STS, 13 de Marzo de 2000
| Ponente | MANUEL GODED MIRANDA |
| ECLI | ES:TS:2000:1982 |
| Número de Recurso | 2345/1996 |
| Fecha de Resolución | 13 de Marzo de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Marzo de dos mil.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, los recursos de casación que con el nº 2.345/96 ante la misma penden de resolución, interpuestos, por una parte, por el Procurador Don José Granados Weil, en nombre de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, y, por otra, por el Procurador Don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre de la Generalidad de Cataluña, contra la sentencia dictada el 31 de enero de 1.996 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso nº 2.318/95, seguido por los trámites de la Ley 62/1.978, sobre denegación de solicitud de baja en la mencionada Cámara. Ha comparecido como parte recurrida el Procurador Don Melquiades Alvarez-Buylla Alvarez, en nombre de la entidad mercantil Comercial Distribuidora de Vehículos S.A., y ha formulado escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal.
La sentencia recurrida en casación contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice: "FALLO: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Segunda), ha decidido: PRIMERO.- Estimar el recurso contencioso-administrativo, debiendo declarar nulo de pleno derecho el acuerdo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona de 13 de febrero de 1.995, y la resolución confirmatoria del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalitat de Cataluña de 18 de octubre de 1.995, por vulnerar el artículo 22 de la Constitución; declaración que se efectúa con expresa imposición en costas a la Administración demandada."
Notificada la anterior sentencia, la Sala de instancia tuvo por preparados los recursos de casación promovidos contra la misma por las representaciones procesales de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y de la Generalidad de Cataluña, y, remitidas las actuaciones a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el Procurador Don José Granados Weil, en nombre de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, presentó escrito de interposición del recurso, expresando los motivos en que se ampara y solicitando se dicte sentencia por la que se revoque la impugnada en todos sus pronunciamientos, y se dicte otra nueva en la que se declare la conformidad a derecho de la resolución de 13 de febrero de 1.995 de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y de la de 18 de octubre de 1.995 del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalidad de Cataluña que la confirmó desestimando el recurso ordinario interpuesto contra aquella. El Procurador Don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre de la Generalidad de Cataluña, presentó escrito de interposición del recurso, expresando los motivos en que se ampara y solicitando se dicte sentencia por la que se case dicha sentencia y resuelva declarando la legalidad de la resolución del Secretario General del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalidad, de fecha
18.10.95.
Admitido el recurso, se dió traslado del mismo al Procurador Don Melquiades Alvarez-Buylla Alvarez, en nombre de la entidad mercantil Comercial Distribuidora de Vehículos S.A., para oposición, presentando dicha parte escrito en el que, tras impugnar los motivos del recurso en virtud de las razones que estimó procedentes, solicitó que se dicte sentencia teniendo por impugnados los recursos de casación interpuestos por la Generalidad de Cataluña y la Cámara de Comercio de Barcelona, a quiénes con desestimación de sus recursos se les impongan las costas.
Habiéndose dado traslado del recurso al Ministerio Fiscal, formuló escrito en el que, después de exponer las alegaciones oportunas, entendió que procede su estimación al haber infringido la sentencia impugnada por indebida aplicación el artículo 22 de la Constitución.
El Procurador Don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre de la Generalidad de Cataluña, presentó escrito acompañando copia del fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional 107/1.996, de 12 de junio, y habiéndose dado traslado a la parte contraria, presentaron escritos la representación procesal de Comercial Distribuidora de Vehículos S.A. y el Ministerio Fiscal.
Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia del día 7 de marzo de 2000, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
Comercial Distribuidora de Vehículos S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo, por los trámites del procedimiento de la Ley 62/1.978, contra la resolución de 18 de octubre de 1.995 del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalidad de Cataluña, que desestimó el recurso ordinario promovido contra resolución del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, que denegó su solicitud de baja en la Cámara. La Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia el 31 de enero de 1.996 estimando el recurso y declarando nulos de pleno derecho los acuerdos impugnados por vulnerar el artículo 22 de la Constitución. Contra la referida sentencia han deducido recurso de casación, por una parte, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, y, por otra, la Generalidad de Cataluña.
