STSJ Galicia , 14 de Junio de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 14 Junio 2021 |
T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIALA CORUÑA
SECRETARÍA SRA. FREIRE CORZO-M
PLAZA DE GALICIA S/N
15071 A CORUÑA
Tfno: 981-184 845/959/939
Fax: 881-881133/981184853
NIG: 15030 44 4 2020 0002460
Equipo/usuario: MR
Modelo: 402250
RSU RECURSO SUPLICACION 0001915 /2021-M
Procedimiento origen: DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 0000396 /2020
Sobre: DESPIDO DISCIPLINARIO
RECURRENTE/S D/ña Araceli
ABOGADO/A: ISABEL CRUZ VALLE
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
RECURRIDO/S D/ña: FOGASA, ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA
ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA, JORGE MANUEL FERNANDEZ-CHAO GONZALEZ-DOPESO
PROCURADOR:,
GRADUADO/A SOCIAL:,
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS
FERNANDO LOUSADA AROCHENA
JUAN LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ
JORGE HAY ALBA
En A CORUÑA, a catorce de junio de dos mil veintiuno.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el RECURSO SUPLICACION 0001915 /2021, formalizado por la Letrada Dª Isabel Cruz Valle, en nombre y representación de Dª Araceli, contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 de A CORUÑA en el procedimiento DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 0000396 /2020, seguidos a instancia de Dª Araceli frente a la mercantil ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, asistida por el Letrado D. Jorge Manuel Fernández-Chao González-Dopeso y frente al FOGASA, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JORGE HAY ALBA.
De las actuaciones se deducen los siguientes:
Dª Araceli presentó demanda contra la mercantil ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA y el FOGASA, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte.
En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados:
"PRIMERO.- Doña Araceli, con DNI NUM000, prestó servicios bajo la dependencia de ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A., con una antigüedad de 6.6.2006, categoría profesional de oficial administrativa 1ª y salario bruto mensual 1.983,33 euros incluida la prorrata de pagas extras. - SEGUNDO.- El día 5.3.2020 la empresa hizo entrega a la trabajadora de carta de despido objetivo alegando la existencia de causas económicas, cuyo tenor literal es el que sigue: "Muy Sra. nuestra: Por medio de la presente comunicación, ponemos en su conocimiento que esta empresa, por las causas económicas negativas previstas en el artículo 52, apartado e) del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 51. 1° del mismo texto legal, y que se indicarán seguidamente, se ve en la necesidad objetiva de amortizar su puesto de trabajo con efecto desde esta misma fecha, esto es, 05 de marzo de 2020. Como usted bien sabe, la actividad principal de la empresa se centra en el sector de la construcción, tanto en obra civil como en edificación. Las áreas de actuación de la compañía van desde las Infraestructuras del Transporte, Agua y Medioambiente, Urbanización y Edificación, hasta la Rehabilitación y Conservación tanto de viales como de edificios, pasando por la Explotación de áridos en su cantera de Trambasaguas (La Coruña) y la Fabricación de mezclas bituminosas con sus propias plantas y personal. Asimismo, como es público y notorio, los problemas de gobernabilidad en España a lo largo del último año han lastrado la ingeniería civil debido a las continuas trabas a los Presupuestos Generales del Estado, que han mantenido inoperativos a los Ministerios y a los órganos que gestionan las infraestructuras, retrasando decisiones de gran incidencia en este sector (políticas energéticas, de mantenimiento viario, estrategia del agua, colaboración público-privada). Y si bien para el 2020 se espera una normalización administrativa, ningún indicador parece señalar que la obra pública acabe teniendo demasiada prioridad en los planes inversores del nuevo gobierno. La previsión de un 2,5% para 2020 y 5,4% para 2021, sitúa a la ingeniería civil como el subsector más expansivo a medio plazo, pero puesto que parte de unos niveles mínimos, en 2022 simplemente se retornaría a las cotas de producción del pasado 2015, todavía insuficientes para evitar la degradación del stock de capital en infraestructuras. Pues bien, la difícil situación económica que atraviesa nuestra entidad mercantil es un fiel reflejo del sector de la Obra Pública, que es el entorno donde desarrolla fundamentalmente su actividad. Las causas principales de la crisis en la evolución de nuestra empresa se manifiestan en deterioros patrimoniales contables y exagerados índices de endeudamiento, a la vista de los datos que se extraen de las cuentas, lo que hace imprescindible que se tomen todas medidas correctoras al alcance de nuestra sociedad. Las decisiones a tomar para paliar la grave situación económica negativa, debido entre otros motivos a la elevada caída en la facturación de los ingresos, pasan necesariamente por reducir los costes de personal y ajustarlos a la realidad del actual mercado y muy particularmente al descenso del volumen de licitación de obra pública. Como decimos, la empresa ha ido disminuyendo su volumen anual de facturación, según el siguiente detalle:
De igual manera, la sociedad también viene sufriendo un descenso continuado de sus ingresos, tal y como demuestra la comparación de los Últimos trimestres con el año inmediato anterior.
