STS, 17 de Febrero de 2003
| Ponente | Mariano de Oro-Pulido y López |
| ECLI | ES:TS:2003:1031 |
| Número de Recurso | 634/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION?? |
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Febrero de dos mil tres.
La Sala Tercera de este Tribunal Supremo ha conocido, con la composición reseñada al margen, del recurso de casación contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; fue dictada el 16 de junio de 1997 en autos de recurso contencioso administrativo contra Decreto del Alcalde de Leganés por el que se clausura actividad industrial de taller mecánico, chapa y pintura.
El recurso extraordinario de casación ha sido interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Manuel Ogando Cañizares, en nombre y representación de Don Raúl , D. Juan Miguel y la mercantil "Talleres A. Mayte S.L."; resultando los siguientes:
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha conocido del recurso número 676/1994, promovido por la representación de Don Raúl , D. Juan Miguel y la mercantil "Talleres A. Mayte S.L."; ha sido parte demandada el Ayuntamiento de Leganés y fue promovido contra resolución desestimatoria del Ayuntamiento de Leganés del recurso de reposición contra Decreto de 7 de abril de 1992 que resolvió la clausura de una actividad industrial de taller mecánico, chapa y pintura, sita en la Finca DIRECCION000 , carretera de Madrid-Leganés Km. NUM000 , término municipal de Leganés.
Dicho Tribunal dictó sentencia el 16 de junio de 1997, con la siguiente parte dispositiva:
"FALLAMOS: Que estimamos con el siguiente alcance el recurso jurisdiccional formulado contra las resoluciones del Ayuntamiento de Leganés a que los actos se refieren, anulando dichas resoluciones sólo en cuanto al tiempo en que se ordenaba la clausura de la actividad la cual declaramos conforme a derecho, no se comunicó por la Administración demandada a la actora su derecho a solicitar la oportuna licencia. En consecuencia, declaramos el derecho de la actora a solicitar la licencia correspondiente a su actividad debiendo el Ayuntamiento demandado, tras los trámites correspondientes, dictar la resolución que en derecho proceda. Y desestimamos las demás pretensiones de la demanda. Sin formular condena en costas."
La parte demandante preparó recurso de casación; fue tenido por preparado y se remitieron los autos originales a esta Superioridad, emplazándose a las partes para su comparecencia ante la Sala Tercera de este Tribunal Supremo para hacer uso de su derecho, por término de treinta días.
Dentro del término del emplazamiento compareció ante la Sala el Procurador Don Manuel Ogando Cañizares, en nombre de Don Raúl , D. Juan Miguel y la mercantil "Talleres A. Mayte S.L."; presentó escrito de interposición del recurso de casación que fue admitido a tramite, no personándose en el rollo el Ayuntamiento de Leganés recurrido. Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para deliberación y fallo y se acordó designar para dicho trámite la audiencia del día 6 de febrero de 2003 , en cuya fecha ha tenido lugar.
El recurso de casación de Don Raúl , D. Juan Miguel y la mercantil "Talleres A. Mayte S.L." se alza contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirma la resolución desestimatoria del Ayuntamiento de Leganés del recurso de reposición contra Decreto de 7 de abril de 1992, que ordenó la clausura de una actividad industrial de taller mecánico, chapa y pintura, que se realiza sin licencia en la finca "DIRECCION000 " en la Carretera Madrid-Leganés, Km. NUM000 de la localidad de Leganés. La sentencia anula dichas resoluciones sólo en la medida en que no comunicaron al interesado su derecho a solicitar licencia, reconociéndole el derecho a solicitarla, pero las mantienen en todo lo demás.
Antes de entrar en el examen de los motivos de casación formulados es pertinente indicar que las cuestiones planteadas guardan similitud con las que motivaron nuestras sentencias de 27 de febrero y 28 de septiembre de 2002, a propósito de otras ordenes de clausura dictada por el mismo Ayuntamiento en los mismos lugares, siendo también similar la respuesta que merece la impugnación que ahora se formula.
En el primer motivo de casación se denuncia que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha incurrido en vicio de incongruencia, ex articulo 95.1.3.º de la LJCA, ya que no ha resuelto todos los puntos litigiosos objeto del debate.
Se pone de manifiesto que se argumentó en la demanda que la resolución del Alcalde de Leganés por la que se acuerda la clausura de la actividad de taller mecánico, chapa y pintura que la demandante ejercía sin licencia era nula por haberse dictado sin haber dado audiencia previa al titular de la actividad y que dicha omisión constituía una infracción del artículo 38 del Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y del artículo 91 de la Ley de procedimiento administrativo de 1958. La sentencia sólo hace referencia a la respuesta del Ayuntamiento sobre este extremo pero no trata ni se pronuncia sobre este motivo de nulidad, por lo que incurre en el vicio de incongruencia por omisión.
También se alega, ya ex articulo 95.1.4.º de la LJCA, que la sentencia habría infringido las normas expresadas al no haber apreciado, en contra de la jurisprudencia invocada, la necesidad de audiencia previa al acuerdo de clausura, así como la existencia de un vicio de desviación de poder, ya que el Ayuntamiento habría acordado la clausura de varias actividades para disminuir el justiprecio a efectos de una futura expropiación de la DIRECCION000 ".
