Administrativo

Páginas121-125

Adminisctrativo1

1 · LEGISLACIÓN

[Portugal]

Contratação de Empreitadas de obras públicas

Decreto-Lei 132/2005, de 16 de Agosto (DR 156 Série I-A de 2005-08-16)

Cria um regime excepcional para a contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e aquisição de serviços que tenham em vista prevenir ou acorrer a situações extraordinárias decorrentes da seca em 2005.

Componentes aerogeradores eólicos

Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2005, de 10 de Agosto (DR 153 SÉRIE I-B de 2005-08-10)

Declara a utilidade pública de uso privativo de uma parcela de terreno do domínio público, sob jurisdição do IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P., a ser objecto de contrato de subconcessão para a instalação de uma unidade industrial para fabricação de componentes aerogeradores eólicos.

Tarifas de energia eléctrica

Despacho n.º 14172-A/2005, de 27 de Junho (DR 121 SÉRIE II, 1.º Suplemento de 2005-06/27)

Aprovação e publicação das tarifas de energia eléctrica e dos preços regulados para vigorarem, a partir de Janeiro de 2005, em todo o território nacional.

2 · JURISPRUDENCIA

[Unión Europea]

Imposibilidad de considerar las empresas de economía mixta como medios propios de la Administración

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de enero de 2005; asunto Stadt Halle (as. C-26/03)

La sentencia examina la posibilidad de considerar una sociedad de economía mixta, en la que una empresa privada participa en una proporción minoritaria, como un «medio propio» de la Administración, a los efectos de excluir las encomiendas que la Administración pudiera hacer a esa sociedad de economía mixta de las normas comunitarias de la contratación pública.

La sentencia recuerda que, con arreglo a la jurisprudencia del TJCE, en el caso de que una autoridad pública adjudicadora ejerza sobre una entidad distinta, con la que pretende contratar, un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, y esta entidad realice la parte esencial de su actividad con la autoridad o autoridades públicas que la controlan, la licitación no será obligatoria. Por el contrario, la participación, aunque sea minoritaria, de una empresa privada en el capital de una sociedad en la que también participa la entidad adjudicadora excluye que dicha entidad pueda ejercer sobre la sociedad participada un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. En consecuencia, según el TJCE, las sociedades de economía mixta no pueden considerarse «medios propios» de la Administración que participa en su capital, con independencia de que la participación privada sea minoritaria. La entidad adjudicadora habría debido, por tanto, de aplicar los procedimientos de contratación pública en lugar de contratar directamente, sin previa licitación, con la sociedad de economía mixta.

[España]

Inicio del cómputo del plazo de caducidad del procedimiento sancionador

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 10 de febrero de 2005

La sentencia considera como dies a quo del plazo de caducidad de un expediente sancionador la fecha de notificación de la denuncia al presunto infractor, aun cuando el procedimiento sancionador se incoara formalmente con posterioridad, argumentando que desde ese momento se dan cita materialmente todos los elementos objetivos y subjetivos necesarios para que el procedimiento pueda comenzar.

Principio de legalidad sancionadora en relación con los concesionarios de las administraciones públicas

Sentencia del Tribunal Constitucional 26/2005, de 14 de febrero de 2005

Esta sentencia confirma la plena aplicación del principio constitucional de legalidad sancionadora (recogido en el artículo 25.1 CE) en relación con los concesionarios de las Administraciones públicas. A tal efecto, el TC entiende que resulta irrelevante la relación de peculiar sujeción que el concesionario pueda tener con la Administración concedente, y afirma la exigencia de que, también en estos casos, la Ley sancionadora contenga tanto los elementos esenciales de la conducta antijurídica como la naturaleza y límites de las sanciones procedentes.

Presupuestos para el ejercicio de la acción por inactividad de la Administración

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de febrero de 2005

La sentencia analiza los presupuestos que han de concurrir...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR