ATS, 14 de Mayo de 2015
| Ponente | JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA |
| ECLI | ES:TS:2015:4215A |
| Número de Recurso | 2428/2014 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 14 de Mayo de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a catorce de Mayo de dos mil quince.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana
Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Guadalajara se dictó sentencia en fecha 18 de diciembre de 2012 , aclarada por auto de 6 de febrero de 2013, en el procedimiento nº 62/2012 seguido a instancia de D. Jose Ángel contra la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA y MINISTERIO FISCAL, sobre tutela de derechos fundamentales, que estimaba en parte la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por ambas partes, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en fecha 12 de mayo de 2014 , que estimaba el recurso interpuesto por el demandado, sin entrar a conocer el del demandante y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 1 de julio de 2014, se formalizó por el letrado D. Francisco Javier Crespo Rodrigo en nombre y representación de D. Jose Ángel , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 20 de febrero de 2015, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
La sentencia recurrida -de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 12 de mayo de 2014 (R. 38/2014 )- con revocación de la de instancia, desestima la demanda en la que se solicitaba se declarara la existencia de vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la tutela judicial efectiva del actor, así como que se condenara a la demandada al abono de una indemnización por los daños y perjuicios causados al trabajador, cuantificada en 30.000 .
Consta en el relato de hechos probados que el actor presta servicios como Profesor de religión para la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. También es el representante del sindicato USO y forma parte del Comité de empresa del personal laboral de Guadalajara desde el mes de marzo de 2007.
Por comunicación de 28 de julio de 2011 de la Coordinadora provincial de la Consejería de Educación se avisa al actor de que a partir del 1 de septiembre siguiente se reduciría su jornada. Y efectivamente en esta última fecha se presentó al actora a la firma una addenda al contrato de trabajo indefinido según la cual su jornada sería de 25,28 horas semanales en vez de la pactada de 35 horas semanales. El actor se negó a firmar tal documento.
En lo que ahora interesa, la Sala de suplicación, con cita de la sentencia de esta Sala de 18 de octubre de 2012 (R. 4030/2011 ) y remisión a anterior resolución de 24/9/2013 (R. 620/2013) sobre idéntica cuestión, estima el recurso interpuesto por la Administración demandada al considerar que la medida de reducción de jornada era razonable, a la vista de la peculiaridad de la relación laboral y a la reducción del número de alumnos a los que sus padres solicitan les sea impartida la asignatura de religión, que no es obligatoria. Sin que la condición de representante sindical del actor blinde a la relación laboral de los avatares que puedan afectarla, como es una justificada reducción de la jornada. Termina la Sala razonado que no se aprecia concurrencia de trato discriminatorio o vulnerador del derecho a la libertad sindical del actor.
Recurre en casación unificadora el trabajador reiterando la existencia que la conducta de la Administración demandada resulta vulneradora del derecho a la libertad sindical. Se invoca como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de 26 de julio de 2002 (R. 275/2002 ) en la que sí que se apreció tanto la vulneración del derecho a la libertad sindical como el derecho del allí demandante a percibir la indemnización solicitada.
En el caso, se trataba de un trabajador al servicio de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias "que ejerce una actividad sindical ostensible, llegando a formar parte del Comité de Huelga" celebrada en el año 2000, y al que la empresa le había prohibido acudir a las reuniones del Comité de Empresa, le había traslado forzoso de un centro de trabajo a otro teniendo que abandonar la Jefatura de Seminario que tenía, y se le había reducido la jornada de trabajo con la consiguiente minoración proporcional de sus retribuciones, todo lo cual se consideró que se había producido por razón de su actividad sindical. En este caso la Sala reconoció al demandante la indemnización de daños morales que había reclamado en concepto de resarcimiento del daño moral que se le había producido, después de ponderar las circunstancias concurrentes en el caso y en concreto "atendiendo a la intensidad y agresividad del comportamiento antisindical de la Administración demandada, el cual se manifiesta de tres formas distintas, a su carácter burdo, evidente y ostensible, a su finalidad amedrentadora del actor y del resto del colectivo de trabajadores al que pertenece (profesores de religión), a que el trabajador ha estado trasladado forzosamente de su centro de trabajo desde septiembre de 2000..., que desde marzo de 2001 ha visto sensiblemente reducidas sus retribuciones y su jornada de trabajo y a que se le impidió durante meses acudir a las sesiones del Comité de Empresa para el que había sido elegido...".
Ha de resaltarse que la sentencia de contraste aportada fue casada por nuestra sentencia de 21 de julio de 2003 (R. 4409/2002 ); la cual fue, a su vez, anulada por la STC 247/2006 , que declaró además la firmeza de la sentencia ahora invocada.
No concurre la necesaria contradicción entre las sentencias comparadas, puesto que no concurre la triple identidad legal que habilitaría el juicio positivo de contradicción. Así, en el supuesto contemplado por la sentencia de contraste, se observa que en él concurrían unas circunstancias de grave atentado a la libertad sindical del demandante traducida en actos graves constitutivos, y así valorados, de un cierto acoso personal por causa de su actividad sindical en la empresa. Estos actos consistieron en prohibir al actor asistir a las reuniones del Comité, en trasladarle forzosamente y en reducirle la jornada de trabajo. Situación no comparable con la contemplada en la sentencia impugnada, en la que únicamente consta que se redujo la jornada del actor. Y mientras que en el caso de contraste no se acredita por la empleadora la necesidad objetiva de tal reducción, en el de autos se constatan circunstancias objetivas justificativas de tal decisión, como es la reducción del número de alumnos matriculados en la asignatura de religión.
Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones, en el que insiste en sus pretensiones y en que se ha dado cobertura a las exigencias legales del recurso pero sin aportar datos relevantes que desarticulen las divergencias apreciadas por la Sala.
De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Sin que, a tenor de lo dispuesto en el art. 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , haya lugar a la imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Francisco Javier Crespo Rodrigo, en nombre y representación de D. Jose Ángel , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de fecha 12 de mayo de 2014, en el recurso de suplicación número 38/2014 , interpuesto por D. Jose Ángel y la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Guadalajara de fecha 18 de diciembre de 2012 , aclarada por auto de 6 de febrero de 2013, en el procedimiento nº 62/2012 seguido a instancia de D. Jose Ángel contra la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA y MINISTERIO FISCAL, sobre tutela de derechos fundamentales.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
