STSJ Asturias 243/2016, 30 de Marzo de 2016
| Ponente | FRANCISCO SALTO VILLEN |
| ECLI | ES:TSJAS:2016:966 |
| Número de Recurso | 1316/2010 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 243/2016 |
| Fecha de Resolución | 30 de Marzo de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA)
OVIEDO
SENTENCIA: 00243/2016
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
Sala de lo Contencioso-Administrativo
RECURSO: 1.316/2010-815/2012 (acumulados)
RECURRENTES: Dª Marcelina (PO 1.316/2010); ZALIA (815/2012)
PROCURADORES: Dª Mª Victoria Argüelles-Landeta Fernández; Dª Cristina García-Bernardo Pendás
RECURRIDO: JURADO DE EXPROPIACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
REPRESENTANTE: Sr. Letrado del Principado
CODEMANDADO: AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
SENTENCIA
Ilmos. Sres.:
Presidente:
-
Jesús María Chamorro González
Magistrados:
Dña. María José Margareto García
-
Francisco Salto Villén
En Oviedo, a treinta de marzo de dos mil dieciséis.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1.316/2010, al que se ha acumulado el 815/2012, interpuestos, el primero, por Dª Marcelina, representada por la Procuradora Dª Mª Victoria Argüelles-Landeta Fernández, actuando bajo la dirección Letrada de D. Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos y el segundo por ZALIA, representada por la Procuradora Dª Cristina García-Bernardo Pendás, actuando bajo la dirección Letrada de D. Ramón Vázquez del Rey Villanueva, contra el JURADO DE EXPROPIACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, representado por el Sr. Letrado del Principado, siendo parte codemandada el AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Francisco Salto Villén.
Interpuestos los presentes recursos, se acordó su acumulación, recibido el expediente administrativo se confirió traslado a los recurrentes para que formalizasen la demanda, lo que efectuaron en legal forma, en el que hicieron una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expusieron en Derecho lo que estimaron pertinente y terminaron suplicando que, en su día se dicte sentencia por la que estimando el recurso interpuesto revoque la resolución recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.
Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, se hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.
Por Auto de 12 de marzo de 2013, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.
No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.
Se señaló para la votación y fallo del presente el día 28 de marzo pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.
Por la Procuradora de los Tribunales, Sra. Argüelles-Landeta, en nombre y representación de Doña Marcelina, se interpuso recurso contencioso administrativo, tramitado con el nº 1316/2010, contra desestimación presunta por silencio administrativo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, luego ampliado al Acuerdo expreso del mismo Jurado de Expropiación del Principado de Asturias nº 2012/0218, de fecha 1 de junio de 2012, en el que se fijó el justiprecio de la finca nº NUM000, afectada por el proyecto de expropiación forzosa "SGDU-G 16/08. Expediente expropiatorio de la Fase I de la Zalia, Concejo de Gijón", tramitado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias, recurso del que se dio traslado a la Administración demandada.
A este recurso se han acumulado los números 815/2012, interpuesto por la Procuradora Sra. GarcíaBernardo Pendas, en la representación acreditada, contra los mismos Acuerdos del Jurado.
