ATS, 13 de Junio de 2018
| Ponente | FRANCISCO MARIN CASTAN |
| ECLI | ES:TS:2018:6317A |
| Número de Recurso | 1162/2016 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 13 de Junio de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 13/06/2018
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 1162/2016
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 4 DE VIZCAYA
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Transcrito por: AGS/rf
Nota:
CASACIÓN núm.: 1162/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D.ª M.ª Angeles Parra Lucan
En Madrid, a 13 de junio de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan.
La representación procesal de Spanset S.A. interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha de 20 de enero de 2016 por la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección 4.ª), en el rollo de apelación n.º 615/2015 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 216/2015 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao.
Mediante diligencia de ordenación de 21 de marzo de 2016 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Formado el rollo de sala, el procurador D. Francisco de Sales José Abajo Abril, en nombre y representación de Spanset S.A., presentó escrito por el que se personaba en concepto de parte recurrente. La procuradora D.ª Paula María Guhl Millán en nombre y representación de D. Jesús Carlos , presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida.
Por providencia de 25 de abril de 2018 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
La parte recurrente, mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2018, mostró su disconformidad con las causas de inadmisión puestas de manifiesto a las partes. Por el contrario, la parte recurrida, mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2018, mostró su conformidad y solicitó la inadmisión del recurso.
La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ .
El presente recurso de casación se ha interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, en el que se ejercitaron, acciones de responsabilidad de los administradores, tramitado en atención a la cuantía, siendo ésta inferior a 600.000 euros, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC .
La parte demandante y apelada ha interpuesto el recurso de casación en la modalidad de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, con cita como supuestamente opuestas a la recurrida, entre otras, de la SAP de Bizkaia (Sección 4.ª) 365/2015, de 11 de junio , la SAP de Asturias (Sección 1.ª) 94/2013, de 8 de abril , la SAP de Zaragoza (Sección 5.ª) 560/2015, de 17 de diciembre , la SAP de Las Palmas (Sección 4.ª) 276/2015, de 21 de julio , la SAP de Ciudad Real (Sección 2.ª) 144/2013, de 6 de junio , la SAP de La Rioja 19/2015, de 30 de enero , la SAP de Salamanca 285/2014, de 18 de noviembre , y en sentido acorde a la recurrida, la SAP de Castellón (Sección 3.ª) 272/2014, de 18 de septiembre , la SAP de Alicante (Sección 8.ª) 181/2013, de 25 de abril , la SAP de Navarra (Sección 3.ª) 230/2014, de 2 de octubre , la SAP de Málaga (Sección 6.ª) 390/2015, de 29 de junio . Si bien también cita la STS 104/2012 de 5 de marzo .
El recurso se articula en un motivo único con diversas alegaciones.
El motivo único se funda en la infracción del art. 367, en relación con el art. 363.1.e) TRLSC, en cuanto se ha de considerar responsable al administrador cuando la causa de disolución es anterior al nacimiento de la deuda, discrepando sólo respecto del momento en el que debe entenderse producida y respecto del momento en el que tiene lugar la causa de disolución, si antes de contraer la deuda con el ahora recurrente, o con posterioridad.
El recurso de casación debe ser inadmitido al incurrir en la causa de inadmisión de falta de acreditación interés casacional ( art. 477.2.3 .º y 483.2.3 .º y 4.º LEC ), ya que el criterio del tribunal sentenciador no se opone a la doctrina de esta sala, atendida la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida, por las razones que se exponen seguidamente:
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En primer término, dada la motivación del recurso, debe recordarse que no es admisible el recurso fundado en la existencia de jurisprudencia contradictoria de audiencias, cuando existe jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo ante el problema jurídico planteado.
Y, en efecto, el recurso se funda en la infracción del art. 367, en relación con el art. 363.1.e) TRLSC, en cuanto se ha de considerar responsable al administrador cuando la causa de disolución es anterior al nacimiento de la deuda, discrepando sólo respecto del momento en el que debe entenderse producida y respecto del momento en el que tiene lugar la causa de disolución, si antes de contraer la deuda con el ahora recurrente, o con posterioridad. Y se alega la existencia de jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, si bien la cuestión ha sido resuelta en la sentencia de esta Sala, en concreto, las sentencias de esta sala 246/2015, de 14 de mayo , y 456/2015, de 4 de septiembre , y ulteriormente las SSTS 144/2017, de 1 de marzo , y 27/2017, de 18 de enero .
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Asimismo, la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de la sala.
