STS 147/2020, 4 de Marzo de 2020

El 24 de octubre de 2013 se presentó demanda interpuesta por D. Baldomero, D. Basilio y D.ª Rosana, D. Benigno y D.ª Salome, D. Blas y D.ª Tatiana, D. Cirilo y D.ª Marí Jose, Alborada Enterprises S.L., D.ª María Dolores, D. Eleuterio, y D. Emiliano contra las entidades "Banco CAM S.A.U." y "Caja Rural Central S.C.C." solicitando se dictara sentencia por la que:

"Se condene solidariamente a "CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C." y a "Banco C.A.M. S.A.U." a pagar a los actores las cantidades siguientes:

"1) Baldomero: ............................................. €48.590.

"2) Basilio & Rosana: ............................... €46.531.

"3) Benigno & Salome: .... €46.531.

"4) Blas & Tatiana: ........................... €51.718,17.

"5) Cirilo & Marí Jose: .................. €46.317.

"6) "Alborada Enterprises, S.L.":................................................ €46.317.

"7) María Dolores: ................................................................ €48.531.

"8) Eleuterio: ............................................................. €50.921,84.

"9) Emiliano: ...................................................... €49.110.

" Se condene a las demandadas al pago de los intereses legales de las cantidades entregadas desde el momento en el que fueron abonadas.

" Igualmente se le condene al pago de las costas procesales".

Repartida la demanda al Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Alicante, dando lugar a las actuaciones n.º 1830/2013 de juicio ordinario, y emplazadas las entidades demandadas, estas comparecieron con su propia defensa y representación y contestaron a la demanda en los siguientes términos:

La codemandada Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Crédito, solicitó:

"1º.- Estime la excepción procesal de cosa juzgada, con fundamento en los artículos 207-2º, 3º y 4º, 222-1º, 2º, 3° y 4°, 416-2° y 421-1° de la LEC, y subsidiariamente, estime la excepción procesal de falta de legitimación activa de los demandantes con fundamento en las Sentencias y Auto de homologación judicial, firmes, aportados como documentos 24 a 29 de la demanda, dictados por el Juzgado de lo Mercantil Nº Tres de Alicante, con Sede en Elche, frente a la mercantil vendedora demandada Promociones Eurohouse 2.010,S.L, que resuelven definitivamente dichos Contratos de Compraventa con efectos "ex tunc", es decir, como si el negocio jurídico no hubiese existido, y por haber sido condenada la mercantil demandada Promociones Eurohouse 2.010,S.L, en Liquidación, a la devolución y pago de las cantidades entregadas y sus intereses, estando sus créditos expresamente reconocidos por la Administración Concursal en la Lista Definitiva de Acreedores Actualizada de la mercantil Promociones Eurohouse 2.010,S.L, en Liquidación, dictando Auto de sobreseimiento de las presentes actuaciones, con expresa condena en costas a la parte actora, y, subsidiariamente, dicte sentencia desestimatoria de la Demanda, con expresa condena en costas a la parte actora.

"b) Estime la excepción procesal de litispendencia, con fundamento en los artículos 410, 416-2º y 421-1º y 3º de la LEC, por haber sido expresamente reconocidos absolutamente todos los créditos por principal e intereses a los compradores demandantes en la Lista Definitiva de Acreedores Actualizada por la Administración Concursal de la mercantil Promociones Eurohouse 2.010,S.L, en Liquidación, dictando Auto de sobreseimieno de las presentes actuaciones, con expresa condena en costas a la parte actora.

"c) Subsidiariamente, estime la existencia de cuestión de prejudicialidad civil, con fundamento en el artículo 43 de la LEC, por tramitarse actualmente por la Administración Concursal de la mercantil Promociones Eurohouse 2.010,S.L, en Liquidación, la liquidación y el pago a los demandantes de todos sus créditos y sus intereses que expresamente han sido reconocidos en la Lista Definitiva de Acreedores Actualizada (Documentos 22 y 23 de la demanda), y, consecuentemente, dicte Auto de suspensión de las presentes actuaciones hasta que finalice totalmente la liquidación y a los compradores demandantes se le satisfagan todos los créditos expresamente reconocidos en la Lista Definitiva de Acreedores Actualizada, con expresa condena en costas a la parte actora.

"d) Subsidiariamente, estime la excepción procesal de falta de litisconsorcio pasivo necesario, con fundamento en los artículos 12-2º, 416-3° y 420-1°, 3° y 4° de la LEC, por no haber sido demandadas y traídas a la litis las mercantiles Plus Advisors, S.L. y Olé International, S.L, dictando sentencia desestimatoria de la demanda, con expresa condena en costas a la parte actora.

