STS, 3 de Febrero de 1997
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| Número de Recurso | 136/1994 |
| Fecha de Resolución | 3 de Febrero de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Febrero de mil novecientos noventa y siete.
VISTO por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los señores al margen anotados, el recurso de casación que con el número 136 de 1994, ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración del Estado, contra la sentencia 9 de junio de 1993, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Novena, recaído en el recurso número 1115/92, seguido ante la misma por el trámite procesal de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, contra resolución de la Delegación del Gobierno de Madrid, por la que se decretaba la suspensión y cierre cautelar de actividad del establecimiento llamado "Octógono". Siendo parte recurrida D. Juan Carlos , que no se ha personado ante esta Sala pese a estar debidamente emplazado. Oído el Ministerio Fiscal.
La sentencia recurrida contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice: "FALLAMOS: Que estimando el recurso contencioso-administrativo formulado por el Letrado D. Fernando Rubio Ferreiro, en nombre y representación de D. Juan Carlos , contra la resolución de 25 de mayo de 1992, dictada por la Delegación del gobierno de Madrid, de adopción de la medida cautelar de suspensión de la actividad del "Pub Octógono", debemos declarar y declaramos que dicha resolución vulnera, en el sentido declarado, el artículo 24 de la Constitución; con imposición de costas a la parte demandada".
Notificada la anterior resolución, el Abogado del Estado, presentó escrito preparatorio de recurso de casación al amparo del art. 95 de la Ley jurisdiccional, recayendo providencia de la Sala de instancia por la que se tuvo por preparado dicho recurso, acordándose la remisión de las actuaciones y el emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo, ante la que ha comparecido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal.
En su escrito de personación, el Abogado del Estado, formalizó la interposición del recurso de casación con arreglo a lo dispuesto en el art. 95.1.4º de la Ley de la Jurisdicción y en el que después de exponer razonadamente los motivos en que lo apoya, Suplica a la Sala.....dicte sentencia por la
que estimando el recurso, se case y anule la resolución recurrida en los términos de su escrito.
Instruido el Magistrado Ponente designado, da cuenta a la Sala, acordándose la admisión del recurso.
El Ministerio Fiscal, en la representación que le es propia, entiende que procede estimar el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado.
Conclusas las actuaciones, se señaló para la deliberación y fallo el día 28 de enero de 1997, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
Es objeto de este recurso contencioso-administrativo de protección de los derechos fundamentales una resolución de la Delegación del Gobierno de Madrid, por la que se acordó la incoación de expediente sancionador al propietario del establecimiento OCTÓGONO, conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, adoptándose, como medida cautelar "a la vista de la naturaleza y gravedad de los hechos que afectan a la salud pública y en defensa del mantenimiento de la seguridad ciudadana, de conformidad con lo prevenido en el artículo 36 de la mencionada Ley", la suspensión de la actividad que se ejercía en el citado establecimiento, con cierre del mismo, sin que pudiera exceder esta medida de tres meses.
La Sala de instancia, partiendo de la doctrina de que el derecho a la presunción de inocencia es compatible con la adopción de medidas cautelares, siempre que no resulten desproporcionadas, entendió vulnerado el artículo 24 de la Constitución, por concurrencia de la indicada desproporcionalidad, dada la ambigüedad de los hechos relatados como constitutivos de tráfico de estupefacientes, cuya concreción considera ausente e insuficiente para justificar la medida adoptada. En este sentido, señala la sentencia impugnada que los hechos que constan son:
"En la providencia de incoación del expediente se dice que se procedió a "la detención de D. Armando , cuando se encontraba vendiendo sustancia estupefaciente en el interior del establecimiento denominado Octógono". En la Diligencia extendida en la Comisaría Local de Fuenlabrada, se hace constar que "observando a los clientes del referido local pudieron comprobar que diferentes personas se dirigían al presentado, el cual en algunas ocasiones se introducía en los servicios saliendo momentos después y en otras se quedaba en las inmediaciones de un futbolín, donde después de recibir dinero entregaba en mano algo a las personas con las que contactaba", que " no han podido ser identificadas dado que estas abandonaban el local una vez realizado el intercambio". Así mismo se hace constar que al detenido le fueron ocupados: "una papelina al parecer de cocaína, envuelta en papel de plata de color dorado; dos tiras del mismo tipo de papel en que se encuentra la sustancia anteriormente descrita; una navaja tipo estilete, de unos siete centímetros con cachas de madera y en su punta con posibles restos de sustancia estupefaciente; cincuenta y una mil pesetas...".
El Abogado del Estado, al amparo del artículo 95-1-4º de la Ley de la Jurisdicción, considera infringido el artículo 24 de la Constitución, al haber sido éste interpretado por la jurisprudencia indicando que la única exigencia es que la medida cautelar sea proporcionada al fin perseguido del buen fin del expediente sancionador, circunstancia que resultaría perfectamente acreditada en las actuaciones administrativas, destacando, en apoyo de su tesis, el informe del Comisario Jefe en relación con el pliego de descargos formulado en su día por el interesado, del que resultan una serie de circunstancias, que avalarían que el tráfico de drogas en el establecimiento era patente, y manifiesto.
