STS, 28 de Mayo de 2014

PRIMERO. - Con fecha 12 de abril de 2007, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, dictó sentencia en el recurso nº 321/2005 , cuyo fallo acuerda: "1º).- Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 321/2005 interpuesto por la entidad Paorcal S.L, representada por la procuradora Dª Elena Cobo del Guzmán Pisón y defendida por Letrado contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Segovia de fecha diecisiete de junio de dos mil cinco, por la que se fija el justiprecio de la finca número B-4001-085 con referencia catastral parcela 247 del polígono 2 del término municipal de Segovia, afectada de expropiación por las obras de construcción del Proyecto: "Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España. Tramo: Segovia-Valladolid"; por no ser conforme a derecho. 2º).- Y en virtud de dicha estimación parcial se acuerda que el justiprecio correspondiente a la expropiación de los 1.607 m2 de suelo de la finca número B-40001-085 con referencia catastral parcela 247 del polígono 2 del término municipal de Segovia, afectada de expropiación por las obras de construcción del Proyecto: "Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España. Tramo: Segovia-Valladolid" es de 56.581,05 €, más el cinco por ciento de premio de afección. Y que una vez descontadas las cantidades entregadas o depositadas a cuenta reseñadas en el acta de ocupación, dicho justiprecio devengará los intereses de demora señalados y a computar de conformidad con lo previsto en el párrafo final del Fundamento de Derecho séptimo de esta resolución, y todo ello sin hacer especial imposición de las costas procesales devengadas en el presente recurso a ninguna de las partes personadas".

SEGUNDO. - Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de casación por "Paorcal, S.L.", que fue desestimado por sentencia de 8 de marzo de 2011, dictada por la Sección Sexta de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

TERCERO. - Mediante escrito presentado el 12 de abril de 2012 ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la representación procesal de "Paorcal, S.L." insta la revisión de la sentencia de 12 de abril de 2007, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el recurso nº 321/2005 . Funda la revisión en el artículo 102.1.a) de la LRJCA , al haberse obtenido un documento decisivo no aportado por causa de fuerza mayor al haber sido ocultado por al Abogado del Estado en la instancia, consistente en Informe Pericial emitido el 29 de marzo de 2006 por D. Severiano en el recurso nº 221/2005 seguido ante la citada Sala de Burgos, y que fue asumido de forma incomprensible, pues no concurría conexión entre ambos procedimientos, por la sentencia objeto de revisión en su argumentación justificativa del justiprecio. Alega que la no aportación de dicho Informe al procedimiento de instancia sólo es imputable al Abogado del Estado, quien, haciendo referencia al mismo de forma somera en el escrito de aclaraciones al informe pericial practicado en autos y reproduciéndolo sólo de forma parcial y limitada, careciendo de todo tipo de identificación, no solicitó en ningún momento la extensión de sus efectos al procedimiento a través del trámite del artículo 61.5 de la LRJCA . Añade que el documento en cuestión fue acogido por la sentencia objeto de revisión, y por ello la totalidad de los criterios contenidos en el mismo, por lo que el mismo resulta decisivo.

CUARTO .- Por providencia de 21 de junio de 2012 se tuvo por personada a la parte recurrente, acordándose librar despacho a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, para que emplazara en forma a cuantos hubieran sido parte en el recurso, y remitiera a esta Sala Tercera el citado rollo.

QUINTO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda, interesando su inadmisión, en primer lugar, por extemporánea, al haberse presentado fuera de los tres meses establecidos por el artículo 512.2 de la LEC ; en segundo lugar, porque estamos ante un supuesto típico de infracción de un derecho fundamental, por lo que se debió de haber acudido al incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo 241 de la LOPJ , lo cual debió de haberse efectuado en el plazo de 20 días siguientes al de la notificación de la sentencia; y en tercer lugar, porque la sentencia devino firme por no haber sido consentida, ya que contra la misma pudo interponerse recurso de casación. Subsidiariamente, solicita la desestimación de la demanda, pues no concurren los requisitos exigidos por el artículo 102.1.a) de la LRJCA .

SEXTO .- Por Auto de 17 de enero de 2013, confirmado por Auto de 27 de junio siguiente, se acordó no haber lugar a recibir el recurso a prueba.