La doctrina más reciente de esta sala viene expresada en la STS 144/2017, de 1 de marzo :
[...] Las sentencias de esta sala 246/2015, de 14 de mayo , y 456/2015, de 4 de septiembre , determinaron cuáles eran los hitos temporales relevantes para el ejercicio de la acción de responsabilidad del administrador social por deudas sociales. Declararon estas sentencias:
[...] la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales nace: (i) cuando concurre una causa de disolución y no cuando nace la deuda, aunque tal deuda origine posteriormente la causa de disolución por pérdidas (luego el administrador contra el que se dirige la acción no puede ser el que ostentaba el cargo cuando se produjo la deuda, sino el que lo ostentaba cuando se produjo la causa de disolución y no cumplió los deberes de promover la disolución); (ii) no se haya convocado la Junta en el plazo de dos meses para adoptar el acuerdo de disolución o cualquier otro para restablecer el equilibrio patrimonial; y (iii) ni se haya solicitado la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde aquella fecha. [...]
»Como la causa de disolución acaece con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, resulta de aplicación el art. 105.2 LSRL en la redacción dada por esta Ley».
»3.- La cuestión controvertida en el recurso consiste en qué criterio debe emplearse para considerar que la obligación social es anterior o posterior a la causa legal de disolución, si es el momento del nacimiento de la obligación o es el del momento en que la obligación está vencida y es líquida y exigible.
»4.- Son datos fijados en la instancia que los servicios de la procuradora y el abogado demandantes fueron contratados como muy tarde en 2002 (consta que la provisión de fondos se hizo en septiembre de 2001). Estos servicios se prestaron en el juicio ordinario 254/2002, proceso de ejecución 485/2004, juicio verbal 630/2004 y proceso de ejecución 441/2005 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Paterna, en Valencia, y la apelación de la sentencia dictada en el primero de dichos procesos, seguida ante la Audiencia Provincial. En el auto dictado por dicho juzgado con relación a la jura de cuentas, se dice que la última actuación procesal realizada en dichos procedimientos fue un auto de 22 de febrero de 2006, poniendo fin al proceso, y una providencia de 2 de marzo de 2006 de desglose documental.
»5.- En la sentencia 246/2015, de 14 de mayo , consideramos que el momento relevante para decidir sobre si la obligación es posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución es el momento en que nace la obligación social de la que se pretende hacer responsable solidario al administrado r.
»Este criterio concuerda con el seguido por esta sala para atribuir al administrador social la responsabilidad solidaria por las obligaciones sociales existentes estando vigente su cargo, y, por el contrario, no atribuirle responsabilidad por las obligaciones nacidas con posterioridad a que haya cesado en su cargo, pese a que el incumplimiento del deber de promover la disolución y liquidación de la sociedad por concurrir causa legal de disolución se haya producido estando vigente su nombramiento ( sentencias 585/2013, de 14 de octubre , y 731/2013, de 2 de diciembre ).
»No es preciso, por tanto, que la deuda esté vencida y sea líquida y exigible, pues si la obligación nació estando vigente el cargo del administrador, el mismo responde solidariamente con la sociedad, aunque hubiera cesado en el cargo antes de que la obligación estuviera vencida y fuera líquida y exigible».
Como también en la STS 27/2017, de 18 de enero :
La consecuencia legal prevista en el art. 367 LSC para el incumplimiento de estos deberes legales, es que los administradores «responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución». Como ya hemos adelantado, también ha quedado probado que en este caso las obligaciones sociales reclamadas son posteriores a la aparición de la causa de disolución».
Así, la sentencia recurrida razona que:
Pues bien, en el supuesto que examinamos la deuda es anterior a la existencia de la causa de disolución, y por ello se ha de excluir la responsabilidad del administrador demandado acogiéndose el recurso interpuesto.
Es un hecho no discutido que la deuda cuyo pago se reclama, nace durante el año 2012, y en ese momento la sociedad deudora no se encontraba incursa en causa de disolución, pues las cuentas correspondientes al ejercicio 2011, el patrimonio neto de Jesús Carlos era de 101.293,80 euros, siendo los fondos propios de 100.159, 80 euros, siendo el resultado del ejercicio 2011 de unos beneficios de 11.179,56 euros. Por tanto cuando se contrata con la sociedad Olabarría la misma no estaba incursa en causa de disolución.
No es hasta fin del ejercicio de 2012, cuando ya había nacido la totalidad de la deuda aquí reclamada, cuando se constata por la sociedad Olabarría la disminución del patrimonio neto por pérdidas, y por ende la concurrencia de causa de disolución, lo que excluye, como inicialmente ya hemos dicho, toda responsabilidad del administrador demandado, debiendo haber sido desestimada la demanda frente a él formulada
.
Y, por lo tanto, no se opone a la doctrina de la sala.
Las alegaciones efectuadas por la recurrente en el trámite de audiencia previa a esta resolución, no desvirtúan los anteriores argumentos.
Consecuentemente, procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483 LEC , dejando sentado el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 LEC y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida personada, procede imponer las costas a la parte recurrente.
La inadmisión del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9, de la LOPJ .
LA SALA ACUERDA :
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) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Spanset S.A. contra la sentencia dictada, con fecha de 20 de enero de 2016, por la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección 4.ª), en el rollo de apelación n.º 615/2015 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 216/2015 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao.
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) Declarar firme dicha sentencia.
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) Se imponen las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.
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) Remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