"e) En todo caso, se desestime la demanda formulada por los actores frente a la Caja Rural Central, Sdad. Cooperativa de Crédito, por no ser de aplicación a la misma el artículo 1.2ª de la Ley 57/68, en relación con la Disposición Adicional 1ª de la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999, al no haber financiado la entidad las promociones a que hace referencia la demanda, no ser los actores clientes de la entidad, ni tener la más mínima relación con los mismos, y en todo caso, nadie, ni los actores, ni sus representantes en la firma de los contratos de compraventa, se solicitó formalmente a esta parte la apertura de una líneas especial de aval con destino al pago de las viviendas, todo ello con expresa condena en costas, por su temeridad y mala fe".

La codemandada Banco CAM S.A. compareció como Banco de Sabadell S.A. y contestó a la demanda solicitando su íntegra desestimación con imposición de costas a la parte demandante.

Por auto de fecha 21 de julio de 2014 se acordó desestimar las excepciones planteadas por la primera codemandada.

Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el magistrado-juez del mencionado juzgado dictó sentencia el 9 de mayo de 2016 con el siguiente fallo:

"ESTIMO SUSTANCIALMENTE la demanda interpuesta por Baldomero, Basilio, Rosana, Benigno, Salome, Blas, Tatiana, Cirilo, Marí Jose, ALBORADA ENTERPRISES, S.L., María Dolores, Eleuterio, Emiliano, frente a CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C., y BANCO DE SABADELL, S.A., y, en consecuencia, CONDENO a CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C., y BANCO DE SABADELL, S.A., a abonar a los actores, de forma conjunta y solidaria, las siguientes cantidades:

"(1).- Cuarenta y siete quinientos noventa euros con cinco céntimos de euro (47.590' 05 euros) a Baldomero

"(2).- Cuarenta y seis mil quinientos treinta y un euros (46.531 euros) a Basilio, Rosana

"(3).- Cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco (45.745 euros) a Benigno, Salome

"(4).- Cincuenta y un mil setecientos dieciocho euros con treinta y nueve céntimos de euro (51.718' 39 euros) a Blas, Tatiana

"(5).- Cuarenta y seis mil trescientos diecisiete euros (46.317 euros) a Cirilo, Marí Jose

"(6).- Cuarenta y seis mil trescientos diecisiete euros (46.317 euros) a ALBORADA ENTERPRISES, S.L.

" (7).- Cuarenta y ocho mil quinientos treinta y un euros (48.531 euros) a María Dolores

" (8).- cincuenta mil novecientos veintiún euros con ochenta y cuatro céntimos de euro (50.921 ' 84 euros) a Eleuterio

" 9).- Cuarenta y ocho mil ciento diez euros (48.110 euros) a Emiliano

" Estas sumas devengarán los intereses contemplados en el inciso final del fundamento de derecho cuarto apartado (C).- de la presente resolución y desde las fechas indicadas en el apartado de hechos probados 1.2 del fundamento cuarto apartado (A).-, que aquí se dan por reproducidos.

" Sin costas".

Interpuestos por las entidades codemandadas contra dicha sentencia sendos recursos de apelación, a los que se opuso la parte demandante y que fueron tramitados con el n.º 354/2016 de la sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, esta dictó sentencia el 24 de octubre de 2016 con el siguiente fallo:

"Que desestimando el recurso de apelación entablado [por] Caja Rural Central Sociedad Cooperativa de Crédito (Caja Rural), representada en este Tribunal por el Procurador D. Manuel Calvo Sebastiá; y estimando el formulado por Banco de Sabadell S.A., representada en este Tribunal por el Procurador. D. Jorge Manzanaro Sánchez, recursos ambos deducidos contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia número doce de los de Alicante de fecha 9 de mayo de 2016, debemos revocar y revocamos en parte dicha resolución y en su virtud, debemos absolver y absolvemos al Banco de Sabadell de las pretensiones deducidas frente a dicha entidad por los demandantes, con expresa imposición de las costas de en relación a dicha entidad a los citados demandantes, confirmando el resto de pronunciamientos; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a Caja Rural; y sin expresa imposición de las costas de esta alzada a Banco de Sabadell.

" Se declara la pérdida del depósito efectuado por Caja Rural para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta nº 9 LOPJ-.

" Se acuerda la devolución al apelante Banco de Sabadell de la totalidad del depósito efectuado para recurrir.

" Se acuerda la devolución al apelante de la totalidad del depósito efectuado por los demandantes para recurrir".

