STS 93/2022, 9 de Febrero de 2022

PRIMERO.- 1. El recurrente, D. Alejo, ha sido condenado en sentencia dictada en apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, como autor de un delito de agresión sexual, un delito de violencia habitual a su cónyuge y cuatro delitos de maltrato en el ámbito familiar, concurriendo en el delito de violación la agravante de parentesco, en el delito de violencia habitual las circunstancias de agravación de cometer el hecho en el domicilio común y en presencia de menores y sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal respecto a los cuatro delitos de maltrato a la pena de once años de prisión por el primer delito, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de por cualquier medio oral o escrito así como aproximarse a distancia inferior a quinientos metros de Estibaliz, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma por tiempo de dieciséis años y privación del derecho a la tenencia y porte de armas, tres años de prisión por el segundo delito, con prohibición de comunicarse por cualquier medio oral o escrito así como aproximarse a distancia inferior a quinientos metros de Estibaliz, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma por tiempo de cuatro años y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el mismo tiempo y con las accesorias legales de suspensión de cargo público el derecho de sufragio por el tiempo de la condena, y finalmente nueve meses de prisión por cada uno de los cuatro delitos de maltrato familiar con prohibición de comunicarse por cualquier medio oral o escrito así como aproximarse a distancia inferior a quinientos metros de Estibaliz, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma por tiempo de dos años por cada delito y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el mismo tiempo por cada delito, con las accesorias legales de suspensión de cargo público el derecho de sufragio por el tiempo de la condena.

Como medida de seguridad a cumplir con posteridad cumplimiento de las penas se le impuso la libertad vigilada por tiempo de diez años.

En concepto de responsabilidad civil ha sido condenado a indemnizar a D.ª Estibaliz en la cantidad de 20.000 euros.

Por último, ha sido condenado a abonar cinco séptimas partes de las costas procesales declarando de oficio las dos séptimas partes restantes.

El recurso se dirige contra la sentencia núm. 39/2020, de 19 de febrero, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla en el Rollo de Apelación núm. 19512019, que desestima el recurso de apelación presentado por la representación procesal de D. Alejo, contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2019 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz en el procedimiento ordinario núm. 4/2018.

SEGUNDO.- Antes de entrar en el estudio del recurso, debemos recordar la naturaleza del recurso de casación en relación a las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia.

Conforme señalan numerosas resoluciones de esta Sala (AATS núm. 662/2019, de 27 de junio, 674/2019, de 27 de junio, 655/2019, de 20 de junio, con referencia expresa a la sentencia núm. 476/2017, de 26 de junio), "la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. Estas profundas modificaciones legales satisfacen una antigua exigencia del orden penal de la jurisdicción, la doble instancia. Ahora, una vez superada la necesidad de atender la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales, la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible.

En la fijación del contenido de la nueva modalidad de la casación disponemos, por otro lado, de la experiencia adquirida por el conocimiento del recurso de casación contra sentencias dictadas en los procesos seguidos ante el Tribunal de Jurado respecto al que la ley reguladora prevé que el pronunciamiento del Tribunal del Jurado sea revisado a través de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, casación ante esta Sala.

En este marco, la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, función primordial de la nueva casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en torno a los dos apartados del artículo 885 de la ley procesal penal. Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada."

En definitiva el objeto del recurso de casación no está integrado por la sentencia dictada en la instancia, en la que se han valorado las pruebas con inmediación, sino por la sentencia dictada por la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia, al resolver -y motivar- la queja sobre la insuficiencia o invalidez de las pruebas, así como sobre la falta de racionalidad con la que aquéllas han sido ponderadas. Es este proceso motivacional el que habrá de servir de base para el discurso impugnativo.

En el mismo sentido, hemos señalado en la sentencia núm. 582/2020, de 5 de noviembre que "El recurso ha de entablar un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia. Pero no parece correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso, ya desestimado, contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación; es decir, actuar como si no existiese una resolución dictada por un Tribunal Superior; como si se tratase del primer recurso y los argumentos aducidos no hubiesen sido ya objeto de un primer examen que de facto se ignora sin convertirlo en el objeto directo de la nueva impugnación, por más que eso, indirectamente, suponga traer a colación otra vez la sentencia inicial.

El recurso de casación ha de proponerse como objetivo rebatir las argumentaciones vertidas en la fiscalización realizada mediante la apelación; no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si no se hubiese resuelto ya una impugnación por un órgano judicial como es el Tribunal Superior de Justicia. Cuando éste ha dado respuesta de forma cumplida y la casación es un simple clon de la previa apelación se deforma el sistema de recursos. Si esta Sala considera convincentes los argumentos del Tribunal Superior de Justicia y nada nuevo se arguye frente a ellos, no podremos más que remitirnos a la respuesta ofrecida al desestimar la apelación, si acaso con alguna adición o glosa."

Desde esta perspectiva procede analizar los motivos del recurso que formula la representación de D. Alejo.

