STSJ Canarias 227/2021, 26 de Febrero de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 26 Febrero 2021 |
| Número de resolución | 227/2021 |
Sección: SAN
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL
Plaza de San Agustín Nº 6
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 30 64 00
Fax.: 928 30 64 08
Email: socialtsj.lpa@justiciaencanarias.org
Rollo: Recursos de Suplicación
Nº Rollo: 0000822/2020
NIG: 3501644420180002028
Materia: Reclamación de Cantidad
Resolución:Sentencia 000227/2021
Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000199/2018-00
Órgano origen: Juzgado de lo Social Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria
Recurrente: PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES ESPAÑA S.L; Abogado: ANGEL JESUS GUIRAO DEJODAR
Recurrido: Eva ; Abogado: MARI CARMEN VIERA HERNANDEZ
Recurrido: SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S A; Abogado: MIGUEL ANGEL REDONDO BARBER
Recurrido: ADMINISTRACION CONCURSAL DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S.A.; Abogado: JORGE LEON NUÑEZ DE VILLAVICENCIO
Recurrido: FOGASA; Abogado: ABOGACÍA DEL ESTADO DE FOGASA LAS PALMAS
Recurrido: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD; Abogado: SERV. JURÍDICO CAC LP
En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de febrero de 2021.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS en Las Palmas de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres. Magistrados D. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ, Dña. MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ y Dña. MARINA MAS CARRILLO, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el Recurso de Suplicación núm. 0000822/2020, interpuesto por PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES ESPAÑA S.L, frente a Sentencia 000449/2019 del Juzgado de lo Social Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria los Autos Nº 0000199/2018-00 en reclamación de Reclamación de Cantidad siendo Ponente el ILTMA. SRA. Dña. MARINA MAS CARRILLO.
S egún consta en Autos, se presentó demanda por Dña. Eva, en reclamación de Reclamación de Cantidad siendo demandadas SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S A, ADMINISTRACION CONCURSAL DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S.A., FOGASA, PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES ESPAÑA S.L y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD y
celebrado juicio y dictada Sentencia estimatoria, el día 18 de noviembre de 2019, por el Juzgado de referencia.SEGUNDO.- En la citada Sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes: "PRIMERO.-El actor ha prestado servicios por cuenta de la entidad SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA con la antigüedad de 01/08/04, categoría de vigilante de seguridad y salario diario bruto prorrateado de 42,51€.
El 01 de enero de 2018 el trabajador fue subrogado por la entidad PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES ESPAÑA S.L.
La actora tiene devengada y no percibida la cantidad de 1.275,37€ neto en concepto de salario de noviembre 2018 y la cantidad de 2.701,08€ netos en concepto de diferencias salariales de febrero 2018 a octubre 2018.
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES ESPAÑA S.L. tiene adjudicado el contrato administrativo de servicio de vigilancia y seguridad de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, lote I (provincia de Las Palmas).
En fecha 12/02/18 se presentó papeleta de conciliación frente a SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA.
El 04/03/19 se amplió la demanda frente a PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES ESPAÑA S.L."
El Fallo de la Sentencia de instancia literalmente dice:"ESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por Eva contra SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S.A., ADMINISTRACION CONCURSAL DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES ESPAÑA S.L, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDADy FOGASA, condenando solidariamente a SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S.A. y PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES ESPAÑA S.L, a que abonen a la parte actora en concepto de los salarios indicados en el hecho 3º de la presente la cantidad de3.976,45 euros netos, más el 10% de interés anual por mora; absolviendo a laCONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD; debiendo el FOGASA y la ADMINISTRACION CONCURSAL deSEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S.A. estar y pasar por este pronunciamiento."
Que contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por la parte PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES ESPAÑA S.L, y recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente. Señalándose para votación y fallo.
La sentencia de instancia estima la demanda presentada por trabajador, vigilante de seguridad, condenando de forma solidaria por cuenta de las cantidades reclamadas a Seguridad Integral Canaria, SA, empleadora del actor durante el periodo de devengo del salario reclamado (2018), y a Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad de España, SL, empresa entrante en la actividad ( órganos de la administración de justicia en la CCAA de Canarias) desde el 1 de enero de 2018, como sucesora con obligación de subrogación en el contrato de trabajo conforme al art. 44 ET.
La empresa Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL, desde ahora Prosegur, recurre en suplicación formulando dos motivos para la revisión de hechos probados por el cauce de la letra b) del art. 193 LRJS, y otro para censura jurídico sustantiva por el de la letra c) del mismo precepto.
El recurso ha sido impugnado de contrario por el trabajador demandante.
Como viene señalando esta Sala en reiteradas sentencias como las de fecha 23 de julio de 2015 (rec. 148/15), 15 de diciembre de 2015 (rec. 1014/2015), o 30 de marzo de 2015 (rec. 1265/14):
A) En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS (Ley 36/11), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos
probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( STC 105/08, 218/06, 230/00), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09)
Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec. 216/10)
b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.
c) Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.
Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.
d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.
Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo
e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.
f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del
pronunciamiento de la sentencia recurrida.
g)...
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