A petición de la entidad codemandada Banco Sabadell S.A., con fecha 24 de noviembre de 2016 se dictó auto aclaratorio de la sentencia con la siguiente parte dispositiva:

"Que ha lugar a aclarar el Fallo de nuestra Sentencia de 24 de octubre de 2016 en el sentido de sustituir la frase:

" "...) con expresa imposición de las costas de en relación a dicha entidad a los citados demandantes, confirmando el resto de pronunciamientos...".

" por la siguiente:

" "...) con expresa imposición de las costas de la instancia en relación a dicha entidad a los citados demandantes, confirmando el resto de pronunciamientos...".

" Contra esta resolución no cabe recurso alguno".

Contra la sentencia de segunda instancia la entidad codemandada-apelante Caja Rural Central Sociedad Cooperativa de Crédito interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El recurso extraordinario por infracción procesal se componía de un solo motivo con el siguiente enunciado:

"ÚNICO.- POR EL CAUCE DEL NÚM. 4.º DEL APARTADO 1 DEL ART. 469 DE LA LEC, POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, AL INCURRIR LA SENTENCIA, DICHO SEA RESPETUOSAMENTE, EN UN ERROR PATENTE EN LA VALORACIÓN DE LOS HECHOS ACREDITADOS EN EL PROCEDIMIENTO".

El recurso de casación, formulado al amparo del art. 477.2.3.º LEC, se componía también de un solo motivo fundado en infracción del art. 1-2.ª de la Ley 57/1968.

Recibidas las actuaciones en esta sala y personadas ante la misma todas las partes mencionadas en el encabezamiento, los recursos fueron admitidos por auto de 12 de diciembre de 2018, a continuación de lo cual la parte demandante-recurrida presentó escrito de oposición a los recursos solicitando su inadmisión, o subsidiariamente su desestimación. La también recurrida Banco de Sabadell S.A. no presentó escrito de oposición en plazo, y por diligencia de ordenación de 1 de febrero de 2019 se declaró precluido dicho trámite.

Por providencia de 7 de febrero del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el siguiente día 19, en que ha tenido lugar.

En el presente litigio varios compradores de viviendas en construcción reclamaron la devolución de la totalidad de las cantidades anticipadas a cuenta del precio tanto de la entidad receptora de cantidades, Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Crédito (en adelante CRC), como de la entidad que financiaba la promoción mediante préstamo hipotecario, Caja de Ahorros del Mediterráneo, luego Banco CAM S.A.U. y actualmente Banco Sabadell S.A. (en adelante BS).

No obstante, para resolver los recursos deben tenerse en cuenta los pronunciamientos no impugnados, en concreto la desestimación de la demanda en segunda instancia respecto de BS, por lo que únicamente se examinará la viabilidad de la acción ejercitada contra CRC.

En consecuencia, como en los casos sustancialmente iguales (viviendas en construcción vendidas por la misma promotora Promociones Eurohouse 2010 S.L., en adelante PE) resueltos por las sentencias 503/2018, de 19 de septiembre, 411/2019, de 9 de julio - esta sobre viviendas de la misma promoción, "Los Balcones del Valle"-, 623/2019, de 20 de noviembre, y 644/2019, de 27 de noviembre), la controversia se centra en si cabe exigir la responsabilidad legal del art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 a CRC frente a los demandantes-apelados respecto de la totalidad de las cantidades anticipadas e ingresadas en una cuenta de la promotora-vendedora en dicha entidad, ingresos que se llevaron a cabo por un tercero (la mercantil Olé Mediterráneo S.L., en adelante OM).

Conforme a lo declarado probado por la sentencia que ahora se recurre y los antecedentes tomados en consideración por las sentencias de esta sala antes mencionadas, son datos relevantes para la decisión de los recursos los siguientes:

1. - Durante el último trimestre de 2005 los demandantes, representados por la mercantil Plus Advisors S.L., compraron a PE distintas viviendas en construcción (nueve en total) pertenecientes a la promoción denominada "Residencial Los Balcones del Valle", ubicada en la provincia de Alicante, término municipal de Orihuela. Como en otras ocasiones, OM se encargó de la comercialización y venta de las viviendas en nombre de la promotora. Por su parte BS financió la promoción.

   1.1.- Según los correspondientes contratos privados de compraventa (docs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17 de la demanda), las viviendas compradas fueron las relacionadas, con sus respectivos compradores, en el hecho primero de la demanda:

   1) D. Baldomero: vivienda n.º NUM000 (doc. 1 de la demanda).

   2) D. Basilio y D.ª Rosana: vivienda n.º NUM001 (doc. 3 de la demanda)

   3) D. Benigno y D.ª Salome: vivienda n.º NUM002 (doc. 5 de la demanda)

   4) D. Blas y D.ª Tatiana: vivienda n.º NUM003 (doc. 7 de la demanda).