TERCERO.- El único motivo del recurso se formula por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim, por entender que, dados los hechos probados, se han infringido preceptos penales de carácter sustantivo u otras normas jurídicas del mismo carácter, que debe ser observada en aplicación de la ley penal.

Sin embargo lo que sostiene el recurrente es que la sentencia recurrida, en su fundamentación jurídica, recoge erróneamente la existencia de una agresión sexual, violación, que no fue denunciada por la presunta víctima sino después de ser examinada por los médicos tras los episodios de maltrato sufridos. A su juicio cabe la duda de que dicho episodio fuera consentido por la víctima y por ello entiende que debería haberse aplicado el principio de "in dubio pro reo" y haber sido absuelto de este hecho. Por ello, la vulneración denunciada debería haber sido invocada por vía de la infracción de precepto constitucional ( arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ).

1. Conforme expresábamos en la sentencia núm. 302/2019, de 7 de junio, "El principio "in dubio pro reo" a que hace referencia el recurrente no es un principio absoluto, sino algo que debe impregnar la interpretación en el caso de duda razonable del juzgador; solo cuando, tras la valoración conjunta de la prueba, dos opciones son igualmente posibles, entra en funcionamiento este principio, debiéndose acoger siempre la que sea más favorable para el acusado. (...)

   (...) Este principio no tiene acceso a la casación. Expone la sentencia de esta Sala 817/2017, de 13 de diciembre, que "La STS 666/2010, de 14-7, insiste en que "el principio "in dubio pro reo" nos señala cuál debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cago suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( STS 709/97, de 21-5 ; 1667/2002, de 16-10 ; 1060/2003, de 25-6 ). En este sentido la STS 999/2007, de 26-11, con cita en la STS 939/98 de 13-7, que recordaba que "el principio in dubio pro reo no tiene acceso a la casación por suponer una valoración de la prueba que está vedada a las partes con arreglo a lo establecido en el art. 741 LECr, pero esta doctrina quiebra cuando es la propia Sala sentenciadora la que en sus razonamientos nos muestra unas dudas evidentes. En estos casos sí es posible examinar en casación la existencia y aplicación de tal principio favorable al reo. Por tanto, el principio in dubio pro reo sí puede ser invocado para fundamentar la casación, cuando resulte vulnerado su aspecto normativo, es decir, en la medida en la que esté acreditado que el tribunal ha condenado a pesar de su duda. Por el contrario, no cabe invocarlo para exigir al tribunal que dude, ni pueda pedir a los jueces que no duden. La duda del tribunal, como tal, no es revisable en casación, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda ( STS 1186/95, de 1-12 ; 1037/95, de 27-12 )".

2. En el caso de autos, la convicción judicial de la forma de ocurrir los hechos ha sido formulada sin dudas.

   La lectura de la sentencia permite concluir que ninguna duda alberga el Tribunal de instancia sobre el modo en que, a su juicio, tuvieron lugar los hechos.

   El Tribunal de Apelación explica las razones que determinan la suficiencia de la prueba practicada ante el Tribunal de instancia así como la racionalidad de su valoración, particularmente en lo que se refiere a la declaración de la víctima, declaración con respecto a la que la Audiencia no halló elemento alguno que permitiera el cuestionamiento de su credibilidad.

   Efectivamente, la Audiencia ha tomado en consideración la declaración efectuada por la víctima respecto de la cual constata la concurrencia de los parámetros establecidos por la doctrina de esta Sala como pautas o criterios orientativos a través de los cuales ha expresado, en la valoración de la prueba que le compete, los aspectos de su valoración.

   Estima que es creíble, persistente y firme. Constata que en todo momento la Sra. Estibaliz ha venido refiriendo haber sido víctima de una agresión sexual. Su declaración viene corroborada por los partes médicos emitidos unos días después de la agresión cuando fue examinada como consecuencia de haber sufrido una nueva agresión física. Igualmente corrobora su testimonio, la declaración prestada por la psicóloga que la atendió. Excluye también cualquier móvil espurio, destacando que la aquélla manifestó en el acto del juicio oral que no quería que se le impusiera una pena a su agresor y que tan sólo pretendía una larga orden de alejamiento que asegurase que no pudiera volver a aproximarse a ella.

   Y ofrece contestación a la única queja en la que ahora insiste el recurrente, relativa a la circunstancia de que la denunciante no relatara en el momento de la primera intervención policial la agresión sexual sufrida pocos días antes. Considera que "No resta credibilidad al testimonio de la víctima el hecho de que no se relatara la agresión sexual en el primer momento de la intervención policial, pues es frecuente que las víctimas del delito por maltrato habitual, vayan completando su relato, según van ordenando sus ideas y van teniendo conciencia de la situación padecida. En cualquier caso Estibaliz refirió insistimos, antes en el hospital haber sido víctima de agresiones sexuales, sin expresar que hubieran ocurrido ese mismo día en que fue asistida, y posteriormente cuando acudió el día 22, habiendo estado en el ínterin en una casa de acogida para ser atendida, solicitó atención médica por las molestias que la agresión padecida días atrás aún le provocaban y a esta agresión se refirió igualmente en su declaración en sede de instrucción y en el juicio oral con un relato, que valoramos como persistente y cargado de credibilidad."