Supuesto equivalente al planteado en este recurso ha sido ya decidido por sentencia de esta Sala Tercera de 18 de enero de 2.000, pronunciada en el recurso de casación nº 2.124/96, promovido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, por lo que nos sujetaremos a los criterios expuestos en dicha sentencia, tanto, por aplicación del principio de unidad de doctrina como por considerarlos ajustados al ordenamiento jurídico.
La mencionada sentencia de 18 de enero de 2.000 examina los antecedentes jurisprudenciales en la materia, con especial mención de la sentencia del Tribunal Constitucional 132/89, dictada en un asunto referido a las Cámaras Agrarias Catalanas en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 18/1.985, de 23 de julio; sentencia del Tribunal Constitucional 139/89, que contempla el caso de las Cámaras Agrarias reguladas por el Real Decreto 1.336/1.977; sentencia constitucional 113/94, respecto de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana; sentencia del Tribunal Constitucional 179/94, que declaró la inconstitucionalidad de las bases cuarta y quinta de la Ley de 29 de junio de 1.911 y del artículo 1 del Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1.929, en cuanto implicaban la adscripción forzosa a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, criterio reiterado en otras posteriores; y jurisprudencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo recogida en las sentencias de 11 de noviembre de 1.994, 13 de julio de 1.998 y 12 de noviembre de 1.999; en cuyas declaraciones no vamos a detenernos, pues han sido superadas, en cuanto al planteamiento del presente recurso, por la sentencia del Tribunal Constitucional 107/96.
Por su directa incidencia en la cuestión suscitada en el litigio, la sentencia de 18 de enero de 2.000 destaca que el Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia 107/96, de 12 de junio, desestima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia respecto de los artículos 6, 12 y 13 de la Ley 3/1.993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, y este mismo criterio se reitera en la posterior sentencia del Tribunal Constitucional 154/96, de 3 de octubre.
La sentencia 107/96 examina dos puntos controvertidos, respecto a los que fija los siguientes criterios:
-
Si los artículos cuestionados de la Ley 3/1.993 establecen la adscripción forzosa a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación; llegando a la conclusión de que los artículos 6.1, 12 y 13.1 de la Leyimponen el referido régimen de adscripción obligatoria a las Cámaras.
-
Si las funciones atribuidas por el legislador a las Cámaras son suficientes para justificar la adscripción obligatoria a estas Corporaciones de Derecho Público o, por el contrario, no legitiman el sacrificio de la libertad negativa de asociación que recoge el artículo 22.1 de la Constitución. Sobre este segundo punto la sentencia constitucional llega a la conclusión de que la necesidad de la afiliación obligatoria viene determinada por las funciones que la Ley 3/1.993 encomienda a las Cámaras, configurándolas como órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas. Más específicamente el Tribunal Constitucional, examinando los fines atribuidos a las Cámaras de seguridad jurídica, perseguidos con la recopilación de costumbres y usos normativos mercantiles; de eficacia en la actuación administrativa a que se aspira con la función de asesoramiento y sugerencia de reformas; y de promoción de la competitividad exterior pretendida con el Plan Cameral; no encuentra base para concluir que, manifiestamente, tales fines podrían obtenerse sin dificultad por una pluralidad de asociaciones o por la propia Administración, lo que le lleva a la consecuencia de estimar que los preceptos de la Ley 3/1.993 que establecen la adscripción obligatoria a las Cámaras no son contrarios al derecho de libre asociación, en su vertiente negativa, proclamado por el artículo 22.1 de la Constitución.
Analizados previamente, los criterios esenciales de aplicación de la jurisprudencia constitucional (SSTC núms. 107/96 y 154/96), procede examinar, en primer lugar, los motivos de casación que hace valer la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona.
En el primero de dichos motivos se alude, al amparo del artículo 95.1.1 de la LJCA, por incurrir la sentencia recurrida en abuso de jurisdicción, citándose como vulnerados los artículos 161 de la Constitución, 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1, 2 y 3 de la Ley Jurisdiccional Contencioso-Administrativa de 1956.
El análisis de este motivo permite constatar a esta Sala que la denuncia por abuso, exceso o defecto en el ejercicio de jurisdicción debe entenderse comprensivo de los supuestos de decisiones que desconocen los límites de la jurisdicción respecto de otros órdenes jurisdiccionales o de los demás poderes del Estado, como ha destacado el Auto de 19 de enero de 1998 y la doctrina contenida en la sentencia de 26 de junio de 1998, entre otras resoluciones.
