STS, 11 de Abril de 1996

Se formula el motivo primero de este recurso al amparo del nº 2º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "al haber existido error en la apreciación de la prueba en cuanto a la influencia que ha tenido la psicopatía que padecía Juan Ignacioen la realización de los hechos descritos en la sentencia".

Se designa como particular que acredita el error denunciado el siguiente - extraído del informe de los doctores D. Cesary Dª Milagros-, cuya conclusión establece: "Juan Ignaciopadece un trastorno narcisista de la personalidad (en todo equivalente a una personalidad psicopática) de carácter grave, lo que determina una disminución marcada de la base antropológica de la imputabilidad. Existe una clara relación entre el hecho punitivo y la incompetencia para dirigir su propia conducta que es una de las características de este tipo de personalidades". Y añade: "Con tal conclusión parece evidente que no puede entenderse como hace el Tribunal sentenciador ..... "que esa disminución es ligera y más cuando la reacción es abiertamente desproporcionada en términos objetivos y conlleva la conculcación de una norma tan elemental como la prohibición de matar".

Reiteradamente ha declarado esta Sala que los informes periciales, en principio, no pueden ser considerados "documentos", a efectos casacionales. Los informes periciales son pruebas personales, con independencia de que se hallen documentados en los autos. Solamente - y con carácter excepcional - se les puede reconocer carácter documental - como ha declarado también reiteradamente esta Sala - cuando en la causa no exista más que un solo informe o varios plenamente coincidentes y el Tribunal, careciendo de toda otra prueba sobre el extremo de que se trate, los haya recogido en la sentencia en forma parcial, omitiendo extremos jurídicamente relevantes, o haya llegado a conclusiones divergentes con las mantenidas por los peritos, sin haber razonado adecuadamente tal divergencia.

En el presente caso, de modo patente, no concurren las circunstancias excepcionales a que se ha hecho referencia y, por ende, procede la desestimación de este motivo. Existe más de un informe pericial en la causa; los informes no son plenamente coincidentes, y el Tribunal de instancia razona convenientemente su valoración de los diversos informes y la conclusión a la que finalmente llega (v. FJ 1º- G de la sentencia recurrida). En último término, como dice el Ministerio Fiscal al evacuar el trámite de instrucción del recurso, "no corresponde al perito psiquiátrico formular el juicio sobre la imputabilidad". Al perito le corresponde "establecer el diagnóstico psiquiátrico" y "establecer la transcendencia de la enfermedad en el psiquismo y más concretamente en la facultades intelectuales y volitivas".

Procede, en conclusión, la desestimación de este motivo.

El segundo motivo ha sido deducido al amparo del núm. 1º del art. 849 de la LECrim. "por indebida aplicación del nº 10 del artículo 9 del C.P., ya que debió aplicar el nº 1 de dicho art. 9, en relación con el 8.1º del C.P.".

Dice la parte recurrente que "este motivo trae causa del anterior y es consecuencia del mismo" y luego afirma que "los Tribunales deben hacer uso de todos los mecanismos legales a su alcance para evitar que se vulnere el principio de proporcionalidad de las penas ..".

Se plantean, pues, dos cuestiones distintas en este motivo; lo cual no es legalmente procedente (v.art. 874 LECrim. y ss. de 25 de marzo de 1982, 13 de junio de 1987 y 13 de noviembre de 1991, entre otras). En todo caso, y por lo que a la proporcionalidad de las penas se refiere, ha de reconocerse que, en principio, es el legislador el que determina las penas correspondientes a cada infracción en atención al valor que la sociedad reconoce a los correlativos bienes jurídicamente protegidos, así como a la culpabilidad y peligrosidad de los sujetos activos de las conductas enjuiciadas en cada caso. A este respecto, baste poner de manifiesto el bien jurídico atacado (la vida de una persona) y la forma en que lo fue (alevosamente).

Por lo demás, la dependencia - expresamente reconocida - entre este motivo y el anterior hace que la desestimación de éste determine, como lógica consecuencia, la procedencia de desestimar igualmente el ahora examinado.

