STSJ Galicia 147/2016, 6 de Abril de 2016
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 06 Abril 2016 |
| Número de resolución | 147/2016 |
T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00147/2016
- N11600
PLAZA GALICIA S/N
N.I.G: 15030 33 3 2015 0000368
Procedimiento : PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0015160 /2015 /
Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA
De D./ña. Paulino
ABOGADO BERTA MARIA FILGUEIRA RODRIGUEZ
PROCURADOR D./Dª. MARCIAL PUGA GOMEZ
Contra D./Dª. TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA
ABOGADO ABOGADO DEL ESTADO
PROCURADOR D./Dª.
PONENTE: D. JUAN SELLES FERREIRO
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
JOSE M ª GOMEZ Y DIAZ CASTROVERDE
JUAN SELLES FERREIRO
FERNANDO FERNANDEZ LEICEAGA
MARIA DEL CARMEN NUÑEZ FIAÑO
A CORUÑA, seis de abril de dos mil dieciséis.
En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 15160/2015, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por Paulino, representado por el procurador D. MARCIAL PUGA GOMEZ, dirigido por la letrada D.ª BERTA FILGUEIRA RODRIGUEZ, contra IVA 2010. Es parte la Administración demandada el TRIBUNAL ECONOMICO- ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA, representado por el ABOGADO DEL ESTADO. Es ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN SELLES FERREIRO.
Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución impugnada en este procedimiento.
Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación de la demanda.
No habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo de 752,01 euros.
Se impugna en el presente procedimiento ordinario la resolución dictada por el Tribunal Económico - Administrativo Regional de Galicia en fecha 15 de diciembre de 2014 en la reclamación número NUM000 y acumuladas interpuestas por don Paulino contra acuerdos de la dependencia de gestión tributaria de Vigo de la AEAT por los que se desestima en recursos de reposición interpuesto contra liquidaciones practicadas por el concepto de impuesto sobre valor añadido ejercicio 2010 y 2012 períodos del primero al cuarto trimestre así como contra la sanción derivada de las liquidaciones por el tercer trimestre de IVA 2012.
Impugna el recurrente la resolución del Tribunal Económico - Administrativo Regional de Galicia ha de entender procedentes diversas deducciones que son admitidas por la administración tributaria.
Así, y en primer lugar en cuanto a la deducibilidad del 100% de las cuotas de IVA soportadas en relación a gastos derivados del uso y adquisición de vehículos afectos a la actividad de cobrador, el demandante apoya su pretensión en la doctrina plasmada en la sentencia del TSJ Valencia de 14/4/2010, de la que este Tribunal discrepa. Así, en nuestra sentencia de 20/03/2013 recaída en el recurso 15388/2011, ponente Doña María Dolores Frade Rivera, (Roj: STSJ GAL 2250/2013 ): " En el artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se recogen las limitaciones del derecho a deducir, disponiendo a tal efecto el indicado precepto lo siguiente:
"1. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.
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No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional, entre otros:
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Los bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por períodos de tiempo alternativos.
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Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas.
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Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.
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Los bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.
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Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los locales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad. 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas: (...) 2. Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 %. A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el anexo del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo jeep.No obstante lo dispuesto en esta regla 2), los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 %:
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Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.
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Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
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Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
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Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.
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Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.
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Los utilizados en servicios de vigilancia" (...).
Añade el citado precepto que "El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho. No será medio de prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial o profesional"; y en el apartado 4, que "Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los siguientes bienes y servicios directamente relacionados con los bienes a que se refiere dicho apartado:
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Accesorios y piezas de recambio para los mencionados bienes.
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Combustibles, carburantes, lubrificantes y productos energéticos necesarios para su funcionamiento.
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Servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje.
Rehabilitación, renovación y reparación de los mismos".
Vemos entonces como el artículo 95.Tres, regla segunda, de la Ley 37/1992 recoge una presunción legal de que los vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 %.
Ello no obstante, como ha sostenido esta Sala en la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2011, recaída en el procedimiento ordinario número 16919/2009, la presunción de afectación a la actividad empresarial de vehículos automóviles en la proporción del cincuenta por cien (que es la excepción antes reseñada en relación con el artículo 95.Uno LIVA ) es susceptible de prueba en contrario si se consigue acreditar que tal afectación es superior, aspecto que es negado tanto en sede de gestión como por el Acuerdo recurrido. A tal efecto, parece claro que la cuestión esencial consiste en poner de relieve la directa y exclusiva utilización de los vehículos en el desarrollo de la actividad empresarial, para lo que no cabe olvidar que es preciso destruir previamente una presunción establecida por el legislador. De este modo, no es la Administración quien debe probar el uso privado o ajeno a la actividad empresarial del vehículo más allá del porcentaje que se presume afecto a la misma, sino que es el propio contribuyente quien debe poner de manifiesto inequívocamente tal circunstancia ( artículo 105.1 L.G.T .).
El actor en su escrito de conclusiones somete a consideración de esta Sala la necesidad de tener en cuenta la primacía del derecho comunitario en tanto en cuanto la presunción del artículo 95 de la Ley 37/1992 se opone a lo dispuesto en la sexta Directiva de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen...
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STSJ La Rioja 203/2016, 17 de Junio de 2016
...criterio no es seguido de forma unánime por los distintos Tribunales Superiores de Justicia, pudiendo citarse la STSJ de Galicia de 6 de abril de 2016 (rec. 15160/2015 ), la del TSJ de Murcia de 17 de marzo de 2016 (rec. 418/2013 ) o la del TSJ de Castilla-La Mancha de 11 de enero de 2016 (......