ATS, 12 de Junio de 2018
| Ponente | MILAGROS CALVO IBARLUCEA |
| ECLI | ES:TS:2018:7464A |
| Número de Recurso | 4590/2017 |
| Procedimiento | Social |
| Fecha de Resolución | 12 de Junio de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 12/06/2018
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 4590/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Milagros Calvo Ibarlucea
Procedencia: T.S.J. MADRID SOCIAL SEC. 3
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
Transcrito por: CAG/R
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4590/2017
Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Milagros Calvo Ibarlucea
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmo. Sr. y Excmas. Sras.
Dª. Maria Milagros Calvo Ibarlucea
Dª. Rosa Maria Viroles Piñol
D. Angel Blasco Pellicer
En Madrid, a 12 de junio de 2018.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Milagros Calvo Ibarlucea.
Por el Juzgado de lo Social N.º 2 de los de Móstoles se dictó sentencia en fecha 29 de noviembre de 2016 , en el procedimiento n.º 788/2016 seguido a instancia de D. Florentino contra Sealco Motor SA, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 26 de septiembre de 2017 , que estimaba en parte el recurso interpuesto y en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 28 de noviembre de 2017, se formalizó por el letrado D. Jesús Baró Corrales en nombre y representación de Sealco Motor SA, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta sala, por providencia de 10 de abril de 2018, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción y falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" [ sentencias, entre otras muchas, de 31 de enero de 2017 (R. 2147/2015 ), 30 de marzo de 2017 (R. 3212/2015 ), 31 de mayo de 2017 (R. 1280/2015 ) y 5 de julio de 2017 (R. 2734/2015 )].
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [ sentencias de 8 de febrero de 2017 (R. 614/2015 ), 6 de abril de 2017 (R. 1869/2016 ) y 4 de mayo de 2017 (R. 1201/2015 )].
Como regla general, la contradicción del artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no podrá apreciarse cuando las pretensiones formuladas en los correspondientes procesos que han dado lugar a las sentencias comparadas se fundan en normas distintas, porque en estos casos no cabe apreciar la identidad de las controversias, ya que se produce una diferencia relevante en el elemento jurídico de la pretensión, que no puede salvarse a través de meras semejanzas de redacción; y es así, porque la interpretación de las normas y, en particular la de los convenios colectivos, no puede limitarse a la consideración literal de un precepto aislado, sino que tiene que ponderar otros elementos en el marco de una interpretación sistemática del conjunto de la disposición y de la finalidad perseguida por la misma, teniendo en cuenta sus antecedentes históricos, la realidad social de su aplicación o, en su caso, la actuación de los negociadores en el convenio colectivo. En definitiva, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo supuestos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado [ SSTS 25/02/2013 (R. 3309/2012 ), 25/10/2013 (R. 198/2013 ), 12/12/2013 (R. 167/2013 ), 17/06/2014 (R. 2098/2013 )].
La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de septiembre de 2017 (R. 150/2017 ), estima en parte el recurso interpuesto por Sealco Motor, S.A., y, revocando la sentencia de instancia, deja sin efecto la declaración de nulidad del despido y de infracción de derechos fundamentales, declarando en su lugar la improcedencia.
En suplicación, en lo que interesa a esta casación unificadora, en primer lugar, solicita la recurrente la modificación de un hecho probado alegando como fundamento revisorio la grabación que obra en soporte informático en los autos. Lo que no se estima al considerar el Tribunal Superior que se trata de un medio probatorio inidóneo a los efectos pretendidos en cuanto, como se desprende del art. 193.b) LRJS , la revisión de hechos en la alzada de suplicación solo puede efectuarse en base a una prueba documental fehaciente o una pericia.
El recurso de casación para unificación de doctrina se interpone por la empresa y tiene por objeto determinar que debió admitirse como prueba válida a efectos revisorios en suplicación la grabación de vídeo.
Se alega como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 16 de septiembre de 1998 (R. 1017/1998 ), que desestima el recurso de suplicación interpuesto por el actor y confirma la sentencia de instancia, que, estimando la caducidad opuesta por la empresa, ST Redes de Levante, S.A., desestimó su demanda por despido.
En suplicación, solicita el actor una revisión fáctica, proponiendo al efecto una grabación en vídeo. La Sala se cuestiona si dicho medio probatorio puede ser tenido como la prueba documental mencionada en el art. 191.b) LPL , susceptible de apoyar una revisión, y considera que, en efecto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 90 LPL , así es. Ello no obstante, tras el visionado, la modificación no se acoge.
