ATS, 14 de Marzo de 2018
| Ponente | ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER |
| ECLI | ES:TS:2018:3291A |
| Número de Recurso | 1785/2017 |
| Procedimiento | Social |
| Fecha de Resolución | 14 de Marzo de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 14/03/2018
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 1785/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Angel Blasco Pellicer
Procedencia: T.S.J.ASTURIAS SALA SOCIAL
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz
Transcrito por: DRV / V
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 1785/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Angel Blasco Pellicer
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmo. Sr. y Excmas. Sras.
Dª. Maria Milagros Calvo Ibarlucea
Dª. Rosa Maria Viroles Piñol
D. Angel Blasco Pellicer
En Madrid, a 14 de marzo de 2018.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Angel Blasco Pellicer.
Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Mieres se dictó sentencia en fecha 8 de noviembre de 2016 , en el procedimiento nº 299/16 seguido a instancia de D. Adolfo contra el Fondo de Garantía Salarial sobre prestaciones, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias, en fecha 7 de marzo de 2017 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 12 de abril de 2017 se formalizó por el Abogado del Estado en nombre y representación del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 1 de diciembre de 2017, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
La cuestión que se suscita consiste en decidir si debe entenderse estimada la solicitud de prestaciones al Fogasa por silencio administrativo positivo, al haber dictado dicho organismo la resolución transcurrido el plazo 3 meses.
La empresa demandada fue declarada en concurso y el administrador concursal certificó que los créditos adeudados al actor ascendían a 4.493,89 € en concepto de salarios y a 11.103,74 € en concepto de indemnización, siendo dicha certificación emitida el 22/12/2014. El día 29 siguiente el actor solicitó del Fogasa el pago de las cantidades antes referidas y por resolución de 04/02/2016 el citado organismo reconoció al actor una cantidad inferior a la solicitada, de 3.187,02 € por los salarios adeudados y de 7.930,75 € por la indemnización.
El trabajador planteó demanda frente al FONDO en reclamación del pago del total solicitado, argumentando que la resolución era extemporánea y que debía entenderse admitida la solicitud por silencio administrativo positivo. La sentencia de instancia estimó la demanda y la de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 7 de marzo de 2017 (R. 39/2017 ), confirma dicha resolución, siguiendo el criterio sentado por la propia Sala de suplicación en la sentencia que cita.
En lo que a la cuestión casacional planteada interesa, la sentencia argumenta que el plazo para resolver es de 3 meses, transcurridos los cuales ha de entenderse estimada la solicitud por silencio positivo, de acuerdo con los arts. 42 y 43 LRJPAC, y que operado el silencio positivo no cabe efectuar el examen sobre la legalidad intrínseca del acto estimatorio, porque si bien es cierto que según el art. 62.1 LRJPAC son nulos de pleno derecho los actos presuntos contrarios al ordenamiento jurídico, no lo es menos que las garantías de seguridad y permanencia de que, al igual que los actos expresos, gozan los producidos por silencio positivo, determina que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto nulo o anulable la Administración deba seguir los procedimientos de revisión establecidos en el art. 102 o instar la declaración de lesividad.
Recurre el Fogasa en casación para la unificación de doctrina insistiendo en su pretensión e invocando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 27 de junio de 2014 (R. 1308/2014 ) --seleccionada en escrito presentado el pasado 23 de junio--.
Pero la pretensión deducida en el recurso carece de contenido casacional ya que la función institucional del referido recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social. De ahí que, conforme a lo recogido en el art. 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , puedan inadmitirse por falta de contenido casacional los recursos que se interpongan contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo [AATS 01/10/2014 (R. 1068/2014 ), 07/10/2014 (R. 1062/2014 ), entre otros y SSTS 29/04/2013 (R. 2492/2012 ), 17/09/2013 (R. 2212/2012 ), 15/01/2014 (R. 909/2013 ), y 10/02/2015 ( R. 125/2014 ) entre otras].
Esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha resuelto ya la cuestión suscitada en su STS 16/3/2015, R. 802/2014 , seguida por las del Pleno de la Sala de 20/04/2017 (R. 669/2016 y 701/2016 ). En aquella primera resolución se razonaba que "una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto, que según el art. 62.1 f) de la Ley 30/92 son nulos de pleno derecho los actos presuntos "contrarios" al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es menos cierto que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el art. 102, o instar la declaración de lesividad.". En las posteriores se añade que "la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , recoge en su art. 24 idéntica regulación a la examinada, indicando que la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del silencio administrativo" y que "La doctrina del Tribunal Constitucional viene a avalar la imposibilidad de revisión de la legalidad ordinaria del acto expreso en la STC 52/2014 , cuando indica que la norma legal que aplica el juego del silencio no está en conexión directa con la legitimidad de la solicitud del interesado, sino que aparece como la consecuencia directa del incumplimiento de la obligación legal de la Administración Pública de resolver expresamente dentro del plazo máximo fijado a tal fin", todo lo cual conduce "a sostener que el único mecanismo para dejar sin efecto el acto administrativo tácito es el procedimiento de revisión de actos declarativos de derechos (ex art. 146 LRJS )".
En su escrito de alegaciones el Fogasa insiste en la admisión del recurso, pero la falta de contenido casacional es clara conforme a lo expuesto en la presente resolución. De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas a la parte recurrente al no haberse personado la parte recurrida.
LA SALA ACUERDA : Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias de fecha 7 de marzo de 2017, en el recurso de suplicación número 39/17 , interpuesto por Fogasa, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Mieres de fecha 8 de noviembre de 2016 , en el procedimiento nº 299/16 seguido a instancia de D. Adolfo contra el Fondo de Garantía Salarial sobre prestaciones.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