En la cuestión examinada, la sentencia de instancia no realiza una actuación que exceda de los límites de la jurisdicción, asumiendo contenidos que están reservados, con exclusividad, al monopolio jurisdiccional del Tribunal Constitucional, en su misión de intérprete supremo y auténtico de la Constitución, cuyas decisiones en materia de constitucionalidad vinculan a todos los poderes públicos del Estado, y tampoco se ha planteado exceso en su actuación jurisdiccional por la circunstancia de haber procedido a una interpretación de la sentencia constitucional 179/94, que llevó a la Sala de instancia a estimar que no existía duda sobre la constitucionalidad de la Ley aplicable al caso.
A mayor abundamiento, esta misma Sala, en sentencias de 13 de julio de 1998 (al resolver el recurso de casación 3496/95) y 12 de noviembre de 1999 (al resolver el recurso de casación nº 9409/95), al examinar un motivo semejante, tiene en cuenta que ya la Sala de instancia, al plantearse cual debía ser el sentido en que hubiera de ser interpretada la Ley, y hallado dicho sentido, lo aplica y no solamente se atiene, como reconoce dicha sentencia, al método normal de indagación judicial del derecho, con criterio seguido por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 12 de junio de 1996, en la que se planteaba el problema de si la Ley 3/93 establecía correctamente la adscripción obligatoria de las Cámaras, sino que, además, se acoge a los mandatos contenidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, especialmente a los previstos en el artículo 5 de dicho cuerpo legal, por lo que no cabe aceptar que la sentencia recurrida se excediera o incurriera en abuso en el ejercicio de la jurisdicción, materia que es totalmente independiente del acierto o error en que haya podido incidir al interpretar las normas concernientes al caso.
Los razonamientos precedentes conducen a desestimar el primero de los motivos de casación interpuesto por la representación procesal de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona.
El segundo de los motivos de casación se fundamenta, al amparo del artículo 95.1.4º, en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico, concretamente en la interpretación llevada a cabo por la Sala de instancia sobre el contenido de la Ley 3/1.993, citándose como vulnerados los artículos 5 a 9, así como en la infracción de la jurisprudencia, mencionándose la sentencia del Tribunal Constitucional 179/94.
La sentencia de instancia considera que los artículos 6 y 13 de la Ley 3/1.993 no son contrarios a laConstitución, e, integrando la interpretación de aquel texto legal con los artículos 22 y 52 de la Norma Suprema, concluye que los comerciantes, industriales y navieros no pueden ser obligados a adscribirse a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, lo que le lleva a estimar el recurso contencioso-administrativo y declarar nulo el acuerdo que denegaba la solicitud de baja en el Censo de la Cámara de Barcelona.
Estos razonamientos sobre el alcance y contenido de la Ley 3/1.993 son contrarios a los postulados básicos de la sentencia del Tribunal Constitucional 107/96, que han permitido concluir en la idea fundamental de que la afiliación obligatoria a las Cámaras viene exigida por los artículos 6 y 13 de la Ley 3/1.993 y que dicha afiliación obligatoria no es contraria al artículo 22 de la Constitución, lo que desvirtúa los argumentos utilizados por la sentencia impugnada.
A tenor de los criterios recogidos en el fundamento de derecho segundo de la presente sentencia al examinar la sentencia del Tribunal Constitucional 107/96, procede pues estimar el segundo de los motivos de casación en que se basa la Cámara Oficial recurrente, entendiendo que la sentencia de instancia ha infringido lo establecido en el artículo 6, en relación con el 13, de la Ley 3/1.993, pues en el momento de la solicitud de baja formulada no era aplicable la Ley de 29 de junio de 1.911, ni la sentencia del Tribunal Constitucional 179/94, sino los citados artículos 6 y 13 de la Ley 3/1.993, que establecen la adscripción obligatoria a las Cámaras de las personas que ejerzan actividades comerciales, industriales o navieras, preceptos declarados conformes al artículo 22.1 de la Constitución por la repetida sentencia del Tribunal Constitucional 107/96.
El último de los motivos en el recurso de casación, promovido por la representación procesal de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, al amparo del artículo 95.1.4 de la Ley Jurisdiccional Contencioso- Administrativa, se fundamenta en la infracción y aplicación indebida del artículo 22 de la Constitución, lo que permite analizar el contenido constitucional del indicado precepto de la Constitución en su perspectiva de libertad asociativa, positiva y negativa.
