ATS 687/2015, 14 de Mayo de 2015
| Ponente | CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON |
| ECLI | ES:TS:2015:4121A |
| Número de Recurso | 2205/2014 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 687/2015 |
| Fecha de Resolución | 14 de Mayo de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a catorce de Mayo de dos mil quince.
Por la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 2ª), en autos nº Rollo de Sala 31/2014, dimanante de Procedimiento Abreviado 5/2014 del Juzgado de Instrucción nº 8 de Málaga, se dictó sentencia de fecha 20 de octubre de 2014 , en la que se condenó "a Marino , como autor penalmente responsable de un delito contra la salud pública, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de tres años y seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 200 , con 30 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y al pago de las costas procesales.".
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de casación por Marino , mediante la presentación del correspondiente escrito por la Procuradora de los Tribunales Dª. Marina de la Villa Cantos. El recurrente menciona como motivos susceptibles de casación los siguientes: 1) Vulneración del art. 24 de la Constitución . 2) Infracción de ley del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . 3) Infracción de ley del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . 4) Quebrantamiento de forma del art. 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . 5) Quebrantamiento de forma del art. 851.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por Sala de Gobierno, de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Candido Conde-Pumpido Touron.
A) En el primer motivo se alega la vulneración del art. 24 de la Constitución . En el desarrollo del recurso el recurrente denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por haberse dispuesto su condena sin prueba suficiente.
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La jurisprudencia de esta Sala considera que el control casacional del respeto al derecho a la presunción de inocencia autoriza a esta Sala de Casación a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada y, de otra, su suficiencia. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Está también fuera de dudas que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional, el juicio de inferencia del Tribunal "a quo" sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia ( STS nº 70/2011, de 9 de Febrero , y 13-7-2011, entre otras muchas).
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En aplicación de la referida doctrina jurisprudencial procede comprobar la racionalidad de las pruebas e indicios que llevaron a sostener una sentencia condenatoria por parte del Tribunal "a quo". Se consideran como principales pruebas e indicios incriminatorios, recogidos por la sentencia del Tribunal de instancia, los siguientes: 1) Declaración testifical del agente de policía nº NUM000 que intervino en las tres aprehensiones previas de droga al registro en la vivienda del recurrente. Este agente indica que al edificio acudían personas con aspecto de toxicómanos, que al llegar gritaban " Bicho " y el recurrente se asomaba desde alguna ventana, les arrojaba una llave y subían hasta su casa. Los demás agentes que declararon en el juicio manifiestan que actuaban como interceptadores, contactando con las personas que salían de casa del recurrente, interviniéndoles sustancias estupefacientes. Constan tres aprehensiones de cocaína y heroína; los días 26-6, 27-6 y 8-7 de 2013, a tres personas. A Luis Francisco , se le ocupó un envoltorio con 0,20 gr. de cocaína (2,9%) y heroína (7,38%); a Baltasar , se le ocupó un envoltorio con 0,50 gr. de cocaína (3,50%) y heroína (6,38%); y a Fausto , tres envoltorios con 0,50 gr. de cocaína (5,90%) y heroína (7,63%). 2) Registro en la vivienda del recurrente en donde se hallaron tres fragmentos de hachís con un peso de 7,10 gr. (THC del 15%), 430 euros y diversos recortes de plástico. Se indica por los agentes que tales recortes de plástico son los propios para envolver grupos ("mazos") de envoltorios. El recurrente afirma que estos envoltorios eran utilizados por sus nietos para hacer pequeños paracaídas, sin embargo, no se hallaron éstos, como tampoco restos de hilo con los que se hacen los mismos.
No se ha producido la lesión del derecho a la presunción de inocencia porque el Tribunal de instancia ha valorado y ponderado racionalmente las pruebas practicadas, sin separarse de la lógica, los conocimientos científicos o las máximas de experiencia para afirmar que el recurrente se dedicaba a la venta de sustancias nocivas para la salud. Ello se infiere de la declaración de los agentes, que observan como diversas personas acudían a su domicilio, y salían luego provistas de envoltorios con droga, así como del hecho de que en su casa se hallara material con el que se guarda y dosifica la droga (recortes de plástico), la presencia de dinero en efectivo (430 euros) y la ausencia de una explicación lógica sobre el hallazgo de tales recortes.