   5) D. Cirilo y D.ª Marí Jose: vivienda n.º NUM004 (doc. 9 de la demanda).

   6) Alborada Enterprises S.L.: vivienda n.º 7J, Bloque III, Manzana M-4 (doc. 11 de la demanda).

   7) D.ª María Dolores: vivienda n.º NUM002 (doc. 13 de la demanda).

   8) D. Eleuterio: vivienda n. NUM005 (doc. 15 de la demanda).

   9) D. Emiliano: vivienda n.º NUM006 (doc. 17 de la demanda).

   No obstante, PE y el Sr. Emiliano suscribieron con fecha 8 de noviembre de 2008 un segundo contrato de compraventa (doc. 18 de la demanda), este relativo a una vivienda perteneciente a otra promoción de PE ("Residencial DIRECCION000") en Orihuela (vivienda n.º NUM007, Conjunto Almonte), en el que convinieron lo siguiente (apdo. final denominado "Observaciones"):

   "Este contrato anula cualquier otro contrato firmado con anterioridad especialmente el de la vivienda n.º NUM006".

   1.2.- Los citados compradores anticiparon a cuenta del precio las cantidades que les reconoció la sentencia de primera instancia (no apelada por ellos), en algunos casos inferiores a las solicitadas en la demanda. Dichas cantidades fueron abonadas por los compradores a un despacho de abogados (Plus Advisors S.L.), en concreto a una cuenta que dicha sociedad tenía en CRC. Posteriormente Plus Advisors S.L. las transfirió a una cuenta corriente abierta por OM en la misma entidad de crédito, oficina sita en Torrevieja, siendo finalmente OM la que se encargó de transferirlas a una cuenta ordinaria que la promotora tenía abierta también en CRC.

2. - Por auto de 10 de marzo de 2010 del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Alicante la citada promotora fue declarada en situación de "concurso necesario ordinario de acreedores" y todos los contratos fueron resueltos en el seno del procedimiento concursal por incumplimiento de la vendedora.

3. - Con fecha 24 de octubre de 2013 los compradores demandaron a CRC y a BS pidiendo la condena solidaria de las dos entidades a devolver la totalidad de los anticipos más sus intereses desde la fecha de las respectivas entregas. En lo que ahora interesa, la acción contra CRC se fundaba en la responsabilidad legal que con arreglo al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 debe asumir la entidad de crédito que admita ingresos de cantidades anticipadas en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial debidamente garantizada. La acción contra BS se fundaba en su condición de acreedora hipotecaria por haber financiado toda la promoción.

4. - Además de plantear diversas excepciones procesales, CRC se opuso a la demanda por razones de fondo alegando, en lo que ahora interesa y en síntesis: (i) que los contratos de compraventa no fueron suscritos por los compradores sino por una empresa que hizo de intermediaria (Plus Advisors S.L.); (ii) que fue esta empresa -un despacho de abogados- la que transfirió los anticipos a OM; y (iii) que en consecuencia CRC no tuvo conocimiento de la existencia de ingresos de los compradores-demandantes hechos en cuenta alguna de la promotora en dicha entidad, pues los ingresos en CRC por los que se le exigía responsabilidad procedían de una cuenta corriente abierta en esa misma entidad de crédito, pero no a nombre de la promotora sino de otra mercantil distinta (OM).

5. - La sentencia de primera instancia estimó sustancialmente la demanda y condenó solidariamente a las demandadas a pagar a los respectivos compradores las cantidades anticipadas que se establecían en el fallo (en algunos casos no coincidentes con las reclamadas en la demanda) más sus intereses desde la fecha de sus respectivas entregas, sin imponer las costas a ninguna de las partes.

   La condena de CRC se fundó, en síntesis, en las siguientes razones: (i) aunque en este caso no existiera aval o seguro que garantizara la devolución de los anticipos hechos por los compradores tras el indiscutido incumplimiento con efectos resolutorios de la promotora-vendedora, ello no impedía declarar la responsabilidad legal de CRC al amparo del art. 1- 2.ª de la Ley 57/1968 al ser lo relevante que todas las transacciones tuvieron lugar entre entidades que tenían cuenta abierta en CRC, y que este hecho permitió a la entidad de crédito receptora conocer las operaciones entre Plus Advisors S.L. y Olé Internacional (nombre comercial de OM), en concreto, y según los documentos justificativos de los respectivos ingresos (docs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 y 19 de la demanda), que en cada uno de ellos se especificó el concepto en el que se hacían desde la cuenta de Plus Advisors, S.L. a la cuenta de Olé Internacional (nombre comercial de OM); y (ii) en atención a ello, y como declaró la sentencia de esta sala de 21 de diciembre de 2015 (que se extracta), CRC "supo o tuvo que saber" que se trataba de anticipos de los compradores-demandantes a cuenta del precio de sus respectivas viviendas.

