Capítulo 2. El riesgo de creer que la democracia está plenamente consolidada
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CAPÍTULO 2. EL RIESGO DE CREER QUE LA
DEMOCRACIA ESTÁ PLENAMENTE CONSOLIDADA
Si algo nos ha enseñado el devenir de la historia es que los conictos béli-
cos siguen sucediéndose, que las crisis económicas son cíclicas o que, incluso,
en pleno siglo XXI podemos vivir una pandemia que nos lleve a connarnos
durante semanas. En esta misma línea son muchos quienes arman, con gran
razón, que los derechos que tanto tiempo nos ha costado conseguir, pueden
sufrir un retroceso o, en el peor de los casos, desaparecer, por lo que es un
error darlos por consolidados.
Con la propia democracia puede pasar algo parecido, aunque la deriva au-
toritaria de un país actualmente sigue un patrón diferente al de las dictaduras
del siglo XX. En los últimos años, es dentro del propio sistema democrático
donde se comienzan a dar los primeros pasos hacia el alejamiento de sus ba-
ses. Así, tal y como arman Levitsky y Ziblatt, desde el nal de la Guerra Fría,
la mayoría de las quiebras democráticas no provienen de golpes de Estado
sino de los propios gobiernos electos por medio de pequeños gestos como el
control de los medios de comunicación, el cambio normativo que redunde en
un mayor control de las elecciones y el peso de los demás partidos de la opo-
sición, o la reducción de los mecanismos de participación ciudadana y otra
serie de cambios que, en denitiva, persigan disminuir los contrapesos30 (Tri -
bunales de garantías constitucionales, poder judicial, sesiones de control, etc.).
En este punto, la pregunta que podríamos plantearnos es cómo se llega
a esta situación. ¿En qué momento la ciudadanía ha permitido que líderes o
movimientos extremistas alcancen el poder? La demagogia y el extremismo
siempre han existido, el problema se da cuando logran captar las emociones
y el descontento de la ciudadanía. Y si los demás partidos políticos permi-
ten el auge de estos líderes o, por el contrario, se posicionan en contra de sus
políticas y de toda alineación con ellos en caso necesario. Si bien durante las
campañas electorales se critica duramente al oponente político, incluso mani-
festando públicamente su carácter de extremista, una vez llegado el momento
de hacer pactos políticos para hacerse con el poder ejecutivo y comenzar el
30 Levitsky, S., y Ziblatt, D., Cómo mueren las democracias, op cit., pág. 13.
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María Dolores Montero Caro
“reparto de sillones”, la prioridad cambia. En un sistema parlamentarista,
como es España, los pactos de gobierno son mecanismos de salud democráti-
ca, pero, si de ello deriva la incorporación de líderes o partidos extremistas a
cargos de poder, el inicio del declive democrático comienza a operar.
No obstante, si el dirigente extremista nalmente logra llegar al poder por
la vía democrática, la ciudadanía raramente percibe que la democracia esté
en peligro ya que “los autócratas electos mantienen una apariencia de demo-
cracia, a la que van destripando hasta despojarla de contenido”31. De hecho,
en muchas ocasiones estos gobernantes hacen uso de los mecanismos legales
y democráticos existentes para aprobar normas que, imperceptiblemente y,
gradualmente, suponen retrocesos de derechos y libertades. Incluso, se aca-
ba convenciendo a la población de la necesidad de esos cambios para sanear
las instituciones, para regenerar la democracia o para luchar contra la corrup-
ción. Los gobernantes buscan, a toda costa, impregnarse de legitimidad en sus
actuaciones, por lo que “procuran que la obediencia sea voluntaria y fruto del
reconocimiento por sus resultados y por sus formas”32. Veamos a continuación
algunos ejemplos de líderes que, habiendo accedido democráticamente al po-
der, emprendieron una política antidemocrática una vez en el cargo.