Por todo lo cual, procede la inadmisión del motivo alegado conforme al artículo 885 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
A) En el segundo motivo se alega la infracción de ley del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por infracción del art. 368 del Código Penal , y falta de aplicación del p. 2 de este precepto. Se alude a la falta de prueba para condenar por este artículo.
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La utilización del cauce casacional previsto en el art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , exige el pleno respeto a los hechos declarados probados en la sentencia recurrida. Por lo tanto, sólo son objeto de impugnación las cuestiones de derecho que constan en la sentencia. En este sentido una reiterada doctrina jurisprudencial recogida en innumerables sentencias, entre otras, las SSTS de 30-11-1998 y 30-12-2004 .
Como afirma la STS 32/2011 de 25-1 : "el p. 2 del art. 368 del Código Penal responde a la necesidad de facilitar a los jueces y tribunales mecanismos que puedan servir para una correcta respuesta con el principio de culpabilidad permitiendo la adopción de penas que se consideran más adecuadas y proporcionadas a las circunstancias de los hechos y a la personales del acusado". Así, también se menciona que "la gravedad del hecho a que se refiere este precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal infracción. Se refiere la ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer. Las circunstancias personales del delincuente son aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica".
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La alegación sobre falta de prueba queda respondida en el anterior razonamiento jurídico. Los hechos probados describen que el recurrente transmitió varios envoltorios con una mezcla de cocaína y heroína a tres personas, y tenía guardado en su domicilio dinero en efectivo y envoltorios que sirven para dosificar la droga. Tales hechos son subsumibles en el art. 368 del Código Penal , por cuanto la venta de estas sustancias constituye actos de favorecimiento del consumo ilegal de la misma. No procede la aplicación del p. 2 del art. 368 del Código Penal , porque los hechos descritos evidencian una dedicación habitual a esta actividad ilícita, no tratándose de un mero acto aislado de venta, sino que participó en varias transacciones de sustancias que fueron observadas por la policía.
Por todo lo cual, procede la inadmisión del motivo alegado conforme al artículo 884 nº 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
A) En el tercer motivo (numerado como cuarto) se alega la infracción de ley del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
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Como sostiene la jurisprudencia de esta Sala los documentos sobre los que se sitúa el error del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben ser literosuficientes, es decir, "deben traslucir sin ningún género de dudas el error porque acrediten de manera fehaciente un determinado hecho para la posteridad sin necesidad de acudir a otras pruebas, es decir, tienen aptitud demostrativa directa del hecho que incorporan" ( STS 263/2006 de 28-2 ).
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El recurrente afirma que se ha producido un error en la valoración de "las declaraciones, documentos y registro" que obra en las actuaciones. No obstante, no se precisa documento literosuficiente, sino que se remite a la falta de prueba, a la que ya hemos respondido.
Por todo lo cual, procede la inadmisión del motivo alegado conforme al artículo 884 nº 6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
A) En el cuarto motivo (numerado por el recurrente como quinto) se alega quebrantamiento de forma del art. 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por falta de claridad, predeterminación del fallo y contradicción en los hechos.
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La constante y reiterada Jurisprudencia de esta Sala tiene afirmado que para la prosperabilidad del motivo del artículo 851.1 LECrim , consistente en falta de claridad en el relato de hechos probados se exigen las siguientes circunstancias: a) que en el contexto del resultado fáctico se produzca la existencia de cierta incomprensión de lo que realmente se pretendió manifestar, bien por la utilización de frases ininteligibles, bien por omisiones sustanciales o por el empleo de juicios dubitativos, por absoluta carencia de supuestos fácticos o por la mera descripción de la resultancia probatoria huérfana de toda afirmación por parte del juzgador; b) que la incorporación del relato esté directamente relacionada con la calificación jurídica, y c) que la falta de entendimiento o incomprensión del relato provoque una laguna o vacío en la descripción histórica de los hechos ( STS de 30 de enero de 1997 , Auto de 15 de septiembre de 2000).