De acuerdo con la doctrina antes indicada no puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación al no concurrir las identidades que exige el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . Como se ha dicho, no cabe contradicción cuando las pretensiones formuladas en los correspondientes procesos se fundan en normas distintas, ya que se produce una diferencia relevante en el elemento jurídico de la pretensión; y esto es precisamente lo que sucede en este caso, en el que en la sentencia de recurrida se dicta al amparo de la LRJS y, sobre todo, tras la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que, a diferencia de la anterior LEC (Real Decreto de 3 de febrero de 1881), contempla de manera separada de otros medios de prueba, entre ellos la documental, "...los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen...", ( art. 299 LEC y arts. 317 a 334 LEC para los documentos y arts. 382 a 384 para los medios de reproducción); mientras que la sentencia de contraste se dicta estando en vigor la LPL y la anterior LEC. A a lo que se añade que no pueden apreciarse fallos contradictorios, en cuanto que en ambas resoluciones desestiman el motivo destinado a la revisión fáctica propuesto por los recurrentes; de este modo, la sentencia de contraste no es idónea para viabilizar el recurso de casación para unificación de doctrina, que exige una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y sentencias comparables, y dicha contradicción ha de trascender a la parte dispositiva de las sentencias contrastadas, lo que aquí no ocurre [ sentencias del Tribunal Supremo de 24/11/2010 (R. 651/2010 ) 03/07/2012 (R. 2305/2011 ), 05/11/2012 (R. 390/2012 )]. Además de que no consta la identidad de las grabaciones que se pretenden hacer valer en cada caso.
La función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social, pudiendo ser inadmitidos los recursos de casación para unificación de doctrina que carezcan de contenido casacional, esto es, los que se interpusieran contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo.
En consecuencia, debe apreciarse falta de contenido casacional de unificación de doctrina porque la sentencia que aquí se recurre coincide con el criterio de esta Sala, que ya se ha pronunciado sobre el tema en las sentencias de 16-6-2011 (R. 3983/2010 ), 26-11-2012 (R. 786/2012 ), 20-7-2016 (R. 22/2016 ), y auto de 27-7-2016 (R. 3627/2014 ), negando a las grabaciones el valor de documento hábil a efectos de modificación de hechos probados. En este sentido, la STS de 16-6-2011 (R. 3983/2010 ), textualmente indica: "...La idoneidad de la prueba de los instrumentos de reproducción de la palabra, la imagen o el sonido para revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral , se enmarca dentro de un recurso de carácter extraordinario. En efecto el recurso de suplicación tiene dicho carácter, tal y como resulta de su configuración legal, expresamente reconocida en la exposición de motivos de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 12 de enero de 1989, en su propia regulación y en las normas comunes a los recursos de casación y suplicación que aparecen en la Ley de Procedimiento Laboral. Dicho carácter asimismo ha sido reconocido por el Tribunal Supremo, desde la sentencia de 26 de enero de 1961 y por el Tribunal Constitucional, entre otras, en sentencias 3/83, de 25 de enero de 1983 ; 17/86, de 13 de octubre de 1986 y 79/85, de 3 de julio de 1985 . Consecuencia de tal carácter es la limitada revisión de hechos legalmente permitida, que únicamente puede realizarse a la vista de la prueba documental o pericial practicada en la instancia, por lo que la interpretación del concepto de prueba documental, a la vista del carácter del recurso, necesariamente ha de ser efectuada de forma restrictiva...."
Las precedentes consideraciones no quedan afectadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 26 de abril de 2018, en el que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 10 de abril de 2018, insistiendo en la existencia de contradicción, pero sin aportar elementos novedosos y relevantes al respecto, ni argumentos jurídicos que desvirtúen cuanto se ha indicado.
De conformidad con lo establecido en los artículo s 219 y 225 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 225.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se imponen las costas a la parte recurrente y se acuerda la pérdida del depósito constituido, dándose a la consignación efectuada el destino legal.
LA SALA ACUERDA : Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Jesús Baró Corrales, en nombre y representación de Sealco Motor SA, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 26 de septiembre de 2017, en el recurso de suplicación número 150/2017 , interpuesto por Sealco Motor SA, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de los de Móstoles de fecha 29 de noviembre de 2016 , en el procedimiento n.º 788/2016 seguido a instancia de D. Florentino contra Sealco Motor SA, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido, dándose a la consignación efectuada el destino legal.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