6. - Contra dicha sentencia interpusieron sendos recursos de apelación las dos demandadas. La sentencia de segunda instancia, desestimando el recurso de CRC y estimando el recurso de BS, confirmó la condena de CRC y absolvió a BS. En materia de costas, acordó imponer a CRC las de su recurso de apelación, no imponer a ninguna de las partes las costas de la segunda instancia relativas al recurso de apelación de BS, imponer a CRC las costas de la primera instancia relativas a la demanda dirigida contra ella e imponer a los demandantes las de primera instancia relativas a la demanda dirigida contra BS.

   La condena de CRC se funda, en síntesis, en las siguientes razones: (i) el recurso de apelación de CRC plantea como única cuestión jurídica su falta de responsabilidad conforme al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968, dado que, por la forma en que se hicieron las entregas a cuenta (a través de un entramado de sociedades), no pudo conocer que se tratara de anticipos de los compradores a cuenta del precio de sus respectivas viviendas; y (ii) sin embargo, los hechos probados demuestran que la sentencia apelada acertó al considerar que la conducta de CRC tenía pleno encaje en la jurisprudencia sentada por la sentencia de esta sala de 21 de diciembre de 2015, y ello no solo porque deba ponerse bajo la responsabilidad de la propia entidad de crédito el hecho de que su sistema informático no le permitiera conocer el concepto de los ingresos hechos por Olé en la cuenta de la promotora, sino también -y fundamentalmente- porque la relación comercial que CRC tenía con la promotora, y la circunstancia de que todas las sociedades implicadas en las transferencias tuvieran cuenta en CRC, eran datos que permitían concluir que esta conoció o pudo conocer que las remesas de cheques que se ingresaron por OM en la cuenta de la promotora se correspondían con pagos de los compradores a cuenta del precio de sus viviendas (pues estos entregaron sus anticipos a Plus Advisors S.L., y el dinero pasó de esta entidad a OM y de OM a la cuenta de la promotora).

7. - Contra dicha sentencia CRC ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación por interés casacional, tanto en su modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala como en la de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre la responsabilidad legal de las entidades de crédito con arreglo al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968.

8. - Los compradores recurridos han pedido la desestimación de los recursos tanto por causas de inadmisibilidad como por razones de fondo, lo que obliga a esta sala a examinar con carácter preliminar las posibles causas de inadmisión del recurso de casación por interés casacional porque, conforme a la regla 5.ª del apdo. 1. DF. 16.ª LEC, la inadmisión del recurso de casación determinaría la del recurso extraordinario por infracción procesal (entre las más recientes, sentencias 37/2019, de 21 de enero, y 572/2019, de 4 de noviembre).

El recurso de casación se compone de un solo motivo fundado en infracción del art. 1 de la Ley 57/1968, alegándose la existencia de interés casacional tanto por oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala sobre la responsabilidad legal de la entidad de crédito que recibe los anticipos de los compradores de viviendas en construcción con arreglo al art. 1- 2.ª de dicho texto legal (en particular, sobre los límites del deber de vigilancia y los criterios relevantes para ponderar su capacidad de control sobre cualesquiera clase de ingresos en cuenta abierta por la promotora en dicha entidad) como por la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales en torno a estas mismas cuestiones y con respecto a la misma promotora PE.

Los compradores se han opuesto a la admisión del recurso de casación alegando inexistencia de interés casacional porque la vulneración normativa y jurisprudencial en que se sustenta el único motivo del mismo solo podría ser apreciada si se prescindiera de los hechos probados, los cuales, al contrario de lo que se aduce en el recurso y como acertadamente declaró la sentencia recurrida, acreditarían que CRC conoció o pudo conocer la procedencia de los ingresos en la cuenta abierta por la promotora en dicha entidad.

Conforme a la jurisprudencia de esta sala, los óbices de admisibilidad alegados por los compradores demandantes respecto del recurso de casación no permiten inadmitirlo en su totalidad ni, consecuentemente, inadmitir por esta causa el recurso extraordinario por infracción procesal.