El motivo se encuentra correctamente fundado y debe prosperar.
Es cierto que la sentencia no trata ni da una respuesta adecuada a la causa de impugnación que se acaba de señalar, pese a que la misma está claramente expresada en la demanda, sustentada con cita de abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo a favor de la tesis defendida por la actora.
La sentencia recurrida incurre por tanto en el vicio de incongruencia por omisión, al no haber resuelto todas las cuestiones planteadas por las partes. Debe ser casada para entrar a resolver, en su lugar, sobre la impugnación según los términos en los que el debate aparece planteado en la instancia (artículo 102.1.3º LJCA).
La jurisprudencia de esta Sala es constante al afirmar que la clausura de una actividad sujeta al Reglamento de actividades molestas de 1961 y desarrollada sin licencia se produce como consecuencia de la falta del control previo imprescindible para comprobar que la actividad no lesiona los intereses públicos que el ordenamiento protege al condicionar su ejercicio a la obtención de la licencia.
Es claro, en consecuencia, que la clausura se puede acordar bastando para ello el único requisito de acreditar la inexistencia de licencia, aunque con el trámite previo e inexcusable de la audiencia del interesado. Dicho trámite, garantizado en el artículo 105 c) de la Constitución y previsto en el artículo 91 de la Ley de procedimiento administrativo (hoy artículo 84, apartados 1 y 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común), es exigible puesto que se va a alterar una situación de hecho existente, en ocasiones, durante años.
La audiencia es esencial salvo en los casos de existencia de peligro o de riesgo que exijan una decisión administrativa urgente (sentencias de 11 de octubre de 2000, 14 de octubre de 1993, 10 de junio de 1992, 15 de diciembre y 17 de julio de 1989, 28 de septiembre de 1987 y 4 de octubre de 1986).
En el presente caso consta en el expediente que la clausura se produjo de plano, sin audiencia previa al interesado pese a haberse demostrado que la actividad se venía ejerciendo en forma notoria y ha sido tolerada por el Ayuntamiento desde hacía años.
El Ayuntamiento justifica la omisión de la audiencia en el hecho de que el planeamiento prevea ahora para el suelo urbanizable no programado en que se asienta la actividad la calificación de sistema general de espacios libres, que debe ser objeto de expropiación. Dicha circunstancia no determina la existencia de urgencia o riesgo que determinen una clausura sin audiencia previa del interesado, como la acordada. La existencia de la falta de audiencia conduce ya a estimar la pretensión de anulación formulada en la demanda, sin que sea necesario examinar los demás vicios denunciados por la actora, para declarar la nulidad de los actos impugnados.
Sin costas en cuanto a las de instancia, al no existir circunstancias que las determinen (artículo 131.1 LJCA); cada parte abonará las suyas respecto de la presente casación (artículo 102.2 de la LJCA).
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Don Manuel Ogando Cañizares en representación de Don Raúl , D. Juan Miguel y la mercantil "Talleres A. Mayte S.L.". Casamos la sentencia recurrida y, en su lugar, estimamos la pretensión de nulidad formulada en la demanda para declarar, como declaramos, la resolución desestimatoria del Ayuntamiento de Leganés del recurso de reposición contra Decreto de 7 de abril de 1992 que resolvió la clausura de una actividad industrial de taller mecánico, chapa y pintura, sita en la DIRECCION000 .
Sin costas en cuanto a las de instancia; cada parte abonará las suyas respecto de las del presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro- Pulido y López, Magistrado Ponente en estos autos, lo que como Secretaria certifico.- Fdo.: Doña María Fernández Martínez.
-
STS, 3 de Junio de 2013
...la prueba de que han desaparecido los valores agrícolas, forestales ambientales o de otro tipo que fundaron su clasificación anterior ( STS de 17.2.2003 , citada por la STS 3.7.2007 ). Pues por toda razón se dice en la DIA impugnada (pág. 4) que una parte de los 670.000 m2 que "aproximadame......
-
STSJ Castilla y León 84/2003, 12 de Diciembre de 2003
...a la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas, implica, como tiene manifestado reiteradamente la Jurisprudencia (así SSTS 17.2.03 recurso 634/98, 27.2.90, referencia del Derecho 1990/2186 , 7.7.87 referencia el Derecho 1987/5460),que estamos ante el supuesto de haber prescindido tota......
-
SAP Madrid 420/2006, 8 de Noviembre de 2006
...incluir a quienes, siendo consumidores ocasionales, no han alcanzado aún el estadio de la adicción o drogodependencia (SSTS de 17 de febrero de 2003 ( RJ 2003, 2387), 8 de marzo de 2005 ( RJ 2005, 2919) y 25 del mismo mes y año), no puede extenderse el concepto de "consumo compartido" atípi......
-
SAP Palencia 132/2009, 5 de Noviembre de 2009
...hecho constar de forma expresa que se actúa en nombre e interés de la comunidad, (SS. TS. 3 de febrero de 1983, 22 de marzo de 1993, 17 de febrero de 2003 ). La consecuencia de tal posibilidad es que la sentencia favorable aprovechará a la comunidad sin que le perjudique la adversa o contra......