STSJ Andalucía 1377/2014, 19 de Mayo de 2014
| Ponente | JESUS RIVERA FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TSJAND:2014:4728 |
| Número de Recurso | 2782/2008 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 1377/2014 |
| Fecha de Resolución | 19 de Mayo de 2014 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
RECURSO NÚMERO 2782/2008
SENTENCIA NÚM. 1377 DE 2014
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:
PRESIDENTE
D. RAFAEL TOLEDANO CANTERO
MAGISTRADOS
Dª INMACULADA MONTALBÁN HUERTAS
D. ANTONIO CECILIO VIDERAS NOGUERA
D. JESÚS RIVERA FERNÁNDEZ
_________________________________________
En la ciudad de Granada, a diecinueve de mayo de dos mil catorce.
Visto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 2782/2008, de cuantía 620.449 #, interpuesto por
D. Felicisimo, representado por el Procurador de los Tribunales D. Adolfo Clavarana Caballero, y dirigido por el Letrado D. Manuel Archilla Sánchez, contra la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, COMISIÓN PROVINCIAL DE VALORACIONES DE JAÉN, representada y dirigida por el Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía D. Antonio Luis Fernández Mallol.
En fecha 23 de diciembre de 2008, la parte actora presentó escrito de interposición de
recurso contencioso-administrativo frente a la resolución que más adelante se dirá, acordándose reclamar el expediente administrativo.
Recibido el expediente administrativo, se dio traslado a la parte actora para que dedujera la oportuna demanda, lo que verificó, presentando, en fecha 18 de marzo de 2011 demanda de recurso contencioso-administrativo, en la que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminó suplicando que "...se dicte en su día sentencia por la que estimando íntegramente la demanda anule el Acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones de Almería de 16 de Mayo de 2.008, dictado en pieza separada 63/2007 declare no ser ajustado a derecho, fijando el justiprecio de la finca de mi representado en la cantidad de 620.445.- Euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde el 2 de Marzo de 2006, con expresa condena en costas a la demandada".
Dado traslado a la parte demandada para contestación de la demanda, lo evacuó mediante escrito presentado el día 13 de octubre de 2011, en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminaba suplicando que se "...tenga por contestada la demanda, dictando en su día Sentencia por la que se desestime la demanda, confirmando íntegramente la resolución recurrida".
Acordado el recibimiento a prueba por plazo legal para proponer y practicar, en dicho período se practicaron aquellas pruebas que, propuestas en tiempo y forma por las partes, la Sala admitió y declaró pertinentes, incorporándose las mismas a los autos con el resultado que en éstos consta.
Declarado concluso el período de prueba, y al no estimarse necesario por la Sala la celebración de vista pública, se acordó darles traslado para conclusiones escritas, cumplimentándose el mismo mediante escrito en que reiteraron las peticiones contenidas en los de demanda y contestación. Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.
Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JESÚS RIVERA FERNÁNDEZ, quien expresa el parecer de la Sala.
Es objeto de impugnación en el recurso contencioso administrativo el Acuerdo de la
Comisión Provincial de Valoraciones de Almería (en adelante, CPV), de fecha 9 de octubre de 2008, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra al Acuerdo del propio órgano, de fecha 30 de junio de 2008, que, en el expediente número NUM000, dimanante de la Expropiación Forzosa de la finca propiedad del actor, D. Felicisimo, 21 del plano parcelario del municipio de Enix (Almería), clasificada como suelo no urbanizable, promovida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, siendo ésta beneficiaria, para la obra "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA AL-411 DESDE LA AUTOVÍA ADRA-PUERTO LUMBRERAS HASTA LA INTERSECCIÓN CON FELIX, LA ENVÍA GOLF", fijó el justiprecio en la cantidad de 43.715,70 #. En vía administrativa, el recurrente formuló hoja de aprecio solicitando se fijase el justiprecio en la cantidad de 584.010 #, más el premio de afección y el interés legal desde la fecha de la ocupación de la finca y hasta el pago del justiprecio, así como que se determinase la cantidad de 6.890 # por ocupación temporal.
La expropiación de la finca (franja de terreno irregular) fue parcial, afectando a 6.489 m2 de superficie y 2.700 m2 de ocupación temporal.
