STSJ Castilla y León 1309/2017, 23 de Noviembre de 2017
| Ponente | ADRIANA CID PERRINO |
| ECLI | ES:TSJCL:2017:4449 |
| Número de Recurso | 912/2015 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 1309/2017 |
| Fecha de Resolución | 23 de Noviembre de 2017 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD
VALLADOLID
SENTENCIA: 01309/2017
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE VALLADOLID
-SECCIÓN SEGUNDA- Equipo/usuario: MPCModelo: N11600C/ ANGUSTIAS S/N N.I.G: 47186 33 3 2015 0003642
Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000912 /2015 MPC
Sobre: EXPROPIACION FORZOSA
De D. Anton, Zaida
ABOGADO D. SANTIAGO RODRIGUEZ-MONSALVE GARRIGOS,
PROCURADOR D. JORGE RODRIGUEZ-MONSALVE GARRIGOS,
Contra JURADO EXPROPIACION FORZOSA VALLADOLID
ABOGADO ABOGADO DEL ESTADO
PROCURADOR D./Dª.
S E N T E N C I A Nº 1309
ILMO. SR. PRESIDENTE DE SECCIÓN:
DON JAVIER ORAÁ GONZÁLEZ
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
DON RAMÓN SASTRE LEGIDO
DOÑA ADRIANA CID PERRINO
En Valladolid a veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente recurso número 912/15, en el que se impugna:
El acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valladolid, adoptado en sesión celebrada el 2 de octubre de 2014, que desestimó el recurso de reposición formulado por D. Anton y Dª Zaida contra el acuerdo del mismo Jurado de Expropiación del 22 de enero anterior, dictado en el expediente NUM000, que
fijó en un total de 726.228'64 € el justiprecio del bien y derechos de los que aquéllos eran titulares y que se vieron afectados por la expropiación realizada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León Occidental) con motivo de las obras del "Proyecto Autovía VA-30. Ronda Exterior Este de Valladolid"; se trata de la finca Nº NUM001, que se corresponde con la parcela NUM002 del polígono NUM003 del término municipal de Valladolid, y de la que se expropiaron
30.866 m² en pleno dominio de una superficie total de 217.317 m2 que tenía la finca.
Son partes en dicho recurso:
Como recurrente: D. Anton, Dª Zaida, representados por el Procurador D. Jorge Rodríguez-Monsalve Garrigós y defendidos por el Letrado D. Santiago Rodríguez-Monsalve Garrigós.
Como demandada: La Administración General del Estado (Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valladolid), representada y defendida por la Abogacía del Estado.
Ha sido ponente la Ilma. Sra. Magistrado Dª. ADRIANA CID PERRINO.
Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, y una vez recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal que se dicte sentencia por la que se declare que los actos administrativos impugnados son contrarios a Derecho, se decrete su nulidad y se condene a la Administración expropiante a pagar solidariamente a los actores: a) la cantidad establecida en los Dictámenes Periciales UNO y DOS, o sea: "SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (784.550'39 €)"; b) el 25% de dicha cantidad, o sea, "CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE € CON SESENTA CÉNTIMOS (196.137'60 €)"; y c) los intereses legales de dicha cantidad desde el día 18 de abril de 2008; así como al pago de las costas procesales.
Por otrosí interesó el recibimiento del pleito a prueba.
En el escrito de contestación de la Administración demandada, en base a los hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal que se dicte sentencia por la que se inadmita parcialmente la pretensión de indemnización del 25% o, subsidiariamente, se desestime el recurso y se impongan las costas a la parte actora.
El procedimiento se recibió a prueba, desarrollándose la misma con el resultado que consta en autos.
Presentado escrito de conclusiones por las partes y declarados conclusos los autos, se señaló para su votación y fallo el pasado día veinticuatro de octubre.
Se interpone por D. Anton y Dª Zaida recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valladolid, adoptado en sesión celebrada el 2 de octubre de 2014, que desestimó el recurso de reposición formulado por aquéllos contra el acuerdo del mismo Jurado de Expropiación del 22 de enero anterior, dictado en el expediente NUM000, que fijó en un total de 726.228'64 € el justiprecio del bien y derechos de los que aquéllos eran titulares en un 50% (les corresponderían 363.114'32 €), y que se vieron afectados por la expropiación realizada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León Occidental) con motivo de las obras del "Proyecto Autovía VA-30. Ronda Exterior Este de Valladolid"; se trata de la finca Nº NUM001, que se corresponde con la parcela NUM002 del polígono NUM003 del término municipal de Valladolid, y de la que se expropiaron 30.866 m² en pleno dominio de una superficie total de 217.317 m2 que tenía la finca.
