STS, 17 de Octubre de 2000
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 17 Octubre 2000 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Octubre de dos mil.
Trabada cuestión de competencia negativa entre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Madrid y el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 para conocer del recurso interpuesto por DON Jesús Manuel contra la resolución del Director General del Instituto Nacional de Empleo -INEM- del Ministerio de Trabajo, de 12 de abril de 1999, confirmatoria en via de recurso ordinario de la anterior de la Dirección Provincial del INEM de Madrid de 21 de enero de 1998, sobre denegación de devolución de cuotas cotizadas por desempleo, en cuantía de 305.457 pts., se remitieron las actuaciones a esta Sala, y, una vez recibidas, se pasaron a dictamen del Ministerio Fiscal, que lo ha evacuado en el sentido de entender que la competencia discutida corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid. En el mismo sentido se emitieron las alegaciones de la Abogacía del Estado, sin que la inicial recurrente hiciera manifestación al respecto.
Por providencia de 26 de Julio de 2000 se señaló el día 16 del actual para votación y fallo de este asunto.
En esta sentencia ha de resolverse la cuestión de competencia negativa suscitada entre el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 3 y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Madrid, respecto de cual de esos órganos debe conocer de un recurso interpuesto contra la resolución del Director General del INEM, que desestimó el recurso ordinario promovido por Don Jesús Manuel contra una resolución de la Dirección Provincial del INEM de Madrid que denegaba al recurrente la devolución de determinada cantidad en concepto de cobro indebido de prestación de desempleo.
El acto administrativo inmediatamente recurrido procede del Director General del INEM, que es órgano central de un organismo institucional, el INEM, que tiene el carácter de organismo autónomo adscrito a la Administración del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y con competencia que se extiende a todo el ámbito territorial del Estado -art. 5º.1, del Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de Noviembre-. La resolución del Director General es totalmente confirmatoria de otra que dictó la Dirección Provincial del INEM en Madrid, que es órgano con competencia territorial limitada al ámbito provincial. De modo que para resolver esta cuestión de competencia debe partirse de la resolución administrativa inicial, dictada por un órgano periférico de un organismo autónomo, pues ello es una exigencia lógica impuesta por los criterios de delimitación de competencias que se manifiestan en el inciso final del nº 3 del art. 8º y en el apartado b) del nº 1 del art. 11, ambos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que, en los casos en que la resolución en vía de recurso administrativo confirma la de un órgano de inferior jerarquía, remite la competencia a las reglas que determinan la del órgano de quien procede la resolución recurrida.
Partiendo de lo expuesto, el examen de la normativa de aplicación demuestra que la LJCA carece de una norma específica que atribuya competencia judicial para conocer de las impugnaciones de actos o resoluciones procedentes de órganos desconcentrados o periféricos de los organismos autónomos estatales. Por lo que debe estarse a lo que establece el art. 13,a) L.J.C.A., acerca de que para aplicar las reglas de distribución de competencia contenidas en los artículos que le preceden, habrá que tenerse en cuenta que las referencias que se hacen a la Administración del Estado comprenden las entidades y corporaciones vinculadas a ellas. De ahí que si, como se ha dicho, no existe una regla específica respecto de los actos procedentes de los órganos periféricos de un organismo autónomo adscrito a la Administración del Estado, la lógica jurídica conduzca a que, en esos casos, se de al problema una solución similar a la que se establece en el inciso inicial del citado nº 3 del art. 8º de la L.J.C.A., que dispone que corresponde a los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo el conocimiento de las impugnaciones de actos de la Administración periférica del Estado. Es decir, que en este caso se determine la competencia teniendo en cuenta las reglas referidas a la Administración Estatal tutelante y a los órganos desconcentrados de ella dependiente. Solución que parece las mas acorde con el principio constitucional de tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución, por cuanto que acerca el conocimiento del asunto al ciudadano que impetra la intervención judicial.
La solución propugnada, de atribución del conocimiento, en este caso, al Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 7 de Madrid, excluyendo la del Juzgado Central, viene por otro lado impuesta por la circunstancia de que el acto administrativo a considerar como relevante a efectos de competencia judicial, según ya se ha expuesto, no procede directamente de un órgano central del organismo autónomo, INEM, con competencia extendible a todo el territorio nacional, sino de una Dirección Provincial del INEM, la de Madrid, con competencia territorial limitada, pues el que en el escrito de interposición del contencioso se cita como recurrido -el de la Dirección General del INEM- es totalmente confirmatorio del que fue objeto de recurso ordinario. Lo que hace inaplicable el apartado c) del art. 9º de la
L.J.C.A., a que se atuvo el Juzgado promotor de la cuestión para atribuir la competencia al Juzgado Central, que sí sería de aplicación respecto de actos inmediatamente procedentes del INEM, y no resolutorios de recursos ordinarios, u hoy de alzada o que rectificaran en vía de recurso otros dictados por órgano inferior.
Por todo lo expuesto en nombre de su Majestad el Rey, por la autoridad que nos confiere la Constitución,
Declaramos que la competencia para el conocimiento del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de DON Jesús Manuel contra la resolución del Director General del Instituto Nacional de Empleo, de 12 de abril de 1999, confirmatoria por vía de recurso ordinario de la anterior del Director Provincial del INEM de Madrid, de 21 de enero de 1998, sobre devolución de prestaciones de desempleo, corresponde al Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 7 de Madrid, al que deberán ser remitidas las actuaciones para que ante el mismo se sigan las actuaciones, notificándose esta resolución al Juzgado Central de lo Contencioso - Administrativo nº 3.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIA, certifico.
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