El acusado - según se dice en el relato fáctico - padece un trastorno narcisista de la personalidad, que constituye "un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía" (v. DSM-IV 301.81). Se trata de personas que creen que son superiores, especiales o únicos y esperan que los demás les reconozcan como tales; generalmente, demandan una admiración excesiva; esperan ser atendidos y están confundidos o furiosos si esto no sucede; tienen una falta de sensibilidad para los deseos y necesidades de los demás. Y todo ello viene a determinar que quienes se relacionan con estos sujetos lleguen a una frialdad emocional y una falta de interés recíproco.

Son propios de este tipo de personas los comportamientos arrogantes o soberbios, y además son muy sensibles a los "ultrajes" de la crítica y a la frustración. El trastorno narcisista de la personalidad, finalmente, no incluye necesariamente las características de impulsividad, agresión y engaño.

Entiende la doctrina científica que la valoración penal de los delitos cometidos por los sujetos con trastornos de la personalidad es muy compleja y debe individualizarse caso por caso. Por lo demás, cuesta trabajo admitir que una personalidad que no es normal no pueda beneficiarse siquiera de la atenuación de la pena. Se destaca, en todo caso, que a este tipo de delincuentes solamente se les puede imponer una pena como medida de la culpa, mas no como medio de intimidación. De ahí que doctrinalmente se proponga la conveniencia de complementar la resolución punitiva con otras medidas, más propias del campo penal preventivo. En todo caso, debe afirmarse que la imputabilidad del psicópata delincuente sólo deberá estimarse atenuada en casos excepcionales, es decir, cuando pueda objetivarse una disminución de la voluntad para obrar en relación con la conciencia.

Dicho esto, basta poner de manifiesto que la Sala de instancia examina con detalle esta cuestión (v. FJ 1º G) y que, en definitiva, al no poder estimarse ningún tipo de error en la valoración de las pruebas, procede respetar el fundado criterio de aquélla.

Procede, en conclusión, la desestimación de este motivo.

El motivo tercero, por el cauce casacional del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia inaplicación del nº 8 del art. 9 y 61.1 del C.P., por atenuante de arrebato, como muy cualificada.

Dice la parte recurrente, en apoyo de este motivo, que "resulta difícil la distinción entre este trastorno mental incompleto (el trastorno mental de origen exógeno, sin necesidad de base patológica) y la atenuante de arrebato u obcecación cuando es muy cualificada". "Nosotros planteamos esta alternativa". "Parece evidente que el deseo de abortar de Marcelina, sin contar con Juan Ignaciodesencadenó en él un estado anímico de perturbación y oscurecimiento de sus facultades psíquicas ..". "El hecho de que Marcelinadecidiera abortar unido a su deseo de no seguir manteniendo relaciones sentimentales con Juan Ignacio, fue causa suficiente para producir en éste un estado pasional, máxime teniendo en cuenta el trastorno narcisista de la personalidad que éste padecía ..".

El cauce procesal elegido demanda la intangibilidad del relato fáctico de la sentencia recurrida (art.884.3º LECrim.), cosa que el recurrente no respeta en su argumentación. Ello pudo ser causa de inadmisión del motivo, y, en este trámite, debe ser causa de desestimación del mismo. En último término, la vinculación que se pretende establecer entre la decisión de Marcelinay el trastorno de la personalidad que padece el recurrente supondría una doble valoración de esta última circunstancia, en cuanto el Tribunal de instancia ha fundado en ella la estimación de la atenuante analógica.

Procede, por todo lo dicho, la desestimación de este motivo.

El cuarto motivo, por el mismo cauce casacional que el anterior, denuncia infracción de ley "por indebida aplicación del art. 406.1 del C.P.".

Dice por toda argumentación de este motivo la parte recurrente que "aunque la sentencia establece que antes de los hechos se entabló una conversación entre Juan Ignacioy Marcelina, sobre la posibilidad de abortar y la conveniencia de reanudar relaciones, lo cierto es que esta inferencia del Juzgador puede ser combatida en casación y muy bien lo que establece como conversación pudo ser discusión, ..". Y "si hubo discusión previa entre Juan Ignacioy Marcelina, no cabe apreciar la agravante de alevosía, a tenor de nuestra jurisprudencia: ..".

El motivo carece de fundamento atendible. Su argumentación se basa en definitiva en una falta del respeto debido al hecho probado que se pretende sustituir, sin ninguna base lógica ni cauce procesal adecuado, por una mera hipótesis, que no ha sido admitida por el Tribunal de instancia, al ser incompatible con la versión de los hechos que se describe en el "factum".

