ATS, 24 de Octubre de 2017
| Ponente | LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TS:2017:11005A |
| Número de Recurso | 1018/2017 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 24 de Octubre de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
A U T O
Auto: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Fecha Auto: 24/10/2017
Recurso Num.: 1018/2017
Fallo/Acuerdo :
Procedencia: T.S.J. ANDALUCÍA SOCIAL
Ponente Excmo. Sr. D.: Luis Fernando de Castro Fernandez
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
Reproducido por: CLA/R
Recurso Num.: 1018/2017
Ponente Excmo. Sr. D.: Luis Fernando de Castro Fernandez
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
A U T O
TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO SOCIAL
Excmos. Sres.:
D. Luis Fernando de Castro Fernandez, Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, D. Antonio V. Sempere Navarro
En la villa de Madrid, a veinticuatro de Octubre de dos mil diecisiete.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernandez,
Por el Juzgado de lo Social N.º 1 de los de Algeciras se dictó sentencia en fecha 11 de junio de 2014 , en el procedimiento n.º 575/2013 seguido a instancia de D. Arcadio contra la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo y Seguridad Social, sobre prestación por desempleo, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 31 de marzo de 2016 , que desestimaba el recurso interpuesto y en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 4 de enero de 2017, se formalizó por la letrada D.ª Eva Martínez Ferrandis en nombre y representación de D. Arcadio , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 22 de junio de 2017, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de cita y fundamentación de la infracción legal y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley o, en su caso, en el quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho. Todo ello, de acuerdo con el artículo 224 1. b ) y 224.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en relación con los apartados a ), b ), c ) y e) del artículo 207 del mismo texto legal . La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia, precisa la Ley Reguladora de la Jurisdicción social, consiste en expresar "separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden señalado en el artículo 207 , excepto el apartado d), que no será de aplicación, razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas". La Jurisprudencia de esta sala ya había señalado con insistencia que dicha exigencia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» ( sentencias, entre otras, de 6 de febrero de 2008, R. 2206/2006 y 5 de marzo de 2008, R. 1256/2007 y 4298/2006 , 14 de mayo de 2008, R. 734/2007 y 1671/2007 ; 17 de junio de 2008, R. 67/2007 ; 25 de septiembre de 2008, R. 1790/2007 ; 2 y 7 de octubre de 2008 , R. 1964/2007 y 538/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2791/2007 ; 7 de octubre de 2011, R. 3528/2010 ; 13 de octubre de 2011, R. 4019/5010 y 13 de diciembre de 2011, R. 4114/2010 ).
Asimismo, concreta el art. 224.2 in fine, en el caso de que se inste en el recurso la unificación en la interpretación del derecho, deberá el recurrente hacer referencia a los particulares aplicables de las sentencias en las que se contenga la doctrina jurisprudencial cuya aplicación se pretende.
Así se deduce, no sólo del citado art. 224 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , sino también de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), de aplicación supletoria en ese orden social, cuyo artículo 477.1 prescribe que "el recurso habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso", mientras que el artículo 481.1 LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.2º LEC (entre otras, sentencias de 8 de marzo de 2005, R. 606/2004 ; 28 de junio de 2005, R. 3116/2004 ; 16 de enero de 2006, R. 670/2005 y 8 de junio de 2006, R. 5287/2004 ; 7 de junio de 2007, R. 767/2006 ; 21 de diciembre de 2007, R. 4193/2006 ; 16 y 18 de julio de 2008 , R. 2202/2007 y 1192/2007 ; 19 y 25 de septiembre de 2008 , R. 384/2007 y 1790/2007 ; 22 de octubre de 2008, R. 4312/2006 ; 16 de enero de 2009, R. 88/2008 ; 17 de febrero de 2009, R. 2401/2007 , 11 de octubre de 2011, R. 4322/2010 y 26 de diciembre de 2011, R. 1160/2011 ).
