ATS, 27 de Abril de 2021

PonenteSEBASTIAN MORALO GALLEGO
ECLIES:TS:2021:6292A
Número de Recurso4550/2019
ProcedimientoIncidente de Nulidad
Fecha de Resolución27 de Abril de 2021
EmisorTribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Social

Auto núm. /

Fecha del auto: 27/04/2021

Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA

Número del procedimiento: 4550/2019

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Sebastián Moralo Gallego

Procedencia: T.S.J.ANDALUCIA SOCIAL

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez

Transcrito por: RLT / V

Nota:

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4550/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Sebastián Moralo Gallego

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Auto núm. /

Excmos. Sres.

  1. Sebastián Moralo Gallego

  2. Juan Molins García-Atance

  3. Ignacio Garcia-Perrote Escartín

En Madrid, a 27 de abril de 2021.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Sebastián Moralo Gallego.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 9 de septiembre de 2020 se dictó Auto de inadmisión, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. José Luis Herrera Mariscal, en nombre y representación de D. Blas contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 3 de octubre de 2019, en el recurso de suplicación número 1009/18, interpuesto por D. Blas, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Huelva de fecha 7 de diciembre de 2017, en el procedimiento nº 1436/12 seguido a instancia de D. Blas contra el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, UTEDLT Consorcio "Costa de Huelva" y el Ministerio Fiscal, sobre despido. Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.".

SEGUNDO

Por la representación de Blas, mediante escrito de 26 de octubre de 2020, se presentó incidente de nulidad de actuaciones en el que se interesaba la declaración de nulidad del Auto indicado en el ordinal anterior.

TERCERO

Por providencia de 2 de diciembre de 2020, se admitió a trámite el incidente y se dio traslado las otras partes personadas y al Ministerio Fiscal para que formulasen alegaciones. Por escrito de 30 de diciembre de 2020 el Letrado de la Junta de Andalucía presentó escrito solicitando la desestimación del incidente. El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar igualmente que el incidente debía ser desestimado.

CUARTO

Forma parte de la Sala el Excmo. Sr. Juan Molins García-Atance en sustitución y por imposibilidad de la Excma. Sra. D.ª María Lourdes Arastey Suhún.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Por el letrado D. José Luis Herrera Mariscal, en nombre y representación de D. Blas, se interpone incidente de nulidad de actuaciones contra nuestro Auto de 9 de septiembre de 2020, que inadmitió el recurso de casación para unificación de doctrina por ella planteado frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 3 de octubre de 2019 en el recurso de suplicación número 1009/18.

Alega el recurrente, en lo esencial, que interpone el incidente de nulidad de actuaciones porque el Auto de fecha 9-9-20 declarando la inadmisión del recurso no ha tenido en consideración que en fecha 30-9-12 cuando el recurrente ejercita la acción de despido en fecha 22-11-12 con la interposición de la reclamación previa no han transcurrido los 36 días hábiles que traerían como consecuencia la caducidad de la acción de despido, sino que solo han transcurrido 17 días porque la representación de los trabajadores presentó Demanda de Despido Colectivo ante el Juzgado de lo Social de Huelva en fecha 26-10-12 , operando en tal fecha la interrupción / suspensión del plazo de 20 días del que disponía el trabajador para impugnar su despido vital a los efectos de decidir.

Sin embargo, la fecha a la que se refiere la parte recurrente consta en el fundamento de derecho tercero en el que se accede a la revisión fáctica propugnada por el recurrente, añadiendo los datos relativos a la impugnación del despido colectivo, y en el que la Sala de suplicación añade expresamente que la demanda de despido colectivo fue presentada el 22 de febrero de 2013. Como indica el Ministerio Fiscal resulta cuando menos curioso que el actor no hubiese plasmado en la revisión fáctica que propuso y que fue admitida por la Sala de suplicación, la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo y que ahora impute esa misma omisión al Auto impugnado. Si no la consideró relevante entonces, mucho menos lo es ahora, máxime cuando la sentencia de suplicación si la hizo constar.