Según criterio del auto del pleno de esta sala de 6 de noviembre de 2013, reiterado en sentencias posteriores (por ejemplo, sentencias 222/2017, de 5 de abril, 528/2018, de 26 de septiembre, 562/2018, de 10 de octubre, 37/2019, de 21 de enero, y 572/2019, de 4 de noviembre), puede ser suficiente para superar el test de admisibilidad la correcta identificación del problema jurídico planteado y una exposición adecuada que ponga de manifiesto la consistencia de las razones de fondo del recurso, partiendo del respeto a los hechos probados.

En este caso, el único motivo del recurso de casación plantea una cuestión exclusivamente jurídica, pues es doctrina constante al respecto ( sentencias 636/2017, de 23 de noviembre, y 623/2019, de 20 de noviembre) que la cuestión de si la entidad hoy recurrente conoció o pudo conocer, y por tanto controlar los pagos, no tiene una dimensión puramente fáctica, sino que encierra una valoración jurídica de la responsabilidad del banco cuya revisión es propia del recurso de casación. Y el interés casacional del problema jurídico es notorio por lo antes dicho sobre la existencia de sentencias de esta sala dictadas en casos sustancialmente iguales a este, relativos también a viviendas vendidas por la misma promotora y en los que los ingresos se hacían por medio de una sociedad limitada, sentencias que, en contra del criterio seguido por la sentencia recurrida, resolvieron no declarar la responsabilidad de CRC.

Recurso extraordinario por infracción procesal

Este recurso se compone de un solo motivo, formulado al amparo del ordinal 4.º del art. 469.1 LEC y fundado en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por error patente en la valoración de la prueba.

En su desarrollo se alega, en síntesis: (i) que los anticipos no se ingresaron en la cuenta de la promotora en CRC por los compradores-demandantes, sino por la mercantil OM mediante "remesas de cheques con importes no coincidentes con los pagos anticipados"; y (ii) que, por tanto, la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida de que CRC no podía desconocer que los ingresos hechos en la cuenta de la promotora en dicha entidad procedían de los compradores-demandantes es fruto de un error patente en la valoración probatoria, pues supone exigir a CRC una verdadera labor inquisitiva sobre cualquier ingreso realizado en la cuenta de la promotora que excede del deber de control o vigilancia sobre los ingresos de los compradores cuya transgresión permita declarar la responsabilidad de la entidad de crédito con arreglo al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 y su jurisprudencia.

Los compradores recurridos se han opuesto al recurso interesando su inadmisión, o en todo caso su desestimación, alegando al respecto, como causas de inadmisión: (i) que el recurso extraordinario por infracción procesal es inadmisible como consecuencia de ser inadmisible el de casación; y (ii) que es asimismo inadmisible por "inexistencia de motivo", ya que este recurso no es una tercera instancia, y porque mediante el mismo no cabe plantear cuestiones de fondo propias del recurso de casación, o procesales carentes de autonomía o sustantividad propia respecto de las sustantivas objeto del recurso de casación, ni justificar un supuesto error en la valoración probatoria a partir de conclusiones subjetivas sin cita de norma de valoración probatoria que se considere infringida, y que en todo caso la cuestión del conocimiento o no de los pagos hechos no es una cuestión fáctica sino que encierra una valoración jurídica propia del recurso de casación.

No procede apreciar el primer óbice de admisibilidad de este recurso porque, "siendo admisible el recurso de casación por interés casacional, como se ha razonado ya, no cabe inadmitir el recurso por infracción procesal por la única razón de no ser admisible el de casación" ( sentencia 222/2017, mencionada por las posteriores 37/2019, y 572/2019).

Sin embargo, las demás razones aducidas por los compradores recurridos, aunque no sean propiamente causas de inadmisión, sí que permiten desestimar el recurso por infracción procesal al corresponderse con las razones que sirvieron a esta sala para desestimar los recursos sustancialmente idénticos también interpuestos en su día por CRC contra sentencias dictadas por otras secciones de la misma Audiencia. Dichas razones, contenidas en las ya citadas sentencias 503/2018, 411/2019, y 623/2019 son, en síntesis, las siguientes:

1. ) Dado que en nuestro sistema procesal no cabe una tercera instancia, el error en la valoración de la prueba debe ser de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución (por ejemplo, sentencias 161/2018, de 21 de marzo, 333/2018, de 1 de junio, 135/2018, de 8 de marzo, 112/2018, de 6 de marzo, y 430/2017, de 17 de julio).

2. ) No es aceptable plantear mediante un recurso extraordinario por infracción procesal cuestiones de fondo que exceden de su ámbito por ser propias del recurso de casación, ni cuestiones procesales carentes de autonomía o sustantividad propia respecto de las sustantivas que sean objeto del recurso de casación.

