ATS, 16 de Noviembre de 2016
| Ponente | JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA |
| ECLI | ES:TS:2016:10105A |
| Número de Recurso | 1034/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 16 de Noviembre de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Noviembre de dos mil dieciséis.
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La representación procesal de las entidades mercantiles Gestión de Promoción La Grama, S.L. y Noya Laverno, S.A. presentó escrito en el que interpuso los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 19 de febrero de 2014, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 170/2013 , dimanante del juicio ordinario n.º 794/2011, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Esplugues de Llobregat.
Por la indicada Audiencia Provincial se tuvo por interpuestos los recursos y se acordó la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo, Sala Primera, con emplazamiento de las partes.
Recibidos los autos en este Tribunal han comparecido el procurador D. Pablo Sorribes Calle, en nombre y representación de Gestión de Promoción La Grama, S.L. y Noya Laverno, S.A., como parte recurrente, y el procurador D. Eduardo Codes Feijoo en nombre y representación de la entidad Banco de Santander, S.A.
Por providencia de 14 de septiembre de 2016 se acordó, en cumplimiento del artículo 473.2.II LEC , poner de manifiesto a las partes recurrente y recurrida personadas ante esta Sala la posible concurrencia de causas de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal, que consta notificada.
La representación procesal de la entidad recurrente ha expuesto las razones por las que entiende que el recurso debe ser admitido.
La representación procesal del banco recurrido ha solicitado la inadmisión del recurso, con fundamento en las razones que expone.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Antonio Seijas Quintana
La sentencia contra la que se han interpuesto los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, formulados de forma conjunta por la misma parte litigante, se ha dictado, en segunda instancia, en un juicio que accede al recurso de casación en su modalidad de existencia de interés casacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 477.2.3.º LEC , por lo que en aplicación de la d. final 16ª.1.5ª.II LEC debe decidirse en primer término si procede la admisión del recurso de casación, ya que de no ser así la inadmisión del recurso de casación comportaría la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal.
Procede la admisión del recurso de casación interpuesto al no advertirse en esta fase causa legal de inadmisión.
Admitido el recurso de casación que determina, como se ha indicado en el FJ primero de este auto, el carácter recurrible de la sentencia de segunda instancia a través del recurso extraordinario por infracción procesal conjuntamente interpuesto, procede examinar si, atendido el motivo único planteado, procede la admisión de dicho recurso, y la respuesta debe ser negativa ya que concurre la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento, según se razona a continuación:
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Esta Sala ha reiterado que en el recurso extraordinario por infracción procesal es posible cierto control sobre las conclusiones de hecho que sirven de base a la sentencia recurrida -la de apelación- de forma excepcional, al amparo del ordinal 4º del artículo 469.1 LEC , siempre que, conforme a la doctrina constitucional, no superen el test de la razonabilidad exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE , en relación con lo cual, el Tribunal Constitucional (TC) ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, destacando su directa relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, por ejemplo, en las sentencias 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , y 211/2009, de 26 de noviembre , destacó que «concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración».
Como se dijo en las sentencias núm. 101/2011, de 4 de marzo , 263/2012, de 25 de abril , 418/2012, de 28 de junio , 262/2013, de 30 de abril , y 235/2016, de 8 de abril , «[ n]o todos los errores en la valoración de la prueba tienen relevancia constitucional [...], dado que es necesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico, - material o de hecho -, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales»
La mercantil recurrente denuncia en el motivo único -formulado al amparo del art. 469.1.4.º LEC - la vulneración del art. 24 CE y de los arts. 316 , 326 y 376 LEC , por haberse efectuado en la sentencia recurrida una valoración ilógica o arbitraria de la prueba, pero -en los diversos sub-apartados de este motivo- no ha puesto de manifiesto que la sentencia impugnada hay incurrido en un error notorio e incontestable; tan solo se desarrolla un discurso alegatorio más dirigido a discrepar del enfoque de enjuiciamiento de la sentencia recurrida que a justificar un error en la valoración de la prueba. En definitiva, la recurrente discrepa de la valoración jurídica de ciertos hechos (incluso así se pone de manifiesto por las alegaciones efectuadas en el trámite de audiencia previo a esta resolución; si el deber de informar al cliente debe entenderse cumplido con la entrega de un folleto informativo y documentación contractual, si el perfil del cliente permitía excluir el error, si la documentación contractual es suficiente para excluir el riesgo, si la contratación anterior de productos semejantes excluye el error, si era suficiente la realización del test de conveniencia para decidir sobre la adecuación del producto al cliente, son cuestiones que pertenecen al ámbito de las valoraciones jurídicas y no al de fijación de los hechos.
Por otra parte, el recurso extraordinario por infracción procesal no es una tercera instancia en la que se pueda volver a exponer toda la complejidad fáctica y jurídica del litigio, que es lo que en definitiva se pretende como puede comprobarse por el desarrollo del motivo único alegado, y debe recordarse también que, como explicábamos en la STS nº 445/2014, de 4 de septiembre , que el juicio del tribunal de apelación sobre la importancia relativa de unas y otras pruebas, la valoración de las mismas, las conclusiones fácticas que extrae de este proceso valorativo, y la mayor relevancia otorgada a unos u otros aspectos fácticos, no sean compartidos por la parte recurrente, incluso que sean razonablemente discutibles, no convierte en arbitraria ni errónea la revisión de la valoración de la prueba hecha por la Audiencia Provincial.
En consecuencia no pueden tenerse en consideración las alegaciones efectuada en el trámite de audiencia previo a esta resolución, y debe inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal, con imposición de costas a las mercantiles recurrentes, que perderán el depósito constituido.
Admitido el recurso de casación, de conformidad con el art. 485 LEC , la parte recurrida podrá formalizar su oposición al recurso por escrito en el plazo de veinte días desde la notificación de este auto durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría correspondiente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 208.4 LEC procede declarar que contra este auto no cabe recurso alguno por así establecerlo los artículos 483.5 y 473.3 LEC .
LA SALA ACUERDA
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- Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de las entidades mercantiles Gestión de Promoción La Grama, S.L. y Noya Laverno, S.A. contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 19 de febrero de 2014, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 170/2013 , dimanante del juicio ordinario n.º 794/2011, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Esplugues de Llobregat.
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- Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición al recurso. Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiesto en la Secretaría.
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- No admitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la indicada parte litigante contra dicha sentencia, con imposición de las costas de este recurso a las mercantiles recurrentes, que perderán el depósito constituido.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