Conviene recordar que, en materia expropiatoria, según consolidada doctrina jurisprudencial, es relevante el principio del favor acti, en cuya virtud se concede a los Acuerdos del Jurado de Expropiación Forzosa (doctrina trasladable a las Comisiones Territoriales de Valoración de las Comunidades Autónomas) una presunción de legalidad y acierto que los hacen merecedores de ser acogidos con el crédito y autoridad que se desprende de su doble composición técnica y jurídica y de su especialización, si bien tal presunción, como iuris tantum que es, puede, y debe, ser revisada en esta vía jurisdiccional, tanto en los supuestos de notorio error de hecho o de infracción de preceptos legales, como en aquellos otros en que se acredite una desajustada apreciación de los datos materiales o la valoración no esté en consonancia con la resultancia fáctica del expediente, representativos de un desajustado justiprecio acreditativo de la falta de compensación material para el expropiado que el instituto de la expropiación comporta, aunque, a la luz de tales principios -los de sustitución patrimonial íntegra y equivalencia consustantiva-, lo que no cabe es sustituir pura y simplemente el criterio del Jurado por el del expropiado, ni siquiera por el del Tribunal, ni aun por el dictamen pericial practicado en autos, a menos que este dictamen tenga la adecuada fuerza de convicción por apoyarse en presupuestos fácticos y legales que avalen sus conclusiones. También se ha dicho por esta Sala que la valoración del Jurado está amparada por la presunción de acierto de las resoluciones de esta clase de órganos, no siendo dable aceptar que la prueba que se aporte en contra de la corrección del acuerdo del JEF sea el informe que se adjunte por el recurrente junto con su hoja de aprecio, ya que se incorpora al expediente administrativo a su instancia y, por tanto, no reúne los requisitos necesarios para desvirtuar la presunción de legalidad y acierto de las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación ( sentencias del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1989, 18 de mayo de 1992, 30 de marzo de 1993, 12 de abril de 1995, pues el informe aportado por el interesado con su hoja de aprecio tiene carácter necesariamente parcial ( sentencias de 30 de junio de 1992, de 26 de enero y 30 de marzo de 1993 ), por lo que no puede prevalecer por sí solo sobre los acuerdos del Jurado.
A este respecto, insistiendo en la misma idea, establece la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 26 de noviembre de 1998 (ponente, Excmo. Sr. D. Francisco González Navarro), que: "En sentencia de 3 de mayo de 1993 (R. 3697) la Sala 3ª, Sección 6ª, del Tribunal Supremo manifiesta que es jurisprudencia consolidada de esta Sala del Tribunal Supremo que las resoluciones de los Jurados gozan de la presunción "iuris tantum" de veracidad y acierto en sus valoraciones, que puede quedar desvirtuada en vía jurisdiccional cuando se acredite un notorio error material o una desajustada apreciación de los datos fácticos probatorios o infracción de los preceptos legales, reveladores de que el justiprecio señalado no corresponde al valor del bien o derecho expropiado( Sentencias de esta Sección Sexta de 12-3-1991 ), 4-6-1991 ), 14-10-1991 ) y 27-2-1991 ), de manera que no es legítimo sustituir, sin pruebas que lo justifique, el criterio valorativo del Jurado por el del Tribunal".
En los mismos términos se expresa la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 20 de noviembre de 1997 (ponente, Excmo. D. Juan José González Rivas) cuando señala que: "A mayor abundamiento, es de tener en cuenta que esta Sala, en reiterada jurisprudencia (sentencias de 28 de noviembre de 1986, 30 de junio y 20 de octubre de 1986, 17 de mayo de 1989, 8 de marzo de 1990 y otras muchas posteriores) ha afirmado la presunción de veracidad y acierto de las decisiones en materia de justiprecio que adoptan los Jurados de Expropiación Forzosa, reconociendo la capacidad técnica y jurídica de sus componentes y la independencia que reviste sus juicios al no encontrarse vinculados a los intereses en juego, mientras no se demuestre haber sufrido un error o desviación de los que resulte manifiestamente injusta la indemnización fijada, criterio este último reiterado por el Abogado del Estado. En consecuencia, para desvirtuar dicha presunción no hubiesen sido suficientes los dictámenes e informes aportados por las partes, sin las garantías y formalidades propias de la prueba practicada en el proceso, que además no se ha practicado por la Sala de instancia, si bien la jurisprudencia mitiga los excesos de la expresada presunción, poniendo de manifiesto que un acuerdo sin fundamentar o concretar suficientemente por parte del Jurado, no puede prevalecer, a salvo la existencia de otros elementos probatorios frente a una prueba pericial practicada regularmente en el proceso si ésta tiene carácter circunstancial y razonado y su fundamentación resulta convincente y comporta, en definitiva, la...
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