STS, 19 de Enero de 2007
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| ECLI | ES:TS:2007:118 |
| Número de Recurso | 77/2005 |
| Fecha de Resolución | 19 de Enero de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Enero de dos mil siete.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación número 77/ 2005, interpuesto por el Abogado del Estado, contra el Auto de 10 de noviembre de 2004, sobre reconocimiento de extensión de efectos a la sentencia dictada con fecha 16 de enero de 2002 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habiendo comparecido el Procurador don Jaime Pérez de Sevilla y Quitart, en nombre y representación de don Eusebio .
Por escrito fechado de entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 26 de septiembre de 2002, don Eusebio, con D.N.I. número NUM000, identificado, por error, como don Juan, solicitó la extensión de los efectos de la sentencia de fecha 16 de enero de 2002 dictada en el recurso número 206/ 98 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El fallo de la sentencia cuya extensión se pretende dispuso literalmente:
"Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jose Ignacio, en su propio nombre y representación, contra la resolución del Ministerio de Defensa de 30 de septiembre de 1997, y por lo tanto, se reconoce al recurrente la consideración social de Suboficial con el correspondiente derecho de acceso a la asistencia sanitaria, residencial, y atención social y recreativa en la misma consideración que los suboficiales, sin que se le conceda ningún derecho económico, dejando sin efecto la mencionada resolución por ser contraria a derecho en lo que a este recurso se refiere. No se hace pronunciamiento sobre costas".
El Abogado del Estado interpuso recurso de casación contra el Auto de fecha 10 de noviembre de 2004 de extensión de efectos de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 16 de enero de 2002 .
Se ha personado el Procurador don Jaime Pérez de Sevilla y Quitart, en nombre y representación de don Eusebio, como parte recurrida, habiendo presentado escrito de oposición al recurso.
Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día diecisiete de enero de dos mil siete.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, Presidente de Sala
El Abogado del Estado promueve el recurso de casación invocando la infracción del artículo 110.1.a) de la LJCA, al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJCA .
En el caso examinado el auto recurrido, de fecha 10 de noviembre de 2004, señala:
"La parte actora, D. Eusebio (...), interpone recurso de súplica contra el auto de 29 de julio de 2004, que desestima la pretensión de extensión de efectos de la Sentencia nº 25/ 02 de fecha 16 de enero de 2002, dictada en el recurso contencioso administrativo 206/ 98. Y ello porque tal como se recoge en el fundamento de derecho segundo en cuanto a la primera cuestión, no obra en los autos documentación suficiente que acredite que el solicitante esté realizando de forma habitual servicios propios de los suboficiales, sin que baste la afirmación genérica de que los está llevando a cabo, mas aun cuando el único certificado que obra en el expediente administrativo se está refiriendo a los servicios prestados por el Cabo Primero Eusebio mientras que el recurrente es D. Juan .
Pues bien, en primer lugar, conviene aclarar que efectivamente quien ha interpuesto el presente recurso es Eusebio y no Juan pues el DNI que se indica en el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo es el que la Administración, según su documentación, atribuye a D. Eusebio que es quien, por otra parte, efectuó la petición ante la Administración y es a quien se refiere el único documento que figura en el expediente administrativo.
Pues bien, tenemos que admitir el recurso de súplica y dar la razón al recurrente pues consta en el expediente administrativo un certificado del que se deduce que el actor efectúa labores de Suboficial de manera habitual. En este sentido, el Capitán del Cuerpo General de las Armas, Jefe de la Sección de Personal del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles certifica que el Cabo Primero MPTM D. Eusebio (...) se encuentra destinado en esta Unidad en la que realiza servicios de Comandante de la Guardia."
El recurso de casación interpuesto al amparo del artículo 88. 1. d) de la Ley de la Jurisdicción contiene dos motivos. En ellos el Abogado del Estado señala que el incidente de extensión de efectos ha de ser objeto de interpretación restrictiva, limitado a los actos administrativos dictados en masa, excluyendo los casos que, para acreditar la similitud de situaciones, precisan de una actividad probatoria que debería llevarse a cabo en un procedimiento ordinario y, en ningún caso, en un incidente de ejecución de sentencia como es el previsto en el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción . Entiende el Abogado del Estado, que no hay la imprescindible identidad de situaciones jurídicas entre la del Cabo Primero al que se refiere la Sentencia de 16 de enero de 2002 de la Sala de Madrid y la del Sr. Juan .
Además, con fundamento en el artículo 88.1.d ) por infracción de la jurisprudencia, se invocan las sentencias de esta Sala y Sección de 18 y 24 de mayo de 2004 y se recuerda que la jurisprudencia ha venido a declarar la improcedencia de extender los efectos de una sentencia a terceros cuando medie acto administrativo consentido y firme en vía administrativa, aún respecto de solicitantes anteriores a la reforma operada en el artículo 110 de la Ley Jurisdiccional por la Ley Orgánica 19/2003, no siendo idéntica la situación jurídica del que recurrió en tiempo y forma respecto al acto administrativo que anula la sentencia frente a la del que se aquietó con la decisión administrativa, sin recurrir la misma.
