STS 21/2020, 16 de Enero de 2020
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 16 Enero 2020 |
| Número de resolución | 21/2020 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 21/2020
Fecha de sentencia: 16/01/2020
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 2790/2017
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 18/12/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 17.ª
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Transcrito por: RSJ
Nota:
CASACIÓN núm.: 2790/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 21/2020
Excmos. Sres.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres
D. Juan María Díaz Fraile
En Madrid, a 16 de enero de 2020.
Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 17.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona. Es parte recurrente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representado por la procuradora Ana Espinosa Troyano y bajo la dirección letrada de Mónica del Collado Picó. Es parte recurrida Aurelia, en calidad de heredera de Luis Andrés, representada por la procuradora María Torres Ruiz y bajo la dirección letrada de Montserrat Serrano Bartolomé.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
Tramitación en primera instancia
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El procurador Pedro Moratal Sendra, en nombre y representación de Luis Andrés, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona, contra Catalunya Banc S.A., para que dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos:
"1.- Se declare el incumplimiento por parte de Catalunya Banc S.A. de sus obligaciones legales de diligencia, lealtad e información en la venta de los instrumentos objeto de la presente demanda, en los términos recogidos en la misma.
"2.- Se condene a Catalunya Banc S.A., a indemnizar en concepto de daños y perjuicios a los demandantes en la suma de 63.177,33.-€ más los intereses que correspondan.
"3.- Se condene a Catalunya Banc S.A. al pago de las costas judiciales causadas en la presente instancia".
-
El procurador Ignacio de Anzizu Pigem, en representación de la entidad Catalunya Banc S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:
"desestimando íntegramente la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora".
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El Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona dictó sentencia con fecha 24 de julio de 2015 cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallo: Estimo la demanda deducida por la postulación procesal de D. Luis Andrés y condeno a Catalunya Banc S.A. al pago del importe de 63.177,33.-€ más intereses legales desde la interpelación judicial hasta su completo pago y costas".
Tramitación en segunda instancia
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Catalunya Banc S.A. La representación de Luis Andrés se opuso al recurso interpuesto de contrario.
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La resolución de este recurso correspondió a la Sección 17.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante sentencia de 3 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallamos: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Catalunya Banc S.A. contra la sentencia dictada el 24 de julio de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Barcelona en autos de juicio ordinario n.º 556/2014, que se confirma, con imposición de las costas procesales de esta alzada a la apelante".
Tramitación e interposición del recurso de casación
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El procurador Ignacio de Anzizu Pigem, se personó en nombre de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), en calidad de sucesora procesal por absorción de Catalunya Banc S.A. e interpuso recurso de casación ante la Sección 17.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El motivo del recurso de casación fue:
"1.º) Infracción del art. 1101 del Código Civil".
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Por diligencia de ordenación de fecha 23 de octubre de 2015, la Audiencia Provincial de Barcelona tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.
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Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representada por la procuradora Ana Espinosa Troyano; y como parte recurrida Luis Andrés, representado por la procuradora María Isabel Torres Ruiz.
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Por decreto de 8 de octubre de 2018 se tuvo por personada a Aurelia en calidad de sucesora procesal por fallecimiento del recurrido Luis Andrés, continuando en su representación la misma procuradora.
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Esta sala dictó auto de fecha 29 de mayo de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Admitir el recurso de casación interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contra la sentencia dictada 3 de mayo de 2017 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 17.ª) en el rollo de apelación n.º 1194/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 556/2014 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Barcelona".
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Dado traslado, la representación procesal de Aurelia presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.
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Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 18 de diciembre de 2019, en que ha tenido lugar.
Resumen de antecedentes
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Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
Luis Andrés y su mujer Esmeralda suscribieron en el año 1992 obligaciones de deuda subordinada de Caixa Catalunya (luego, Catalunya Banc y, en la actualidad, BBVA), por un importe total de 31.252,52 euros. Y en los años 2001, 2002 y 2011 suscribieron participaciones preferentes de esta entidad por un importe total de 73.000 euros. La suma total de esas inversiones ascendía a 104.252,52 euros.