3. ) Esta doctrina es aplicable al presente recurso: en primer lugar porque, como en los anteriores, tampoco ahora CRC cita como infringida ninguna norma sobre valoración de la prueba ni tampoco el art. 24 de la Constitución (por más que pueda sobreentenderse su cita cuando, sin mayor concreción, se alude en el encabezamiento del motivo único a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva), ni se identifica el concreto medio de prueba origen del pretendido error fáctico o material ni, en fin, se razona en qué pueda consistir la indefensión material alegada, más allá de ofrecer unas conclusiones probatorias alternativas; y en segundo lugar, porque el recurso carece de autonomía o sustantividad propia respecto de las cuestiones de fondo objeto del recurso de casación habida cuenta de que la cuestión de si la entidad hoy recurrente conoció o pudo conocer, y por tanto controlar los pagos, encierra una valoración jurídica de la responsabilidad del banco cuya revisión es propia del recurso de casación.

Recurso de casación

Como se ha indicado ya, su único motivo se funda en el argumento de que la sentencia recurrida ha vulnerado la jurisprudencia de esta sala sobre la responsabilidad legal de las entidades de crédito receptoras de ingresos de los compradores de viviendas en construcción conforme al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968, por imponer a CRC una obligación de control o vigilancia exorbitante sobre cualesquiera ingresos en la cuenta abierta por la promotora en dicha entidad que no le impone dicho precepto ni era razonablemente posible a la vista de las circunstancias del caso, entre estas que los ingresos no se hicieron por los compradores sino por una sociedad limitada, último eslabón de lo que CRC denomina "singular mecanismo de sucesivas transferencias y entregas de cheques entre las sociedades mercantiles Plus Advisors y Olé Mediterráneo S.L.".

Los compradores recurridos han opuesto, en síntesis, que la valoración jurídica contenida en la sentencia recurrida de que CRC conoció o pudo conocer la procedencia de los ingresos es correcta y en modo alguno supone atribuir a CRC un control exorbitante, ya que no es verdad que CRC fuera por completo ajena a la relación entre compradores y promotora, dado que fue consciente en todo momento de la actividad inmobiliaria a la que se dedicaba PE y también de que, fruto de esa actividad, PE recibía constantemente en su cuenta incontables ingresos procedentes de compradores de viviendas vendidas por PE, en los que siempre se identificaba perfectamente al comprador o compradores, y se indicaba el importe que se pagaba y la específica vivienda que se estaba comprando, pese a todo lo cual CRC omitió controlar o vigilar dichos ingresos, no siendo óbice para declarar su responsabilidad los supuestos problemas que achaca al sistema informático de transferencias "Ruralvía de Canal Banca Internet".

El recurso debe ser estimado por las mismas razones en que se fundaron las sentencias arriba indicadas, dada la coincidencia sustancial tanto fáctica como jurídica entre los respectivos litigios.

1. ) Es doctrina jurisprudencial reiterada que la responsabilidad de las entidades de crédito conforme al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 nace del incumplimiento de su deber de control sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor, siendo lo relevante si conoció o tuvo que conocer la existencia de esos ingresos a cuenta del precio de venta de viviendas sujetas a dicho régimen, lo que tiene lugar en cuanto advierta la posibilidad de que se estén recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas.

2. ) Centrada por tanto la controversia en si fue o no conforme a dicho precepto y a su jurisprudencia la inferencia de la sentencia recurrida de que CRC conoció, o al menos no podía desconocer, que las cantidades ingresadas en la cuenta corriente abierta en dicha entidad a nombre de PE se correspondían con anticipos de los compradores a cuenta del precio de sus viviendas, esta sala ha declarado en los precedentes a los que se ha hecho referencia sobre viviendas de PE e ingresos hechos por una sociedad limitada en una cuenta de la promotora en CRC ( sentencia 503/2018, reiterada por las 411/2019, 623/2019, y 644/2019):

   "Al no ser la responsabilidad legal de la entidad de crédito depositaria una responsabilidad "a todo trance a modo de garante superpuesto siempre al avalista o asegurador, sino, como establece el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 y declara la jurisprudencia, una responsabilidad derivada del incumplimiento de los deberes que les impone dicha ley" ( sentencia 502/2017, de 14 de septiembre), esta sala ha descartado su responsabilidad en casos como este en que los pagos del comprador al vendedor se hagan al margen del contrato y sin posibilidad alguna de control por parte de la entidad bancaria (por ejemplo, sentencias 420/2016, de 24 de junio, 436/2016, de 29 de junio, y 675/2016, de 16 de noviembre, además de la ya citada 102/2018, de 28 de febrero). Esta solución es además coherente con la decisión de inadmitir por auto de 23 de noviembre de 2016 el recurso de casación n.º 272/2015, interpuesto por los compradores en un litigio sobre viviendas en construcción promovidas también por Eurohouse 2010 S.L. y en el que la sentencia entonces recurrida desestimó la responsabilidad de la misma entidad de crédito hoy recurrente por haberse constatado que los anticipos no fueron depositados por los entonces compradores sino por la misma mercantil Olé Mediterráneo S.L.

