ATS, 2 de Julio de 2014
| Ponente | JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA |
| ECLI | ES:TS:2014:7859A |
| Número de Recurso | 3/2014 |
| Procedimiento | Queja |
| Fecha de Resolución | 2 de Julio de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a dos de Julio de dos mil catorce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana
1 . Por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga), de 11 de julio de 2013 (rec. 185/2013 ), se desestimó el recurso de suplicación interpuesto por las empresas demandadas, que habían sido condenadas en la instancia de forma solidaria al abono de una parte de las cantidades reclamadas, en cuanto integrantes de un grupo empresarial con trascendencia laboral.
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Las empresas recurrieron en casación para la unificación de doctrina bajo una misma dirección, a fin de objetar la realidad de tal grupo empresarial y la consiguiente responsabilidad solidaria declarada, presentando al efecto el correspondiente escrito de preparación, que fue acompañado del depósito de la cantidad de 600 correspondiente a una sola de las empresas recurrentes (ROYAL AL ANDALUS, SA).
1. Por diligencia de ordenación de 16/09/2013 se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de 5 días consignara "la cantidad de 600 correspondiente al depósito para recurrir por cada una de las empresas recurrentes", entendiendo que de no hacerlo se seguiría el recurso preparado con la única empresa consignataria.
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Dicha diligencia de subsanación se recurrió en reposición por la representación de las empresas interesadas, alegando en esencia que fueron todas condenadas de forma solidaria, y no individualizada, y que resultaba incongruente que se aceptara un único aval solidario para la consignación de la cantidad objeto de la condena, y en cambio se exigiera un depósito de 600 por cada codemandada.
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Por decreto de 16 de octubre de 2013 se desestimó el recurso de reposición, sin que la parte recurriera en revisión.
Por auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga) de fecha de 29 de noviembre de 2013 , se declaró "tener por no preparado el recurso de casación para la unificación de doctrina por las empresas SEGETUR SA, LAVANDERÍA TURÍSTICA DEL SUR SL, PROTURIN SA, PLANET HOTELES SA, ROYAL PREMIER HOTELES SA, ARRENDAMIENTOS HOTELEROS DEL SUR SA, Y HACIENDA REAL LOS OLIVOS SA, contra la sentencia dictada por [la propia] Sala de fecha de 11 de julio de 2013 , poniendo fin al trámite del recurso y declarando firme la sentencia impugnada respecto de las recurrentes, continuando el trámite del recurso de casación para la unificación de doctrina preparado por la empresa ROYAL AL ANDALUS SA".
Contra el citado auto se ha interpuesto por el Letrado D. Francisco Gómez Agudo, en nombre y representación de ROYAL AL ANDALUS SA, y del resto de las empresas demandadas, recurso de queja.
ÚNICO .- La parte recurrente en queja reitera en su argumentación las alegaciones realizadas en la reposición que le fuera denegada. Insiste en que resulta contradictorio que se admita por la Sala la consignación solidaria de la cantidad objeto de la condena y que no se siga el mismo criterio en relación con el depósito para recurrir, indicando en su discurso como segundo razonamiento que las empresas no fueron condenadas de forma individualizada sino solidaria, como grupo de empresas, y que el auto recurrido vulnera el derecho de defensa y de tutela judicial efectiva.
El recurso hace referencia igualmente a las tasas judiciales, sobre las que, sin embargo no procede pronunciarse pues nada se dijo al respecto ni en la diligencia de ordenación, ni tampoco en reposición, limitándose igualmente el auto ahora impugnado al incumplimiento exclusivo de la obligación de depósito, y nada más.
La pretensión así delimitada no puede ser estimada. Respecto al primero de los argumentos porque una cosa es el depósito para recurrir previsto en el art. 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS ), y otra la obligación de consignar la cantidad objeto de la condena que establece el art. 230 de la misma norma legal. Se trata, en efecto, de institutos distintos, que no tienen por qué coincidir -pues cabe que la recurrente venga obligada a depositar y no a consignar, porque la sentencia no condene al pago de cantidad, o viceversa, porque la recurrente esté exenta de la obligación o sea beneficiaria de la justicia gratuita-, y que, como ha venido estableciendo la Sala en relación con el precepto equivalente de la derogada Ley de Procedimiento Laboral (LPL), obedecen a finalidades distintas pues si el objeto de la consignación del art. 230 LRJS "no es sólo el de garantizar la ejecución futura, sino el de asegurar un rápido cumplimiento de la sentencia de condena una vez que alcance firmeza, sin dilatorios trámites de ejecución" ( STC 64/2000 , y AATS 20/02/2001, rec. queja 4794/2000 ; 24/02/2004, rec. queja 64/2003 ; 09/02/2004, rec. queja 62/2003 ; y 03/04/2011, rec. queja 5/2011 , entre otros), la finalidad del depósito se concreta en evitar recursos dilatorios ( ATS 18/02/2003 , rec. súplica 4127/2012), y "disuadir a los litigantes de la formulación de recursos manifiestamente infundados" ( ATS 22/07/2000, rec. queja 2451/2000 ), garantizando la seriedad de propósito del recurrente. Como indica el ATS 17/06/2002 (rec. súplica 346/2002 ) "esta clara distinción entre las dos previsiones impide que la doctrina jurisprudencial que interpreta la regulación de una de ellas sea aplicable o extensible a la otra".