En sentencias de 26 de mayo de 1989 y de 4 de febrero de 1991, el Tribunal Supremo ha declarado que la actividad cautelar de la Administración en los expedientes sancionadores pretende únicamente a evitar que el ilícito se produzca o que, producido, prolongue sus efectos o que el mismo se pueda reiterar, porque precisamente por esa finalidad de la cautela, bastará con que el que la aplique se encuentre habilitado para ello, en función de la idoneidad o adecuación de la medida para evitar la pervivencia o repetición del resultado lesivo de la irregular conducta, en relación con la racionalidad y oportunidad de su adopción, que por su propia naturaleza no requiere la plena probanza y acreditación de los hechos ilícitos, lo que es propio de la resolución de fondo propiamente sancionadora, sino la fundada probabilidad de los mismos, basada en datos concretos y expresados, sin que ello presuponga la infracción del principio de presunción de inocencia, tal como ha declarado el Tribunal Constitucional en sentencia de 26 de noviembre de 1984.
En este caso, legitimada en abstracto la posibilidad de adoptar medidas cautelares como la que constituye el objeto del litigio en el artículo 36-1-c) de la citada Ley de Seguridad Ciudadana, la justificación de su proporcionalidad viene determinada, de una parte, de la posibilidad de que, según los datos ofrecidos por la actuación policial, efectivamente pudiera darse la conducta de tolerancia o falta de la exigible diligencia del propietario del establecimiento respecto del trafico o consumo de drogas que eventualmente se realizara en el mismo y, de otro, la notoria importancia, desde el punto de vista del interés público, de evitar la persistencia, en su caso, de dichas actividades, todo ello, por supuesto, sin prejuzgar si realmente la infracción ha sido o no cometida.
Al estimarse el motivo de casación y desestimar el recurso contencioso-administrativo, debemos imponer las costas de la instancia a la parte demandante (artículo 10-3 de la Ley 62/1978) y, encuanto a las del recurso de casación, ordenar que cada parte satisfaga las suyas (artículo 102-2 de la Ley
de la Jurisdicción).
Que, primero, estimamos el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 9 de junio de 1993, dictada en el recurso 1115/92, que casamos; segundo, declaramos que la resolución de la Delegación de Gobierno de Madrid, de 25 de mayo de 1992, sobre suspensión de la actividad del Pub Octógono, no vulnera la presunción de inocencia garantizada por el artículo 24 de la Constitución; tercero, imponemos las costas de la instancia a la parte actora y respecto a las del recurso de casación ordenamos que cada parte satisfaga las suyas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el mismo día de su fecha. Lo que certifico.
-
STSJ Cataluña 11425, 2 de Diciembre de 2005
...ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo. En sede de medidas cautelares, tal como nos dice el Tribunal Supremo (STS de 3 de febrero de 1997 [RJA 1997\920 ] y las que en ella se citan), la actividad cautelar que lleva a cabo la Administración en los expedientes sancionadores preten......
-
STSJ Comunidad Valenciana 52/2008, 18 de Enero de 2008
...general, tal como ha declarado el Tribunal Constitucional en sentencia de 26-11-84, Abundando en la misma tesis, el Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de febrero de 1997, afirma que en sentencias de 26 de mayo de 1989 y de 4 de febrero de 1991, el Tribunal Supremo ha declarado que la activ......
-
SAP Pontevedra 166/2014, 7 de Mayo de 2014
...(como exponente de la cual, con valor ejemplificativo, pueden citarse las SSTS 16.6.84, 22.9.86, 2.11.89, 3.12.93, 2.12.94, 17.3.95, 3.2.97, 13.7.97 ); parecer jurisprudencial acaso injusto en ocasiones, cuando se hace recaer sobre el patrimonio más solvente la responsabilidad última de tod......
-
STSJ Comunidad de Madrid 585/2011, 30 de Junio de 2011
...la autoridad que finalmente la adoptó ningún obstáculo se alza contra su validez. En este sentido se han pronunciado las sentencias del Tribunal Supremo de 03-02-1997, dictada en el recurso 136/1994, cuando dice : "... En sentencias de 26 de mayo de 1989 y de 4 de febrero de 1991, el Tribun......
-
Provisión y cese por el sistema de libre designación como instrumento para la mejora de la ética y la profesionalidad en la gestión pública
...a este punto, hemos de dar por superados anteriores pronunciamientos jurisprudenciales como los contenidos, v. gr., en las SSTS de 3 de febrero de 1997 y 30 de noviembre de 1999, donde sobre la base de la afirmación de una potestad de libre designación para nombramientos de cargos judiciale......