Por otra parte, los costes de personal son muy elevados en relación con el nivel de los ingresos. Se sitúan en niveles preocupantes, con un ratio de coste de personal sobre facturación demasiado elevado y superior a la media del sector de Obra Pública. Según datos comparados 2018 y 2019 se aprecia
Por tanto, el ratio de coste del personal de oficina, que forma parte del coste de estructura, sobre los ingresos de la sociedad en el año 2019, respecto del año 2018, se ha incrementado en un 47% debido a la fuerte caída de los ingresos. Igualmente, muy significativo resulta el hecho de que la sociedad cuenta con un patrimonio neto contable negativo, a fecha de 31-12-2018, que asciende a la cantidad de - 1.721.169 €, según el propio criterio de los Auditores de la sociedad. Así se señala en el apartado de Fundamento de la opinión con salvedades del Informe de Auditoría del ejercicio 2018: "En el epígrafe "otras aportaciones de socios" del patrimonio neto del balance figuran recogidos préstamos participativos por importe de 3,6 millones (...). En consecuencia, el patrimonio neto del balance está incrementado y el epígrafe de las deudas a largo plazo se encuentra disminuido en el citado importe". Además, en dicho Informe de Auditoría en relación con la "Incertidumbre Material relacionada con la Empresa en Funcionamiento", se señala que "llama la atención.., el desglose de los conceptos incluidos en el patrimonio neto de la sociedad a 31 de diciembre del 2018 y que en dicha fecha el Pasivo Corriente de la Sociedad excede a su Activo Corriente en 6 millones de euros. Ambas circunstancias indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento ". Y si bien, a fecha de hoy, no ha sido emitido todavía el informe de Auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, toda vez que las cuentas no se formulan hasta el 31 de marzo próximo, podemos afirmar que se mantiene la situación crítica económica financiera ya que a 31 de diciembre del 2019 el patrimonio neto contable sigue siendo negativo en más de 1 millón de euros, el fondo de maniobra es negativo en más de 6 millones de euros y la situación se agrava con el hecho de haberse caído el patrimonio a efectos mercantiles, esto es, teniendo en cuenta los préstamos participativos, en más de un millón de euros con relación al cierre del 2018. De hecho, a la vista de la situación económica negativa y preocupante que viene arrastrando la sociedad en los últimos años, dentro de la absolutamente necesaria política de reducción de costes, la empresa no sólo se ve obligada a amortizar puestos de trabajo de estructura, sino también a tomar otras medidas, tales como la venta de una parte de sus oficinas centrales sitas en Paseo de Ronda 24. Con esta medida se trata no sólo de mejorar el patrimonio contable negativo con la generación de plusvalías, sino también el fondo de maniobra por la inyección de liquidez que tal desinversión supondría, disminuyendo en parte las fuertes tensiones de tesorería que se vienen padeciendo. Buena prueba de tales tensiones de tesorería la constituye el hecho de que la paga extraordinario de junio de 2019 no se pudo abonar hasta el mes de agosto. También para tratar de minorar los efectos de tal situación crítica, la empresa en febrero del 2020 ha obtenido de XesGalicia un préstamo participativo a 3 años de 500.000 euros y los accionistas han ampliado capital en 100.000 euros en efectivo. Con estas medidas se compensa en parte la minoración de préstamos participativos que ha tenido lugar en el año 2019, que han experimentado un decremento de 1,6 millones de euros. Además, en el ejercicio 2020 la empresa estará obligada a amortizar 606.710,86 euros adicionales del préstamo participativo vivo al 31 de diciembre del 2019, lo cual hace aún más necesario la minoración de gastos de estructura a la mayor brevedad. A todo ello cabe recordar que la incursión de la empresa en el mercado internacional, concretamente en Bolivia, en la Obra de Carretera Monteagudo-Muyopampa, en los años 2015 a 2018, muy lejos de resultar positiva generaron unas pérdidas por importe de 8,9 millones de...
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