Fallecida Esmeralda, le sucedió en la titularidad de estos productos Luis Andrés.
Tras la intervención de la entidad por el FROB, el canje obligatorio de las participaciones preferentes y subordinadas por acciones y su posterior venta, Luis Andrés recuperó 41.075,19 euros.
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Luis Andrés interpuso una demanda contra Catalunya Banc, S.A. de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio objeto de indemnización era la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y preferentes y la cantidad recuperada tras la intervención del FROB, que la demanda cifraba en 63.177,33 euros.
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El juzgado de primera instancia estimó la demanda y condenó al banco demandado al pago de una indemnización de 63.177,33 euros, más los intereses devengados desde la interpelación judicial.
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el banco demandado. La Audiencia desestima el recurso al desatender la objeción formulada por el banco apelante de que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros.
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Frente a la sentencia de apelación, el banco demandado interpuso recurso de casación sobre la base de un único motivo.
Recurso de casación
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Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del arts. 1101 CC, en relación con la jurisprudencia contenida en la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en la medida que lo concedido excede de la satisfacción del daño sufrido en la inversión.
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
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Estimación del motivo. La cuestión suscitada en el motivo ha sido resuelta y aclarada por la sala en su sentencia 81/2018, de 14 de febrero.
En esta sentencia, con remisión a la anterior sentencia 613/2017, de 16 de noviembre, se reitera la doctrina contenida en la sentencia 301/2008, de 8 de mayo, según la cual en la liquidación de los daños indemnizables debía computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. Esta regla había sido aplicada también por la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en un caso en que se apreció el incumplimiento contractual en la labor de asesoramiento que provocó la adquisición de participaciones preferentes, al concluir que "el daño causado viene determinado por el valor de la inversión realizada menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes".
En este contexto, la sentencia 81/2018, de 14 de febrero, resulta más explícita, cuando razona:
"En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste.
"Aunque esta regla no está expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual, su procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar. Al decir el art. 1106 CC que "la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor", se desprende que la determinación del daño resarcible debe hacerse sobre la base del perjuicio realmente experimentado por el acreedor, para lo cual deberán computarse todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del incumplimiento, que signifiquen una minoración del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor.
"Es decir, cuando se incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el acreedor para obtener el daño neto, como de que no hay más daño que el efectivamente ocasionado, que es el resultante de la producción recíproca de daño y lucro".
De tal forma que también en el presente caso podemos concluir que, como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial".
En la medida en que para el cálculo del perjuicio es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las participaciones y subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la sentencia y asumir la instancia.
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Al asumir la instancia, por las mismas razones que acabamos de exponer, estimamos en parte el recurso de apelación, en el sentido de estimar en parte la demanda y condenar al banco demandado a indemnizar a la demandante en la diferencia entre el capital invertido, por un lado, y, por otro, el rescatado y los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las participaciones preferentes y obligaciones de deuda subordinada.
Según consta de las liquidaciones aportadas con la contestación a la demanda y de lo alegado en ese escrito por el banco demandado, los rendimientos percibidos durante la vigencia de las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas fueron 33.500,22 euros. Si descontamos tales rendimientos, la indemnización que debía percibir el demandante se cifra en 29.677,11 euros. Sobre esta cantidad deberá aplicarse el interés legal desde la interpelación judicial.
Costas
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Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC.
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Estimado el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, tampoco hacemos expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC).
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Desestimadas en parte las pretensiones de ambas partes, tampoco hacemos expresa condena de las costas de la primera instancia ( art. 394 LEC).
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
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Estimar el recurso de casación interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 17.ª) de 3 de mayo de 2017 (rollo 1194/2015).
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Estimar el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA), contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona de 24 de julio de 2015 (juicio ordinario 556/2014) en el siguiente sentido.
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Estimar en parte la demanda formulada por Luis Andrés, sucedido por Aurelia, contra Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA), y condenar a la demandada a indemnizar a la demandante en 29.677,11 euros, más el interés legal desde la interpelación judicial.
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No hacer expresa condena de las costas generadas por los recursos de casación y de apelación, ni tampoco las correspondientes a la primera instancia.
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Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir en casación.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
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