   Igualmente examina la Audiencia de forma detallada el testimonio de la víctima en relación al delito de maltrato habitual y a los cuatro delitos ocasionales de lesiones. Esta valoración ha sido revisada por el Tribunal Superior de Justicia, quien a su vez ha comprobado y explicado la prueba valorada por la Audiencia estimando que "en pocos casos como el que ahora pende de nuestra revisión la declaración inculpatoria de la denunciante puede verse rodeada de tantos elementos de corroboración, no por periféricos menos significativos, que forman con ella un cuadro armónico y en su conjunto inequívoco, a saber: a) el testimonio de los agentes policiales que acudieron al domicilio de la pareja y encontraron a Estibaliz en la patética situación que describieron en juicio, llegando a ver el palo roto de la fregona; b) la corroboración objetiva de las lesiones de la víctima por los partes de asistencia facultativa y el posterior informe médico-forense de sanidad, que consignan estigmas lesivos congruentes en naturaleza, data y localización con el mecanismo de las agresiones, incluida la sexual, que relata la denunciante, y algunos tan significativos -y estremecedores- como las numerosas quemaduras de cigarrillo en miembros superiores e inferiores; c) el informe pericial de la unidad forense especializada, que describe el caso de la denunciante como un supuesto paradigmático de violencia de género en la pareja."

   El Tribunal Superior de Justicia por su parte, avala estos razonamientos. Sobre el hecho de que la denunciante no relatara en el momento de la primera intervención policial la agresión sexual sufrida pocos días antes, expresa de forma razonable que ello "es algo perfectamente explicable, como acertadamente señala la sentencia de instancia, en el contexto de una relación prolongada de violencia de género en la pareja, en la que esa agresión no era desde la perspectiva de la víctima sino un episodio más del maltrato sufrido, y acaso no el vivido subjetivamente como el más grave; lo que explica que solo al necesitar asistencia sanitaria por la lesión anal producto de ese episodio lo mencionara ante los facultativos que la atendieron, manteniendo desde entonces una versión persistente al respecto."

   Comprueba y confirma también el rechazo que el Tribunal de instancia ha realizado del testimonio ofrecido por la Sra. Gloria relacionado con uno solo de los hechos, "al juzgar la escasa credibilidad que ofrece una repetición textual de las mismas palabras en las declaraciones sucesivas de la testigo, como si en cada ocasión estuviera reproduciendo una versión previamente aprendida."

   Finalmente explica que "un conocimiento, siquiera superficial, de la violencia de género en la pareja hace perfectamente explicable que la víctima ocultara a su familia de origen el calvario que venía sufriendo a manos del acusado; silencio perfectamente congruente con los sentimientos de vergüenza, autoinculpación y "acomodación paradójica" a la violencia que experimentan las víctimas de una violencia prolongada en la relación."

   Concluye por ello estimando "la prueba practicada en el acto del juicio permitía al tribunal de instancia alcanzar la convicción racional de que el acusado realizó los hechos objeto de acusación sin margen de duda razonable"

   Las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Superior de Justicia coinciden de este modo en todos sus extremos con las alcanzadas por la Audiencia, ofreciendo puntual contestación al recurrente sobre la queja que reproduce nuevamente en casación.

   Más allá de lo ya expresado a lo largo de la exposición realizada, no procede efectuar en este momento un nuevo análisis de la prueba que ha sido practicada, y que esta Sala no ha presenciado, con la finalidad de efectuar una nueva valoración de la misma que no es procedente.

   Y no cabe duda, y tampoco ha sido cuestionado por el recurrente pese al motivo de casación invocado, que el hecho probado refleja una agresión sexual con violencia por vía vaginal y anal, constitutiva del delito previsto en el art. 179 CP con agravante de parentesco del art. 23 CP; un maltrato habitual a cónyuge que integra la conducta descrita en el art. 173.2 CP, en presencia de menor y domicilio común; y cuatro delitos de maltrato en el ámbito familiar del art. 153.1 CP.

   Conforme a lo expuesto, el motivo debe ser desestimado.

   CUARTO.- La desestimación del recurso formulado por D. Alejo conlleva a imponer al mismo las costas de su recurso. Todo ello de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1) Desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Alejo , contra sentencia n.º 39/2020, de 19 de febrero, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, en el Rollo de Apelación n.º 195/2019, que desestimó el recurso interpuesto contra la sentencia n.º 211/2019, de 1 de julio, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, en el Rollo de Sala n.º 4/2018.

2) Imponer a dicho recurrente el pago de las costas ocasionadas en el presente recurso.

Comunicar esta resolución a la mencionada Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, a los efectos legales, con devolución de la causa, interesando acuse de recibo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.