Como dice la STS 27-12-2004 "una reiterada jurisprudencia de esta Sala -Sentencias 5 febrero , 11 y 17 abril , 25 marzo y 6 de mayo, todas de 1996 , y últimamente, las Sentencias 1121/2003, de 10 de septiembre , y 1553/2003 , de 21 de noviembre- ha recogido que la predeterminación del fallo requiere para su estimación:
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que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado;
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que tales expresiones sean tan sólo asequibles por regla general para los juristas y no sean compartidas en el uso del lenguaje común;
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que tengan valor causal respecto al fallo, y
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que suprimidos tales conceptos jurídicos, dejen el hecho histórico sin base alguna."
La STS 13-9-2004 indica: "Una jurisprudencia consolidada de este Tribunal exige, para la apreciación del quebrantamiento de forma que aquí se denuncia: a)que la contradicción sea manifiesta e insubsanable; b) que sea gramatical e interna (de modo que, al existir en el "factum" términos incompatibles y anularse recíprocamente, dejen vacío el relato fáctico o privado de algún extremo esencial para la calificación jurídica del hecho enjuiciado); y c) que sea causal respecto del fallo (v. ad exemplum, la STS de 18 de julio de 2000 ).
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El recurrente se remite al motivo primero propuesto, es decir, a la falta de prueba, y por ello procede dar la misma respuesta. La sentencia recoge en sus hechos probados con claridad la existencia de tres actos de entrega de droga a terceros, y la aprehensión posterior en casa del recurrente de múltiples envoltorios con los que se guarda la droga. No existe predeterminación del fallo porque no existen en los hechos probados conceptos jurídicos y tampoco se señala una contradicción entre los diversos pasajes de los hechos.
Por todo lo cual, procede la inadmisión del motivo alegado conforme al artículo 885 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
A) Como quinto motivo de casación (numerado por el recurrente como sexto) se alega quebrantamiento de forma por incongruencia omisiva.
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La doctrina de esta Sala (SSTS 10-6-2004 , 10-1-2005 ) sobre incongruencia omisiva, se resume en las siguientes exigencias: 1.- Que la omisión padecida venga referida a temas de carácter jurídico suscitados por las partes oportunamente en sus escritos de conclusiones definitivas y no a meras cuestiones fácticas. 2.- Que la resolución dictada haya dejado de pronunciarse sobre concretos problemas de Derecho debatidos legal y oportunamente; lo que a su vez debe matizarse en dos sentidos: a) Que la omisión se refiera a pedimentos, peticiones o pretensiones jurídicas y no a cada una de las distintas alegaciones individuales y razonamientos concretos en que aquellos se sustenten, porque sobre cada uno de éstos no se exige una contestación judicial explícita y pormenorizada siendo suficiente una respuesta global genérica. b) Que dicha vulneración no es apreciable cuando el silencio judicial pueda razonablemente interpretarse como una desestimación implícita o tácita, constitucionalmente admitida (lo que sucede cuando la resolución dictada en la instancia sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte, es decir, cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos fundamentadores de la respuesta tácita). 3.- Que, aun existiendo el vicio, éste no puede ser subsanado por la casación a través de la resolución de otros planteamientos de fondo aducidos en el recurso ( STS 22-2-02 ).
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No se desarrolla este motivo. Tan sólo se remite a los anteriores, y a tal efecto, hay que decir que conforme a los antecedentes de hecho de la sentencia, la defensa solicitó la absolución del recurrente, no proponiendo cuestiones jurídicas alternativas o subsidiarias. Es por ello que ha obtenido respuesta jurídica a sus pretensiones al considerarle culpable del delito contra la salud pública.
Por todo lo cual, procede la inadmisión del motivo alegado conforme al artículo 885 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su consecuencia, procede adoptar la siguiente parte dispositiva:
LA SALA ACUERDA:
NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