A lo que habría que añadir que la LRJS prevé la posibilidad de constituir la consignación o el aseguramiento con carácter solidario ( art. 230.1. páf. 2º LRJS ), cristalizando así la doctrina de la Sala establecida durante la vigencia de la LPL (por todas, STS 05/06/2000, RCUD 2469/1999 ) que no tenía una previsión igual; pero no hace lo mismo respecto del depósito ya que el art. 229 LRJS no realiza indicación alguna sobre dicha posibilidad.
En cuanto a la segunda razón aducida, porque el asunto ya ha sido resuelto por esta Sala en el ATS anteriormente citado de 18/02/2003 (rec. súplica 4127/2002 ), donde se planteaba la misma cuestión pues también en ese caso las empresas integrantes de un grupo de empresas habían sido condenadas de forma solidaria y recurrían en casación para la unificación de doctrina bajo una misma dirección, y realizando un único depósito, siendo el problema debatido si bastaba con ese depósito para la admisión del recurso o era, por el contrario, necesario que todos los interesados en el mismo lo constituyeran. La Sala parte del hecho de que los recurrentes, aunque actuaban unidos por la misma representación, defendían intereses diversos pues habiendo sido condenados como responsables solidarios pretendían que esa solidaridad quedara sin efecto, manteniendo en definitiva posiciones encontradas, concluyendo por ello que "la diversidad de intereses que refleja el recurso justifica aquí la diversidad de depósitos para garantizar que ninguno de los interesados pueda aprovecharse de un recurso dilatando la firmeza de la sentencia, contra la finalidad perseguida por la norma".
La Sala se había pronunciado en el mismo sentido en otros supuestos anteriores. Así, en el citado ATS 17/06/2002 (rec. súplica 346/2002 ), se condenó solidariamente a las empresas demandadas por constituir un grupo empresarial, y planteaban todas ellas recurso sin realizar más que un depósito, insistiendo la Sala en la necesidad del depósito individual, para garantizar así que el objeto de dicha obligación legal no quede defraudado, pues "de lo contrario, los recurrentes que no depositan podrían abusar impunemente del mismo". También en el ATS 22/07/2000 (rec súplica 2451/2000 ), las cuatro empresas demandadas fueron condenadas solidariamente, recurriendo todas ellas con un solo depósito, con lo que es claro -indica dicha resolución- que "no se ha soportado en debida forma por las recurrentes la carga establecida por el [antiguo] art. 227.1 de la LPL para todo aquél que intente la interposición del recurso que nos ocupa, pues con un solo depósito de 50.000 pesetas, legalmente establecido para cada una, pretenden soportar esta carga las cuatro". Finalmente, en el supuesto del ATS 10/12/1998 (rec queja 1325/1998 ) las empresas eran condenadas solidariamente a las consecuencias legales del despido improcedente, y recurriendo dos de ellas, sólo una realizaba el depósito y la consignación para recurrir; frente a la alegación de la solidaridad como fundamento de su actuación el auto de esta Sala razona que "no hay infracción de los arts. 1137 [y siguientes] del Código civil , pues la solidaridad de la obligación actúa cuando es firme, pero no puede invocarse cuando queda "sub iudice" y no es actuada voluntariamente por quien cumple el requisito del depósito o del afianzamiento. El razonamiento es llano: Si el recurso de quien ha depositado o afianzado es estimado, habrán de serle devueltos los depósitos y levantado el aval establecido respecto de él, con lo que quedará la obligación de los restantes obligados, sin depósito ni caución. Sólo mediante su afección conjunta y solidaria a las obligaciones de cada uno de los condenados y recurrentes, podrá un sólo depósito o una sóla caución, ser útil para cubrir el requisito legal, en relación con cada uno de aquéllos y en tanto en cuanto lo sea. Pero no cuando se limite al deber individualizado, que puede obtener resultado favorable en el recurso, y seguir la suerte prevista en el artículo 226.3 de la misma Ley de Procedimiento Laboral ".
Por consiguiente, a la misma conclusión hay que llegar necesariamente en este caso, sin que pueda apreciarse la infracción del art. 24.1 CE , porque ninguna indefensión se causa a la recurrente que nada alega al respecto más allá de la mera alusión retórica al derecho, y lo mismo cabe decir de la falta de tutela judicial efectiva igualmente alegada sin más precisiones, pues como señala el citado ATS de 22/07/2000 (rec. súplica 2451/2000 ), "el art. 117.3 CE manda a los Órganos jurisdiccionales ejercer su potestad conforme a las normas de competencia y procedimiento legalmente establecidas, de tal suerte que las normas procesales son de obligado cumplimiento, por mandato constitucional, y la tutela judicial efectiva que consagra el citado art. 24.1 debe prestarse con estricto acatamiento de la legalidad procesal.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Desestimar el recurso de queja presentado por el Letrado D. Francisco Gómez Agudo, en nombre y representación de ROYAL AL ANDALUS SA, y de SEGETUR SA, LAVANDERÍA TURÍSTICA DEL SUR SL, PROTURIN SA, PLANET HOTELES SA, ROYAL PREMIER HOTELES SA, ARRENDAMIENTOS HOTELEROS DEL SUR SA, Y HACIENDA REAL LOS OLIVOS SA, contra el auto dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga) de fecha de 29 de noviembre de 2013 .
Contra este auto no cabe recurso.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
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