En este punto, asumiendo los criterios extraídos de la jurisprudencia constitucional, especialmente de la sentencia 107/96, se llega a la conclusión de que existen marcadas reservas en el seno de las organizaciones profesionales a que en su ámbito opere el límite de la libertad negativa de asociación, pues estas agrupaciones de tipo corporativo y de creación legal, no pueden incardinarse sin profundas modulaciones en el ámbito de los artículos 22 y 28 de la Constitución, no pudiéndose predicar respecto de ellas la libertad positiva de asociación y sólo puede tener lugar, con importantes reservas, la sujeción de estas Corporaciones a los requisitos constitucionales derivados del derecho a no asociarse, por lo que partiendo del reconocimiento de la adscripción obligatoria, plenamente correcto, argumentado por la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de junio de 1996, de la que resulta que la Ley 3/93 establece la adscripción obligatoria a las Cámaras de Comercio, y determinada la estimación del motivo precedente, por haberse basado la sentencia recurrida en la errónea interpretación de que el mandato de la Ley era de adscripción voluntaria, la consecuencia que se obtiene respecto de la invocación del artículo 22 de la Constitución implica una solución que nos viene directamente dada por la sentencia constitucional indicada, una vez que hemos aceptado que su interpretación de la Ley 3/93 es plenamente correcta, lo que supone reconocer su plena constitucionalidad desde el punto de vista del derecho de asociación, por haberse declarado expresamente por el Tribunal Constitucional y por esta Sala (así, en STS de 17 de diciembre de 1999), por lo que también desde este punto de vista es estimable el motivo.
El recurso de casación interpuesto por la Generalidad de Cataluña se funda en cuatro motivos, todos ellos amparados en el número 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción; por infracción de los artículos 6 y 13 de la Ley 3/1.993, del artículo 3 del Código Civil, al no realizar la sentencia de instancia una interpretación del artículo 6 citado conforme a dicho precepto, y de la jurisprudencia, con especial análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional 179/94.
Fácilmente se advierte que la fundamentación de los cuatro motivos es equivalente, con unas u otras variantes respecto a las alegaciones que las justifican, a la del motivo segundo del recurso de casación promovido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, motivo que ha sido estimado por considerar que la sentencia de instancia infringió lo establecido en el artículo 6, en relación con el 13, de la Ley 3/1.993, por lo que, por las razones expuestas para la estimación de dicho motivo debemos declarar, en análogos términos, que ha lugar al recurso de casación deducido por la Generalidad de Cataluña
Los razonamientos precedentes conducen a declarar haber lugar a los recursos de casación interpuestos por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y por laGeneralidad de Cataluña, a casar y anular la sentencia recurrida y a desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto, por entender que los actos administrativos recurridos no infringen el artículo 22.1 de la Constitución.
La desestimación del recurso contencioso-administrativo determina que, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 62/1.978, de 26 de diciembre, debamos imponer las costas del proceso de instancia a la parte que lo promovió, debiendo cada parte satisfacer las suyas respecto al presente recurso de casación (artículo 102.2 de la Ley de la Jurisdicción de 1.956).
Que debemos declarar y declaramos haber lugar a los recursos de casación interpuestos por las representaciones procesales de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y de la Generalidad de Cataluña contra la sentencia dictada el 31 de enero de 1.996 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso nº 2.318/95, seguido por los trámites del procedimiento especial de la Ley 62/1.978, procediendo formular los siguientes pronunciamientos:
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) Casar, anular y dejar sin efecto la sentencia recurrida, que estimó el recurso contencioso-administrativo y declaró nulos los actos administrativos impugnados.
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) Desestimar como desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Comercial Distribuidora de Vehículos S.A. contra la resolución de 18 de octubre de 1.995 del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalidad de Cataluña, que desestimó el recurso ordinario promovido contra la resolución del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, adoptada en la sesión del día 1 de diciembre de 1994, que denegó la solicitud de baja en la Cámara formulada por dicha entidad mercantil, declarando que los referidos actos no infringen el artículo 22.1 de la Constitución.
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) Imponemos el pago de las costas causadas en la instancia a Comercial Distribuidora de Vehículos S.A., pagando cada parte las suyas en el recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado-Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.
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