SÉPTIMO .- Recabado al Ministerio Fiscal el preceptivo informe, lo emitió en el sentido de que el recurso debe inadmitirse, ya que "la limitada exposición que sobre el referido requisito temporal efectúa el escrito de interposición del recurso no permite determinar, con la rotundidad exigible en derecho, la realidad de la fecha de «descubrimiento» del documento recobrado, cuestión que a la entidad mercantil incumbe especificar y acreditar ( STS 21/07/2011 Rec. Rev. 3/2009 ). La providencia de 22/02/12, de la que la recurrente hace partir su conocimiento, no acredita suficientemente tal extremo, y desde que se dictó hasta la fecha de interposición del recurso de revisión se supera el período legal de tres meses, por lo que su interposición sería extemporánea. Además el Abogado del Estado identificó en el escrito de conclusiones que el informe pericial del Sr. Severiano había sido emitido en el recurso 221/05 de la misma Sección (f. 687), que ordenó trasladar por providencia de 15/03/2007 copia del escrito de conclusiones a la representación procesal de Paorcal (f. 697), lo que, ante su plena identificación, no hace sino abundar en la extemporaneidad de la presentación del recurso de revisión". En cuanto al fondo, interesa la desestimación del motivo de revisión, alegando, en síntesis, que el documento en cuestión no puede entenderse que haya sido recobrado tras haber sido retenido por fuerza mayor o por obra de la Abogacía del Estado, y no estaba oculto, ya que el Abogado del Estado hizo constar en el escrito de conclusiones que el Informe pericial del Sr. Severiano constaba en el recurso número 221/2005. Añade que la sentencia impugnada incorporó la prima de riesgo como elemento corrector del justiprecio, teniendo Paorcal oportunidad de criticarlo en su escrito de conclusiones, y que el contenido del informe no permite inferir que por ser decisivo habría cambiado el sesgo de la resolución del proceso.

OCTAVO . - Señalada, para votación y fallo, la audiencia del día 22 de mayo de 2014, tuvo lugar en esa fecha la referida actuación procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Valverde, Magistrado de la Sala

PRIMERO .- Se impugna, a través del presente recurso de revisión, la sentencia de 12 de abril de 2007, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el recurso nº 321/2005 , sobre justiprecio por expropiación, fundándose la revisión en el artículo 102.1.a) de la LRJCA , por haberse recobrado, después de pronunciada la sentencia, un documento decisivo no aportado por causa de fuerza mayor.

La doctrina general, representada, entre otras, por la sentencia de esta Sala de 12 de junio de 2009 (recurso de revisión nº 10/2006 ), entiende que el recurso de revisión es un remedio de carácter excepcional y extraordinario en cuanto supone desviación de las normas generales. En función de su naturaleza ha de ser objeto de una aplicación restrictiva. Además ha de circunscribirse, en cuanto a su fundamento, a los casos o motivos taxativamente señalados en la Ley. El recurso de revisión debe tener un exacto encaje en alguno de los concretos casos en que se autoriza su interposición.

Lo anterior exige un enjuiciamiento inspirado en criterios rigurosos de aplicación, al suponer dicho recurso una excepción al principio de intangibilidad de la cosa juzgada. Por ello sólo es procedente cuando se den los presupuestos que la Ley de la Jurisdicción señala y se cumpla alguno de los motivos fijados en la ley. El recurso de revisión ha de basarse, para ser admisible, en alguno de los tasados motivos previstos por el legislador, a la luz de una interpretación forzosamente estricta, con proscripción de cualquier tipo de interpretación extensiva o analógica de los supuestos en los que procede, que no permite la apertura de una nueva instancia ni una nueva consideración de la litis que no tenga como soporte alguno de dichos motivos.

Por su propia naturaleza, el recurso de revisión no permite su transformación en una nueva instancia, ni ser utilizado para corregir los defectos formales o de fondo que puedan alegarse. Es el carácter excepcional del recurso el que no permite reabrir un proceso decidido por sentencia firme para intentar una nueva resolución sobre lo ya alegado y decidido para convertir el recurso en una nueva y posterior instancia contra sentencia firme. El recurso de revisión no es, en definitiva, una tercera instancia que permita un nuevo replanteamiento de la cuestión discutida en la instancia ordinaria anterior, al margen de la propia perspectiva del recurso extraordinario de revisión. De ahí la imposibilidad de corregir, por cualquiera de sus motivos, la valoración de la prueba hecha por la sentencia firme impugnada, o de suplir omisiones o insuficiencia de prueba en que hubiera podido incurrirse en la primera instancia jurisdiccional. Quiere decirse con lo expuesto que este recurso extraordinario de revisión no puede ser concebido siquiera como una última o suprema instancia en la que pueda plantearse de nuevo el caso debatido ante el Tribunal "a quo", ni tampoco como un medio de corregir los errores en que, eventualmente, hubiera podido incurrir la sentencia impugnada.