SEGUNDO

El accionante, en definitiva, muestra su disconformidad con la resolución cuya nulidad postula, y lo que pretende es un cambio en el signo de la misma, por entender que debió admitirse el recurso ya que no debe apreciarse falta de contradicción entre las resoluciones comparadas, y defendiendo al tiempo la corrección del escrito presentado en orden al requisito de contener el escrito de interposición del recurso una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada. Sin embargo, la Sala no comparte las tesis del recurrente de la nulidad de actuaciones respecto de ninguna de las cuestiones planteadas en base a los siguientes razonamientos:

  1. El legislador consciente del elevado coste procesal que la nulidad comporta, en cuanto que contraría los principios de celeridad y economía procesal, recuerda al interprete jurídico: "No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones". Sin embargo "...excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario." ( artículo 241 LOPJ, en su redacción dada por la LO 6/2007, de 24 de mayo).

  2. En aplicación de lo anteriormente expuesto, en primer lugar, es claro que, en ningún caso, puede ser objeto del incidente de nulidad proceder a un nuevo examen valorativo e interpretativo de las cuestiones resueltas en la resolución cuya nulidad se postula, como pretende la parte recurrente; ello ya se hizo "in extenso" en esa resolución, a cuyos argumentos nos remitimos, y el incidente de nulidad no constituye el cauce procesal adecuado para reiterar argumentos y mostrar la discrepancia con los razonamientos de esta Sala. Es claro, que bajo el cauce formal de un incidente de nulidad, lo que se pretende realmente es establecer, unilateralmente, una nueva y distinta valoración de la que realiza esta Sala, lo que no tiene encaje en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución en su art. 24.1 proclama y garantiza.

  3. La resolución impugnada fundamenta jurídicamente las razones por las que el recurso de casación unificadora se inadmite, según consta claramente en sus razonamientos jurídicos, referenciándose en primer lugar la doctrina seguida por la Sala al respecto, para, aplicando dicha doctrina al supuesto concreto, concluir posteriormente, en primer lugar, la defectuosa formulación del escrito de interposición del recurso por no contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, y, en segundo, la falta de contradicción dadas las diferencias observadas en las dos resoluciones comparadas.

  4. El Ministerio Fiscal en su informe estima que no concurren los presupuestos exigidos por el art. 241 LOPJ en relación con la resolución cuya nulidad se postula. Señala que la invocación de la lesión del art. 14 CE es una mera "invocación pro forma", que carece de todo contenido, sin que sea posible atisbar la forma en que el auto que se recurre pueda afectar al artículo invocado. El el Letrado de la Junta de Andalucía manifiesta que no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en el auto de inadmisión impugnado, pues conforme a los datos obrantes en las actuaciones y en la sentencia recurrida, no cabe apreciar como fecha de presentación de despido colectivo la ahora pretendida por la recurrente. Establecido lo anterior es claro que no existe identidad de supuesto ni contradicción entre las sentencias objeto de comparación pues en la aquí impugnada quedó firme que la demanda de despido individual se interpuso mucho mas allá del plazo de caducidad, sin que mediara demanda de despido colectivo suspensiva de aquel plazo, mientras que en la ofrecida de contraste sí concurre dicha situación.

  5. En suma, una simple lectura del escrito que insta la nulidad evidencia que el recurrente realmente lo que pretende es establecer unilateralmente una nueva y distinta valoración jurídica de la ya realizada por el órgano judicial. Pero el objeto del incidente de nulidad no es una segunda o tercera instancia ni, consecuentemente, se trata de revisar lo acertado de los argumentos jurídicos empleados, sino, simplemente, examinar si se ha violado un derecho fundamental, que no se aprecia en el auto recurrido, pues el Auto impugnado ha resuelto la cuestión planteada en el suplico del recurso y está ampliamente motivado, aunque sea en contra de los intereses de la parte recurrente.

TERCERO

Procede, por lo expuesto, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, la desestimación de la pretensión de nulidad postulada, sin costas y sin que contra este auto quepa recurso alguno en vía jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Desestimar el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la representación de D. Blas, respecto al Auto de esta Sala de fecha 9 de septiembre de 2020, recaído en el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. José Luis Herrera Mariscal, en nombre y representación de D. Blas frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 3 de octubre de 2019 en el recurso de suplicación número 1009/18. Sin costas. Contra este Auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

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