El artículo 110 de la Ley 29/1998 establece respecto de las cuestiones de personal al servicio de la Administración Pública la extensión de los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada cuando concurra como primera circunstancia que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos en el fallo, teniendo en cuenta que la disposición transitoria cuarta de la Ley 29/1998 establece que la ejecución de las sentencias firmes dictadas después de la entrada en vigor de dicha Ley se llevarán a cabo según lo dispuesto en ella.
Así, la Ley se preocupa de advertir que, en ningún caso, se podrá reconocer una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme, pues lo contrario supondría desvirtuar la naturaleza de esta forma de entender la ejecución de la sentencia, ya que no se trata de una extensión automática de los efectos de la sentencia, teniendo en cuenta el principio de seguridad jurídica.
En las precedentes sentencias de esta Sala y Sección de 12 de enero, 25 de mayo y 13 de septiembre de 2004, 21 de diciembre de 2005 y 8 de febrero de 2006 se subraya como el artículo 110.1 a) de la Ley 29/98 es terminante a este respecto y exige que sean, no semejantes, ni parecidas, similares o análogas, sino idénticas las situaciones respecto de las que se pretende la extensión de efectos de la sentencia. Por tanto, es preciso operar con extremo cuidado a la hora de comprobar si existe o no esa identidad y tal requisito debe entenderse en sentido sustancial. Es decir, la Ley de la Jurisdicción está pidiendo que sean las mismas las pretensiones jurídicas que sobre ellas se fundamentan en un caso y en el otro, pues lo único que estamos haciendo es cumplir lo que en dicho precepto, concretamente, en su apartado 1 a ) se establece: que sólo cabe esa extensión cuando las situaciones jurídicas sean idénticas.
En este sentido debe entenderse la alegación del Abogado del Estado, que esta Sala comparte pues, con independencia de que el incidente de extensión de efectos se refiera o no a los llamados actos masa (el artículo 110 de la Ley Jurisdiccional no dice nada al respecto), lo que sí resulta preciso es que la identidad de situaciones debe revelarse como evidente eludiendo la necesidad de realizar un análisis de la prueba que así lo confirme, por tratarse de la actividad propia de un procedimiento ordinario o abreviado, extremo que resulta improcedente en el recurso de casación.
Sin embargo, la Abogacía del Estado, en los motivos del recurso de casación, a la hora de combatir la apreciación de la Sala de Instancia respecto de la existencia de "identidad de situación jurídica" se limita a cuestionar que la documentación aportada "no acredita ni la realización de un trabajo idéntico al desarrollado por la persona favorecida por el fallo, ni al de los destinos de los Suboficiales, realizándose, en definitiva, una interpretación extensiva de la figura de la extensión de efectos."
En realidad, en este caso, lo determinante para la apreciación de la circunstancia de la que dependía el reconocimiento de la extensión de efectos no era la naturaleza material del trabajo realizado, sino verificar que el Cabo Primero desempeñaba con habitualidad tareas propias de Sargento, circunstancia que fue la tomada en consideración por la Sala de instancia en la sentencia cuyos efectos se pretenden extender a partir de la certificación acreditativa de la realización de aquellas, al igual que sucede con los Autos ahora recurridos.
En consecuencia, acreditado que el solicitante de la extensión de efectos reunía las mismas condiciones analizadas por la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, ha de afirmarse la concurrencia del requisito de la plena identidad de situación jurídica, pues ni el Abogado del Estado justifica ni esta Sala aprecia que los Autos impugnados consideren otra razón de decidir que la indicada.
Finalmente se subraya, respecto a la jurisprudencia que invoca el Abogado del Estado, que no se contempla en ella supuestos exactamente iguales al aquí expuesto. En efecto, las sentencias de 18 y 24 de mayo de 2004 se refieren a un Concurso General de Méritos entre funcionarios policiales algunos de los cuales recurrieron y obtuvieron una sentencia favorable frente a lo que entendían, y así lo reconoce la sentencia, una reducción improcedente del plazo posesorio. En esos casos, otros funcionarios consintieron la resolución del concurso que podían haber impugnado en cuanto al específico particular del plazo para la toma de posesión, que al no haberlo hecho quedó firme, resultando imposible reabrir extemporáneamente un pronunciamiento ya consentido, por no haber sido recurrido en tiempo y forma mediante una solicitud de extensión de efectos posterior.
En el presente caso, sin embargo, no existe un previo acto administrativo que el Sr. Eusebio consintiera, limitándose a solicitar en plazo la extensión de efectos de una sentencia por entender que se encuentra en la misma situación jurídica que el favorecido por el fallo, por lo que no concurre la excepción que alega el Abogado del Estado y procede rechazar el motivo.
Los razonamientos expuestos conducen a declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, con imposición de costas a dicha parte recurrente.
Debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación 77/ 2005, interpuesto por la Abogacía del Estado contra el Auto de fecha 10 de noviembre de 2004, dictado en la pieza de extensión de efectos tramitada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha, lo que Certifico. Rubricado.