Es decir, aunque hipotéticamente pudiera estimarse que la sentencia firme recurrida había interpretado equivocadamente la legalidad aplicable al caso controvertido o valorado en forma no adecuada los hechos y las pruebas tenidos en cuenta en la instancia o instancias jurisdiccionales, no sería el recurso de revisión el cauce procesal adecuado para enmendar tales desviaciones.

El llamado recurso extraordinario de revisión no es una nueva instancia del mismo proceso, sino que constituye un procedimiento distinto e independiente cuyo objeto está exclusivamente circunscrito al examen de unos motivos que, por definición, son extrínsecos al pronunciamiento judicial que se trata de revisar.

SEGUNDO .- Con carácter previo a entrar, en su caso, en el fondo del asunto, ha de examinarse, por ser cuestión de orden público procesal y por ello de obligada resolución, las causas de inadmisibilidad opuestas por el Sr. Abogado del Estado y por el Ministerio Fiscal.

En relación con la alegación de extemporaneidad de la demanda, debe señalarse que el art. 512 de la LEC , tras establecer en el apartado 1, para la interposición del recurso de revisión, un primer plazo general de cinco años respecto de la fecha de publicación de la sentencia impugnada, contempla en el apartado 2 un segundo plazo dentro de aquél, que se concreta en los tres meses desde el día en que se descubriesen los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude o en que se hubiere reconocido o declarado la falsedad.

En el presente caso, tanto se atienda a la fecha de la sentencia de instancia (12 de abril de 2007 ) como a la fecha de la sentencia de casación (8 de marzo de 2011 ), se respeta el primer plazo, puesto que la interposición del recurso de revisión tuvo lugar el 12 de abril de 2012, pero no así el segundo.

En efecto, la parte recurrente manifiesta, en relación con el plazo establecido por el artículo 512.2 de la LEC , que el recurso se interpone "dentro de los tres meses siguientes al del día en que se descubrieron los documentos decisivos", especificando en el Antecedente de Hecho segundo (en realidad es el tercero) de su demanda el momento en que tuvo conocimiento del Informe pericial emitido por D. Severiano , al manifestar que "a través de la Sentencia dictada por esa Sala del Tribunal Supremo de fecha 19 de diciembre de 2011, en el Recurso de Casación 3709/2008 , instado por (...) contra la Sentencia 16 de mayo 2008 por el TSJ Castilla y León, sede Burgos, Sección 1ª en el RCA 148/2006 , esta parte ha tenido conocimiento de dicho Informe pericial aplicado por la referida Sala del TSJ al unirse éste, como consecuencia de la nulidad acordada por la referida Sentencia de Casación, mediante providencia de fecha 22 febrero 2012".

Atendiendo a dichas alegaciones se cumpliría con el plazo establecido por el artículo 512.2 de la LEC , pues desde el 22 de febrero de 2012 (fecha en que se reconoce que se ha tenido conocimiento del documento "recobrado") hasta el 12 de abril de 2012 (fecha en que se interpone el recurso de revisión), no ha transcurrido el plazo de tres meses establecido por dicho artículo.

Ahora bien, y como manifiesta el Ministerio Fiscal, el Sr. Abogado del Estado hizo constar, en su escrito de conclusiones presentado ante la Sala de instancia, que el Informe pericial del Sr. Severiano fue evacuado en el recurso contencioso- administrativo seguido ante al Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, con el número 221/2005 , y de dicho escrito de conclusiones tuvo conocimiento la representación procesal de la mercantil aquí demandante el día 24 de enero de 2007, fecha en la que se le notificó la providencia del anterior día 23, que acordó dar a la copia de dicho escrito el destino legal, esto es, entregar la copia a las partes, por lo que es evidente que desde ese momento "Paorcal, S.A." conocía el destino del Informe del Sr. Severiano y, en consecuencia, pudo acceder a su contenido, por lo que el recurso de revisión debe inadmitirse por extemporáneo.