Y pretenden los recurrentes que se declare la nulidad de los actos impugnados y que se condene a la Administración expropiante a pagarles 784.550'39 €, más el 25% de esta cantidad por la vía de hecho en que se dice que incurrió dicha Administración, más los intereses legales de la suma resultante desde el 18 de abril de 2008, pretensión que basan, en primer término, en que no hubo información pública sobre la necesidad de ocupar los bienes y derechos de que se trata, y en segundo lugar, en los informes periciales del Arquitecto Sr. Ildefonso y del Ingeniero Técnico Agrícola Sr. Leopoldo que acompañaron con su demanda.
Alega la parte actora como primer motivo de su recurso que el procedimiento expropiatorio que en este pleito interesa es nulo de pleno derecho por la falta de un trámite esencial, el de información pública previa a la aprobación del proyecto de que se trata, trámite que según pone de relieve le habría permitido cuestionar
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos expropiados, lo que determina, a su juicio, que se haya producido una vía de hecho, por lo que reclama una indemnización por la indebida ocupación de los mismos que concreta en el 25% de su justiprecio.
Frente a ello la Abogacía del Estado postula en primer lugar la inadmisibilidad de esta pretensión porque lo recurrido es la resolución del Jurado Provincial de Expropiación que fija el justiprecio y en su día los demandantes se aquietaron con el procedimiento expropiatorio, así como porque de hecho sí existió la información pública que se dice omitida -al mismo tiempo que se citó a los titulares afectados al levantamiento de las Actas Previas-.
Centrados en tal alegación, hay que desestimar la inadmisibilidad parcial invocada por la Abogacía del Estado, a cuyo fin basta con recordar que según reiterada jurisprudencia ( SSTS 31 diciembre 1997 y 24 julio 2001 ) la no utilización de los medios de impugnación autónomos en las distintas fases del procedimiento expropiatorio no determina la preclusión del derecho de los interesados a invocar los defectos procedimentales en los recursos judiciales interpuestos contra las resoluciones administrativas que fijan el justo precio, que es lo que aquí se ha hecho.
En el mismo sentido cabe citar las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2003 -en ella se dice que la Jurisprudencia ha autorizado la impugnación del acuerdo de necesidad de ocupación ya sea separadamente ya sea con ocasión de la impugnación del justiprecio-, de 12 de diciembre de 2005, -en la que se proclama que nada impide que al recurrir el acuerdo del Jurado puedan plantearse las impugnaciones correspondientes en las que se planteen los vicios de procedimiento en que se hubiese incurrido en la tramitación del expediente expropiatorio-, de 18 de mayo de 2011, -que pone de relieve cómo es " jurisprudencia clara y constante de esta Sala que, al impugnar el acuerdo del Jurado, el expropiado puede invocar la ilegalidad de lo actuado anteriormente y, en particular, puede solicitar que se declare la nulidad de todo el procedimiento expropiatorio por ausencia o invalidez de la declaración de utilidad pública o de la declaración de necesidad de ocupación. La nulidad de la denominada causa expropiandi puede, así, ser esgrimida al recurrir la fijación del justiprecio por al acuerdo del Jurado, pues aquélla constituye la piedra angular de toda expropiación forzosa y, por consiguiente, ninguna fase del procedimiento expropiatorio puede sostenerse sin ella " (cita en apoyo de esta tesis las SSTS 24 julio 2001, 18 octubre 2002 y 16 enero 2003 )- y de 25 de mayo de 2011, sentencia esta que deja claro una vez más que la falta de causa expropiandi acarrea la nulidad del expediente expropiatorio y que como causa de nulidad de pleno derecho puede alegarse por los propietarios expropiados al impugnar el acuerdo de justiprecio del Jurado.
Por lo que se refiere ya a la nulidad invocada del expediente expropiatorio, hay que dejar claro que el acuerdo de necesidad de ocupación ha de ir precedido del trámite de información pública, que se regula en los artículos 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF ).
Durante la información pública, cualquier persona puede oponerse por motivos de fondo o de forma a la necesidad de ocupación y puede indicar las razones por las que considere preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la relación, como más conveniente al fin que se persigue, como se indica en el artículo 19.1 LEF . La obligación de publicar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos, a que aluden los artículos 17 y 18 LEF, y la exigencia de conceder un...
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