Alberto Fujimori, inesperadamente, gana las elecciones en Perú en 1990
aprovechando el desencanto de los peruanos hacia los partidos tradiciona-
les en un contexto de grave crisis económica como consecuencia de la alta
inación. Su rival político por entonces, Mario Vargas Llosa, no logra el apo-
yo ciudadano por entender que representaba exclusivamente los intereses de
la élite del país. Una vez alcanzado el poder, Fujimori se encuentra un Con-
greso controlado por la oposición, que a su vez había elegido a los miembros
del Tribunal Supremo, así como a unos medios de comunicación en su mayor
parte simpatizantes de Vargas Llosa. Es decir, poseía el poder ejecutivo, pero
no controlaba el resto de poderes.
Pronto, el presidente peruano mostró su disconformidad con los trámites
constitucionales necesarios para la aprobación de normativa ya que, en multi-
tud de ocasiones, esto le impedía aprobar las leyes que él mismo proponía. Así,
cansado de esta situación, empezó a saltarse el proceso legislativo, aprobando
numerosos decretos ejecutivos, muchos de ellos declarados inconstitucionales
31 Ibidem.
32 Villoria, M. “La transparencia, la imparcialidad y la calidad de la democracia”,
en Cotino Hueso, L. y Boix Palop, A. El buen gobierno y la transparencia, a caballo entre la
Ética y el Derecho, Dilemata, Revista Internacional de Éticas Aplicadas, núm. 27, pág. 2.
Democracia en transición: una agenda para su regeneración
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por los tribunales. Esta situación, unida a la campaña iniciada por los parti-
dos de la oposición para sacarlo de la presidencia, trajo consigo el anuncio el
5 de abril de 1992 de Fujimori de ordenar la disolución del Congreso, interve-
nir el poder judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la suspensión
de gran parte de la Constitución del país. Este acontecimiento fue conocido
como “autogolpe de Estado”.
En este caso de Perú, se dieron varios de los ingredientes fundamenta-
les para la deriva autoritaria del país. En primer lugar, una situación de crisis
económica que propició un desencanto y sentimiento de falta de representa-
ción por parte de los peruanos; en segundo lugar, un nuevo líder que, a través
del uso de mensajes y eslóganes populistas, consiguió captar el interés de los
desencantados con los políticos tradicionales. A todo ello había que añadir la
legalidad en el proceso electoral que llevó a Fujimori al poder, por lo que la
legitimidad del mismo no podía ser cuestionada. En este caso, la degradación
del sistema democrático comenzó a brotar una vez en el cargo el nuevo presi-
dente, alcanzando su clímax con el autogolpe de Estado de 1992.
Pero no todos los supuestos de erosión de los derechos y libertades ciu-
dadanas han acabado con un golpe o autogolpe de Estado. Tal es el caso de
Polonia, que desde que el partido Ley y Justicia (PiS) volviera a hacerse legí-
timamente con el poder en 2015, han sido numerosos los intentos de socavar
la independencia del poder judicial y del órgano de garantías constitucionales
que representa el Tribunal Constitucional, aprobando cambios que afectan al
proceso de selección de sus miembros favoreciendo al gobierno en ese mo-
mento en el poder. Sin duda, hacerse con el control de uno de los contrapesos
más importantes de toda democracia, como es el Tribunal Constitucional, es
una deriva autoritaria del gobierno. En la misma línea se sitúa Hungría donde,
al igual que Polonia, se viene produciendo un progresivo control del gobier-
no de Orbán sobre el Tribunal Constitucional, aprobando desde 2011 una
serie de reformas legislativas que culminaron en una nueva Constitución, de-
jando prácticamente sin poder al Tribunal Constitucional. Entre los cambios
adoptados por Orbán y su partido Fidesz destaca el producido para cambiar
la mayoría de designación de los miembros del Tribunal, pasando a necesitar
dos tercios, lo que hacía que ellos mismos pudieran designar a los jueces. Asi-
mismo, se aumentó el número de jueces a quince, para así poder incorporar a
siete nuevos jueces leales al Fidesz33.
33 Bugaric, B., y Ginsburg, T., e Assault on postcomunist Courts, Journal of De-
mocracy, vol. 27, núm. 3, 2016, pág. 73.
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