TERCERO .- Además, lo razonado en el último párrafo del Razonamiento anterior evidencia que el documento en cuestión no puede entenderse que haya sido "recobrado" con posterioridad al momento en que haya precluído la posibilidad de aportarlo al proceso por haber estado "retenido" por obra o acto de la parte favorecida con la resolución firme, como alega la mercantil recurrente, sino que podía haber sido llevado al procedimiento tramitado en la instancia de la misma forma que ahora se ha obtenido y traído a este recurso de revisión, o haber solicitado a la Sala de instancia su aportación al procedimiento en el que se ha dictado la sentencia aquí objeto de revisión.

CUARTO .- A mayor abundamiento debe señalarse que, de conformidad con lo establecido por el artículo 102.1 de la LRJCA , el recurso de revisión sólo cabe interponerse contra sentencias firmes, bien por no ser legalmente recurrible en apelación o casación, bien por haberse agotado los recursos admisibles.

En relación a si el requisito procesal primario impuesto por el art. 102.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa debe o no entenderse cumplido cuando la sentencia fuera recurrible en apelación o casación y no se hubieran utilizado los recursos admisibles, debe señalarse que el recurso de revisión sólo puede fundarse en los motivos tasados establecidos por el citado artículo, todos ellos referidos a causas acaecidas o conocidas con posterioridad a dictarse la sentencia y, en la mayoría de los casos, con posterioridad a la preclusión de los plazos para interponer el recurso de apelación o preparar el recurso de casación, lo que imposibilitaría la utilización de estos recursos para denunciar a través de los mismos los motivos objeto de revisión.

Cuestión distinta es cuando las causas de revisión fueran conocidas con anterioridad a que la sentencia ganara firmeza, pues en este caso cabe la posibilidad de denunciar a través del recurso pertinente, apelación o casación, la concurrencia de las causas objeto de revisión.

Y en el presente caso, la infracción del artículo 61.5 de la LRJCA , al haber extendido la sentencia los efectos de la prueba pericial practicada en los autos 221/2005 sin previa audiencia de las partes, pudo denunciarse como motivo de casación articulado al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA , y, partiendo de la premisa de que desde el 24 de enero de 2007 no le era desconocido a la aquí recurrente el destino del Informe pericial del Sr. Severiano , la denuncia de que los criterios contenidos en el mismo no eran aplicables al supuesto enjuiciado pudo denunciarse como motivo de casación a través del apartad d) del artículo 88.1 de la LRJCA .

Es cierto que "Paorcal, S.L." interpuso recurso de casación contra la sentencia de 12 de abril de 2007, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el recurso nº 321/2005 , pero no fundó ninguno de los motivos de casación en la indefensión que le había causado la apreciación por la sentencia de la "prima de riesgo" sin permitir su fiscalización, ni en que los criterios contenidos en el informe del perito Sr. Severiano no eran aplicables al supuesto enjuiciado, y sólo tras conocer las sentencias del Tribunal Supremo favorables a los recurrentes, intenta reabrir el proceso principal mediante el presente recurso de revisión, y la denuncia que aquí plantea pudo formularse con anterioridad a través de los motivos de casación previstos por los apartados c ) y d) del artículo 88.1 de la LRJCA .

QUINTO .- Por lo expuesto, y sin necesidad de cualquier otra consideración, procede inadmitir la demanda de revisión, con la obligada imposición de las costas a la parte demandante y pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo dispuesto en las letras c ) y e) del art. 293.1 de la L.O.P.J ., en relación con los arts. 139 de la L.J.C.A . y 516.2 de la L.E.C ., si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 del citado art. 139 de la L.J.C.A ., señala como cantidad máxima por todos los conceptos de la parte recurrida, a efectos de las referidas costas, la cifra de 4.000 euros.

En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.

Que debemos inadmitir e inadmitimos el recurso de revisión interpuesto por "Paorcal, S.L." contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, de fecha 12 de abril de 2007, dictada en el recurso nº 321/2005 , con condena en costas a la recurrente y pérdida del depósito constituido, si bien en cuanto a aquélla se estará al límite indicado en el último de los Fundamentos de Derecho.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Rafael Fernandez Valverde, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.