Procede, en conclusión, sin necesidad de mayor argumentación, la desestimación de este motivo.

El quinto motivo del recurso (numerado indebidamente también como cuarto), por el mismo cauce casacional que el anterior, denuncia igualmente infracción de ley "por inaplicación del art. 407 del C.P.".

Según el recurrente, "este motivo trae su causa del anterior y es lógica consecuencia del mismo, ya que si no existe alevosía el tipo a aplicar sería el básico del homicidio, es decir el artículo 407".

En consecuencia, la desestimación del cuarto motivo de este recurso arrastra de forma inexorable la misma decisión respecto del motivo ahora examinado, sin necesidad de mayor argumentación.

2. Recurso de Marcelina, que interviene en la causa como acusadora particular.

El motivo primero de este recurso, al amparo del art.849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia infracción de ley "por inaplicación de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante prevista en el apartado 6 del artículo 10 del Código Penal", esto es, la de "premeditación".

Entiende la parte recurrente que "de la propia resolución recurrida, ..., se desprende claramente que la actuación de Juan Ignacioestuvo marcada por una premeditación fría y calculada, así como conocida por él mismo y por otras personas". Sostiene, en suma, que en el presente caso concurren todos los requisitos precisos, según la jurisprudencia, para la estimación de esta agravante (persistencia de la resolución, frialdad de ánimo y conocimiento de la premeditación).

La circunstancia agravante consistente en obrar el delincuente con premeditación conocida constituye, sin duda, una circunstancia polémica en el campo doctrinal que además ha sido suprimida en el Nuevo Código Penal (v.arts. 22 y 139).

La jurisprudencia de esta Sala ha venido exigiendo, para la estimación de esta agravante, la concurrencia de los siguientes requisitos: a) ideológico, o deliberación reflexiva y resolución firme; b) cronológico, es decir, la persistencia del deseo acordado realizar durante cierto tiempo; c) psicológico o anímico, consistente en la ausencia pasional reveladora de cierta frialdad en el obrar; y d) la apreciación de un plus antijurídico, basado en la mayor repulsa del acto delictivo, en atención a los motivos de obrar y a la valoración de la personalidad del sujeto activo como elemento sintomático (ss. de 6 de abril de 1981 y 5 de julio de 1985, entre otras). Y se ha declarado incompatible con el estado pasional, con el arrebato y la obcecación, así como con la eximente incompleta de enajenación mental (v. ss. de 8 de abril de 1993, 24 de noviembre de 1994 y de 24 de junio de este mismo año).

La Sala de instancia ha examinado, con todo detalle, esta cuestión en el tercero de los fundamentos de derecho de la resolución recurrida, llegando a la conclusión de que los indicios a través de los cuales podría inferirse la concurrencia de los requisitos necesarios para la estimación de esta agravante son ciertamente equívocos; de tal modo que, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal al instruirse del recurso, "es evidente que la indeterminación del momento en que surge la decisión de matar hace imposible la estimación de la agravante".

Procede, en conclusión, la desestimación de este motivo.

El segundo motivo de este recurso, también por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia "inaplicación del artículo 325 bis del Código Penal, y aplicación indebida del artículo 585.3 del mismo cuerpo legal".

Sostiene la parte recurrente que, en el presente caso, existían unas amenazas hechas a personas que iban a actuar como testigos en un procedimiento judicial. Conocimiento que la recurrente infiere de los datos que específicamente se relacionan en el recurso. Y, tras poner de manifiesto que este tipo de delito es de mera actividad, destaca cómo, en el presente caso, aunque el objetivo que se propuso Juan Ignaciono se consiguió (por cuanto las personas amenazadas declararon en su contra), lo que resulta evidente es que el efecto intimidatorio sí se consiguió, como expresamente reconocieron las afectadas.

El Ministerio Fiscal, al evacuar el trámite de instrucción, ha apoyado explícitamente este motivo, por entender que, en el presente caso, la conducta enjuiciada cumple todos los requisitos del tipo de obstrucción a la justicia del art. 325 bis, párrafo 1º del Código Penal, sobre la base de entender que las conversaciones mantenidas por el acusado con Teresay Esther, amigas de Marcelina, en las que aquél les advertía de que "como Marcelinadijera algo de que había sido él, iría a por ellos" y que "si Marcelinano retiraba los cargos iría a por todos", constituían realmente una amenaza de muerte dirigida finalmente a una persona -Marcelina- que tenía la condición de denunciante.

