposa del Sr. Ángel Daniel sobre que éste había dicho que grababa conversaciones con los mandos. Y se refiere a la grabación de la conversación del Sr. Ángel Daniel con varios interlocutores, en que uno de ellos le dice: "Un día te tiran de relleno en el túnel como sigas así, planta cara sin pasarte dentro de tus atribuciones, planta cara al personal, que te pegan un día un manteo eh?, un día te pegan un manteo, tú verás, tu no has subido, pero bueno, pero bueno, pero bueno.- Cambia de forma de ser, que eres un angelito, tú eres un angelito y te utilizan de esa manera, tú veras, yo te estoy diciendo sinceramente, que te meten en un lío un día te vas a enterar, claro de rebote va a venir aquí donde estoy yo...".

    Pero no se encuentra un mínimo de fortaleza en la existencia de tal móvil como para que el Jurado hubiera de tomarlo en cuenta.

11. El Jurado hace referencia a que la persona que cometió el hecho debía ser conocida y tener una cierta relación de amistad con la víctima. Cita, además de la declaración del Sr. Constantino sobre su amistad con el Sr. Ángel Daniel, las manifestaciones de los miembros de la GC Don José y Ricardo y del oficial-Jefe NUM002, uno de los encargados de la investigación (f. 1062).

    Objeta el recurrente que ninguna fuerza tiene ese indicio ya que el Sr. Ángel Daniel residía en un acuartelamiento donde convivía con numerosos compañeros y mandos, a cualquiera de los cuales pudo franquear la puerta. Y añade que no fue encontrado rastro o vestigio alguno del Sr. Constantino Barrosa en el lugar del crimen, y cita una pluralidad de informes.

    El no hallazgo de huellas o vestigios en el lugar del crimen se puede asimilar a que no fue encontrada el arma con que produjo la muerte ni restos del proyectil; lo que indica una especial atención en tal orden por quien llevara a cabo la acción, que tan sólo fallara ante la escasa magnitud de la huella de sangre un una mochila.

    En cualquier caso ya dejamos sentada la gran fuerza derivada de la coordinación de los tres primeros indicios. Y, así, debe reputarse adecuadamente desvirtuada la presunción de inocencia a que se refiere el art. 24 CE, teniendo presente además que las resoluciones de instancia contienen una suficiente motivación. Véanse sentencias -de 14/11/2003 y 16/07/2002 TS-.

    10 Con arreglo al art. 901 LECr., las costas del recurso (incluidas las de la Acusación Particular) han de ser impuestas al recurrente.

    III.

Que debemos declarar y declarar no haber lugar al recurso de casación que, por quebrantamiento de preceptos constitucionales, ha interpuesto la procuradora Sra. Dña. Arantxa Torrealday García, en representación de Constantino, contra la sentencia dictada, el 10/02/2004, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, en apelación contra la Sentencia dictada por el Tribunal del Jurado el 16/10/2003 en causa seguida por asesinato. Y se condena al recurrente al pago de las costas del recurso (incluidas las de la Acusación Particular).

Comuníquese la presente resolución al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, con sede en Bilbao, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo para su archivo en el Rollo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Siro-Francisco García Pérez Andrés Martínez Arrieta Perfecto Andrés Ibáñez José-Manuel Maza Martín Gregorio García Ancos

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Siro Francisco García Pérez , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.