ATS, 15 de Octubre de 2015
| Ponente | OCTAVIO JUAN HERRERO PINA |
| ECLI | ES:TS:2015:9150A |
| Número de Recurso | 3393/2014 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 15 de Octubre de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a quince de Octubre de dos mil quince.
PRIMERO .- Por el Procurador de los Tribunales, D. Manuel Joaquín Bermejo González, en nombre y representación de "Hermanos Vivas Sociedad Cooperativa", se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 2 de julio de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso nº 905/2010 , en materia de expropiación forzosa.
SEGUNDO .- Mediante Providencia de fecha 26 de febrero de 2015, se acordó poner en conocimiento a las partes para alegaciones, por el plazo común de diez días, la posible concurrencia de la siguiente causa de inadmisión del recurso: estar exceptuada del recurso de casación la resolución judicial impugnada por haber recaído en un asunto cuya cuantía no excede de 600.000 euros, pues, en el presente caso, viene dada por la diferencia entre la valoración de la pérdida de suelo que la parte expropiada realizó en su hoja de aprecio y el justiprecio establecido para dicho concepto por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa - confirmado por la sentencia de instancia-, que no supera el límite legal para acceder al recurso de casación [ artículos 86.2.b ), 93.2 a), 41.1 y 42.1.b) de la LJCA ].
Dicho trámite ha sido evacuado por las partes.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina , Magistrado de la Sala
PRIMERO.- La sentencia impugnada estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de "Hermanos Vivas Sociedad Cooperativa" contra las Resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Zamora, de 11 de febrero de 2010, dictadas en los expedientes núms. 3368/09 y 3369/09, que fijaron en 67.242,96 euros y 260.688,12 euros, respectivamente, el justiprecio de los bienes y derechos cuya concesión de uso privativo era titular la sociedad recurrente, y que se vieron afectados -por la ocupación temporal, en el primer caso, y por la ocupación definitiva, en el segundo- por la expropiación realizada para la ejecución de las obras del proyecto "Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: Villafranca-Coreses". Clave CL-3, en el término municipal de Toro.
SEGUNDO .- Conforme a lo dispuesto en el artículo 86.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción , se exceptúa del recurso de casación las sentencias recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 600.000 euros (a salvo el procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, que no hace al caso), siendo irrelevante, como ha dicho reiteradamente esta Sala, que se haya tenido por preparado por la Sala de instancia u ofrecido al tiempo de notificarse la resolución recurrida, siempre que la cuantía litigiosa no supere el límite legalmente establecido, estando apoderado este Tribunal para rectificar fundadamente - artículo 93.2.a) de la mencionada Ley - la cuantía inicialmente fijada, de oficio o a instancia de la parte recurrida.
Por otra parte, es doctrina reiterada de este Tribunal (Autos de 18 de mayo y 12 de diciembre de 2001 , 11 de enero , 11 y 21 de marzo y 15 de abril de 2002 ) que en materia expropiatoria, la cuantía viene determinada por la diferencia entre el valor del bien expropiado fijado en la resolución del Jurado y el asignado al mismo por el recurrente en su hoja de aprecio o en el proceso contencioso-administrativo seguido en la instancia, en su caso, en aplicación de lo prevenido en el artículo 42.1.b), regla segunda, de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de esta Jurisdicción, salvo en caso de estimación del recurso contencioso-administrativo, en que el justiprecio establecido en la sentencia sustituye al fijado por el Jurado como término de comparación. Mas, para el caso de ser parte recurrente la Administración, la cuantía del recurso viene determinada por la diferencia entre el justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación -cuya conformidad a Derecho sostiene- y el fijado por la Sala de instancia al revisar aquél (ATS de 27 de enero de 2005 ).
No obstante lo anterior, la cuantía viene determinada por el contenido económico de la pretensión casacional efectivamente ejercitada, que en el supuesto enjuiciado, se refiere al justiprecio por la pérdida de suelo de la explotación, según se desprende del escrito de interposición y tal como se refleja expresamente en el suplico del mismo, al interesar que se estime el recurso contencioso-administrativo "respecto al justiprecio correspondiente a Hermanos Vivas SC por la pérdida de suelo de la explotación".
