STSJ País Vasco 336/2015, 8 de Julio de 2015
| Ponente | JUAN ALBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TSJPV:2015:2408 |
| Número de Recurso | 596/2014 |
| Procedimiento | ORDINARIO |
| Número de Resolución | 336/2015 |
| Fecha de Resolución | 8 de Julio de 2015 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 596/2014
DE Ordinario
SENTENCIA NÚMERO 336/2015
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANÍA
MAGISTRADOS:
D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Dª. MARGARITA DÍAZ PÉREZ
En Bilbao, a ocho de julio de dos mil quince.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 596/2014 y seguido por el procedimiento ordinario, en el que se impugna: DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA INTERPUESTO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES (5) DE TRANSPORTE PARA VEHÍCULOS DE ARRENDAMIENTO CON CONDUCTOR. ¡.
Son partes en dicho recurso:
- DEMANDANTE : J. GUTIÉRREZ BUS, S.L., representada por la Procuradora Dª. RAQUEL REGIDOR LLAMOSAS y dirigida por el Letrado D. JOSÉ ANDRÉS DÍEZ HERRERA.
- DEMANDADA : DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, representada y dirigida por LETRADO de su Asesoría Jurídica.
-OTRAS DEMANDADAS: ASOCIACIÓN ALAVESA DEL TAXI (ALATAX) Y FEDERACIÓN VASCA DEL TAXI, representadas por el Procurador D. ALFONSO JOSÉ BARTÁU ROJAS y dirigidas por el Letrado D. ANDRÉS JAVIER TOMÉ LAVÍN.
Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
El día 3-10-2014 se recibieron en esta Sala, remitidos por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Tres de Vitoria-Gasteiz tras declararse incompetente para su conocimiento y resolución, los autos del recurso contencioso administrativo número 125/2014 y el expediente administrativo, en los que, en nombre y representación de J. GUTIÉRREZ BUS, S.L., se había interpuesto recurso contencioso administrativo contra la Orden Foral nº 186 de 8-4-2014 de la Diputada de Obras Públicas y Transportes de Álava que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la demandante contra la desestimación presunta de la solicitud de cinco autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor; quedando registrado dicho recurso con el número 596/2014.
En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se estimen íntegramente sus pretensiones.
En el escrito de contestación de la Diputación Foral de Álava, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime el recurso en su totalidad y se le impongan las costas a la parte actora.
Por Decreto de 12-2-2015 se fijó como cuantía del presente recurso la de indeterminada.
El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado que obra en autos.
En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.
El 17-6-2015 se recibió escrito del Procurador D. ALFONSO JOSÉ BARTÁU ROJAS interesando se le tubiese por personado y parte demandada en nombre y representación de la ASOCIACIÓN ALAVESA DEL TAXI (ALATAX) y de la FEDERACIÓN VASCA DEL TAXI.
Por resolución de fecha 29-6-2015 se accedió a lo solicitado anteriormente y se señaló el pasado día 2-7-2015 para la votación y fallo del presente recurso.
En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.
El recurso contencioso-administrativo se ha presentado contra la Orden Foral nº 186 de 8-4-2014 de la Diputada de Obras Públicas y Transportes de Álava que desestimó el recurso de alzada interpuesto por J. GUTIERREZ BUS S.L. contra la desestimación presunta de la solicitud de cinco autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.
La resolución recurrida se ampara en la Ley 2/2000, de la CAPV, de transporte público urbano e interurbano de viajeros en automóviles de turismo, y concretamente en sus artículos 3 º ("el Gobierno Vasco realizará también la planificación general que supondrá, en su caso, la determinación de contingentes, número máximo de autorizaciones de transporte interurbano") y 7º (" el número de autorizaciones y licencias se podrá limitar atendiendo a la necesidad y conveniencia del servicio a prestar al público, que vendrá determinada por criterios de población a la que haya que atender y/o las circunstancias socio- económicas que concurran en la zona") y que fueron desarrollados por el artículo 11 del Decreto 243/2002 y por la Orden de 11-2-2005 del Consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco que aprobó un plan o programa de transportes.
El artículo 6 de esa Orden dispone en su apartado 1 que el número de autorizaciones de ámbito estatal para la prestación de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor no podrá superar el 2% del número máximo de autorizaciones de transporte público interurbano de viajeros en automóviles de turismo que resulte para cada Territorio Histórico de la aplicación de las fórmulas expuestas en el artículo 1; y el artículo 6 en su apartado 3 establece que "en ningún caso el número de autorizaciones de ámbito estatal para la prestación de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor en el Territorio Histórico de Álava podrá ser superior a 6".
El recurso contencioso-administrativo se funda en los siguientes motivos:
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- La competencia exclusiva del Estado en la legislación de las autorizaciones de transporte de ámbito nacional para el arrendamiento de vehículos con conductor de la clase VTC-N.
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- Las sentencias del Tribunal Supremo de 14-2-2012, 21-1-2014 y posteriores sobre la liberalización del arrendamiento de vehículos con conductor a partir de la modificación de la Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres que se produjo por virtud de la Ley 25/2009 ( artículo 21) y la consiguiente derogación de los artículos 181-2 del Real Decreto 1211/1990 y 14.1 de la Orden FOM 36/2008. 3.- La ley 9/2013 de 4 de julio de modificación de la Ley 16/1987 que previó en su artículo 48 la restricción de las autorizaciones de transporte solicitadas por la recurrente, pero en los términos del desarrollo reglamentario que aún no se ha producido.
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