   "En definitiva, el art. 1.2.ª de la Ley 57/1968 impone unos rigurosos deberes de control a las entidades de para proteger a los compradores de viviendas en construcción, pero en ningún caso ampara a quienes, como los compradores recurridos, contratan por medio de una sociedad, prescinden de la cuenta indicada en sus contratos para el ingreso de los anticipos y, en fin, los ingresan por medio de otra sociedad en una cuenta diferente y una entidad de crédito distinta. Basta con recordar que en ningún caso la Ley 57/1968 ampararía a la sociedad limitada que hizo los ingresos, pues la compra masiva para fines comerciales queda al margen de dicha ley, para comprobar que no puede ser precisamente la entidad de crédito demandante-recurrente la que deba responder frente a los demandantes-recurridos".

   Por su parte la sentencia 411/2019 añadió:

   "En consecuencia, el argumento de que por ser OM una intermediaria de los compradores la demandada tendría que conocer el origen de los ingresos [...] se opone a la doctrina jurisprudencial de esta sala".

   Y recordó lo siguiente:

   "Por último, conviene precisar que la responsabilidad de las entidades de crédito establecida en el art. 1-2 de la Ley 57/1968 no depende de que los anticipos se ingresen en la cuenta identificada en el contrato de compraventa, sino, como resulta de la doctrina jurisprudencial fijada por esta sala a partir de la sentencia 733/2015, de 21 de diciembre, de que se ingresen en una cuenta del promotor en la entidad conociendo esta, o debiendo conocer, que los ingresos se corresponden con anticipos de los compradores de viviendas protegidos por dicha ley".

3. ) Esta doctrina es plenamente aplicable en el presente caso, porque la sentencia ahora recurrida también justifica la responsabilidad de CRC prescindiendo del dato de que los ingresos no se hicieron por los compradores sino por un tercero, en concreto una sociedad mercantil, sin dar razón suficiente de que se correspondieran con anticipos de compradores de viviendas protegidos por la Ley 57/1968.

4. ) No es óbice para alcanzar esta conclusión que la sentencia recurrida considere probado que CRC sabía que PE se dedicaba a la actividad inmobiliaria por su relación comercial con la promotora, ni el dato de que la sentencia recurrida considere probado que en las aportaciones hechas por Plus Advisors a OM "se hacían las indicaciones oportunas sobre identificación tanto del comprador como del importe y el concepto del ingreso o pago" (folio 8 de la sentencia recurrida) pues, como ante razonamientos semejantes opuso la sentencia 623/2019, "de este dato no cabe deducir, como valoración jurídica, que CRC conoció o pudo conocer que se trataba de cantidades anticipadas por los compradores de viviendas en construcción, ya que en todo caso fue una indicación que no aparecía en los documentos de los ingresos hechos por OM en la cuenta de la promotora en CRC, sino en las transferencias bancarias que realizó aquella firma de abogados en nombre de los compradores en la cuenta de OM y por indicación de la promotora, de modo que tiene razón la recurrente cuando alega que solo podría haber conocido su procedencia realizando una verdadera labor inquisitiva, legalmente no exigible, sobre cualquier ingreso realizado en la cuenta de la promotora".

La estimación del recurso de casación determina que proceda casar la sentencia recurrida para desestimar íntegramente la demanda de los compradores contra CRC, manteniendo el resto de pronunciamientos de la sentencia recurrida.

En cuanto a las costas, conforme a los arts. 398.1 y 394.1 LEC procede imponer las del recurso extraordinario por infracción procesal a la parte recurrente, dado que ha sido desestimado.

Conforme al art. 398.2 LEC, no procede imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación, dada su estimación, ni las costas de la segunda instancia correspondientes al recurso de CRC, dado que debería haber sido estimado.

Y conforme al art. 394.1 LEC, procede imponer a los demandantes las costas de la primera instancia causadas a CRC, dada la desestimación de la demanda contra ella.

Conforme a la d. adicional 15.ª. 8 LOPJ procede devolver a la parte recurrente el depósito constituido para recurrir en casación, y conforme al apdo. 9 de la misma procede condenar a la recurrente a la pérdida del depósito constituido para recurrir por infracción procesal.