SAP Barcelona 587/2022, 3 de Octubre de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 587/2022 |
| Fecha | 03 Octubre 2022 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
Sección Novena
Rollo de Apelación Penal 54/2020
Procedencia:
Juzgado Penal 22 Barcelona
Procedimiento abreviado 450/2018
SENTENCIA 587/2022
TRIBUNAL
ANDRÉS SALCEDO VELASCO
JOSÉ LUIS GÓMEZ ARBONA
JOAN RÀFOLS LLACH
Barcelona, 3 de octubre de 2022
El Tribunal ha visto el Rollo de Apelación arriba referenciado, dimanante del procedimiento antes reseñado seguido por un delito de falsificación de documento oficial en el que se dictó sentencia en fecha 15 de octubre de 2019, que ha sido apelada, y en el que han intervenido las siguientes partes:
i. Justiniano, como parte apelante, representado por el procurador Xavier Valcarce Santisteban y defendido inicialmente por el abogado Francesc Rigol Garrit, posteriormente sustituido, al causar baja en la profesión, por la abogada Olga Rius Acosta.
ii. El Ministerio Fiscal, como parte apelada.
Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
El Fallo de la sentencia apelada es el siguiente:
Que debo condenar y condeno a Justiniano como autor criminalmente responsable de un delito de falsedad en documento mercantil, previsto en el Art. 392 en relación al Art. 390.1.1 º y 2º, ambos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de seis meses de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y de seis meses de multa con cuota diaria de seis euros y responsabilidad personal subsidiaria caso de impago en los términos del artículo 53 del Código Penal, así como al pago de las costas procesales.
Dese conocimiento de la finalización del presente procedimiento a la Subdelegación del Gobierno al concurrir infracción de las normas de extranjería. Acuerdo el comiso y destrucción del pasaporte de Pakistán nº NUM000 obrante en autos.
Notifíquese esta resolución a todas las partes, haciéndoles saber que, contra la misma cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, mediante escrito presentado ante este Juzgado que cumpla los requisitos del Art. 790 LECRIM dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente a la última notificación de la presente sentencia.
Firme que sea esta resolución, procédase a su ejecución y cumplimiento. Dedúzcase testimonio de la presente resolución que se unirá a los autos, quedando archivado el original en el libro correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Notificada la sentencia a las partes, contra esta se interpuso por la representación procesal de Justiniano, en tiempo y forma, recurso de apelación en el que, sobre la base de los argumentos que constan en el escrito de interposición del recurso - y que seguidamente se analizan - solicita la revocación de la sentencia recurrida y el dictado de otra sentencia en la que se absuelva al apelante con todos los pronunciamientos favorables.
El recurso fue admitido a trámite dándose traslado del escrito de formalización del recurso a las demás partes por un plazo común de diez días a los efectos de que pudieran efectuar las alegaciones que estimaran pertinentes, presentándose escrito de alegaciones por el Ministerio Fiscal que se opuso al recurso y solicitó su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida.
Seguidamente se elevaron a esta Audiencia Provincial los autos originales con todos los escritos presentados para la resolución del recurso.
Recibida la causa en esta Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona se acordó incoar el presente Rollo de Apelación, que fue numerado y registrado, y de acuerdo con el turno de reparto establecido se designó ponente que fue sustituida posteriormente por el magistrado Joan Ràfols Llach, en comisión de refuerzo en esta Sección Novena, quien expresa el parecer del tribunal, tras la deliberación y votación de este asunto en la sesión que se celebró en el día de la fecha.
Y tras examinar las diligencias y los escritos presentados, sin que se haya solicitado prueba en esta alzada ni celebración de vista, ni considerarse esta necesaria, se resuelve el recurso de apelación sobre la base de los hechos probados y fundamentos de derecho que seguidamente se exponen.
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HECHOS PROBADOS
Se aceptan los hechos que se han declarado probados en la sentencia apelada, según el siguiente tenor literal, si bien se añade un párrafo final en relación con la paralización de la tramitación de la causa constatada en esta alzada:
UNICO.- Se declara probado que el acusado Justiniano, mayor de edad y sin antecedentes penales, titular de un pasaporte auténtico a su nombre emitido por Paquistán, procedió a sustituir en el pasaporte auténtico de Pakistán nº NUM000 - del que se ignora eventual titular-, por sí mismo o por medio de un tercero a su costa, la hoja plastificada de datos por otra en la que aparecía su propia foto y sus datos de identidad y domicilio reales, constando el 1 de febrero de 2017 como fecha de expedición, así como la contraportada trasera, todo ello con la finalidad de evitar los trámites y el coste de una renovación de su pasaporte.
En fecha 11 de junio de 2018, con ocasión del incendio en el domicilio del acusado, sito en la CALLE000 NUM001 esta ciudad, la policía, registrar su mochila halló el referido pasaporte manipulado, así como otros tres pasaportes auténticos a nombre del acusado ya caducados.
Las actuaciones se recibieron en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 2 de marzo de 2020 y en la misma fecha se designó ponente y desde entonces hasta el día 29 de marzo de 2022 en que se acordó señalar día para la deliberación, votación y resolución del recurso, y desde esta última fecha hasta la fecha de la presente resolución la tramitación de la causa ha estado paralizada debido a la importante pendencia de asuntos que soporta la Sección.
Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a los que seguidamente se exponen.
La parte apelante impugna la sentencia dictada en la instancia en base a un único motivo: error en la valoración de la prueba, si bien a la vista de su contenido se observa que también alega infracción de ley por indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 392.1 en relación con el artículo 390.1º y 2º, ambos del Código Penal.
Antes de entrar en el examen concreto de la valoración efectuada por el juzgador de la primera instancia cabe efectuar las siguientes consideraciones generales en orden a las facultades de este Tribunal en relación con la valoración en esta segunda instancia de la prueba practicada en la primera instancia.
Recuerda la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 11, que el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el Juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (por todas, SSTC 172/1997, de 14 de octubre, FJ 4; 120/1999, de 28 de junio, FFJJ 3 y 5 EDJ 1999/13070 ; ATC 220/1999, de 20 de septiembre).
Dejando al margen las sentencias absolutorias y las condenatorias en que se pretenda un agravamiento de condena, que tienen un régimen singular de impugnación, en caso de sentencias condenatorias el tribunal de apelación puede rectificar el relato histórico cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación. "[...] El único límite a esa función viene determinado por la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral, lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal y cómo lo dice, esto es las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos [...]" ( STS 107/2005, de 9 de diciembre).
En efecto, el tribunal de apelación puede, de un lado, llevar a cabo una nueva valoración cuando se practiquen nuevas pruebas en la segunda instancia, según autoriza el artículo 790.3 de la LECrim, y, de otro, puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, en todos aquellos aspectos no comprometidos con la inmediación. Puede tomar en consideración, por ejemplo, si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen substancialmente de la inmediación.
Siendo cierto que la función del tribunal de apelación no consiste en revaluar la prueba sino revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia, si aprecia error debe rectificar la declaración fáctica y sustituirla por una propia, respetando todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación y justificando el cambio de criterio no en simples apreciaciones...
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