Como principales argumentos impugnatorios, la representación de la Dª Marcelina, después de dejar constancia de una serie de vicisitudes acerca de acontecimientos previos al comienzo de este procedimiento de expropiación, que la parte relata con el fin de sostener, en suma, que la legislación aplicable en cuanto al régimen de valoración ha de ser la Ley 6/98, decimos que en Derecho alega resumidamente expuesto ahora y contenidos en la numeración que aquí convenientemente damos:
En primer lugar, y en cuanto al régimen de valoración, sostiene que ha de ser la Ley 6/98, como ya se ha indicado, porque en el documento de adaptación del PGOU de Gijón ya aparece citada la Zalia, pese a que luego desapareció en la posterior tramitación del PGOU de 2005, que posteriormente se constituyó la Zalia y se comenzaron a adquirir terrenos para tal fin, siendo el 21 de julio de 2006 (BOPA de 9 de agosto de 2006) cuando el Gobierno del Principado de Asturias y la Zalia firmaron un convenio para la expropiación de 400.000 m 2 de suelo por el sistema de tasación conjunta, en el que se dice que se aplicaría la Ley 6/98, y deduce de ello que toda la tramitación posterior era meramente formal para aplicar lo ya acordado, como fue el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 24 de mayo de 2007, aprobando el desarrollo de una Actuación Urbanística Concertada (AUC), por lo que desde esa fecha y hasta la entrada en vigor de la Ley 8/2007, según esta parte, el suelo de su finca debe ser considerado como Suelo Urbanizable a desarrollar en el ámbito delimitado de la Parroquia de San Andrés de los Tascones, y que incluso en el caso de que ya hubiese vencido el plazo para la ejecución de la Zalia, ello solo es imputable a la Administración, y que en todo caso en aplicación de la DT 3ª de la Ley 8/2007, se le ha de aplicar la Ley 6/98, aunque se considere que la fecha de la valoración sea la de 26 de septiembre de 2008, en la que se publicó la relación de bienes y derechos afectados por este expediente de expropiación, ya que de lo contrario la Administración iría contra sus propios actos, y además se da el caso de que el Plan Especial se aprobó el 20 de diciembre de 2007, ello aparte de que se ha vulnerado el principio de la confianza legítima del expropiado.
En segundo lugar, alega la vulneración del principio de igualdad al constar que la Administración o la beneficiaria de la misma han adquirido terrenos de esta misma expropiación por precios muy superiores a los que ahora se valoran por ella misma y por el Jurado, invocando al efecto diversa doctrina de nuestro Tribunal Supremo. En tercer lugar, sostiene que las valoraciones que permitirían sustituir las fincas expropiadas por otras de las mismas o similares características serían las que solicita avaladas por las periciales a las que hace mención.
Por la entidad Zalia, en su recurso nº 815/2012 acumulado al anterior, se alza contra las mismas resoluciones del Jurado alegando:
En primer lugar, que las resoluciones impugnadas no eran conformes a Derecho porque consideraba que el justiprecio acordado por la Administración demandada no era el que correspondía según la naturaleza y valor de los terrenos expropiados, ya que aún aplicando el régimen de la Ley 2/2008, sin embargo excede de la valoración que merece un terreno en situación de rural, al tomar en consideración el cultivo de la lechuga y el tomate, y no como sí ha hecho bien, según esta parte, el equipo de Ingenieros que lo valoraron en el Proyecto de Expropiación a 2,99 €/m 2, y el doble para el Núcleo Rural, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 2/2008, lo que ha sido confirmado por los peritos judiciales que han informado en los procedimientos que cita nºs. 1259 y 1297, ambos de 2010, y 1255, 1258 y 1260, entre otros, todos del año 2010, en los que informaron los peritos judiciales D. Roque y D. Jesús Carlos .
Por su parte, la Administración Pública demandada, en este caso representada a través del Sr. Letrado del Principado, contestó en tiempo y forma oponiéndose y solicitando que se dictase una sentencia desestimatoria de las pretensiones de la parte recurrente.
Así planteado el debate procesal, se ha de examinar y dar respuesta a la alegación de la representación de Dª Marcelina, mediante la que se plantea cuál ha de ser la legislación aplicable para la valoración de bienes y derechos afectados, lo cual requiere previamente dar respuesta a cuál deba ser la fecha que se ha de tener en cuenta como inicio del expediente de justiprecio, pues como dice el Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 enero 2008 :
"Resulta sin duda de aplicación la doctrina más reciente de esta Sala, con arreglo a la cual, tratándose de una expropiación urbanística, la valoración, que debe referirse al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado, ha de hacerse según las condiciones de edificabilidad del terreno que vengan establecidas en el instrumento de planeamiento vigente en ese momento, ya que el artículo 105.1 de la Ley del Suelo de 1.976 expresa que el valor urbanístico debe determinarse en función "del aprovechamiento que corresponda a los terrenos", conforme al rendimiento que a dicho aprovechamiento se atribuya a efectos fiscales "al iniciarse el expediente de valoración". Es decir, ordena atender al aprovechamiento urbanístico que resulte del...
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