Este requisito no se cumple en el presente recurso, dado que la parte recurrente no ha citado el precepto que considera infringido por la sentencia impugnada.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
La sentencia impugnada confirma la dictada en la instancia, que ha desestimado la demanda manteniendo la resolución del SPEE que denegó al actor la prestación por desempleo. El recurrente sostiene que se dan todos los requisitos para el reconocimiento de la prestación, esto es, prisión provisional sin sentencia firme de condena, puesta en conocimiento de la empresa de situación de privación de libertad, suspensión de la relación laboral durante la misma, libertad provisional con petición de incorporación a la empresa, incorporación que no se produce, y papeleta de conciliación por despido. El actor prestó servicios desde el 21-11-00 hasta el 16-12-09, fecha en que fue detenido por presunto delito contra la salud pública, acordándose el 17-12-09 la prisión provisional. Por auto de 14-12-11 se acordó la libertad provisional con prohibición de acceso al recinto del muelle donde se encontraba su puesto de trabajo y por auto del 04-05-12 se autorizó el acceso restringido a otra zona. Por realización de trabajos en prisión percibió el subsidio por desempleo del 16-01-12 al 15-01-13. El 06-08-12 se celebró acto de conciliación, reconociendo la empresa la improcedencia del despido y una indemnización de 22.000 €, considerando resuelta la relación laboral entre las partes con fecha 16-12-09 en que el trabajador es detenido. El SPEE deniega la prestación por desempleo contributiva por entender que la conciliación es fraudulenta y dirigida a la obtención de la prestación. La sala desestima el recurso del trabajador razonando que el despido en ningún caso pudo retrotraerse al 16-12-09, momento de ingreso en prisión del trabajador, puesto que en fechas posteriores se reconoció expresamente la subrogación de aquel y la suspensión de su contrato mientras durase esa situación, siendo así que lo que se ha producido es un percibo del subsidio por desempleo tras la salida de prisión sin reincorporación al trabajo cuando ya pudo llevarlo a cabo y del que ahora se pretende derivar una prestación contributiva por desempleo, sin que exista un despido real.
La parte actora interpone recurso de casación para la unificación de la doctrina proponiendo como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla de 10 de noviembre de 2009 (R. 1276/09 ). Dicha resolución aborda un supuesto en el que el actor, con categoría de vigilante, el 21-03-08 dejó de asistir al trabajo, por lo que la empresa redactó carta de despido en fecha 14-04-08 por faltas de asistencia. El 23-03-08 el demandante había ingresado en una prisión de Bélgica y el 29-04-08 dirigió una carta a la empresa para comunicarles su detención. Fue puesto en libertad el 25-07-08, al día siguiente volvió España y el 30-07-08 se trasladó a Valencia, donde alquiló un vehículo que entregó en la localidad donde tiene su domicilio la empresa. El 26-08-08 se presentó la papeleta de conciliación por despido. La Sala declara improcedente el despido, argumentando que la tardía comunicación a la empresa está justificada por el desconocimiento del idioma y la detención en un país extranjero, lo cual no puede dar lugar al despido por faltas injustificadas ni cabe considerarse como abandono del trabajo.
De lo expuesto se desprende que las sentencias comparadas no son contradictorias al diferir los hechos, los fundamentos y las pretensiones ejercitadas. Así, en la referencial se resuelve sobre una demanda de despido, que es declarado improcedente porque si bien el trabajador no asistió al trabajo desde el 21-03-08 al haber ingresado en prisión, y comunico a la empresa el 29-04-08 su detención, la Sala pondera que la tardía comunicación está justificada por el desconocimiento del idioma y la detención en un país extranjero, lo cual no puede dar lugar al despido por faltas injustificadas ni cabe considerarse como abandono del trabajo. Por el contrario, la sentencia ahora recurrida decide si el demandante tiene derecho a la prestación por desempleo que la Entidad Gestora deniega por entender que es fraudulenta la conciliación de la que se pretende derivar y donde la empresa reconoció la improcedencia de un despido llevado a cabo casi tres años antes, cuando el trabajador ingresó en prisión.
De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada D.ª Eva Martínez Ferrrandis, en nombre y representación de D. Arcadio , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 31 de marzo de 2016, en el recurso de suplicación número 748/2015 , interpuesto por D. Arcadio , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Algeciras de fecha 11 de junio de 2014 , en el procedimiento n.º 575/2013 seguido a instancia de D. Arcadio contra la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo y Seguridad Social, sobre prestación por desempleo.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
