ATS, 6 de Octubre de 2016
| Ponente | ROSA MARIA VIROLES PIÑOL |
| ECLI | ES:TS:2016:10901A |
| Número de Recurso | 3022/2015 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 6 de Octubre de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a seis de Octubre de dos mil dieciséis.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Rosa Maria Viroles Piñol
Por el Juzgado de lo Social Nº 6 de los de Alicante se dictó sentencia en fecha 14 de julio de 2014 , en el procedimiento nº 867/12 seguido a instancia de D. Luis contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre invalidez permanente parcial, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 26 de mayo de 2015 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 16 de julio de 2015 se formalizó por la Letrada Dª Luz Soria González de Chávez en nombre y representación de D. Luis , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 16 de junio de 2016, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R. 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 . Contradicción que no puede apreciarse en este caso.
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
La sentencia impugnada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 26 de mayo de 2015 (R. 2823/14 ) confirma la dictada en la instancia, que ha desestimado la demanda manteniendo el criterio administrativo denegando la prestación por invalidez permanente parcial. El trabajador, nacido en 1972, prestó servicios en una empresa con la categoría profesional de oficial 2 marmolista. Con fecha 17-07-12 la Dirección Provincial del INSS dictó resolución denegándole la prestación, extinguiendo la prórroga de la IT. El trabajador sufre el siguiente cuadro de dolencias: Dupuytren bilateral (IQ dcha 15 7 11 e izda. 26 112). Y las siguientes limitaciones funcionales: Limitación de la extensión de IFP del 5º dedo de ambas manos y ligera del 4º de la mano derecha. La Sala, tras admitir una pequeña modificación fáctica que no contradice lo reflejado en sentencia concluye que la alteración de la extensión de los dedos implica una cierta pérdida de fuerza de las manos, pero que este hecho no supone que dejen de ser funcionales para la realización de trabajos manuales.
Disconforme con este pronunciamiento, el trabajador recurre en casación unificadora y presenta como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de octubre de 2013 (R. 7531/2012 ) en la se confirma la de instancia que declaró al trabajador demandante en situación de incapacidad permanente total cualificada para la profesión habitual, derivada de enfermedad común, por agravación de las secuelas que en el año 2004 determinaron la concesión al trabajador de una incapacidad permanente parcial, derivada de accidente de trabajo, para su profesión habitual de oficial 1ª de la construcción. El trabajador presentaba el siguiente cuadro clínico: Diplopía de la mirada hacia arriba y hacia lado derecho por paresia del rector superior OD. Coxartrosis moderada postraumática con material de osteosíntesis. Limitación cadera derecha. Lumbalgias. Enfermedad de Dupuytren mano izquierda recidiva tras I.Q. con persistencia de retracción moderada de los dedos 2º y 4º de dicha mano, susceptible de reintervención.
No puede apreciarse contracción entre las sentencias comparadas porque deciden valorando la modificación del estado físico de los respectivos demandantes y las dolencias y limitaciones funcionales objetivadas, que no son iguales. Si bien ambos trabajadores padecen Dupuytren, en la sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el trabajador padece además Diplopía de la mirada hacia arriba y hacia lado derecho por paresia del rector superior OD. Coxartrosis moderada postraumática con material de osteosíntesis. Limitación cadera derecha y lumbalgias, circunstancias que no concurren en la resolución recurrida.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado en los autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001 ), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002 ), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002 ), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003 ), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002 ) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003 ). En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/2004 ) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función. unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social» ( sentencia de 17 de febrero de 2010, R. 52/2009 ).
Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 7 de julio de 2016, en el que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 16 de junio de 2016, sin aportar elementos novedosos y relevantes al respecto o argumentos jurídicos que desvirtúen el contenido de la misma.
De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Dª Luz Soria González de Chávez, en nombre y representación de D. Luis contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 26 de mayo de 2015, en el recurso de suplicación número 2823/14 , interpuesto por D. Luis , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Alicante de fecha 14 de julio de 2014 , en el procedimiento nº 867/12 seguido a instancia de D. Luis contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre invalidez permanente parcial.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