Por tanto, la cuantía de la pretensión viene dada por la diferencia entre la valoración de la pérdida de suelo que la parte expropiada realizó en su hoja de aprecio - 532.315,8 euros- y el justiprecio establecido para dicho concepto por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa -25.410,96 euros, más el 5% de premio de afección-, que fue confirmado por la sentencia de instancia, por lo que, a todas luces, no se excede la summa gravaminis, resultando inadmisible el presente recurso, [ artículos 86.2.b ), 93.2 a), 41.1 y 42.1.b) de la LJCA ]; sin obsten a dicha conclusión las alegaciones formuladas por la parte recurrente durante el trámite de audiencia conferido al efecto, en las que sostiene que la cuantía resulta de la diferencia entre el justiprecio total reclamado y la valoración establecida por la sentencia recurrida, afirmación que, en el presente supuesto, debe ser rechazada, atendiendo a la pretensión que efectivamente se ejercita ATS de 9 de abril de 2015 (rec. núm. 700/2014 ).
TERCERO . Por último, ha de expresarse que las posibles restricciones a la recurribilidad de determinadas resoluciones no son incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución , ni con el principio de seguridad jurídica siempre que se articulen por Ley, siendo doctrina reiterada de esta Sala que no se quebranta dicho derecho porque un proceso contencioso-administrativo quede resuelto en única instancia.
Además, sobre el acceso a los recursos, existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que, reiterada en su Sentencia nº 252/2004, de 20 de diciembre , puede resumirse en lo siguiente: "... como hemos sintetizado en la STC 71/2002, de 8 de abril , "mientras que el derecho a una respuesta judicial sobre las pretensiones esgrimidas goza de naturaleza constitucional, en tanto que deriva directamente del art. 24.1 CE , el derecho a la revisión de una determinada respuesta judicial tiene carácter legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que, como hemos precisado en el fundamento jurídico 5 de la STC 37/1995 , 'ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal ( SSTC 140/1985 , 37/1988 y 106/1988 )'. En fin, 'no puede encontrarse en la Constitución -hemos dicho en el mismo lugar- ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador ( STC 3/1983 )' ( STC 37/1995 , FJ 5). Como consecuencia de lo anterior, 'el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión' que 'es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos' ( SSTC 37/1995 , 58/1995 , 138/1995 y 149/1995 )
Finalmente, como ha declarado también el Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 230/2001, de 26 de noviembre , entendiéndose incorporado el sistema de recursos a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las Leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, "estas leyes pueden establecer distintos requisitos procesales para la admisión de los recursos, cuya interpretación es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios. Y el respeto que, de manera general, ha de observarse en relación con las decisiones de los órganos judiciales adoptadas en el ámbito de la interpretación y de la aplicación de la legalidad ordinaria, "debe ser, si cabe, aún más escrupuloso cuando la resolución que se enjuicia es ... del Tribunal Supremo -a quien está conferida la función de interpretar la ley ordinaria (también, evidentemente la procesal) con el valor complementario del ordenamiento que le atribuye el Código Civil (art. 1.6 )-, y ha sido tomada en un recurso, como el de casación, que está sometido en su admisión a rigurosos requisitos, incluso de naturaleza formal" ( SSTC 119/1998, FJ 2 , y 160/1996, de 15 de octubre , FJ 3) ".
CUARTO .- Como en supuestos similares, no se imponen costas a la parte recurrente, habida cuenta que la parte recurrida en su escrito de alegaciones, se ha limitado a mostrar su conformidad con la causa de inadmisión puesta de manifiesto a las partes, sin realizar una valoración referida al caso concreto.
En su virtud,
Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Hermanos Vivas Sociedad Cooperativa", contra la Sentencia de 2 de julio de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso nº 905/2010 ; resolución que se declara firme; sin costas.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