La Sala de instancia, por su parte, ha examinado, también con detalle, la cuestión aquí planteada y razona por qué entiende que no cabe apreciar la comisión por el acusado del delito del art. 325 bis, párrafo 1º del C. Penal.

El delito del art. 325 bis, párrafo 1º, del Código Penal, que guarda una próxima relación con los de amenazas y coacciones de los arts. 493.1º y 496 del mismo texto legal, es un delito de peligro, que se consuma en cuanto con violencia o intimidación se intenta coartar la libertad de quienes intervienen en el proceso; cuyo bien jurídico protegido lo constituye, de un lado, la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas, y , de otro, la administración de justicia, que demanda la necesidad de preservar el correcto desarrollo del proceso. Sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona; pero sujeto pasivo únicamente pueden serlo las personas específicamente relacionadas en el propio texto penal (denunciantes, partes, peritos, intérpetres o testigos). Desde el punto de vista normativo, tiene declarado la jurisprudencia que la intimidación contemplada en el artículo ahora examinado ha de entenderse en un sentido amplio y omnicomprensivo (v.ss. de 12 de diciembre de 1988 y 5 de noviembre de 1990). Se trata, por lo demás, de un delito de intención, que, por ello, excluye la forma culposa, y, en definitiva, se trata de un delito de simple actividad, en el que la consumación se alcanza con el simple ejercicio de la violencia o intimidación dirigida a obtener alguno de los efectos previstos, con independencia de que el sujeto activo consiga, o no, sus objetivos (v.ss. de 9 de mayo de 1986, 16 de marzo de 1990 y 22 de febrero de 1991).

En el presente caso, ha de reconocerse que - como se pone de manifiesto en la sentencia recurrida (FJ 6º b.) tanto Teresacomo Esther(las amigas de Marcelinaa las que el acusado llamó por teléfono), en principio, no eran sujetos pasivos idóneos del delito del art. 325 bis del Código Penal, ni por el contenido de las conversaciones mantenidas con ellas por el acusado puede deducirse que este último persiguiera con sus amenazas que sus interlocutoras dejasen de prestar alguna declaración o la prestasen desviadamente. Con independencia de ello, las amenazas hechas por el acusado en su conversación con Teresa- como también se dice en la sentencia recurrida - han sido juzgadas y sancionadas en juicio de faltas.

A la sazón, el único sujeto pasivo idóneo de las amenazas proferidas por Juan Ignaciono cabe la menor duda que lo era Marcelina(que le había denunciado), mas, como se pone de manifiesto en la propia sentencia recurrida, "se omite en el relato de hechos la base fáctica de los elementos descriptivos, normativos y teleológicos del tipo, es decir que los mensajes eran dirigidos siquiera por vía oblicua a Marcelina, en su calidad de denunciante o testigo futuro y con la intención patente de que le fuera hecho llegar el mensaje para que se retractara. Esa dirección de los mensajes, esa intención patente no resultan del relato de hechos de la acusación, en el que no queda nada claro que el sujeto pasivo del delito fuera Marcelina. Omisiones que no pueden ser suplidas mediante un relato de hechos diferente por parte del Juzgador que además habría de sentar las bases fácticas de la suficiencia, a efectos del tipo, de los mensajes indirectos, y más cuando la voluntad de tener a Marcelinapor destinataria final de las palabras se inferiría con más claridad de la existencia de una doble amenaza y ya se ha dicho que sólo una puede ser enjuiciada" (la hecha a Esther; al haber sido enjuiciada ya la hecha a Teresa) (v. FJ 6º b.).

Por lo demás, es preciso poner de relieve -frente a la tesis defendida por el Ministerio Fiscal, al evacuar el trámite de instrucción de los recursos- que del relato de hechos probados de la sentencia -de obligado respeto, dada la vía casacional examinada (art.- 884.3º LECrim.)- no resulta que el acusado hiciera expresamente amenazas de muerte en las conversaciones telefónicas mantenidas con Teresay Esther, ni, en último término, que tales amenazas fueran dirigidas contra Marcelina(según se razona en la sentencia recurrida).

Por todo lo dicho, procede la desestimación de este motivo.III.